Entrevista a Huáscar Salazar Lohman
Economista boliviano, activista ligado a organizaciones sociales y miembro de la Sociedad Comunitaria de Estudios Estratégicos, Huáscar (1983) publicó el año pasado el libro Se han adueñado del proceso de lucha. Horizontescomunitario-populares en tensión y la reconstitución de la dominación en laBolivia del MAS (2015) (SOCEE/Autodeterminación), con prólogo de Raquel Gutiérrez Aguilar, una investigación académica de largo aliento que trata de comprender lo ocurrido desde la llegada de Evo y del MAS al gobierno desde el punto de vista de las tramas comunitario-populares, que hasta entonces desarrollaron un enorme poder de veto contra las políticas modernizantes del estado neoliberal al punto de desestabilizar el conjunto de las categorías jurídicas, políticas y económicas de la dominación.
Luego de esa fecha, en cambio, y a contrapelo de la retórica oficial, esas mismas tramas retroceden ante la nueva síntesis estatal que no ha dejado de plantear intensos conflictos con sus iniciativas modernizantes de tipo neodesarrollista. Huáscar sostiene que no se entiende el proceso boliviano sin considerar que “la derechización ya está en curso por la propia dinámica” del gobierno “progresista”. Encontramos a Huáscar en octubre de 2015 en Puebla, en el Congreso de Comunalidad, y retomamos la conversación durante el verano para seguir de cerca el referéndum convocado por el gobierno boliviano en el que fracasó la iniciativa reeleccionista.
¿Qué es lo comunitario-popular en Bolivia y qué papel ha jugado en las luchas de los últimos años? ¿Qué valor tiene hoy día y qué horizonte abre?
Lo comunitario-popular es un horizonte que se establece a partir de una forma específica de producción de lo político, la cual parte de lo que Raquel Gutiérrez Aguilar –quien propone y desarrolla el término– denomina la reapropiación colectiva de la riqueza material disponible.[1]Un horizonte comunitario-popular es, entonces, la expresión política y de lucha de una serie de relaciones sociales que se tejen en torno a garantizar la reproducción de la vida, partiendo de formas autónomas, autorreguladas y siempre colectivas de ejercicio del poder y de la gestión de bienes comunes; contrapuestas siempre –aunque nunca en estado de pureza– a las que son impulsadas a partir del ordenamiento capitalista de la sociedad.
La defensa y el despliegue de esas relaciones, que básicamente implica resguardar y recuperar la capacidad colectiva de decidir sobre una base material que nos es común, es la lucha política empujada desde un horizonte comunitario-popular, el cual no parte del objetivo de la toma del poder estatal, sino que más bien tiende reapropiarse de prerrogativas sobre el ámbito material y simbólico expropiadas por la institucionalidad estatal y funcionalizadas al capital.
Si se revisa la larga historia de las luchas bolivianas, ese horizonte comunitario-popular ha sido un denominador común, el cual se ha expresado de diversas maneras en cada contexto particular, incluso en muchas ocasiones entremezclado con luchas centradas en la “toma del poder”. La Revolución Nacional del 52, por ejemplo, hubiera sido impensable sin los levantamientos indígenas y campesinos que la precedieron –muchos de ellos promovidos por el afán de recuperar sus tierras y sus propias formas de autogobierno– y que debilitaron las estructuras de dominación de ese entonces. No fue sólo una rebelión obrera, como se suele interpretar a este hecho histórico.
El ciclo rebelde de 2000-2005 fue una expresión profunda de ese horizonte, distintas fuerzas comunitarias, urbanas y rurales, lucharon sistemáticamente por la reapropiación colectiva del agua, los hidrocarburos, el territorio, además de poner en cuestión la forma de la política del Estado neoliberal. Era gente organizada a partir de asambleas, sindicatos agrarios, juntas vecinales, y otras formas organizativas centradas en la deliberación colectiva. En la mayoría de los casos no existían vanguardias iluminadas, sino que eran las formas cotidianas y autónomas de organización social las que se desplegaron en las calles. De ahí que se debe entender que si bien el Movimiento Al Socialismo emerge del movimiento cocalero en ese contexto de luchas, nunca fue la vanguardia de ellas y tampoco se debe pensar que esas luchas tenían como objetivo llevar a Morales al gobierno, ese fue un resultado más, que si bien fue importante, no expresaba el núcleo del horizonte que iba mucho más allá.
