Esta entrevista fue realizada por la plataforma chilena de periodismo alternativo urbesalvaje.com
Incertidumbre y amenaza. Sin duda que existe una desconfianza hacia el Estado. Y no es solo en materias económicas y de salud pública. Muchísimos culpan a la clase política de la amplitud de males que aquejan a la sociedad chilena. El empresariado a la cabeza. ¿Chile despertó y está pandemia le va a poner el pie encima al modelo? ¿Otro Estado es posible? ¿Es el Plebiscito lo más importante hoy?
En medio de la pandemia y de lo que posiblemente será la peor de las crisis del sistema sanitario lo más importante hoy es lo que podemos llamar el cuidado del vecino, es decir, del que habita (ella o él) y coexiste en relación a esa otredad de la que también soy parte. La preocupación por el otro, sobre todo por aquel que no conozco y que debido a la eventualidad global del Covid19 podría estar en peligro de muerte es lo más importante en esta contingencia. Todo indica que la forma más efectiva para controlar el contagio es el distanciamiento físico de los otros porque no hay todavía una cura que pueda evitar la muerte. El plebiscito puede esperar los ventiladores y la recuperación de la sanidad pública me parece que es de primer orden. El confinamiento o cuarentena obligatoria dictaminada por el gobierno a primera vista parece ser una medida de sanidad pública y, sin duda, creo que lo es tal como lo ha confirmado la presidenta del colegio médicos de Chile. Pero no estoy seguro de si el gobierno y la precariedad absoluta del sistema de salud pública tenían otras medidas para contener la propagación del virus. Lo cierto es que la medida de declarar un estado de emergencia me parece que es una medida política que cumple, de momento, una función cínica. Por un lado, el estado de emergencia le ha permitido al gobierno generar un estado mental de pánico mediático. Así, el miedo a la muerte y al contagio funciona como una política de control de los espacios politizados por la revuelta social. No es casual que en vez de poner en marcha un plan para habilitar hospitales, intervenir la salud privada, comprar ventiladores, mascarillas, reforzar el cuerpo médico y de especialistas, etc., el gobierno comience a pintar plaza de la dignidad como un desesperado intento por recuperar los espacios y los símbolos que ya no le pertenecen. Te menciono esto por no expandirme en lo ridículo que ha resultado sacar—y qué ganas tenían de hacerlo—a los militares a la calle en las horas en que la gente duerme y el contagio social es ínfimo o casi imposible. Todo esto hace sospechar que el estado de emergencia es una medida de control de la desobediencia civil más que ser una medida de sanidad pública a la altura de la amenaza real que tienen todes los que vivimos en esta parte del planeta de ser contagiados por el Covid19. En otras palabras, la medida del gobierno está entrelazada al control de la desobediencia civil, desatada por la emergencia de una ciudadanía que había desaparecido desde la época del plebiscito de 1989. Sin duda, también las mediadas del gobierno de Piñera han tenido que seguir las directrices de lo que globalmente han hecho otros gobiernos para controlar la pandemia. En medio del oportunismo del gobierno neoliberal por detener el malestar social que desató la revuelta del 18 de octubre el cinismo revela ser un arma al servicio del miedo. Se trata del miedo que tiene la clase política, la oligarquía nacional y las empresas vinculadas al modelo neoliberal de que este país cambie de manera radical y se convierta en un modelo experimental de sociedad participativa orientada al cuidado por el otro y a formas de coexistencia basadas en otro modo de ser que el del hedonismo de la sociedad de consumo. Por lo mismo, creo que el plebiscito se puede posponer mientras el cuidado del otro tome la forma subjetiva de la revuelta social del 18 de octubre, es decir, mientras pasemos la cuarentena pensando en el nacimiento de otro modo de vida. Un modo de vida y de coexistencia completamente distinto del modo “sin coexistencia social” al que nos confinó el virus del neoliberalismo. Por supuesto, yo apruebo el cambio constitucional y mis deseos por el plebiscito están basados en que el cambio constitucional es la posibilidad de que el país gire en 180 grados hacia otro modo de existencia.
Una pandemia como castigo. La catástrofe como sanción global hacia la humanidad. Te parece interesante esa reflexión.
