Famatina. Represión, periodismo y silencio oficial
Por Darío Aranda
Represión contra quienes cuestionan la megaminería. El rol de los gobiernos. La complicidad (por acción u omisión) del periodismo. Corporaciones mineras y el intento de mejorar su imagen. El Borda y Famatina. ¿Represiones de primera y de segunda? El twitter presidencial que no fue. Y las preguntas sin respuesta.
Paula Ríos está en el suelo, caída y, frente a ella, de pie, un policía amenazante, arma en mano.
Sábado al mediodía. Famatina. La Rioja.
Paula Ríos cometió el delito de protestar contra la posible visita del gobernador Luis Beder Herrera, impulsor de la megaminería en la provincia.
Paula Ríos no fue la única víctima de la represión. Otras once personas recibieron balazos de goma, golpes policiales y piedrazos de militantes del PJ local y de supuestos empleados mineros.
“Antimineros provocaron disturbios en Famatina”, tituló el recuadro del diario Tiempo Argentino. Quince líneas con una versión alejada de la realidad: “Un nutrido grupo de ambientalistas y antimineros agredieron a militantes del Partido Justicialista (…) Algunos militantes actuaron en defensa propia y la policía intervino para que el hecho no pasara a mayores”.
El diario Tiempo Argentino no habló con Paula Ríos.
Sí lo hizo la FM Mirador, de Chilecito. “El policía me pateó la cabeza. Me pisó el hombro con su bota. Me puteó. Me dijo ‘levantate, vieja de mierda, o te cago matando’. Yo no podía pararme. Me levantó del cabello. Me puso el arma sobre el cuerpo. Y me dijo ‘esto no lo vas a volver a hacer nunca más, si te dejo viva date por dichosa’. Me puso el arma en la cabeza”.
Paula pensó que la mataban. Le pidió a Dios. Pensó en sus hijos.
El policía no la mató. Sí le dio cinco balazos de goma en la espalda y uno en la pierna. “Si te encuentro, te cago matando”, la amenazó.
El relato eriza la piel.
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“La crisis causó dos nuevas muertes”. Tituló el diario Clarín del 27 de junio de 2002, referido al asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.
No fue la Policía, ni la Prefectura, ni el gobierno de Eduardo Duhalde. Fue la “crisis”.
En facultades de periodismo se lo enseña como ejemplo del antiperiodismo. Y Clarín hizo claros méritos para ser el antiejemplo.
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El 23 de noviembre de 2010, la Policía de Formosa reprimió a la comunidad qom La Primavera. Asesinaron al qom Roberto López y al policía Eber Falcón, veinte heridos y una decena de casas incendiadas (por la propia policía).
Los medios de comunicación alineados con el Gobierno Nacional enfocaron inicialmente la represión como un enfrentamiento (lo mismo habían hechos medios cercanos a Duhalde en la masacre de Avellaneda). Cuando la realidad ya no se pudo esconder, apuntaron como único responsable político al gobernador Gildo Insfrán. Ese fue el límite. Muy rara vez esos medios apuntaron a la complicidad del Gobierno Nacional con las políticas de Insfrán.
Los grandes medios que actúan como oposición política (sobre todo luego de la Resolución 125) apuntaron desde un primer momento a la alianza Insfrán-Cristina Fernández de Kirchner. Dejaron en evidencia a la estructura del Estado Nacional, siempre en apoyo a Insfrán, siempre en contra de la comunidad qom. Clarín y La Nación, por mencionar dos de los medios emblemáticos, nunca citaron el fondo de la represión que se da contra campesinos e indígenas: el modelo agropecuario, que avanza con soja, ganadería, desmontes, contaminación, desalojos y violencia.
El periodismo ya no es importante por lo que dice, sino por lo que oculta.
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El 16 de noviembre de 2011 asesinaron a Cristian Ferreyra, 23 años, padre de un niño, militante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-VC) en el paraje San Antonio, norte de la provincia.
