Berta Cáceres, activista ambiental e indígena honduraña, fue asesinada a tiros en su casa el 2 de marzo de 2016. Los autores materiales del crimen fueron personas contratadas por la empresa que llevaba a cabo la construcción de una central hidroeléctrica en el río Gualcarque, en el departamento de Intibucá.
En enero de 2026, diez años después de los hechos, el grupo independiente de investigación (GIEI) encargado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de esclarecer las circunstancias del asesinato publicó su informe final que incluye un análisis detallado del proyecto hidroeléctrico conocido como Agua Zarca. Al leerlo, se advierte que en ese proyecto puede identificarse el «triángulo militarismo-extractivismo-finanzas» que Raquel Gutiérrez Aguilar destaca como actual modelo de acumulación de capital.
Extractivismo
Agua Zarca fue impulsado por la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), fundada en 2009 por un directivo de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), quien también era oficial de inteligencia militar. El proyecto fue inseparable del golpe de Estado de junio de ese mismo año. El golpe, que depuso y expulsó del país al presidente Manuel Zelaya, del Partido Liberal, después de que éste adoptara una orientación izquierdista, a partir de la adhesión de Honduras a la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) en 2008, condujo al establecimiento de un régimen autoritario del Partido Nacional.
Inmediatamente después de la formación del gobierno de facto, se aprobaron reformas legales que flexibilizaron considerablemente los requisitos para la obtención de permisos relacionados con la explotación de recursos naturales y los proyectos energéticos. En 2010 se presentaron 21 nuevos proyectos hidroeléctricos planificados en territorios indígenas en Honduras en el transcurso de un solo año. Todos ellos, incluido Agua Zarca, fueron aprobados por el Congreso sin consultar previamente a las comunidades afectadas, como exige el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Honduras en 1995.
Militarización
Bajo el régimen autoritario surgido del golpe también se crearon nuevas estructuras de seguridad: la unidad policial TIGRES (Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad) y la Policía Militar del Orden Público (PMOP) dentro de las Fuerzas Armadas. De este modo se militarizaron los mecanismos de seguridad hondureños.
En marzo de 2013, DESA desplegó su propio servicio de seguridad e impidió que los habitantes se acercaran al río. En respuesta, la comunidad lenca de Río Blanco y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) comenzaron a bloquear la carretera que conducía a las obras. El COPINH es una plataforma de coordinación entre comunidades, fundada en 1993 en el departamento de Intibucá por Berta Cáceres y otras personas, con el objetivo de proteger el medio ambiente y la cultura del pueblo lenca.
Para desalojar el corte de ruta, el gobierno del Partido Nacional movilizó unidades de ingeniería militar junto con efectivos de TIGRES. Incluso después de levantar el bloqueo, esas fuerzas permanecieron en la zona y, en colaboración con el servicio de seguridad de DESA -dirigido por un antiguo teniente de la Fuerza Aérea-, desarrollaron controles militares y patrullas. Numerosas personas, entre ellas Cáceres, fueron detenidas. En junio de 2013, Tomás García, dirigente de la comunidad de Río Blanco y miembro del COPINH, fue asesinado a tiros por militares durante una protesta.
Finanzas
Cabe afirmar, por tanto, que el golpe militar de 2009 fue una ofensiva de violencia destinada a establecer un régimen estatal capaz de impulsar autoritariamente la explotación de los recursos naturales mediante el uso de las fuerzas militarizadas.
Sin embargo, el Estado no se limita a liberalizar las actividades extractivas y militarizar la seguridad. También se dedica a conectar las finanzas con la máquina extractivista militarista. En el caso de Agua Zarca, la primera gran institución financiera que decidió invertir en el proyecto fue el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Fundado en 1960 por cuatro países centroamericanos, entre ellos Honduras, este banco multilateral de desarrollo (BMD) cuenta con el gobierno hondureño entre los actores que participan en sus decisiones, junto con los gobiernos de los demás países miembros.
