Disidencia: hacia una topografía inconclusa

La disidencia es, clásicamente, la construcción de un lugar que se posiciona frente a un centro de poder. En América Latina, la disidencia puede pensarse en distintos momentos como figuras cambiantes, como itinerarios que abren a descomposiciones y recomposiciones de la topografía política. Esto supone una tesis: el poder muta en relación a esas figuras disruptivas, tratando alternativamente de subsumirlas, metamorfosearlas, quebrarlas y/o disolverlas. Está siempre a su espera, atento a lo que ellas producen y simultáneamente probando su propia capacidad de captura.

Durante la década del 90, en Argentina, la disidencia constituía un variopinto repertorio de contestaciones y resistencias al esquema neoliberal de gobierno que era, básicamente, la explicitación de reformas que habían tenido su origen en las dictaduras militares y en el genocidio perpetrado por el terrorismo estatal. La disidencia, entonces, estaba claramente nutrida y difundida por una red de prácticas que planteaban en el plano de la justicia y la memoria, de los derechos humanos, laborales y sociales, una apuesta de acción política no institucional. Esto suponía, en lo concreto, desarrollar formas de antagonismo que iban más allá de las fronteras delimitadas por el Estado para aquello designado como espacio político. También, este proceso nos llevó, de un modo, a trazar una genealogía (o una historia no lineal) con las luchas de los años 60/70¹. Entre la transición democrática (y su fallido proyecto de reconciliación nacional) de los años 80 a la explicitación del proyecto neoliberal durante los 90, la disidencia tomó la forma de una pluralidad resistente.

Podemos ubicar el inicio de un segundo momento en el pasaje de la resistencia a la crisis como acontecimiento que hizo visible y audible una multiplicidad de sujetos y espacios políticos de nuevo tipo. La crisis de 2001 en Argentina fue el momento donde esa red de prácticas resistentes toma cuerpo en la lucha callejera, se abre a un protagonismo marcado por la presencia de los sectores de desocupados que van más allá de su mera definición como excluídos y donde las iniciativas de los diversos movimientos sociales se convierten en una forma de hacer, pensar y proponer que redefine y organiza de manera radical el conflicto político. Tal dinámica desplegada en iniciativas concretas (del piquete al escrache, de la asamblea a la red de trueque) renueva las imágenes y las nociones de la política desde abajo.

Es entonces cuando el antagonismo se vuelve destituyente: el protagonismo social declara el fin de la legitimidad política del neoliberalismo e inaugura un verdadero inicio de la posdictadura² al comienzo del siglo. La disidencia, entonces, se convierte en la constatación popular de la representación vaciada del sistema político y, en contraposición, en la propuesta de modos de resolución de la vida concreta a partir de dispositivos (comunitarios, organizativos, de movilización y negociación) de los propios movimientos sociales. La disidencia, como figura política, deviene propositiva y, más que una fórmula negativa o de desplazamiento continuo, se encarna en la dinámica de creación social en marcha. La disidencia funciona simultáneamente como una modalidad de innovación política y de crítica institucional. Y es, sobre todo, una posición inmanente: no se trata de una forma de distancia crítica o prudente, sino de un proceso de inmersión, una perspectiva interior, a la dinámica propia de crisis e invención desde posiciones también múltiples que se apropian del espacio público y sus dilemas.

Esa fase de autonomía en ebullición es brutalmente interrumpida con el crimen de dos militantes del movimiento de desocupados que busca aleccionar por el terror: nuevamente, la masacre aparece como posibilidad real y efectiva frente al avance territorial y experimental de la organización popular³.

En el 2003, el período que se inicia con el gobierno de Néstor Kirchner (tras una victoria con un bajísimo porcentaje de votos) opera como una suerte de freno a la posibilidad de una escalada del conflicto social y la represión estatal. En ese sentido, se propone una tregua que rápidamente, por algunos signos fuertes desde el gobierno, apuesta al reconocimiento de las luchas sociales como capital simbólico y se traduce como signo y contenido de ciertas políticas estatales.

