La primera novedad de un año electoral que comienza a desperezarse es el derrumbe del gobierno nacional y de la Alianza Cambiemos, que no parece suscitar expectativas y por el momento sólo aspira a llegar a las elecciones en condiciones mínimamente aceptables. La segunda es el intento de aprovechar este derrumbe para reconstituir un escenario político despolarizado. En este esfuerzo convergen sectores muy diferentes que van del sindicalismo al empresariado, de radicales a peronistas, de Beatriz Sarlo a Marcelo Tinelli. En un artículo publicado esta semana, Pablo Seman se refiere a un “deseo Lavagna” apoyado “en las potencialidades del presente para superar su actualidad insatisfactoria”. Pero, acota, esas potencialidades requieren, para volverse efectivas, de “algo que no existe pero tiene buenas probabilidades de existir”. Ese algo que se intenta construir se llama “deseo de centro”.
La dificultad de este esfuerzo –cuyos antecedentes más nítidos son Raúl Alfonsín y Antonio Cafiero– consiste ante todo en la imposibilidad de verificar, en la actualidad sudamericana, las dos condiciones implícitas que el centrismo presupone. Por un lado, la relativa unidad y disposición de las elites a negociar un plan político que, en cierta medida, contemple satisfacer algunas necesidades y deseos de aquellos movimientos populares que cuentan con capacidad de movilización. Por otro lado, la aptitud para crear una política con fuerza que pueda gobernar esa capacidad de movilización limitando su autonomía, subordinándola a una retórica de la sensatez y el justo medio.
El deseo de centro, de un pacto político que dé lugar a una mediación consistente, está desafiado en sus dos supuestos por la coyuntura sudamericana actual. Basta con leer contribuciones como las de Mónica Peralta Ramos –domingo a domingo en El Cohete a la Luna– para comprender con claridad el peso que tiene el avance de Estados Unidos en la región con la finalidad de recuperar espacio para sus empresas (origen del clima de invasión militar en Venezuela, del lava jato brasileño y de la operación de los cuadernos en la Argentina). Ni la capacidad de resistencia del chavismo a toda imposición violenta externa en Venezuela, ni el intento dialoguista ensayado por el PT a través de la aplicación de políticas neoliberales durante la presidencia de Dilma Rousseff estimulan el escenario de pacto que el centrismo imagina.
El desafío al segundo supuesto viene dado por la propia experiencia argentina: la ausencia de un liderazgo político de los movimientos populares no desactivó en ningún momento su capacidad de veto sobre las políticas que atacan sus ingresos. No es realista imaginar que cederían esta capacidad de movilización a cambio de una participación moderada en un gobierno de ajuste con consenso parlamentario.
La ilusión de las fuerzas de un eventual centro –“algo que no existe pero tiene buenas probabilidades”– no es más que el deseo de recuperar, en una maniobra electoral, lo que los dos grandes partidos políticos (aliados a grandes empresas) han perdido luego de una larga trayectoria histórica: el peronismo ya no contiene la fuerza obrera de los sindicatos y los movimientos sociales, el radicalismo no logra representar a los sectores medios. El fracaso de Mauricio Macri por conquistar a los primeros y garantizar ingresos de los segundos, es decir, la inviabilidad financiera y política de la Alianza Cambiemos, reactiva el viejo sueño perdido del centrismo antaño bipartidista: hacer de cuenta que volvemos a los años ’80, que el 2001 no existió.
2001 como coyuntura por venir
El 2001 sigue proyectando las condiciones de una resolución democrática de la crisis en la medida en que designa, en un lenguaje comprensible, la capacidad de los movimientos populares para poner límites a la violencia del poder sin disponer de una conducción política centralizada. Esta situación se repite tras la derrota del kirchnerismo en torno al año 2013. La convergencia de la elección de Bergoglio como Papa, el triunfo peronista de Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires y la crisis del dólar determinaron un fin de ciclo que conviene analizar. Las sucesivas derrotas electorales del kirchnerismo mostraron cosas importantes desde entonces. A partir de la pérdida de iniciativa y de capacidad de gobierno de Cristina Kirchner sobre las principales variables del proceso político, se produjo una disgregación de las fuerzas que componían el Frente para la Victoria; emergió una coalición de fracciones políticas dispuestas a llevar adelante un programa neoliberal explícito con aptitud para ganar elecciones; las organizaciones populares desplegaron grandes movilizaciones de masas por fuera de toda jefatura política unificada.
Como resultado del nuevo cuadro de situación y luego del triunfo electoral de Cambiemos en las elecciones parlamentarias de 2017, una nueva combinación de organizaciones sociales, sindicales y políticas –izquierda, kirchnerismo, fracciones del peronismo– logró poner en crisis el plan de reformas que se proponía el gobierno. La lucha callejera de diciembre de ese año, si bien no consiguió frenar la reforma jubilatoria, confirmó dos cuestiones centrales: que el gobierno pagaría un altísimo costo si deseaba aplicar su programa en el tiempo comprometido, y que el sistema político no podrá gobernar sin el protagonismo popular en las calles. Algo que el movimiento de mujeres ya venía exponiendo de modo ejemplar.
La reacción de los dueños del dinero ante el bloqueo del programa de Macri fue la corrida cambiaria que no tumbó al gobierno, pero sí terminó de sacar a la luz lo que Jaime Durán Barba y Marcos Peña intentaron disimular: los mercados no desconfían del programa de Macri, sino de su habilidad para aplicarlo en condiciones de resistencia social activa. Esa desconfianza es lo que Macri intentó compensar ubicando al FMI en el centro de la toma de decisiones. El gobierno compró tiempo en el Fondo para llegar a las próximas elecciones y confió sus fichas al impacto que pudiera suscitar la fracasada causa de los cuadernos, que terminó confirmando la impresión de una pudrición general del Estado que compromete al Poder Judicial y a los servicios de inteligencia.
Dos plazas
Herido el proyecto oficial y expresado en su debilidad el proyecto de un centro, se esboza la posibilidad de un frente electoral que reúna fuerzas que se oponen a las políticas neoliberales, lo que supone preguntas inevitables sobre el programa y la metodología de la constitución de una dinámica efectivamente democrática y capaz de bloquear las políticas el programa del Fondo. Para imaginar una hipótesis de salida al angustiante bloqueo actual, vale la pena hacer el ejercicio lúdico de distinguir la plaza del 9 de diciembre de 2015 impresa en el corazón de quienes corean “vamos a volver” (Cristina jefa, multitud agradecida), de aquella otra movilización a la que podemos aspirar para diciembre de 2019, asumiendo plenamente el nuevo contexto. Esos millones de personas deseando juntos la liquidación de las políticas neoliberales en base al masivo protagonismo de la calle de estos años, esa ciudad tomada por quienes frenaron los planes de reforma laboral, manifestaron para conseguir un salario social complementario, organizaron los paros de mujeres de los últimos 8 de marzo, ganaron la discusión pública sobre el aborto y desarrollan iniciativas contra la cultura de la violación y femicida, organizaron la resistencia contra la economía neoextractiva, marcharon los 24 de marzo y quienes protagonizan la lucha contra la represión racista en los barrios y en las comunidades, toda esa composición de una deseable “nueva tierra” ya no se reduce a la recomposición de aquella fuerza del pasado. Requiere de una constitución más amplia y radical, más madura y mejor dispuesta a desactivar la reducción de lo político a mera maniobra electoral, a desbordar toda conducción cerrada y rechazar la carga de violencia económica implícita en una precaria estabilización centrista.
Diego Sztulward para El Cohete a la Luna
