Dilma venía de una mala semana, la habían silbado en la inauguración de la Copa de Confederaciones, ensayo para el mundial. La policía reprimió a manifestantes anti-copa y el ministro de deportes advirtió que no serían admitidas esas protestas. Ahora hubo grandes movilizaciones en ciudades con intendentes o gobernadores petistas, como São Paulo. Aquí, Fernando Haddad –ex profesor de ciencias políticas de la USP con tesis sobre Marx y Habermas, y ex ministro de educación – se mostró inflexible, con argumentos técnicos y justificando por ejemplo la represión policial de la marcha anterior. Mientras escribimos esto, sin embargo, parece venirse la anulación del aumento, o al menos la suspensión con discusión, a partir de la convocatoria de un Consejo de fuerzas Vivas de la Ciudad. Si no retrocede, como ya hicieron otros gobiernos (Porto Alegre) enfrentaría la calle nuevamente. Aunque la novedad tampoco permite prever si será in crescendo o no. Ya hay convocada una marcha para hoy a las 18, esta vez cerca de su sede de gobierno.

Beneficiado por una buena imagen pública internacional granjeada por el presidente Lula y sus políticas de inclusión social, este Brasil desarrollista se impone ante el mundo como una potencia de nuevo tipo, benévola e inclusiva. No podía, pues, ser mayor la sorpresa internacional ante las manifestaciones que en la última semana sacaron a la calle a centenares de miles de personas en las principales ciudades del país. Si ante las recientes manifestaciones en Turquía la lectura sobre las “dos Turquías” fue inmediata, en el caso de Brasil fue más difícil reconocer la existencia de “dos Brasiles”. Pero está ahí a ojos de todos. La dificultad para reconocerla reside en la propia naturaleza del “otro Brasil”, un Brasil furtivo a análisis simplistas. Ese Brasil está hecho de tres narrativas y temporalidades. La primera es la narrativa de la exclusión social (uno de los países más desiguales del mundo), de las oligarquías latifundistas, del caciquismo violento, de las élites políticas restrictas y racistas, una narrativa que se remonta a la colonia y se ha reproducido sobre formas siempre mutantes hasta hoy. La segunda narrativa es la de la reivindicación de la democracia participativa, que se remonta a los últimos 25 años y tuvo sus puntos más altos en el proceso constituyente que condujo a la Constitución de 1988, en los presupuestos participativos sobre políticas urbanas en centenares de municipios, en el impeachment del presidente Collor de Mello en 1992, en la creación de consejos de ciudadanos en las principales áreas de políticas públicas, especialmente en salud y educación, a diferentes niveles de la acción estatal (municipal, regional y federal). La tercera narrativa tiene apenas diez años de edad y versa sobre las vastas políticas de inclusión social adoptadas por el presidente Lula da Silva a partir de 2003, que condujeron a una significativa reducción de la pobreza, a la creación de una clase media con elevada vocación consumista, al reconocimiento de la discriminación racial contra la población afrodescendiente e indígena y a las políticas de acción afirmativa, y a la ampliación del reconocimiento de territorios y quilombolas [descendientes de esclavos] e indígenas.

Lo que sucedió desde que la presidenta Dilma asumió el cargo fue la desaceleración o incluso el estancamiento de las dos últimas narrativas. Y como en política no existe el vacío, ese terreno baldío que dejaron fue aprovechado por la primera y más antigua narrativa, fortalecida bajo los nuevos ropajes del desarrollo capitalista y las nuevas (y viejas) formas de corrupción. Las formas de democracia participativa fueron cooptadas, neutralizadas en el dominio de las grandes infraestructuras y megaproyectos, y dejaron de motivar a las generaciones más jóvenes, huérfanas de vida familiar y comunitaria integradora, deslumbradas por el nuevo consumismo u obcecadas  por el deseo de éste. Las políticas de inclusión social se agotaron y dejaron de responder a las expectativas de quien se sentía merecedor de más y mejor. La calidad de vida urbana empeoró en nombre de los eventos de prestigio internacional, que absorbieron las inversiones que debían mejorar los transportes, la educación y los servicios públicos en general. El racismo mostró su persistencia en el tejido social y en las fuerzas policiales. Aumentó el asesinato de líderes indígenas y campesinos, demonizados por el poder político como “obstáculos al crecimiento” simplemente por luchar por sus tierras y formas de vida, contra el agronegocio y los megaproyectos mineros e hidroeléctricos (como la presa de Belo Monte, destinada a abastecer de energía barata a la industria extractiva).