La Agencia de Noticias Télam tituló: “La muerte de un campesino en Santiago del Estero fue por una disputa entre vecinos”.
Como contrapunto, Clarín y La Nación hablaron de “asesinato”, pero (otra vez) eludieron hablar del corrimiento de frontera agropecuaria que arrasa montes y vidas.
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Desde 2003, lucha de Esquel mediante, la megaminería nunca tuvo la bendición de la opinión pública.
La consultora Aresco hizo pública en 2010 una encuesta: siete de cada diez personas rechazan la actividad minera a cielo abierto en las provincias con esa actividad. El estudio abarcó seis provincias cordilleranas y señaló que sólo el 17 por ciento se mostró a favor de la actividad. La investigación afirmó que existe un convencimiento alto sobre la contaminación que produce la actividad, reveló que los encuestados priorizan mayoritariamente el cuidado del ambiente por sobre la posibilidad de empleo y se explicitó un amplio rechazo a los beneficios impositivos que tiene la actividad.
“Estudio sobre minería a cielo abierto en provincias mineras”, es el nombre del relevamiento realizado en septiembre de 2010 por la consultora Aresco. Con una muestra de 802 casos abarcó Catamarca, La Rioja, San Juan, Neuquén, Chubut y Santa Cruz. Consultados sobre el posible “acuerdo con la producción minera a cielo abierto a nivel nacional”, el 76,6 por ciento afirmó estar “poco/nada de acuerdo” y sólo el 17,4 por ciento se mostró a favor. Cuando la consulta se realiza sobre la actividad a nivel provincial, el 31,3 por ciento optó por el “nada de acuerdo” y el 30,1 por ciento “poco de acuerdo”. El rechazo provincial llega así al 61,5 por ciento. El 12,9 por ciento se mostró “muy de acuerdo” y el 14,8 “bastante de acuerdo”.
“Gran parte de la población de las seis provincias, dado el impacto sobre el ambiente, no muestra acuerdo con el desarrollo de la minería a cielo abierto y con los beneficios impositivos que se otorguen a las empresas”, fue una de las conclusiones del trabajo.
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Las compañías mineras decidieron meterse de lleno en la batalla comunicacional. La Cámara de Empresarios Mineros (CAEM), que nuclea a todas las grandes empresas del sector, contrató en 2010 a la consultora internacional Hill & Knowton (acusada de inventar testimonios sobre el accionar de soldados iraquíes en Kuwait). Solicitadas en diarios de tirada nacional, presencia de trabajadores mineros en canales de televisión y campañas de publicidad fueron algunos de los ejes de la lucha mediática. El objetivo inicial fue frenar en el Congreso un proyecto de ley para prohibir la minería. A mediano plazo, revertir la mala imagen que pesa sobre la megaminería.
“Se evaluó que tuvimos errores en la comunicación, hacia las comunidades y también hacia los medios. Por eso decidimos contratar a Hill & Knowton, diseñar una estrategia de comunicación y posicionar en la opinión pública el sector minero”, explicó el gerente general de la CAEM, Damián Altgelt.
En el sitio de internet de Hill & Knowton figura una de las premisas de la empresa: “El objetivo principal de nuestro servicio es ayudar a los clientes a generar las condiciones regulatorias y de opinión pública que hagan viable su negocio en el mediano y largo plazo”.
Sobrevino una campaña en TV, radio y gráfica sobre “minería responsable” y publicidad sobre la presencia de “metales en la vida cotidiana”. Poco más y culpaban a los asambleístas por la posible falta de anteojos, la escases de sillas de ruedas y la ausencia de camillas en los hospitales.
La campaña publicitaria estuvo presente, incluso, en programas y diarios con perfil crítico a la megaminería.
Las corporaciones mineras movían su primera ficha.