Lo comunitario-popular, entonces, se basa en la práctica colectiva de gestión de la vida social y la vigencia de este horizonte no depende de la presencia un discurso ideológico, sino más bien de la capacidad de la puesta en práctica de aquellos mecanismos que permiten recrear la relación social comunitaria. Estos, aunque no desplegados, siguen muy vigentes en la realidad boliviana, aunque eso sí, también están fuertemente golpeados por la dinámica estatal de la presente coyuntura.
¿Cómo caracterizas al gobierno del MAS? ¿Qué papel juega desde su asunción, a partir de 2006? Tu modo de exponer el proceso boliviano, que no se hace expectativas con el papel del estado y que ve en el MAS una fuerza de normalización quita esperanza a mucha gente, no sólo de Bolivia. ¿Cómo asumís este choque con las ilusiones que aún despierta en muchos lugares la figura de Evo?
Ha habido una gran dificultad para caracterizar y nombrar al gobierno del MAS. En un primer momento, desde la llegada de Morales al gobierno hasta, yo diría, el cierre de la Asamblea Constituyente, en 2008, pudimos evidenciar una forma de ejercicio de la política estatal en la que los gobernantes se vieron obligados a responder a una serie de presiones permanentes que venían desde distintas organizaciones populares –aquellas que habían asumido las banderas de luchas entre 2000 y 2005–. La fuerza política de estas organizaciones era la base social del gobierno, que le daba legitimidad y capacidad para enfrentar a las fuerzas más conservadoras del país. En otras palabras, estas organizaciones empujaban al gobierno a cumplir una agenda popular, al mismo tiempo que le dotaban de la fuerza e impulso para lograrlo. Distintas leyes –como la de Reconducción de la Reforma Agraria– y la propia Asamblea Constituyente fueron resultados de esta dinámica, que finalmente fue impulsada desde los entramados comunitarios.
Sin embargo, aquella no era una situación cómoda para los gobernantes y menos para el ejercicio que realizaban del poder estatal. Si se revisa cuál fue la actitud del MAS en los primeros años de gobierno frente a ese empuje popular, lo que vamos a encontrar es una disputa en la que el gobierno buscaba limitar la capacidad de presión de las organizaciones sociales, expropiando prerrogativas de decisión política que éstas habían logrado a través de la lucha, y para lograr esto la estrategia fue la de establecer alianzas con las élites dominantes.
Es así que, por ejemplo, si bien en el gobierno del MAS se estableció la Asamblea Constituyente por la presión de las organizaciones, fue el propio gobierno quien produjo una serie de límites para contener las posibilidades más profundas de transformación social que aquellas organizaciones sociales intentaron plasmar en ese proceso constituyente. Tanto es así que la Constitución Política del Estado aprobada por la Asamblea Constituyente no es la que está vigente, sino que quedó una modificación de ella, la cual se realizó en una negociación a puerta cerrada entre gobierno y fuerzas conservadoras, sin organizaciones sociales. En esa negociación se modificaron más de cien artículos quitando la esencia de aquella agenda popular. La muestra más clara: tenemos una Constitución Política del Estado que constitucionaliza el latifundio, cosa que antes no había sucedido.
Lo que hizo el MAS, en tanto fuerza gobernante estatal, fue expropiar la capacidad de decisión política sobre distintas cuestiones públicas, la cual había sido reapropiada por las fuerzas populares en casi seis años de lucha previa. Para esto se vio en la necesidad de, primero, desarticular las fuerzas populares que pugnaban por dar forma a la política estatal e instrumentalizar al gobierno –en la medida de lo posible– según las heterogéneas agendas que tenían. Para lograr esto subordinó y disciplinó a las cúpulas de las principales organizaciones sociales, y a las que no logró alinear a la política gubernamental, las intervino y las reprimió.