La presidenta Dilma fue el termómetro de este cambio insidioso. Asumió una actitud de indisimulable hostilidad hacia los movimientos sociales y los pueblos indígenas, un cambio drástico respecto a su antecesor. Luchó contra la corrupción, pero dejó para los aliados políticos más conservadores las agendas que consideró menos importantes. Así, la Comisión de Derechos Humanos, históricamente comprometida con los derechos de las minorías, fue entregada a un pastor evangélico homófobo, que promovió una propuesta legislativa conocida como cura gay. Las manifestaciones revelan que, lejos de haber sido el país que se despertó, fue la presidenta quien se despertó. Con los ojos puestos en la experiencia internacional y también en las elecciones presidenciales de 2014, la presidenta Dilma dejó claro que las respuestas represivas solo agudizan los conflictos y aislan a los gobiernos. En ese sentido, los alcaldes de nueve capitales ya han decidido bajar el precio de los transportes. Es apenas un comienzo. Para que sea consistente, es necesario que las dos narrativas (democracia participativa e inclusión social intercultural) retomen el dinamismo que ya habían tenido. Si fuese así, Brasil mostrará al mundo que sólo merece la pena pagar el precio del progreso profundizando en la democracia, redistribuyendo la riqueza generada y reconociendo la diferencia cultural y política de aquellos que consideran que el progreso sin dignidad es retroceso.

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por Verónica Gago

@Raquel Gutiérrez Aguilar nació en México. Estudió filosofía y matemáticas y se comprometió con la lucha de los salvadoreños del FMLN en el exilio. Luego, en la década del ’80, se fue a Bolivia. Allí estuvo entre los miembros fundadores del EGTK (Ejército Guerrillero Tupak Katari) junto a su entonces compañero y hoy vicepresidente, Alvaro García Linera. Tras acompañar las insurgencias de las comunidades aymaras y quechuas, pasó varios años en la cárcel, durante la década del ‘90. Luego, integró el grupo Comuna. Volvió a México ya avanzado este siglo y se dedicó a escribir su tesis de doctorado sobre la experiencia de la guerra del agua en Bolivia, que la tuvo también como activista. Como investigadora en la Universidad de Puebla y en la UNAM, estudió y documentó con especial atención los procesos de asambleas constituyentes del continente, comparando los casos de Ecuador y Bolivia. De visita en Buenos Aires, mañana a las 18 dará una conferencia en el programa Lectura Mundi de la Unsam titulada: “Hacia una política de lo común: repensar el cambio social en América latina” y el viernes 28, a las 20, estará en la Casona de Flores convocada por la pregunta “¿Qué pueden los movimientos sociales contra el narco? Intuiciones desde el presente mexicano”. Aquí un diálogo sobre su preocupación principal: cómo construir un sentido común disidente.

–No estoy muy segura de que la expresión “fin de ciclo” pueda aplicarse a los gobiernos progresistas en América latina… Hay algunos desfases en los procesos que siguen, por ejemplo, Bolivia y Ecuador con respecto a Venezuela, sobre todo tras la muerte de Chávez. Sin embargo, más que un “fin de ciclo” creo que estamos presenciando la consolidación política de un ciclo que comenzó después de los procesos constituyentes, tanto en Bolivia como en Ecuador. Creo que lo que presenciamos es más bien la consolidación creciente del monopolio de las prerrogativas sobre las decisiones políticas más importantes, en manos de pequeños conjuntos de funcionarios políticos. Este “taponamiento” –por expresarlo de alguna manera– de las otras miradas y caminos políticos que se abrieron hace años es lo que, en mi perspectiva, ha llegado a un punto de saturación extraordinaria.

–Hay, creo, en Bolivia y Ecuador un momento fuerte de consolidación estatal y de creciente tutelaje de las iniciativas populares e indígenas, que tienen que ceñirse cada vez más a lo que es decidido por otro. Eso es lo que miro: reiteración de formas liberales de lo político afianzadas en la expropiación de la capacidad social de intervenir en los asuntos públicos que le incumben.