Sí, me parece interesante, pero creo que el castigo introduce en el concepto de catástrofe una dimensión teológica que tiende a desplazar el hecho de que la pandemia de Covid19 está, por un lado, internamente ligada a las formas de modernización capitalista de la gran industria del mercado agrícola y de la epidemiología. En el caso de que no sea un virus que se haya escapado de algún laboratorio militar para deliberadamente provocar una catástrofe, el virus proviene, tal como lo muestra el texto del Colectivo Chuang que publicó la plataforma de Lobo suelto, de la industria mundial agrícola. El texto del Colectivo es muy interesante porque retira la posibilidad de leer teológicamente la catástrofe producida por la expansión de la producción industrial agrícola y el modo en que se vincula con elementos, digamos, no humanos o naturales como sería el caso del Coronavirus. Las clases subalternas que están expuestas al contagio con microbios y catástrofes industriales no son nada nuevos, no constituyen una novedad en la historia del capitalismo y, por cierto, las epidemias tampoco constituyen una novedad. Con la idea de humanidad ocurre algo similar. La humanidad como concepto universal deja sin pensar los efectos que las catástrofes generadas por el capitalismo, en su fase global e hiperdepredatoria, dejan en la carne viva del cuerpo social. En otras palabras, no creo en las teorías que ven en el virus una exterioridad que nos ataca desde fuera y que según la posición en la que se mire, podría salvarnos de los males que le hemos hecho al planeta. Las catástrofes son siempre sociales, afectan el cuerpo material de individuos, colectividades, de poblaciones agrumadas nacional o posnacionalmente. La pandemia de Covid19 lleva casi 60.000 muertos y más de un millón de contagios. Se trata de la primera catástrofe social con resonancias comunicacionales globales y, quizá, de la primera catástrofe que desenmascara la precariedad de los sistemas de salud pública a nivel global. La urgencia de pensar un sistema de salud internacionalizado o globalizado parece que agrega un dato más a la urgencia de salir del fatídico ciclo de gobernabilidad neoliberal. Pero la salud como un derecho universal de cada individuo, de cada colectividad, del vecino, del amigo o de los que aún no han nacido se ve amenazado por la idea de que la pandemia es un castigo que todes debemos pagar. La idea de que deben pagar justos por pecadores es una idea que le hace mal a la izquierda y aún más mal a la urgencia de imaginar formas de cuidado que estén completamente escindidas de la religión del dinero y de la barbarie con la que se consuma el lucro en nuestro sistema de salud.
¿Qué rol ha jugado la filosofía en la vida, pasión y posible muerte del modelo? ¿Va a resucitar con una fuerza mayor o va a haber un cambio?
No soy filósofo, por lo que mis opiniones no deben confundirse con las que daría un filósofo de profesión. Pienso que en Chile la filosofía ha sido muy importante en la vida de sus poblaciones. Por poblaciones habría que entender la multiplicidad de cuerpos que han decidido resistir el modelo y por filosofía lo que ha emanado de la interioridad de sus prácticas y del deseo de “cambiarlo todo, sino pa’ qué”. Ha habido, sin duda, un despertar en las universidades, pero creo que la revuelta social ha pasado transversalmente por lo que llamo la emergencia de la sociedad civil. Me interesa mucho remarcar que se trata de una emergencia y no de un a priori de la filosofía política. Ha sido la sociedad civil y el pluralismo de su composición la que ha dado las coordenadas de una filosofía descentrada de los vínculos que las universidades en Chile han mantenido con el modelo de producción neoliberal de saberes. No creo que la filosofía de papers y carrera universitaria de imitación norteamericana haya contribuido a la revuelta social. Por el contario, el individualismo en los espacios universitarios, la lucha a muerte por el reconocimiento académico, la falta de desarrollo de espacios de colectivización y producción de saberes es lo opuesto a la respiración de las pasiones que han