En segundo lugar, el gobierno del MAS asumió como suyo el proyecto de los nuevos y viejos sectores dominantes, desde las transnacionales hidrocarburíferas hasta la oligarquía terrateniente, pasando por las cooperativas mineras, capital comercial, etc. Esta no es una aseveración menor, pero basta una revisión detallada de la política económica de este gobierno para evidenciar –más allá de una serie de políticas de bonos y subvenciones– que el MAS logró consolidar en Bolivia buena parte de la agenda que el neoliberalismo intentó imponer pero no pudo; sólo que lo hizo en un contexto económico internacional favorable que le permitió financiar el corporativismo que ha asumido la estructura estatal y también lo hizo a partir de formas distintas.
Entre esas formas está la retórica reproducida por el gobierno, la cual también puede considerarse como un despojo de los discursos que articularon las luchas populares previas al gobierno del MAS. Esa retórica se ha sostenido como contraparte de una política que en esencia no tiene absolutamente nada que ver con ella y su enunciación se vuelve cada vez más vacía en el imaginario popular boliviano, lo que, por supuesto, quita esperanza y produce mucha frustración, era un proceso que no necesariamente tenía que tender a esto. El MAS, como lo esperábamos muchas y muchos de nosotros, podía haber coadyuvado a profundizar las transformaciones sociopolíticas que habían impulsado las luchas populares desde las calles, abriendo un tiempo histórico fértil para pensar alternativas sociales, y no debía ser el agente que más bien se encargara de cerrar ese tiempo.
Quizá todo esto es menos evidente afuera del país, y más si tenemos en cuenta que el gobierno boliviano ha establecido, como política de legitimación internacional, la sistemática difusión de un discurso altamente seductor para una izquierda progresista latinoamericana, la cual, lastimosamente, no está haciendo el esfuerzo por ver más allá de lo que el gobierno boliviano quiere mostrar. Esas redes de apoyo internacional, que otrora eran profundamente útiles como cajas resonancia de las voces críticas existentes al interior del país, ahora están apagadas e, incluso, muchas de esas redes –las más institucionalizadas–, se han convertido en operadores intelectuales “iluministas” que se encargan de deslegitimar las voces críticas y las luchas populares que poco a poco emergen en la realidad boliviana.
Yo creo que la actual Bolivia estatal debe dejar de ser un referente de esperanza, porque es una esperanza vacía y esas esperanzas son estériles. Lo que puede convertirse en fuente de esperanza fértil –y que pasa acá y pasa en muchos lados– son las luchas populares que se empiezan a re-articular desde abajo.
¿Cómo evalúas la coyuntura de Bolivia a la luz de los cambios geopolíticos en Sudamérica?
Se habla del fin del ciclo “progresista” en América Latina, y si bien no me gusta mucho la idea de que veamos estos procesos como un “ciclos”, creo que la figura es útil para entender lo que se viene después de estos gobiernos que se autodenominaron como “progresistas”. Y sobre esto quiero puntualizar un aspecto: el horizonte que, desde la democracia formal, nos dejan este tipo de gobiernos es un horizonte de derecha. Me explico y lo ejemplifico en el caso de Bolivia –aunque por lo que conozco de otros países podría, guardando las diferencias, pensarse algo similar.
Por lo que expliqué anteriormente, más allá del discurso, el gobierno de Morales ha asumido como política de gobierno los intereses de lo que históricamente denominamos como derecha en Bolivia; es decir, esta aparente izquierda, desde una retórica popular, operativiza los intereses de la derecha, por lo que en este caso la derechización ya está en curso por la propia dinámica del gobierno “progresista”. Pero lo que también este gobierno hizo fue desarticular y aplastar los proyectos políticos críticos, aquellos que desde la heterogeneidad construían sus propias alternativas, incluso, muchas de ellas de corte electoral. El intento de monopolizar el ámbito de lo que entendemos por “izquierda”, llevó al MAS a aniquilar otros proyectos que emergieron desde abajo, un ejemplo fue el barrido y la destrucción del Poder Amazónico y Social (PASO), que era un esfuerzo de campesinos e indígenas del norte amazónico por estructurar su propio instrumento político electoral, como éste hay varios ejemplos más.
Hace unos días, un intelectual del gobierno expresaba “tenemos un solo proyecto y un solo líder”. La lamentable realidad de sus palabras nos muestra que, en la democracia formal boliviana, aparentemente nos quedan dos opciones: el MAS que se perfila para seguir gobernando como la nueva derecha, y la única alternativa pareciera ser la derecha de siempre, la tradicional. En otras palabras, el gobierno progresista pareciera que nos deja un horizonte de derecha como única opción.