–Creo que el momento actual no es igual al momento liberal de la política y de lo político que asoló América latina durante los ‘90. Eso es fácilmente contrastable viviendo, como lo hago ahora, en México, donde todavía está presente y vigente en la discusión política oficial el ideario (neo)liberal de reforma estructural que limita la intervención estatal, agrede lo que suele llamarse “conquistas sociales” e impulsa el predominio de los intereses empresariales monopólicos mediante la coartada del predominio del mercado. Eso, creo yo, ya no ocurre, ya no se escucha en los países donde hubo movilizaciones vigorosas y enérgicas durante la década pasada, que atravesaron procesos constituyentes y que tienen gobiernos progresistas.

–Lo que es tremendo es que en los países donde la movilización social fue fuerte sigue vigente el predomino pleno de los intereses del capital transnacional más poderoso, que ahora parece haber “capturado” también a las formas estatales reconstruidas tras la sacudida de la década pasada. Esto es lo que una encuentra cuando busca entender lo que pasa desde la similitud de los conflictos que se despliegan en países, como México, cada vez más liberalizados y formalmente “democráticos”; o como en Ecuador o Bolivia, donde los pueblos indígenas una y otra vez tienen que defender sus territorios y sus vidas amenazados de nuevos afanes de saqueo y luchar contra la imposición totalmente inconsulta de políticas que, en el Sur, supuestamente se impulsan “por el bien” de esos mismos pueblos que se defienden. Está en cuestión lo que despuntó en los tiempos agitados y rebeldes nuevamente como un horizonte de lo común, que dislocó fuertemente los términos del discurso político liberal moderno.

–Desde mi punto de vista, lo que hace algunos años se vislumbró como posibilidad política fue una especie de disposición colectiva sintonizada no exenta de tensiones internas para reapropiarse tanto de riqueza material como de capacidades políticas anteriormente expropiadas. Esta clave de lectura te permite entender las recurrentes luchas que buscaron tanto establecer límites a la acción expropiadora-privatizadora del capital más poderoso, como los esfuerzos por establecer nuevos términos de control social de la riqueza recuperada –fueran aguas, bosques o hidrocarburos–; a partir de este conjunto de acciones de lucha, las sociedades paulatinamente recuperaron y reconstruyeron capacidades políticas en el sentido más amplio: posibilidades de gestionar colectivamente lo que a todos incumbe porque a todos afecta. Eso tendencialmente erosionó y amenazó con disolver ciertos términos modernos de comprensión de lo político, como la distinción privado/público. Y la amenaza de disolución de esta añeja distinción, que funda una gran parte de nuestra comprensión de lo político pues los momentos de la lucha también fueron tiempos enérgicos de producción y reproducción de lo común. Lo común no es una categoría clasificatoria que aluda a la propiedad sino que es una idea-fuerza central de la reorganización de la convivencia social.

–Lo común es aquello que se produce colectivamente y cuyo control y decisión no se delega en otras mediaciones políticas que no sean los mismos que lo producen. Lo común es una manera de nombrar eso “público no-estatal”. El horizonte de lo común es, ante todo, una perspectiva de lucha que se lanza a reapropiarse y recuperar directa y colectivamente lo que ha sido arrebatado de las manos de las colectividades. En tal sentido, lo común no es algo meramente heredado sino que, ante todo, es producción reiterada de sentido y de vínculo para dotarse colectivamente de capacidades de intervención en asuntos generales.

–Este es un asunto abrumador… Te presento un par de claves de interpretación: más allá de la llamada “transición democrática”, en México sigue plenamente vigente una forma de lo político que se sostiene en un patrimonialismo descarnado. México es el país de los monopolios y de su defensa por todos los medios. En ese contexto, la guerra contra las drogas –impulsada por Estados Unidos y que en México fue desatada, sobre todo, durante el segundo gobierno del conservador Partido Acción Nacional (PAN) de Calderón– obligó a una redefinición de los términos de uno de los negocios más rentables que existen en México: el de la producción y trasiego de sustancias controladas. Esto ha desatado una auténtica guerra en varios frentes y con muchos actores, cuya posible identificación no siempre es clara. Así, se ha generalizado una confrontación en la que se distinguen dos niveles: por un lado, la violenta pugna entre mafias que ejercen control territorial como garantía de la permanencia de sus negocios y, por otro, una soterrada guerra contra los pueblos y la población civil, a la que se pretende obligar a obedecer a balazos y sumando asesinatos. Todo esto es no sólo muy confuso sino altamente peligroso. Y lo peor de todo es que esta auténtica disolución de la autoridad estatal –en muchos lugares de la República– está cubierta con un velo de opacidad casi total, pues la información difícilmente circula. Lo que es cierto es la proliferación de una infinidad de luchas locales autodefensivas de múltiples comunidades, localidades, pueblos y regiones. En estas luchas hay esperanza de reconstrucción de las ruinas en las que habitamos.