La polarización producida desde entonces movió el eje de la coyuntura, reponiendo al gobierno y al Estado como vectores principales de la topografía política. Esto fue posible gracias a que el gobierno operó una política de doble reconocimiento: de las luchas sociales, especialmente aquellas vinculadas a los derechos humanos, por un lado, y de la necesidad de reconstrucción del sistema de gobierno, por el otro. La resultante fue un esquema de nuevos alineamientos que debieron pronunciarse a favor o en contra de la gestión en curso. Ya durante el mandato siguiente de Cristina Fernández de Kirchner, una serie de conflictos fuertemente corporativos (con los sectores vinculados al campo, con algunos sectores sindicales, etc.) tensó aún más ese esquema de alineamientos, a partir del cual el sistema de representación recobró una vitalidad que había estado ausente por un largo tiempo y los movimientos sociales quedaron atravesados –y en general partidos- por esa nueva línea divisoria impulsada desde arriba.

Entre el gobierno y su antagonismo formal, emergen figuras de la oposición, se desarrolla el lugar delcrítico. Entre los movimientos sociales más autónomos que no se ajustan exactamente a esas posiciones, se produjo una situación de impasse⁴ que inmovilizó y neutralizó buena parte de los lenguajes y las prácticas anteriores. Una cierta desorientación se apoderó de quienes rehusaron pronunciarse al interior del binarismo que delimita el tablero de juego según clasificaciones preestablecidas. El problema es que esta polarización política acentuada durante los últimos años presiona en favor de una simplificación que opera por un dualismo excluyente a la hora de abordar los problemas que surcan los diferentes territorios. Y ese binarismo tiene, sobre todo, un espacio de ultra-centrismo⁵ organizado por tres polos: un polo exportador-extractivita generador de divisas, un polo fundado en una retórica tecnológica-industrialista, y un polo fundado en la dinámica de “derechos” (sociales y humanos).

De este modo, por ejemplo, o bien se es sensible a las luchas que se desarrollan en torno a la nueva economía neo-extractivista; o bien se da crédito a las dinámicas ligadas a retórica de la ampliación los derechos sociales sin reparar críticamente en lo que podríamos llamar la “base económica” del modelo –como si el desafío no consistiese, justamente, en articular (y no en enfrentar) lo que cada territorio enuncia como rasgo democrático y vital.

El potencial de riquezas de los procesos actuales se juega en la posibilidad de combinar los diferentes ritmos y tonos de las politizaciones, en la capacidad de articular lo que hoy se presenta como las disyunciones campo-ciudad, interior-capital, consumo-empleo, etc. Así como en reconocer las premisas transversales a las luchas por la reapropiación de recursos naturales, los diferentes procesos de valorización de los servicios, de la producción, y de las redes sociales como fuentes de la riqueza común y disputa por una infraestructura popular en los territorios.

En la América Latina actual se vive una transición. La disidencia que tiene como eje el neoliberalismo ha concluido para muchos. Más bien, se trata de discutir y problematizar lo que se ha denominado “post-neoliberalismo”. La disidencia frente al post-neoliberalismo consiste en abrir los espacios de resistencia y debate sobre el neodesarrollismo como modalidad en que el país se inserta en el mercado mundial y las consecuencias que esto implica en términos de destrucción y sumisión para ciertos modos de vida.

El neodesarrollismo no es un modelo económico, sino un ensamble objetivo-subjetivo entre tecno-ciencia aplicada tanto al bíos (modos de vida) como al zoé (vida biológica). Su fuerza no es sencilla: proviene del ensamble de una retórica de los derechos colectivos amalgamada con políticas de contención social, financiadas con los ingresos de commodities.  Pero son esos modos de vida, de la vida metropolitana, la vida común (esa que se pone en juego en la catástrofe de trenes en Once, o la que se activa en la resistencia a la minería en Famatina) la que emerge como clave disidente.