Yo creo que esta dinámica de derechización de la región va a venir con fuerza, bajo distintas formas pero de manera sistemática. Sobre esto habrá que ver cuál es la capacidad de reorganización de fuerzas populares que, más allá de que participen o no en el escenario electoral, mantengan su centro de gravedad hacia abajo, ya que ese podría ser el contrapeso principal para limitar dicho proceso.
¿Qué tipo de síntesis social no-estatal imaginas como perspectiva posible?
Debo admitir que siempre me exasperan las vertientes epistemológicas que tienden a reducir la posibilidad de lo político al ámbito estatal, en primer lugar, porque se corresponden con la vocación totalizante del Estado; es decir, una epistemología de este tipo reconoce al Estado como ámbito único y privilegiado para la producción de la decisión sobre los asuntos públicos. En segundo lugar, porque son desconocidas como legítimas y válidas otras formas de producción de lo político. Lo político desde abajo, que se hace desde los “márgenes”, en palabras de Raúl Zibechi, o el “subsuelo político”, en palabras de Luis Tapia, queda simplemente invisibilizado.
En ese sentido, pensar en una síntesis social parcial no-estadocéntrica –que no necesariamente es no-estatal–, implica pensar una sociedad en el que el Estado no ejerce el monopolio de la decisión política, sino que también se despliegan una multiplicidad de formas sociopolíticas de gestión de la vida, las cuales, permanentemente –y recalco esto porque es un proceso siempre inacabado– destotalizan la vocación totalizante de la relación estatal, a partir de formas autónomas y colectivas de ejercicio del poder.
No concibo una síntesis parcial no-estadocéntrica como una imagen prefigurada, sino más bien como el despliegue de una práctica que se vivió en Bolivia desde el 2000 hasta el 2008. En todo ese periodo, las fuerzas populares bolivianas cercaron al Estado y establecieron una serie de límites a la política desde su institucionalidad. A medida que eso pasaba, los hombres y las mujeres que luchaban se fueron re-apropiando, desde su vida cotidiana, de una serie de capacidades de decisión sobre asuntos que les importaban. Incluso en los dos primeros años del gobierno de Morales, distintas fuerzas políticas no estatales se desplegaron e intentaron plasmar una Constitución Política del Estado en la cual, más que establecerse las bases de una nueva “nación”, se buscaba consolidar de manera sostenible en el tiempo una serie de límites al Estado desde su propia gramática. La idea de territorios indígenas autónomos, la participación de autoridades originarias de manera directa en la democracia formal o la propuesta de consolidar un “cuarto poder” por medio del cual las distintas organizaciones tuvieran capacidad de veto sobre todas las decisiones del legislativo y ejecutivo, entre otras propuestas más, fueron reivindicaciones que iban en ese sentido.
Entiendo, entonces, que esa fuerza desplegada desde distintos horizontes comunitario-populares, y que se posicionó en la realidad social boliviana de manera efectiva –no solamente prefigurada–, nos permitió experimentar sobre las posibilidades de producir una síntesis social parcial y no-estadocéntrica. Lo que también se aprendió de esa experiencia es que no basta producir una síntesis de ese tipo para luego transferir, por las buenas o las malas, las prerrogativas recuperadas a un gobierno que consideras “aliado”, ya que la dinámica estatal recompondrá las relaciones de poder a favor del Estado.
¿Qué repercusiones tendrá la reciente victoria del NO en el Referéndum para el proceso político boliviano?
La puesta en escena del referéndum de reforma constitucional para que Morales pueda ser re-elegido por tres periodos consecutivos marca claramente las prioridades que tiene esta administración: la consolidación de una estructura de poder dominante en torno a la figura de un caudillo. Era la primera reforma a la nueva Constitución Política del Estado y los temas más importantes, como el problema de la constitucionalización del latifundio u otros más, ni siquiera fueron pensados como una posibilidad de reforma desde este gobierno. Así pues, podríamos decir que el denominado “proceso de cambio” no sólo necesitaba habilitar a sus líderes como candidatos en 2019 para seguir existiendo, sino que, poco a poco, el “proceso de cambio” se ha convertido en eso.