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La Rioja prohibió la megaminería en julio de 2007. El entonces vicegobernador Luis Beder Herrera se transformó en férreo opositor del gobernador Ángel Mazza. Logró la destitución de su ex socio político y asumió el Ejecutivo provincial. En los diarios de la provincia se publicaron artículos con su discurso antiminero y fotos de Beder Herrera con carteles que rechazan la actividad.En agosto de 2008, el propio Beder Herrera derogó la ley que prohibía la minería y permitió el avance de la empresa Barrick Gold. Beder Herrera, oriundo de Famatina, no se animó a volver a su pueblo natal.
Famatina y Chilecito (La Rioja) fueron epicentro en el verano de 2012 de la resistencia contra la megaminería. Habían echado en 2008 a la multinacional Barrick Gold. Pero a fines de 2011 ya era notoria la presencia de la minera Osisko Mining Corp para explorar el cerro Famatina. Volvió el estado de movilización. Que tuvo su pico cuando los asambleístas descubrieron una carpeta de la empresa con información de los activistas. “Listas negras”, al mejor estilo de la última dictadura militar, en las que se detallaban lugares de trabajo y nivel de participación en las asambleas.
El 2 de enero de 2012 comenzó el corte en Alto Carrizal, camino vecinal por donde debiera pasar la empresa para explorar el cerro Famatina. Semanas de corte, que se transformó en un acampe permanente y masivo. El 12 de enero hubo movilización, en respaldo a la lucha riojana, en seis provincias (Mendoza, Río Negro, Catamarca, Córdoba, Chubut y Buenos Aires).
Famatina se instaló en la agenda nacional. Los medios opositores al Gobierno transmitían en directo y dedicaban tapas a la movilización popular. Todos sabían (en primer lugar las asambleas) que no era casual esa presencia: transmitían un hecho real y que lo ameritaba, pero también lo usaban como denuncia contra el Gobierno (el estratega y responsable de la avanzada minera).
Los medios alineados con el oficialismo inicialmente ignoraron la pueblada. Luego dieron cuenta del hecho, pero siempre con el menor espacio posible.
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Sobrevino un trabajo de pinzas.
Las empresas mineras redoblaron la campaña publicitaria (más publicidad, más dinero para las empresas periodísticas).
Y el Gobierno conformó, el 15 de febrero de 2012, la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi), integrada por Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan, Mendoza, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Catamarca. Un claro respaldo a la actividad minera y una fina articulación política para desactivar resistencias.
La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), que reúne a las grandes empresas del sector, celebró la creación de la Ofemi (incluso firmó el acta de conformación).
En tiempos de medios polarizados, las empresas periodísticas comenzaron a leer las críticas a la actividad minera en clave de pauta (empresaria y/o gubernamental).
La resistencia de base contra la minería notó rápidamente como ambos polos mediáticos tomaban distancia de las luchas territoriales.
No hubo más tapas contra la megaminería. No hubo más transmisiones en directo desde los cortes. Los minutos de radio escasearon.
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La Secretaría de Minería de Nación, mediante su informe “La minería en números”, en 2003 había sólo 40 proyectos mineros. En 2009 ya eran 336 (840 por ciento). La misma Secretaría de Minería reconoce que en 2012 se llegó a 600 proyectos mineros en estudio: un 1500 por ciento más que en 2003.
Nunca antes la megaminería, de la mano de las corporaciones, había crecido tanto.
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El 12 de mayo, en Tinogasta, la policía avanzó sobre un bloqueo de ruta y detuvo a tres asambleístas. El 1 de junio, la gobernadora Lucía Corpacci solicitó a la Corte de Justicia provincial que ordene el desalojo de otro bloqueo selectivo de Tinogasta. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Catamarca, Amelia Sesto de Leiva, señaló que “la cárcel es la solución para los ambientalistas”.
El 20 de julio, en Cerro Negro (Catamarca, intersección de rutas 40 y 60) la policía provincial y un grupo de choque prominero reprimieron un corte de ruta que bloqueaba el paso a camiones de Minera Alumbrera. Como en Andalgalá, quedó en evidencia la alianza represiva estatal-minera.