La vida política y el debate intelectual no han logrado, hasta ahora, imaginar formas diferentes de la felicidad popular por fuera de un modo único de instrumentación basado en la inserción del país en el mercado global como exportador de materias primas tecnológicamente asistidas.  La apelación al crecimiento con que se han conquistado los consensos políticos y la creencia de que la política, así entendida, basta para transformar la realidad se ha convertido en el límite mismo, en el tope de lo pensable, abriendo una interrogación difícil sobre el deseo social que se viabiliza a través de estas configuraciones discursivas e institucionales. A su vez, esta dinámica necesita confrontarse a un dinamismo mayor: en los países llamados “emergentes”, el surgimiento de un mundo capitalista “popular” está estrechamente ligado a la capacidad de recuperar experiencias y prácticas de autogestión capaces de lidiar con relaciones, transacciones y políticas no estatales en una sociedad crecientemente heterogénea. Esta capacidad es regenerada una y otra vez desde abajo, en relación directa con el mercado. Es esta realidad creciente la que opera como contrapunto permanente de una formulación institucional acabada y estable.

Volvamos a la cuestión: hoy ser disidente supone una diferencia respecto de otras dos figuras ya mencionadas: el opositor y el crítico. El opositor es interior a la realidad, es un pretendiente a ocupar un lugar central en ella. El crítico es objetor, custodia un ideal, y quisiera modificar esta o aquella cuestión. La disidencia, en cambio, atañe al modo de vida, y por tanto no es un discurso, sino un estado subjetivo capaz de dar cuenta de una materialidad concreta. El disidente no se encuentra en estado de debate, sino de minorización: su sensibilidad y su modo de pensar –en ese sentido, de vivir- no acaban de cuajar con la realidad instituida y mediatizada a la vez que conecta con otras dinámicas subterráneas pero no marginales.

El disidente precisa de un coraje muy particular. Debe sostener una perspectiva en contra de la verdad que afirman ciertas opiniones mayoritarias. Tiene que hacerse un cuerpo (común) capaz de sostenerse en estas verdades minoritarias. Por lo tanto, la disidencia requiere de una práctica, de una dimensión colectiva. Es fundamental este enlace entre disidencia y común. En el fondo la disidencia habla otra lengua. Se nutre de otros afectos. Lee con otros prismas. Tiene otra memoria, y otra economía.

¿Hay una relación entre disidencia y excepción? Se dice que vivimos en estado de excepción permanente. El poder de esta afirmación surge de la yuxtaposición de sentidos que la acosan. La excepcionalidad es, al mismo tiempo, la norma y la historia de los “oprimidos” (Benjamin), y una condición de reproducción del poder (estado de excepción, según Carl Schmitt). Pero también es el brillo de toda singularidad y el nombre de un momento reflexivo que intenta extenderse al conjunto de la experiencia. Por allí vamos.

Sin embargo, cabe distinguir el presente como excepción de una retórica del presente como excepcionalidad. Walter Benjamin se encuentra en el cruce de un entuerto. Citado a favor del desarrollo, que apunta a un mañana mejor, es un crítico radical de la noción evolutiva de progreso y de toda política que se enuncie en nombre del futuro, desdeñando sufrimientos del presente. Hay que liberar la excepcionalidad de la ideología de la víctima. ¿No nos es necesario detectar los nuevos peligros del presente que en la proliferación del homenaje institucional quedan invisibles?, ¿no es cierto, acaso, que ciertos olvidos son necesarios para la lucha y la creación?

La constitución de una nueva voluntad política-estatal (que no se da sólo en la Argentina, sino que adopta diversas formas en la región y en muchas partes del mundo) ha resultado eficaz a la hora de reconocer actores y procesos históricos en el ámbito de la producción de derechos; de legitimar el sistema institucional y político nacional,  de incluir contingentes sociales en la ampliación de la esfera del consumo; de consumar procesos de inserción –sobre todo neo-extractivos y de producción de alimentos- en el mercado global; y de integración política regional. Sin embargo, su activismo no ha alcanzado a sustituir (ni por “arriba” ni por “abajo”) el poder de la razón neoliberal. Por arriba, porque los designios de los actores globales -tales como los mercados financieros y las grandes empresas multinacionales- no han sido desplazados por una nueva espacialidad social e institucional capaz de regular los procesos estratégicos (como la determinación de precios y regulación de contratos; la creación de dispositivos tecnológicos y pautas de consumo); por abajo, porque la ampliación del consumo y de derechos no ha venido de la mano de una nueva capacidad pública de comprender y regular las prácticas depredatorias ligadas a la promesa de “abundancia” (de la especulación inmobiliaria a las redes narcos;  de la economía informal a al lavado de dinero; del trabajo neo-esclavista, a la trata de personas).