–Este es un tiempo para las palabras y las conversaciones. Necesitamos reconstruir el sentido común disidente y de lucha, pues casi todo lo que alcanzamos a aclarar en la anterior ola de movilizaciones y levantamientos ha sido “recodificado” en términos estatales; primero ocurrió una “captura” semántica de nuestras palabras, que ya no designaban con claridad aquello a lo que nosotros aludíamos en los tiempos de mayor crisis política; a esto le sigue una “captura” política y luego, “organizativa”, de los contenidos políticos más filosos de nuestras luchas. Por eso conviene volver a centrar la discusión no tanto en lo que actualmente hacen los Estados y los distintos gobiernos, sino en lo que han sido nuestros aprendizajes.

–La dignidad, para mí, es siempre el punto de partida de la autonomía política y moral; así como de las fisuras que se les imprimen a las jaulas del miedo y la desconfianza. Podría decirse, siendo formales, que la dignidad siempre es necesaria, aunque puede no ser suficiente en el despliegue de las luchas por la transformación social y política. El ¿qué más es necesario? constituye, creo, el corazón del debate político militante contemporáneo.

Este blog publicó excelentes análisis de quienes viven allá y de quienes siguen nuestros países con miradas que nos hacen falta, como las de Salvador Schavelzon y  Boaventura de Sousa Santos. De las condiciones de contorno y del polisémico sentido de las protestas hay muy poco que agregar. Querríamos aportar dos reflexiones que hacen a una posible comparación entre Brasil y la Argentina. En primer lugar, hablemos de las diferencias entre las dos tradiciones culturales de la política rebelde. La Argentina siempre fue un país de protestas “plebeyas”; por la influencia anarquista antes del peronismo y por los rasgos propios del fenómeno político que irrumpió en 1945, a partir de allí. Brasil casi siempre se movilizó a través de una institución, el Partido Comunista de los años ’20 y ’30 con Luis Carlos Prestes a la cabeza, por ejemplo, y la importancia de la formación desde debajo de un nuevo partido con apoyo de las iglesias, de los grandes sindicatos, que concentró la esperanza del Brasil rebelde durante las últimas décadas.

El presidente Lula supo concentrar expectativas de transformación en uno de los países más desiguales del mundo y, aunque quedaba cada vez más claro que el gobierno “popular” no iba más allá de políticas sociales de inclusión, se le seguía creyendo, respetando, aceptando, por ejemplo, su elección por las semillas transgénicas (a pesar de la promesa electoral) y los sectores “progres” (con dignas excepciones) comentaban con orgullo nacional cómo el país se convertía en el gran banquero latinoamericano, en el “Brasil potencia”. Los colegas que habían seguido los derroteros del los Sem Terra consideraban un hecho natural la subordinación de este gran movimiento al partido de gobierno. Las críticas a la paralización del reparto agrario fueron cada vez en tonos más bajos. No obstante, aprendimos de otros colegas la importancia del concepto “sufrimiento social” para entender el vasto país: las grandes hidroeléctricas, los desplazados…

Por eso estamos anonadados, una rebeldía claramente antiinstitucional, sin partidos, sin grandes centrales obreras. Lo que está en las calles no son los movimientos, son jóvenes sin partidos, sin centrales, sin organizaciones; tal vez intuyen los límites de las instituciones en estos capitalismos en que nos ha tocado vivir, tal vez se hartaron de pedir por los canales institucionales. Lo que está ocurriendo no es fácil, el gran Brasil mostró su rasgo rebelde, plebeyo, y hay que estar atentos a lo que pasa porque estamos frente a un fenómeno nuevo.