La victoria del SÍ en el referéndum hubiera significado la consolidación del MAS como partido gobernante hegemónico, lo que, a su vez, se habría traducido en un clima aún más agresivo y de hostigamiento hacia cualquier intento producción de alternativas políticas populares. Y, por tanto, también hubiera significado el afianzamiento del proyecto de la nueva derecha que: reprime indígenas (masacre de Chaparina o la brutal represión de Takovo Mora); que permite el incremento de la producción cultivos transgénicos (la producción de la soya transgénica pasó del 20% al 99% en 10 años del MAS); que promueve la devastación de bosques (el perdonazo legislativo a los agroindustriales que desmontaron 5.5 millones de hectáreas); que promueve la construcción de carreteras para el gran capital pasando por territorios autónomos de indígenas sin consultar (el caso del TIPNIS y la represión a los indígenas); que ha generado una estructura prebendal nunca antes vista a todos los niveles de gobierno (empezando con el reciente caso de corrupción multimillonaria relacionada a la empresa china CAMC); que nacionaliza los hidrocarburos para pagar subvenciones a las petroleras (incentivos que llegan a otorgar el 74.5% del valor de la venta de los hidrocarburos a las transnacionales); que más allá del discurso es colonial en esencia (un vicepresidente que por fuera del país habla de pomposos conceptos y teorías, pero cuando le habla a la gente sencilla de su país, desde el paternalismo y soberbia que lo caracterizan, les dice que “Evo es como cristo resucitado”[2]); que utiliza el miedo como mecanismo de propaganda política (amenazas para quitar el apoyo a quienes no voten por el MAS[3])….En fin, la nueva derecha, esa nueva dirigencia política de las clases dominantes se habría visto fortalecida.
La victoria del NO, en cambio, ha significado la apertura de un espectro de posibilidades políticas. Por supuesto que entre esas está la derecha tradicional de este país, que es la que ahora trata de capitalizar el momento político, aunque sin mucho éxito. Esta vieja derecha le disputa el poder al MAS en el plano de la dirigencia, pero no en el plano del proyecto político; por lo que una discusión sobre cuál es menos malo es bastante estéril. Lo importante es el respiro que, esta pérdida de legitimidad y resquebrajamiento de hegemonía que ha sufrido el MAS, le da a distintas fuerzas políticas que posiblemente veremos emerger nuevamente en los próximos años. Que después algunas de estas alternativas se fortalezcan desde abajo y otras pasen a la democracia formal, será otro tema y habrá que ver de qué manera lo hacen. Pero en este momento lo que tenemos son cuatro años hacia adelante en el que continúa un gobierno de derecha pero debilitado y enfrentado con una derecha tradicional; y, en paralelo, tenemos una serie de fuerzas populares diversas y polifónicas que poco a poco encuentran cauces para su accionar político emancipador; estos son procesos que llevarán su tiempo pero que ahora la tienen un poco más fácil.
Siento que en Bolivia hemos pasado por distintas etapas frente al proceso del MAS, quizá la primera fue la de intentar “reconducir” el “proceso de cambio” a la cabeza del actual gobierno, para pasar a un momento de gran frustración e impotencia, que dejaron inmovilizados a las fuerzas populares, sin embargo, esta última etapa que estamos viviendo puede ser leída como un momento en que esas fuerzas empiezan a re-encontrarse y re-encausar sus esfuerzos, y lo hacen ya no interpelando al gobierno como un aliado, sino más bien como un contendiente político representante del nuevo orden dominante.
[1] Al respecto ver: Horizonte comunitario-popular. Antagonismo y producción de lo común en América Latina, 2015, SOCEE/Autodeterminación, Cochabamba.
[2] http://eju.tv/2013/12/vicepresidente-compara-a-evo-morales-con-jesucristo/
[3] https://video-frt3-1.xx.fbcdn.net/hvideo-xat1/v/t42.1790-2/10983953_455388304614160_1749238546_n.mp4?efg=eyJybHIiOjMwMCwicmxhIjo1MTIsInZlbmNvZGVfdGFnIjoicmVzXzQyNl9jcmZfMjNfbWFpbl8zLjBfc2QifQ%3D%3D&rl=300&vabr=146&oh=c1d69cffc0d38d41129c5e0e51e59c2d&oe=56D0FE48