Estas paradojas determinan las prácticas discursivas a la vez que se alimentan de ellas. Bien se concilia con las mismas admitiendo la complejidad con la que nos toca lidiar, bien se toma conciencia de las tendencias biopolíticas que ellas viabilizan (y que acaban por reconfigurar  la vida en común) y se las convierte en objeto de investigación política.

El nuevo conflicto social es el marcador más visible y confiable a la hora de comprender la matriz actual de la explotación de lo común, así como los límites del potencial democrático que cabe atribuir a la regulación estatal.

Nos referimos, con ese término, a una serie de episodios violentos que van desde el desalojo de campesinos de sus tierras a partir de la extensión de los agro-negocios, así como al desplazamiento de comunidades producto del avance de las inversiones extractivas de mega-minería e hidrocarburos; pero también a la proliferación de episodios criminales vinculados a la generalización del negocio de la droga en los barrios, con complicidad de sectores de las policías, la justicia y del poder político.

El nuevo conflicto social es el reverso vergonzante y la contracara oscura del modo de acumulación neo-desarrollista al menos en dos aspectos fundamentales: forma parte de la constitución material de modos de vida y de explotación de la riqueza común con la que inevitablemente se articulan las prácticas de gobierno y, al mismo tiempo, comparte el énfasis de valores concernidos en la retórica del crecimiento y de la ampliación del consumo entendido en una perspectiva de generalización de prácticas mercantiles.

Esta “contracara” debilita la retórica de la “inclusión” en dos aspectos esenciales: revela el régimen de expropiación despiadada de lo común sobre la que se sustenta; y erosiona el imaginario mismo de un espacio social fundado en la vigencia de la ecuación entre trabajo asalariado y ciudadanía en el cual valdría la pena incluirse.

Este nuevo conflicto social ya no se calca de modo preciso sobre el esquema con el cual hemos atravesado la crisis del 2001: estado contra movimientos sociales. Sino que emerge de las nuevas condiciones de relanzamiento capitalista y nuevos modos de producción de estatalidad y de instrumentos de gobierno.

Estas condiciones se anudan, sobre todo, en la articulación entre grandes negocios globales y una innovadora empresarialidad popular: se trata de formidables generadores de ganancias enlazadas en torno a distintos tipos de valorización rentística (que poco y nada tienen que ver con la ideología industrializadora del modelo nacional y popular). Pero también de modalidades salvajes de expropiación de la riqueza común, y en la introducción de una dimensión de violencia terrorista en la gestión de territorios.

Estas actividades empresariales, tan diferentes entre sí, sin dudas, comparten además otras características importantes como el recurso a la ilegalidad, su potencia de reorganización/valorización de los territorios –muchas veces periféricos-, y su organización reticular, reproducida desde arriba, pero también desde abajo.

Luego de dos décadas ininterrumpidas de acelerada acumulación, estas nuevas tramas del poder económico poseen hoy una gran capacidad desestabilizadora, y de refuncionalización de las fuerzas de seguridad a sus servicios, como lo demuestra el caso paraguayo. La notable modernidad de sus estructuras comerciales, contrasta con el contenido conservador y despótico de sus modales políticos.

El nuevo conflicto social se extiende también al mundo del trabajo, en la medida en que nos enseña a comprender el vínculo entre súper-explotación/ consumo/producción de nuevos modos de vida que vemos desarrollarse en el mundo de la industria y los servicios (de los talleres textiles a la lógica del transporte). En ambos casos, la creciente regulación estatal no altera significativamente, sino que se enraíza en lo que podríamos llamar un  neoliberalismo popular acondicionado a nuevos modos de gobernar.

