Análisis de coyuntura
por Verónica Gago y Diego Sztulwark
Como es sabido, la semana pasada el gobierno argentino envió al parlamento un proyecto de regulación de la entera actividad hidro-carburífera nacional y la expropiación de acciones de Repsol sobre la empresa YPF, hasta controlar el 51% entre el estado nacional y las provincias petroleras, conservando la forma de una sociedad anónima. La medida cuenta con un enorme apoyo político y social.
Secuencia
El 1 de marzo de este año la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dio un largo y esperado discurso en ocasión de la apertura de las sesiones legislativas. A sólo cuatro meses de haber triunfado con un contundente 54% de los votos (sacando un 40% de diferencia respecto de los partidos opositores)[1] se habían acumulado ya una cantidad considerable de interrogantes sobre su gestión derivados directa o indirectamente de la crisis global.
Un episodio trágico se había colado inesperadamente por entre los pliegues de la retórica de la “nacionalización” que venía en alza, entendida como la apuesta a delegar los servicios públicos privatizados en manos de empresas locales. El accidente de un tren en Buenos Aires disparó un gran descontento social, y el debate sobre la política gubernamental de subsidios a empresas privadas concesionadas por el estado para hacerse cargo del transporte público[2].
Ya desde fines del año 2011, en vistas a la reelección presidencial, comenzaron a visualizarse una serie de dificultades derivadas de la incapacidad para sostener la política de subsidios a empresas públicas privatizadas, a fin de sostener la tarifa baja del combustible, el transporte público, la energía eléctrica y el gas para el consumo de hogares y empresas, en un contexto de alta inflación y fuga creciente de dólares. Durante el verano las medidas del gobierno se orientaron al retiro moderado de subsidios, al control de fuga de divisa, el bloqueo de la repatriación de ganancias y el cierre masivo de importaciones.
Esa coyuntura estuvo atravesada, también, por el conflicto social. Por un lado, el agrietamiento de la relación con la conducción sindical (CGT) y, por otro, la aparición de una nueva dinámica de conflictos provenientes de la resistencia a mega-proyectos de desarrollo ligados a la minería a cielo abierto y al monocultivo sojero. También algunas protestas articuladas por un descontento ante el funcionamiento de los servicios públicos. En todo caso se trata de una serie de dinámicas cuyo efecto más notable es el de hacer una contra-narración del discurso del desarrollo.
En el citado discurso presidencial del 1 de marzo se anunció también la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y se anularon topes y restricciones al control del crédito, se hizo público el deseo oficial de poner un límite la negociación sindical en paritarias y se subestimó la legitimidad del conflicto social en sus distintas variantes. Se celebró la presencia del Juez Garzón, se ratificó el rumbo del país en materia de derechos humanos y se anunció una ofensiva oficial en torno a la soberanía de Malvinas.
Tras un proceso intenso de deliberación oficial y negociaciones fallidas con Repsol, finalmente se anuncia la semana pasada la “nacionalización” de YPF y su festejo en un acto partidario el viernes último bajo la consigna ²unidos y organizados².
El modo de ofensiva política del discurso que reseñamos marca un “tempo” (la “secuencia”) que va de las elecciones al anuncio de YPF. La interpelación ha tenido como eje a la juventud militante[3], remarcando un movimiento interior al peronismo, desplazando algunos viejos cuadros.
Proyecto de nación
El proyecto de ley que la presidenta envió al parlamento tiene dos grandes aspectos complementarios. Por un lado se modifica la propiedad de las acciones de la empresa YPF y por el otro se declara de “interés nacional” al conjunto de la actividad hidrocarburífera. Los principales argumentos a favor de la nacionalización subrayan la necesidad de recuperar el control de la exploración y explotación de recursos no renovables, estratégicos para el desarrollo nacional (en la medida en que afectan al total de las actividades económicas), concebido a partir de variables tales como el abastecimiento de energía barata para el mercado interno, dinamización de la industria, y el fortalecimiento de un estado capaz de incidir cada vez más en el diseño el futuro económico del país. El discurso oficial insiste en dos tópicos esenciales: que con medidas como estas se deja atrás el dogmatismo privatista de los años 90, y que la recuperación para el estado de un papel directivo de la empresa coloca a YPF en línea con empresas como Petrobras (antes que PDVESA).