La segunda reflexión que deseamos hacer es sobre algunos intentos oportunistas de dirigentes políticos o caceroleros argentinos que quieren compararse o, más grave aún, sumarse al fenómeno. Es lamentable la falta de sensibilidad para comprender los procesos, las rebeldías, las broncas legítimas de las poblaciones de América latina. Los caceroleros modelo nacional marcharon con partidos de centro y centroderecha, no tuvieron una sola palabra hacia los sectores más sufrientes de este modelo y fueron apañados y estimulados por los medios de comunicación concentrados. Los sentidos de las protestas pueden ser difíciles de comprender, pero aquí estuvo bastante claro y no hay comparación posible con las que se desarrollan en Brasil.

Los caceroleros quieren más institucionalidad, allá cuestionan la institucionalidad. Aquí se oyeron voces personalizadas de partidos u organizaciones, allá la queja del gobierno es que no tiene con quien negociar. Aunque Patricia Bullrich o Lilita Carrió quieran ver en los caceroleros argentinos espacios de “expansión democrática”, existen muchas dudas de que puedan salir de esas imágenes de señoras insolidarias y llenas de bronca personal hacia la figura presidencial. En Brasil, la figura de Dilma no es importante, no es contra ella; lo central es una población que vio generar riqueza y distribuirla de un modo tacaño, egoísta, considerando clase media a quien dejó de caminar sin calzado. La imagen del 99 por ciento contra el uno por ciento de los que se quedan con las riquezas, que en Brasil como en el resto de América latina provienen básicamente de bienes comunes, funciona como una idea muy potente y articuladora en estos mundos rebeldes. Es decir, por un lado el neoliberalismo da la imagen de haberse instalado muy cómodamente con la aceptación de las instituciones (de gobiernos conservadores o “progresistas”) y, por otro, un fantasma recorre el mundo dando miles de vueltas por todos lados para inquietarlo y limitarlo.

Presidenta Dilma Rousseff:

Nos sorprendió la invitación a esta reunión. Imaginamos que también está sorprendida por lo que está sucediendo en el país en las últimas semanas. Este gesto de diálogo dista del tratamiento que le dio el gobierno federal a los movimientos sociales que han marcado la política de esta administración. Parece que las revueltas que se propagan a través de las ciudades de Brasil desde el día 06 de junio ha roto molinetes viejos y ha abiertos nuevos caminos.

El Movimiento Passe Livre, desde el principio, fue parte de ese proceso. Somos un movimiento social autónomo, horizontal y no partidista, que nunca tuvo la intención de representar el número de manifestantes que salieron a las calles del país. Nuestra palabra es una más entre los que gritaban en las calles, erigido en carteles, en las paredes pintadas. En San Pablo hicimos un llamado a las manifestaciones con una demanda clara y concreta: derogar el aumento [del boleto de ómnibus, de 3,20 a 3 reales]. Antes parecía imposible, hemos demostrado que no lo era y avanzamos en la lucha por lo que es y siempre ha sido nuestra bandera un transporte verdaderamente público. Por eso llegamos a Brasilia.

El transporte puede ser público si es realmente accesible para todas las personas, es decir, entendida como un derecho universal. La injusticia de la tarifa se hace más evidente con cada aumento, cada vez más personas ya no tienen dinero para pagar el pasaje. Cuestionar los aumentos es cuestionar la lógica de la política arancelaria, que somete a los empresarios del transporte a los beneficios, no las necesidades de la población. Pagar por la circulación en la ciudad significa tratar a la movilidad no como un derecho sino como una mercancía. Esto pone a los demás derechos en jaque: ir a la escuela, al hospital, ir al parque necesita tener un precio accesible para todos. El transporte se limita a ir y volver del trabajo y cierra las puertas a sus habitantes. Y para abrirlas, necesitamos un arancel cero.

En este sentido, nos gustaría conocer la posición de la presidente sobre la tarifa cero en el transporte público y en el PEC 90/11, que incluye el transporte en el envío de la lista de los derechos sociales en el artículo 6 de la Constitución. Se entiende que el transporte debe ser tratado como un derecho social, el pleno y sin restricciones; creemos que es necesario ir más allá de la política que se limita a un segmento particular de la sociedad, como los estudiantes, en el caso de que el estudiante obtenga el ‘pase libre’. Defendemos el pase libre a todas y todos!