emanado de la desobediencia de la sociedad civil. Por supuesto, esto no significa que la universidad y el conjunto de sus académicos y, sobre todo, de sus estudiantes esté también recorrida por el espíritu de la revuelta. No estoy seguro de si la universidad como institución desea la muerte del modelo. Pero, si estoy seguro de que la universidad, aquella que se recoge en la comunidad de sus estudiantes y profesores, está contagiada por el deseo de democratizar todos los espacios que permitan que el espíritu de una vieja y necesaria institución esté a la altura de los cambios y orientada a la relación y el compromiso político con la metamorfosis de lo humano, es decir, de lo singular-plural. El espíritu de una filosofía en que lo común, aquello que nos compete a todes, es algo que ha puesto de manifiesto la revuelta de los movimientos sociales, la coordinadora 8M, el movimiento feminista, el Movimiento contra las AFP y las Isapres, el Movimiento Estudiantil contra el lucro en la educación, las disidencias sexuales, el movimiento Mapuche, y, por cierto, toda esa población que todavía está media invisibilizada de inmigrantes haitianos y latinoamericanos componen la pasión de una filosofía por venir. Una filosofía que no está en el futuro, sino en las luchas cotidianas por la redefinición y construcción de instituciones orientadas a la coexistencia en común. La pasión y los deseos colectivos por una sociedad distinta están encarnadas en una pragmática materialista—no abstracta— por la definición y redefinición de nuevas instituciones. Yo veo que esto es una filosofía que ha acontecido en las calles y que hoy la filosofía disciplinar deberá heredar como si Sócrates estuviese encarnado en la figura social y política del kiltro Matapacos o en el chico que ondeaba la flamante bandera del pueblo mapuche en Plaza Dignidad. Es probable que el futuro de la filosofía disciplinar y de la propia universidad se juegue en ello. En cambio, el por venir del fin del neoliberalismo sigue estando en las luchas cotidianas de la sociedad civil y en la emanación de una filosofía alojada en la potencia de la imaginación colectiva. La filosofía suspendida en el aire que cultiva figuras aristocráticas del saber como atributo de una disciplina universitaria ha dejado hace mucho de ser algo interesante.
Todo Chile en el mismo bote frente a la enfermedad. Barbarie o solidaridad: No hay un valor por la vida; por el respeto a las personas. ¿Campo fértil para qué? ¿Para la solidaridad de toda la ciudadanía o para la barbarie del poder?
La barbarie y la solidaridad son dos conceptos interesantes para abordar el problema de la pandemia de Covid 19 y el problema que está causando en nuestra sociedad. La solidaridad tiene una larga data en la tradición del pensamiento humanista y se le podría conceder que ha estado del lado de una política de la coexistencia pacífica. Cuando el imaginario de la tradición liberal propagaba la consigna de civilización o barbarie la solidaridad se trasformaba en política secular del cuidado por el prójimo y específicamente por los pobres. Esta política de solidaridad ha funcionado durante mucho tiempo como dispositivo de compensación de las clases acomodadas. Se trata de la conciencia pequeño burguesa del “me preocupo por los pobres” y, así, disfruto de mis privilegios de clase acomodada sin conciencia de culpa. La solidaridad de la conciencia burguesa es un dispositivo importante del proyecto civilizatorio de la sociedad capitalista. Los siglos XIX y XX están marcados por la consigna civilizatoria de la solidaridad de las clases acomodadas hacia los pobres. No cabe duda que estas formas de conciencia se prolongan en nuestro presente neoliberal e incluso la solidaridad puede aparecer como un dispositivo del poder del Estado para salvar empresas del sector privado. La solidaridad humanista moviliza el cinismo que contribuye a los sistemas de acumulación del capital. Estar fuera o dentro del patrón solidario de la civilización es estar inscrito en el privilegio de una solidaridad abstracta. Habría una solidaridad distinta, aquella que está vinculada a los