La nacionalización supone, al mismo tiempo, una revisión de la historia del estado argentino. YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, creada por el presidente Irigoyen en las primeras décadas del siglo XX fue una empresa pionera. Íntimamente ligada a una memoria nacional y popular -realzada por el actual relato oficial- la empresa, junto a Gas del Estado, garantizaron durante décadas el autoabastecimiento de petróleo y gas, a la vez que participaron activamente de la financiación de la obra pública nacional. Como núcleo (material y espiritual) del desarrollismo nacional, su historia osciló entre las expectativas de hacer del estado el motor estratégico del país y la firma de contratos con empresas internacionales para operar la exploración y explotación de los recursos.
Con la llegada del peronismo al gobierno en el año 1989, luego de la dictadura y del gobierno radical de Alfonsín, el presidente Menem dispuso, en un contexto de heroicas resistencias militantes pero con gran consenso social y enorme complicidad de la burocracia sindical, su entera privatización. Por entonces, tras años de desidia y corrupción en las empresas estatales, no fue difícil para el oficialismo argumentar, en lo esencial, que el estado era ineficaz para la administración empresaria. La venta de los activos públicos (teléfonos, aguas, transporte ferroviario, correo, gas, petróleo, electricidad, etc.) dinamizó la década neoliberal con la conformación de “un clima de negocios”. Junto a la apertura de las importaciones y la convertibilidad peso-dólar, tales privatizaciones sostuvieron, durante años, el impulso del llamado modelo neoliberal.
Repsol/YPF
La derrota del peronismo en manos de la Alianza, en el año 99, la posterior crisis del 2001 y luego la sucesión de gobierno provisionales y el gobierno de los Kirchner entre el año 2003 y 2011 no cambió demasiado la ecuación en esta materia. Hay que considerar que los Kirchner gobernaban, durante el período menemista, una provincia petrolera del sur del país, Santa Cruz, y desde ese lugar apoyaron fervientemente la privatización de YPF.
Durante los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, cuando se trataba de dejar atrás la crisis, sin nada que privatizar, la alianza con el gobierno de España (de fuerte presencia en la captura de empresas públicas privatizadas) fue una de las prioridades. Hasta que durante los últimos años el propio Kirchner empezó a jugar con la idea de una “nacionalización” de YPF.
En su período hubieron algunas estatizaciones, como empresas de distribución de aguas, energía y correos, por abierta desinversión y mala gestión. De hecho, hace cinco años Kirchner había ideado una primera “nacionalización”, logrando que Repsol ceda el 25% de las acciones de YPF a una empresa “nacional” (Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, con sede en Europa), completamente inexpertos en el negocio, pero aparentemente útiles para tomar un mayor control de la actividad. Este sector de la empresa no fue tocado por al nacionalización reciente.
La expropiación
Para comprender el impacto de la decisión basta con señalar a trazo grueso la encrucijada a la que se llegó durante los últimos meses. YPF es la empresa más grande del país, con el control directo el 30% de la actividad hidro-carburífera nacional. El año pasado, para abastecer a precio barato los requerimientos energéticos de una economía en movimiento, el gobierno debió importar energía por unos 9 mil millones de dólares. Se estima que este año la importación debería sumar 4 mil millones más. En este marco el gobierno acusa a Repsol de desinversión en exploración, de explotación irresponsable, de priorizar intereses de la empresa en otros puntos del planeta descuidando las exigencias del mercado argentino, daños ecológicos y fuga de cuantiosas ganancias.
El otro dato es que la Argentina es considerada como la tercera detentadora de gas y petróleo no convencional. En poder de YPF está el yacimiento Vaca Muerta en el que se estiman enormes reservas de combustible. Sucede que para operar esa extracción hace falta una inversión millonaria que ni Repsol ni el estado argentino parecen en condiciones de afrontar. Además circuló una información publicada por el diario Financial Times según la cual en el momento del anuncio de la nacionalización Repsol intentaba vender YPF a la petrolera china Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec).