Aunque la prioridad al transporte público está en el discurso de todos los gobiernos, en la práctica, Brasil invierte once veces más en el transporte individual a través de las obras viales y las políticas de crédito para el uso de automóviles (IPEA, 2011). El dinero público debe ser invertido en el transporte público! Nos preguntamos por qué la Presidente vetó el artículo V del artículo 16 de la Política Nacional de Movilidad Urbana (Ley N º 12.587/12), que culpó a la Unión Europea para el apoyo financiero a los municipios que adoptan políticas de priorización del transporte público. Como dejó claro su artículo 9, este proyecto de ley prioriza un modelo de gestión basado en lo privada, adoptando el punto de vista de las empresas y no de los usuarios. El gobierno federal tiene que tomar la iniciativa en el proceso de construcción de un verdadero transporte público. La municipalización de la CIDE, y su asignación completa y exclusiva al transporte público, representan un paso en este camino hacia el arancel cero.

La exención de impuestos, históricamente defendida por las empresas de transporte, será en la dirección opuesta. Renunciar a los impuestos significa perder el poder sobre el dinero público, liberando fondos para las mafias del transporte ciegas, sin ninguna transparencia y control. Para satisfacer las demandas populares de transporte, es necesario construir herramientas que ponen en el centro de la decisión que realmente deben tener sus necesidades cubiertas: los usuarios y los trabajadores en el sistema.

Esta reunión con el presidente fue arrancada por la fuerza de las calles, que avanzó sobre las bombas, las balas y las cárceles. Los movimientos sociales en Brasil siempre han sufrido la represión y la criminalización. Hasta ahora, 2013 no fue diferente: en Mato Grosso do Sul, se ha producido una matanza de indígenas y Fuerza Nacional asesinado el mes pasado, el liderazgo Terena durante la toma de posesión, el Distrito Federal, a cinco militantes del Movimiento de Trabajadores sin Techo (MTST) fueron detenidos hace unas semanas en medio de las protestas contra los impactos de la Copa Mundial de la FIFA. La respuesta policial a las protestas iniciadas en junio no están en conflicto con las otras que han tenido: bombas de gas fueron arrojadas dentro de los hospitales y colegios, los manifestantes fueron perseguidos y golpeados por la policía militar, otros fueron asesinados, cientos de personas fueron detenidas arbitrariamente, algunos están acusados de conspiración e incitación al asesinato, un hombre perdió la vista, una niña fue agredida sexualmente por la policía, una mujer asfixiada por el gas lacrimógeno. La violencia real que fuimos testigos de esto en junio provino del Estado, en todas sus esferas.

La desmilitarización de la policía, con el apoyo de la ONU, y una política nacional para regular las armas menos letales, prohibidos en muchos países y condenado por los organismos internacionales, son urgentes. Al ofrecer la Fuerza Nacional de Seguridad para contener las manifestaciones, el Ministro de Justicia puso de manifiesto que el gobierno federal insiste en tratar a los movimientos sociales como un asunto de la policía. Noticias de los militantes de supervisión realizadas por la Policía Federal y de la ABIN van en la misma dirección: la criminalización de la lucha popular.

Esperamos que esta reunión marca un cambio en la actitud del gobierno federal que se extiende a otras luchas sociales: los pueblos indígenas, los cuales, al igual que los Guarani-Kaiowá y Mundurukú, ha sufrido varios ataques de los terratenientes y el gobierno, los las comunidades afectadas por el traslado, los sin techo, los sin tierra y las madres que tuvieron sus hijos asesinados por la policía en los suburbios. Ese mismo enfoque también se extiende a todas las ciudades que luchan contra el aumento de precios y otro modelo de envío: São José dos Campos, Florianópolis, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, Goiânia, y muchos otros.

En lugar de sentarse a la mesa y hablar, lo que importa es satisfacer las demandas claras ya planteadas por los movimientos sociales de todo el país. Contra todos los aumentos en el transporte público, en contra de la tarifa, que continuará en las calles! Arancel cero ahora!

Toda la fuerza para los que luchan!

Movimento Passe Livre São Paulo

24 de junio 2013

  

por Darío Pignotti (desde Brasilia)

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Yapa: 

Sábado 29 de Junio de 2013 / Entrevista a Raquel Gutiérrez, socióloga e investigadora mexicana /“Procesos constituyentes en América latina” / Noticiero Visión Siete/ TV Pública/ Argentina /