“Los principales responsables de esta represión son la gobernadora Lucía Corpacci y el gobierno nacional que es el aliado incondicional de las corporaciones mineras”, denunció Jorge Ramos, asambleísta de Andalgalá.
En noviembre de 2012, en Rawson (Chubut), decenas de asambleístas fueron heridos por una patota de la Uocra en las afueras de la legislatura provincial. El gobernador Martín Buzzi pretendía modificar la ley provincial y habilitar la megaminería. Las asambleas marcharon y la golpiza fue feroz. “Una carnicería”, definieron las asambleas de Chubut. Las fotos y videos explicitaron hombres y mujeres sangrando. Otra vez, represión terciarizada.
Las tres represiones tuvieron un punto común: la escasa cobertura de los “medios nacionales”.
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“Este Gobierno no reprime la protesta social”, fue el anuncio de Néstor Kirchner al llegar a la presidencia. Con el 22 por ciento de los votos, y la memoria fresca de la masacre de Avellaneda, se cumplió en los primeros años de gobierno.
Pero los funcionarios y militantes siguen repitiendo lo que la realidad ya desmintió: la represión en el Parque Indoamericano (diciembre de 2010, donde la Policía Federal y Metropolitana reprimieron por igual), la zona liberada (por la Federal) en el asesinato de Mariano Ferreyra y la detención en agosto pasado de 65 personas (incluidos nueve menores de edad) en Campo de Mayo (lugar emblemático de la dictadura militar) son sólo algunos hechos concretos que se imponen al relato.
Y la represión está terciarizada: policías provinciales, sicarios de empresarios rurales, grupos de choque de sindicatos y empresas extractivas.
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El 26 de abril, la Policía Metropolitana (bajo la responsabilidad política de Mauricio Macri) reprimió en el Hospital Borda a médicos, pacientes, vecinos, militantes y periodistas.
Por internet circuló una imagen muy clara donde se veía que la enorme mayoría de los medios impresos y web hablaron de “incidentes” y “disturbios” (entre ellos La Nación y Clarín). Página12 fue uno de los pocos medios que tituló de manera clara y sujeta a la realidad: “Represión”. La tapa del sábado 27 de abril mostraba a policías apuntando. Y hubo amplia cobertura.
Dos semanas después, en Famatina, la policía del kirchnerista Luis Beder Herrera reprimió a asambleístas que rechazan la megaminería. La versión impresa de Página12 le dedicó un recuadro, 986 caracteres.
El diario La Nación (versión impresa) lo omitió por completo. Al igual que la Agencia Telam, que el sábado (día de los hechos) no publicó ni una línea. Recién al día siguiente (domingo a las 11.50 –casi 24 horas después de los hechos, muy tarde para una agencia de noticias–), emitió un artículo: “Volvió la calma a Famatina tras incidentes con asambleístas antiminería”.
Nobleza obliga: la Agencia DYN (de Clarín y La Nación) sí lo cubrió. Emitió cables el sábado y el domingo. Siempre con el título de represión. Y Clarín, edición papel domingo, también dio cuenta de la represión (3.000 caracteres).
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Marcela Crabbe, asambleístas de Chilecito, estaba en el lugar de la represión. “Fue terrible. Hubo un ensañamiento criminal. Pasaron un límite. Ya podemos esperar cualquier cosa. Ayer salió el Gobernador y sus funcionarios a justificar la represión y pedir que la Justicia nos criminalice. Represión y cárcel. Eso pretenden para nosotros”.
Jenny Luján, también asambleísta, explicó que el gobierno provincial los acusa de “asociación ilícita” para utilizar la Ley Antiterrorista. “Dicen que nosotros somos los violentos. ¡Qué por favor vengan a ver cómo están los compañeros reprimidos! Esto es un plan de disciplinamiento que busca acabar con la resistencia de las comunidades”, denunció Luján.