afectos y a las posibilidades de ser afectado o modificado por la afectividad del amor genuino a los otros, a las diferencias, es decir, a la mundanidad de los mundos plurales. Esta solidaridad hoy no puede estar disociada de la revuelta social porque la revuelta es un movimiento de solidaridad profundo y transversal. Se trata quizá del primer movimiento de desobediencia civil en que la solidaridad de los mundos plurales coincide con el cuidado del cuerpo social. En otras palabras, la solidaridad como materia afectiva y no como objeto de expiación de la culpa coincide con la preocupación por los otros, con el cuidado de los otros. La solidaridad que pone en marcha la desobediencia civil en Chile es posthumanista porque ha dejado de ser una abstracción de las clases acomodadas. Lo hemos visto en La Primera Línea, en los grupos juveniles de raperos, en Mon La Ferte… Lo hemos visto en el conjunto de paramédicos, enfermeras y enfermeros que han dado atención y cuidado a los y las manifestantes, en los artistas, en los estudiantes, en los ancianos que sin miedo han ido a Plaza Dignidad. Tu tienes razón en identificar el poder con la barbarie porque este (el poder) no ha dejado de producir formas catastróficas de civilización en nombre de la expulsión de la barbarie, del desarrollo y del progreso. En esta compulsión el poder ha consumado una política de la barbarie neoliberal en la que podríamos desaparecer como civilización. Hoy el cambio climático, el agotamiento de recursos vitales como el agua potable y la pandemia de Covid 19, así como todas las reivindicaciones de la revuelta social del 18 de octubre, despejan el cielo borroso de los años de la Concertación y la Nueva Mayoría. El neoliberalismo es el mal radical de nuestro presente y como tal su Estado y sus instituciones nos ponen en riesgo de muerte. Este peligro es esta vez transversal. En un registro siniestro, el Covid 19 democratiza la muerte porque esta vez no son solo las clases sociales más desposeídas las que padecen la posibilidad del contagio y el riesgo de muerte —aunque debido al sistema de salud y al modelo constitucional lo que en Chile no es democrático es la “cuidadocracia”. Los que se pueden cuidar del contagio o ser atendidos en caso de problemas respiratorios con ventiladores de alta tecnología no son las clases trabajadoras ni los más vulnerables, sino los grupos sociales acomodados. Quizá, el único principio civilizatorio y de solidaridad afectiva fértil que tenemos es la siguiente consigna: revuelta social o barbarie desde el cuidado del otro y en resistencia civil a las políticas cínicas del control securitario.
Valor de la vida: Nunca se preocuparon por los niños, los adultos mayores, los reos, incluso los condenados por delitos de lesa humanidad ante el congreso o a Iris le temen a la muerte. ¿El asesino siempre trata de aparentar bondad? ¿Qué rol le da el gobierno de Chile a la vida? ¿La violencia es una enfermedad social frente a los abusos? ¿Vigilar y castigar?
En La ciudad de Dios, libro que compré junto con las Confesiones hace años cuando comencé a trabajar con los textos del filósofo argentino León Rozitchner, me impresionó la referencia a la justicia que hace San Agustín. Los reinados sin justicia, dice Agustín, son como pandilla de criminales. Hay también una teoría del liderazgo porque él cree que una pandilla es un grupo de hombres bajo el comando de un líder. Después de informarnos de estas definiciones nos relata una anécdota. Un pirata ha sido capturado por Alejandro Magno. El emperador le dice al pirata si le parecía bien tener el mar infestado con sus piraterías. El pirata sin tartamudear le responde: lo mismo que te parece a ti tener infestado todo el orbe: solo que a mí por piratear con un pequeño barco me llaman ladrón y a ti por piratear con una imponente armada te llaman emperador. Aunque nos guste más el pirata, en ambas posiciones hay ausencia de justicia. En ambas hay composición de una pandilla. El Estado neoliberal es el lugar en que la justicia y la posibilidad de que ella ocurra dentro del marco jurídico se ha retirado completamente. La retirada