El BCIE aprobó en 2012 un préstamo de 24,4 millones de dólares para Agua Zarca, a pesar de que, desde el año anterior, la comunidad de Río Blanco y el COPINH ya venían denunciando que la concesión de los derechos de explotación a DESA violaba el Convenio 169 de la OIT. Al ejercer su poder de decisión dentro del BCIE, el gobierno del Partido Nacional también ignoró las legítimas reivindicaciones del pueblo lenca.
La participación del BCIE en el proyecto abrió el camino para que la Compañía Neerlandesa de Financiación para el Desarrollo (FMO) y el Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial (Finnfund) aprobaran, en febrero de 2014, préstamos de 20 millones y 5 millones de dólares, respectivamente. Hay que destacar que estas decisiones se tomaron mientras las protestas del pueblo lenca y la represión armada contra ellas seguían desarrollándose sobre el terreno. Además, en octubre de 2013, el COPINH había presentado una denuncia ante la Oficina del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman (CAO), organismo independiente del Grupo Banco Mundial encargado de tramitar reclamaciones contra las instituciones de ese grupo que trabajan con el sector privado.
Lo que se revela detrás de las decisiones de la FMO y de Finnfund de seguir adelante con esos préstamos es la urgencia con la que los capitales excedentes de las economías desarrolladas -capitales que no encuentran oportunidades de inversión en las industrias de sus propios países- buscan nuevas salidas.
La FMO es un banco de desarrollo público en el que el Estado neerlandés posee el 51 % de las acciones, mientras que el Estado finlandés posee más del 96 % de Finnfund. Estas instituciones públicas de financiación del desarrollo, incluido el BCIE, recurren a mecanismos como la financiación combinada (blended finance), mediante los cuales los fondos públicos asumen parte de los riesgos para facilitar la inversión privada, y, a través de estos mecanismos, emiten bonos en los mercados internacionales de capital y canalizan activos gestionados principalmente por inversores institucionales privados -bancos comerciales, compañías de seguros y fondos de pensiones, entre otros-, en particular los capitales excedentes de los países desarrollados, hacia proyectos de desarrollo en los países del Sur Global. En Agua Zarca, las tres instituciones mencionadas organizaron una operación de financiación conjunta.
Los capitales excedentes necesitan golpes de Estado
Hasta aquí hemos seguido el proceso de formación del «triángulo» desde el golpe de Estado hasta los movimientos del capital financiero internacional. Sin embargo, la esencia de ese modelo de acumulación de capital se hace todavía más evidente si reconstruimos el proceso en orden inverso.
La acumulación de capitales excedentes en los países desarrollados comenzó a finales de la década de 1960, cuando llegó a su fin el periodo de elevado crecimiento económico de la posguerra en esos países. A partir del shock (de Nixon) de 1971 -que marcó el inicio de la globalización de los capitales estadounidenses-, la «política» pasó a consistir, en lo fundamental, en garantizar constantemente nuevas salidas de inversión para los capitales excedentes de los países desarrollados. No fue casualidad que el golpe de Estado en Honduras se produjera en 2009 y condujera al extractivismo y el militarismo. La crisis financiera mundial, iniciada el año anterior, había liquidado numerosas oportunidades de inversión existentes, por lo que se volvió urgente crear nuevos destinos para los capitales excedentes.
El extractivismo consiste en privatizar bienes comunes y ofrece perspectivas de alta rentabilidad al capital financiero internacional. Por otra parte, para crear nuevas salidas de inversión, ya sean extractivistas o no, es necesario recurrir al militarismo, es decir, a la violencia física, para destruir todos sus obstáculos posibles y, al mismo tiempo, para aniquilar toda resistencia contra esa destrucción. Raquel Gutiérrez Aguilar dice que quien resiste es la vida. Berta Cáceres es precisamente el nombre de esa vida