Las expectativas y las críticas
Se destaca, en el proyecto que fue aprobado hace dos días en el Senado en tiempo récord y que se estima que salga muy pronto de diputados con forma de ley, lo siguiente:
-Una mayor injerencia del poder político sobre la actividad hidro-carburífera. (La presidenta insistió en su discurso que Argentina es el único país de América Latina que no controla sus recursos naturales).
-La participación de las provincias petroleras y el poder ejecutivo en la captura de la renta petrolífera.
-Hay expectativas sobre el precio a pagar por la expropiación de las acciones y por la convocatoria a inversiones para afrontar un cambio de políticas energéticas. Las mayores expectativas son las de una participación mayor de Petrobras. Pero no se descarta por el momento la participación de empresas chinas y norteamericanas.
-Se discute el aparente cortoplacismo de la medida. Que apremiados por la inflación y la necesidad de financiar importaciones no haya un pensamiento estratégico a largo plazo de lo que se pueda hacer recuperando la renta petrolera. Se discute también no haber retomado el 100% de las acciones.
-Se plantea la necesidad de discutir el sentido que se da al crecimiento y al desarrollo. Las próximas inversiones serán más destructivas en términos socio-ambientales.
-Se debate la activación de una nostalgia por un estado soberanista al servicio de una reorganización de las cuentas y los negocios sin cambiar de fondo la idea de que la economía depende sobre todo de un cálculo en relación al mercado mundial, y se descuida a mediano plazo otras relaciones posibles entre naturaleza y beneficio económico.
-Desde analistas cercanos al gobierno el mapa se dibuja entre las siguientes opciones: incrementar la producción y exploración en los yacimientos convencionales que Repsol había desatendido o acelerar esos procesos en los codiciados yacimientos no convencionales, lo cual a su vez supone otra opción: negociar con las mayores compañías petroleras o buscar financiamiento bancario para realzar el rol del estado.
Reparación
No es un dato menor que los primeros movimientos de trabajadores desocupados surgieron en el interior del país, en los pueblos –del norte y del sur- que vivían de la industria petrolera nacional. Los piquetes que surgieron entonces, dijo Cristina Fernández, encontraron su definitiva reparación histórica con la expropiación de YPF. De este modo, el gobierno vuelve a inscribir una de sus medidas trascendentes en el ciclo abierto con las protestas sociales de principio de siglo. Con el ánimo de insistir que el único horizonte posible era la vuelta del estado como ²reparador², pero sin dejar de diferenciar el modo de gestión que propone para YPF (junto a sectores privados) de la clásica estatización.
[1] La formación del nuevo gabinete, conocido el 10 de diciembre, no tuvo grandes novedades respecto del primer mandato a excepción de la ratificación del poder que la presidenta decidió darle a un grupo de la juventud políticamente organizada en torno al gobierno (agrupación La Cámpora, dirigida por su hijo Máximo Kirchner). De allí surgen los nuevos cuadros que representan a la presidenta en cada vez mas sitios claves de gestión y decisión política.
[2] El saldo fue de 51 muertos y más de quinientos heridos. A pesar de la transferencia de recursos estatales vía subsidios, las condiciones habituales del transporte público que liga a los barrios populares con sus fuentes de trabajo en la ciudad son pésimas. El área de transporte del gobierno ya estaba involucrada en causas judiciales importantes por corrupción. El argumento que cierta intelectualidad ligada al gobierno esgrimió sostenía que el desborde del transporte se debe a la recomposición del empleo (reformas de primer grado), que esa reactivación del trabajo evidenciaba ahora la precariedad del transporte y su necesidad de mejoramiento (como parte de un conjunto de reforma de segundo grado). Lo decisivo es que frente a la catástrofe se reivindicaba que la mayoría de los afectados eran trabajadores, beneficiados por el actual ciclo económico. Las medidas del gobierno frente a la empresa fueron de intervención temporaria por quince días, siendo renovada dos veces. Sin embargo no se dispuso el cese de la concesión.
[3] El subsecretario de Economía, quien lideró la expropiación, es un joven economista de formación marxista, recientemente llegado al gobierno, y proveniente de la militancia universitaria independiente.