de la justicia abre paso a la desvalorización de la vida. El neoliberalismo es precisamente eso; la desvalorización brutal de la vida porque el conjunto de sus máquinas que van desde la subjetividad molecular del emprendedor individual hasta la subjetividad cínica del médico de clínica privada que devalúa la vida cuando decide subordinar el cuidado médico al valor del dinero. Por muy engorrosa que sea la discusión filosófica sobre la cuestión de la biopolítica, me atrevo a decir que el neoliberalismo no es en ningún caso un Estado biopolítico. Por lo contrario, el neoliberalismo es el estado avanzado de la necropolítica y, en efecto, Chile es en América Latina el paradigma más exitoso de Estado neoliberal. Las formas en el Estado chileno han articulado una política de la muerte con un régimen de acumulación de capitales que no tiene precedentes en ningún otro país de la región. La consumación necropolítica del neoliberalismo se ha expresado de manera muy fuerte en la producción y dominio de los lugares de encierro como técnica de aniquilamiento, tortura, vigilancia y control de la población. El campo de concentración de Tejas Verdes y el Estadio Nacional, por dar solo un ejemplo entre muchos más, fueron las primeras y más visibles formas del control necropolítico del neoliberalismo chileno en su fase de terror y violencia. En su fase de simulacro democrático tienes desde La Oficina, órgano creado por la Concertación para el aniquilamiento y el encierro de grupos de ultra izquierda hasta el infanticidio que en los recientes años hemos conocido como el infierno del SENAME. A esta lógica necropolítica del castigo y la vigilancia de la población se acopla, lo que quizá sean los dos pilares más importantes del modelo neoliberal: la vampirización y transformación de la vida de trabajadores y trabajadores a partir del sistema de AFPs y el robo de las potencialidades intelectivas y de imaginación de los estudiantes a través del lucro en la educación. El Estado en Chile ha sido desde sus orígenes una institución sin justicia. Pero desde 1973 hasta el segundo gobierno de Sebastián Piñera, es decir, el actual gobierno, su aparato de poder se ha consumado como un instrumento criminal al servicio de la desvalorización de la vida y la valorización de la acumulación de capital-dinero. Sin embargo, no diría que el gobierno de Piñera es el único responsable de la ausencia o retirada de la justicia en la sociedad chilena. Es muy probable que más temprano que tarde el Sr. Piñera y su gabinete deba comparecer ante tribunales por violación de derechos humanos y por su responsabilidad directa en las más de 30 muertes que ha dejado el excesivo y criminal actuar de la institución policial de Carabineros. No hay duda de que los que han sido mutilados en sus ojos, violentados y torturados por la policía de carabineros, a vista de todo el mundo, deberán en algún momento componer hoy la demanda infinita de justicia. En Chile, la demanda de justicia es lo que está entrelazado a eso que la revuelta social ha llamado la dignidad. Esta se ha expresado en varias consignas y, quizá, la que mejor capta el hecho de que la dignidad es una política de valorización de la vida y, al mismo tiempo, un movimiento interno del clamor de la justicia social, es la que llama a luchar “hasta que la dignidad se haga costumbre”. Esta consigna conmueve porque revela que el movimiento de protesta está arraigado en la valorización de la vida frente a un Estado criminal. Por eso, si queremos ser verdaderamente fieles al espíritu de la revuelta del 18 de octubre y al movimiento de desobediencia civil hay que rechazar la cuarentena como estado de inmovilidad política, es decir, como imposición de una política de control de la población. No digo que no haya que hacer cuarentena, digo que la cuarentena debe hacerse al interior del espíritu que la revuelta social ha abierto como posibilidad de otro mundo, de otro Estado, de otras instituciones a imaginar.
Si se respetara la libertad de expresión no habría crisis de legitimidad. ¿Debe haber más de una voz oficial? ¿Qué papel juegan las redes sociales?