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La represión en Famatina no fue tapa de diarios porteños.
¿Por pauta de las empresas mineras?
¿Por pauta del oficialismo?
¿Porque el gobernador Beder Herrera es aliado del Gobierno Nacional?
¿Porque no fue el PRO?
¿Porque fue “más allá” de le General Paz?
¿Simple “línea editorial”?
¿O un poco de todo eso?
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Un estudiante de primer año de Periodismo ya sabe lo que son los grandes medios de comunicación: empresas con intereses económicos y políticos. Que denuncian y callan según su conveniencia. Y donde (¿muchos?) trabajadores de prensa intentan aprovechar las “grietas” para escribir según dicta la conciencia.
Pero, lo que el estudiante (¿y los periodistas?) no pregunta: ¿qué responsabilidad nos cabe a los laburantes de esos medios a la hora de no contar lo que realmente pasa?
¿Se debe naturalizar el silencio empresario ante las represiones?
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El 23 de marzo de 2013 hubo una masiva e histórica marcha en Esquel. Se celebraron los diez años del plebiscito que rechazó la instalación de una empresa minera y marcó un quiebre en las luchas socioambientales de Argentina.
La movilización fue invisibilizada por la gran mayoría de los grandes medios de comunicación de Ciudad de Buenos Aires.
Y Esquel volvió a dar otra lección. En la marcha, un cartel escrito a mano: “Frente al silencio mediático, periodismo hormiga“. Y una leyenda anónima: “Lo que los medios grandes te quieren ocultar, seguro lo encontrás en los buenos medios: los autogestivos, los comunitarios, los cooperativos. Porque los buenos medios tienen un compromiso con vos e informan lo que pasa en las calles, no lo que ´funcionarios públicos´ que se hacen llamar periodistas deciden desde un escritorio o una gacetilla de prensa oficial”.
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«En el Borda hubo una increíble represión”, destacó la Presidenta a través de su cuenta de Twitter al día siguiente de la represión y señaló la “impresionante protección mediática” que recibió el gobierno de Mauricio Macri. La Presidenta cuestionó la cobertura benigna de los medios de comunicación y consideró que “debería incluirse como materia en las facultades de comunicación social de todo el país”.
A 72 horas de la represión en Famatina, la Presidenta no se refirió al tema. Tampoco lo hizo ningún ministro. Tampoco los intelectuales orgánicos del oficialismo.
Con la represión en el Borda, los habituales voceros del Gobierno hacían cola para denunciar la violencia. Pero Famatina no les ameritó el mismo rechazo.
El gobierno nacional no suele repudiaron las represiones que padecen quienes luchan contra el extractivismo (y muchos menos si esas provincias son de gobiernos aliados). El gobierno nacional nunca condenó los asesinatos de campesinos e indígenas (que suelen tener como trasfondo el modelo de agronegocios).
El caso más notorio, la recurrente violencia contra la comunidad qom La Primavera. Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, participó el jueves pasado de una conferencia de prensa junto a otros organismos de derechos humanos que exigen el fin de la violencia contra el Pueblo Qom. En tono, pero también de enojo, Cortiñas no anduvo con vueltas: “Hemos intentado llegar a la Presidenta y y no hubo respuesta. El silencio nos ofende y nos humilla”.
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Paula Ríos recuerda que el sábado fue “muy doloroso”. Describe lo golpes, el maltrato físico y psicológico.
El relato es duro, las entrevistadoras se conmueven.
Sufrió seis disparos de goma, le pisaron la cabeza con un borcego policial, la levantaron de los cabellos, pensó en sus hijos, creyó que la mataban. Y, pese a todo, no la quebraron: “No me van hacer bajar los brazos. Hay necesidad acá, pero tenemos dignidad, cosa que ellos no. Estas cosas no dan fuerzas para no claudicar. Nada nos va hacer retroceder. Estamos más fuerte que nunca”.
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