La pandemia del Covid19 y la revuelta social en Chile han tensado tanto a la oficialidad de los medios de comunicación como a las redes sociales. La comunicación es por decirlo así un campo de batalla, una lucha permanente por la circulación de significantes, es decir, por el derecho a la información. Que Chile esté atravesando por dos hitos excepcionales hace proliferar las estrategias por el control de la comunicación. Las redes sociales han permitido una cierta democratización de lo que se comunica y es comunicado. Pero no creo que puedan competir con el control y poder de la televisión y, sobre todo, con los modos en que este medio de comunicación produce efectos de verdad y, por lo tanto, efectos de opinión. La televisión es sensacionalista y publicitaria y sabe desde hace mucho del poder que tiene el uso y la circulación de la información. La pregunta por la libertad de expresión y la legitimidad es la pregunta por quienes controlan los medios de comunicación. Este control se da de manera desigual. No es lo mismo el muro del Facebook de un amigx inteligente que según la lógica algorítmica opina al interior de una comunidad virtual más o menos homogénea en sus modos de percibir el mundo, la política, la cultura, el tema de las diferencias, al poder que tiene Televisión Nacional de Chile y su periodismo de pacto oligárquico. La desinformación en este país es indisociable de la estructura publicitaria y neoliberal, es decir, es indisociable de la subjetividad cínica y publicitaria del comercio comunicacional. No lo digo solo por el acierto de la consigna “el mercurio miente”, sino también por el hecho de que toda la prensa alternativa que intenta resistir la lógica neoliberal de las comunicaciones no cuenta con los recursos y la cobertura como para hacer posible tanto la libertad de expresión y el derecho a informarse de manera confiable. En otras palabras, la liberad de expresión es una moneda cambiaria que oscila generalmente en beneficio de la información pactado con el orden del capital. Para que la libertad de expresión no sea solo un refugio lisonjero de los valores del liberalismo burgués y pueda componer los criterios de razonabilidad, verdad y transparencia que se merece la sociedad civil habría que democratizar y nacionalizar como mínimo la televisión pública y, sobre todo, velar porque su estructura comunicacional no se subordine a los intereses del capital privado. Las redes sociales no están ajenas ni son una isla en el mar de las bondades de la comunicación. De hecho, siempre están intervenidas bajo el imperio del algoritmo, la selectividad de las comunidades virtualizadas o la corrupción de los gobiernos que pueden falsear cuentas y agitar verdades a medias. También tienen el peligro de producir lo que Daniel H. Cabrera llama vidas apantalladas. El apantallamiento en las redes sociales o en plataformas digitales no informa ni crea estados de proximidad con el pensamiento ni con la afectividad del que se duele. Si pensamos en la frase del idiota que ha sido capturado por el sensacionalismo de una noticia y dice “¡Prende la televisión!” nos deberíamos dar cuenta de que el imperativo del idiota es el llamado a apantallarse. El imperativo de la frase que urge a la disposición de apantallarse no solo es reaccionaria e irreflexiva es también la frase del idiota que, en su desafección, no desea resistir, pensar o imaginar más allá del morbo de la pantalla. Esto que ocurre con la televisión también ocurre con las redes sociales porque éstas no siempre están a distancia del sensacionalismo, de la propagación del miedo con el que mediáticamente se desatan toda clase de virus que hacen imposible una comunidad informada en la comunicación, la cual es sin duda imposible en contextos donde solo prima la oficialidad de la voz publicitaria de la vigilancia, el control y la publicidad.
De una herida lo que importa es la cicatriz. ¿La izquierda está sacando conclusiones de estos dos fenómenos: la pandemia y la revuelta?
La metáfora de la herida y la cicatriz es tan acertada que inmediatamente me asaltan imágenes de la historia del horror: la del Palacio de la Moneda en llamas, la de los militantes de partidos de izquierdas que fueron lanzados al mar, la inmolación de Sebastián Acebedo, la crueldad del asesinato de Natino, Parada y Guerrero, el asesinato de los hermanos Vergara, entre muchas otras. La crueldad de los años de la dictadura no cesó con la llamada transición a la democracia. El estado neoliberal prolongó las formas del horror en la articulación de lo que Clement Rosset llama “el principio de crueldad”. El principio de configuración de la sociedad chilena desde el plebiscito de 1989 hasta nuestros días ha sido el de un permanente despliegue del principio de crueldad. Si hubiese que pensar en la genealogía democrática de este principio habría que decir que comenzó con la creación del “Consejo coordinador de seguridad pública”, es decir, con la creación de La Oficina a principios de los años noventa. Como institución que debía asegurar la seguridad pública contra el “terrorismo” de una exaltada izquierda para tiempos democráticos. La Oficina condensa la historia del comienzo del terrorismo de Estado articulada, esta vez, por la inteligencia de la izquierda. Esta instancia fue dirigida por militantes de la Democracia Cristiana y del Partido Socialista y desmanteló prácticamente a todos los sectores de la izquierda más radical que habían sido centrales en la conquista de los derechos democráticos. ¿Cómo los desarticuló? Empleando ex agentes de la DINA y CNI e implementando los mismos métodos de la dictadura para aniquilar a los “terroristas”. El principio de crueldad es puesto en marcha para velar por el espacio de la democracia. Pero una democracia que siguió prolongando las instituciones del horror de la dictadura, cambiando las formas y blanqueando, por ocultamiento o estrategia publicitaria, el terrorismo de estado. Sin ese principio no podría haber detenido la barbarie neoliberal. El dispositivo de la democracia ha suplementado la prolongación y radicalización del principio de crueldad en el que se sostienen las instituciones de la democracia neoliberal. La crueldad de los infanticidios en el SENAME se prologa en el ancianicidio del sistema de pensiones. A través de las instituciones neoliberales, el principio de crueldad de la sociedad chilena aparece como la articulación completa de la degradación de la vida infantil hasta la vejez. Entre medio de esos dos pilares que deben sostener la diferencia entre crueldad y civilización, están todas las otras instituciones (educación, derechos laborales, vivienda, salud). Estas instituciones, reproducidas y resguardadas por la clase política en estas últimas tres décadas, constituyen el lugar de usufructo del trabajo de chilenas, chilenos, inmigrantes, mujeres, niños, diferencias sexuales y étnicas. ¿Por qué puede ser legítimo usufructuar, explotar, extraer plusvalía del trabajo de los otros? La revuelta social del 18 de octubre sabe que la respuesta se halla en el simulacro de la legitimidad de la constitución de 1980. Por lo mismo, no estoy seguro si esas heridas que dejó el golpe de 1973 han cicatrizado. Si lo hubieran hecho no habría en nuestro país historia de la insubordinación de las clases media y popular. Tengo la impresión de que las heridas no van a cicatrizar en las manos de la tradición de la izquierda que puso en marcha la crueldad de las instituciones democráticas heredadas de una constitución ilegítima y antidemocrática. La izquierda tradicional del viejo sistema de representación de partidos políticos mantiene las heridas abiertas porque no estuvo a la altura de las demandas por restitución de la justicia social que emanaron de las jornadas de protestas durante la dictadura y mucho menos está hoy a la altura de la demanda de justicia de la revuelta social. La izquierda que ha sido gobierno durante los 30 años que señala la consigna “no son 30 pesos, son 30 años” no puede conducir el descontento, el malestar social y subjetivo que expresa la desobediencia civil de la revuelta. Por eso, no sé qué consecuencias puede estar sacando de la pandemia y de la revuelta que no sean las de contener la trasformación de raíz de un modelo económico y de una vida cívica y social que, inscrita en el principio de crueldad, favorece a la oligarquía nacional e internacional. Al mismo tiempo, favorece a la clase política que teme perder los privilegios que le da una vida parlamentaria basada en el lucro de la política. Si la revuelta social sospecha de la clase política es porque esta no tiene ni el carisma ni la legitimidad para trasformar el modelo neoliberal. Una izquierda que participa de la reproducción neoliberal podría estar sacando conclusiones erradas de la pandemia. Por ejemplo, podría estar pensando en volver a atar el pacto que ha tenido con las instituciones que lucran con la educación, la salud y el sistema de pensiones y que la revuelta social ha hecho difícil de sostener. Cuando empiecen a morir cientos y, quizá, miles de ancianos y ancianas, jóvenes y no tan jóvenes vulnerables al coronavirus; cuando los hospitales no puedan cubrir las necesidades de los que ingresan con problemas respiratorios y empecemos a padecer la impotencia de una sociedad en el que la “cuidadocracia” está privatizada y el derecho a los ventiladores es solo para los más acomodados; entones volverá una y otra vez el mar de cuerpos desobedientes a interrumpir el principio de crueldad del estado neoliberal. La única conclusión, a la altura del clamor por la dignidad y el derecho de vivir en paz, que debería tener la izquierda en el gobierno es que la pandemia vaya a radicalizar el conflicto. La sociedad civil sabe que las medidas de control social y policial usadas por el gobierno no tienen un propósito de sanidad pública, no están basadas en el cuidado de la población. La provocación del presidente Piñera de ir a sentarse a Plaza Dignidad es la constatación más clara de que el gobierno vive la pandemia de Covid19 como un arma para sofocar la revuelta. Sin ir más lejos, no ha tenido ninguna sensibilidad con los más de dos mil presos políticos (casi todos niñas y niños adolecentes) que han sido encarcelados por resistir el principio de crueldad del modelo económico en Chile.