El nuevo conflicto social, decíamos, no se calca como un esquema siempre vigente sobre los modos de politización que enfrentaron a gobierno y movimientos sociales durante la crisis del 2001. Como cabe señalar, en buena medida los movimientos sociales participan hoy del gobierno, alterando la relación entre gobierno y territorio. Sin embargo, la activación de organización social en torno a esta violencia expropiatoria y terrorista no ha dejado de hacerse presente actualizando la necesidad de la investigación militante y la producción de conocimientos y iniciativas organizativas a la altura de las circunstancias.

La disidencia, en este punto, se renueva como forma de la investigación política: apuesta a la presencia de experiencias con la potencia suficiente para disolver el espacio de la representación estatal y mediática (en la medida en que la verdad y la justicia van unidas, la investigación supone una ética contra la criminalidad del poder) y, al mismo tiempo, recurso a una imaginación necesaria que nos ayuda a comprender las capas más profundas de eso que podemos asumir como verdad.

Muchas veces en nuestra actualidad la energía comunicacional y los debates de la esfera pública parecen agotarse en la lucha política inmediata en torno al control de la decisión política. La tarea de la investigación política queda relegada del debate colectivo, y cae bajo sospecha de operar en función directa de esta disputa. De este modo, la primera víctima de la polarización política es la práctica del discurso político no especializado, aplastado por el sistema de la opinión, caracterizado por un lenguaje preelaborado por el mundo de los medios.

Marcamos aquí una primera paradoja: la ultra politización de la opinión (régimen periodístico, militante, jurídico, etc.) va acompañada de una pérdida relativa de la capacidad de elaborar lenguajes y preguntas de un modo autónomo. Llamamos investigación política a la invención de procesos de recuperación de potencia en relación con la capacidad de los no especialistas de elaborar preguntas, lenguajes y saberes sobre la existencia colectiva.

De este modo, una primera orientación que proponemos apunta a reconocer una disposición indispensable para la praxis de la investigación política: lo que podríamos llamar la “arbitrariedad” (palabra en la que insistía el filósofo argentino León Rozitchner), es decir, las formas de la autorización que nos damos para advertir peligros. Para avisar sobre la connotación negativa que pueden tener determinadas prácticas, aunque nazcan de zonas queridas de nuestra propia experiencia.

Una segunda orientación fundamental refiere a la dirección de nuestra atención hacia lo que podríamos llamar, inspirados en la filosofía de Nietzsche,  las “zonas oscuras” de la existencia social, aquellas en las que se elaboran las fuerzas que luego nos afectan, y nos fuerzan a pensar. Esta dimensión opaca puede referir a zonas de la subjetividad, de la política y de la economía, a aquello escapa a la legalidad y a los umbrales de visibilidad instaurados por el régimen de la opinión.

Una tercera indicación tiene que ver con el método de la “problematización”, pretendidamente extra moral (al decir de Foucault), que indaga en las mutaciones de las prácticas (prácticas discursivas) para evaluar tanto aquello que, en contacto con nuevas realidades, estamos dejando de ser, como aquello que estamos comenzando a ser.

Una cuarta observación: se trata de tomar en serio el mundo de las intensidades, no sólo el de las significaciones discursivas,  Se tiene que poner en el primer lugar “afectos” (y “hábitos”, es decir, articulación entre afectos), en contra posición con la inflación de “linguismo” que caracteriza a la idea de “hegemonía” o “batalla cultural” de las retóricas del llamado “populismo” sudamericano.

Una quinta orientación refiere a profundizar en las articulaciones menos visibles de lo que en un sentido amplio podemos llamar la “maquinaria” de gobierno de lo social, de la producción de imágenes, del gobierno de la moneda, de cómo funcionan y se multiplican las soberanías en los territorios, de la gestión del consumo, etc. De ese modo, la investigación se liga a su propia vocación de participar de las formas actuales de politización.

Finalmente, si los “movimientos sociales” ya no guardan el aspecto de antaño y más bien tienden a ser parte de esta frágil mecánica del gobierno, la propia investigación militante se ve forzada a mutar al menos en dos direcciones diferentes y simultáneas: hacia la problematización de las nuevas formas de gobierno; y hacia la activación de lo que podemos llamar las nuevas movilidades sociales, que de un modo completamente diferente al de los movimientos de la década pasada, prefiguran un nuevo mapa de luchas y de lenguajes para sus formas de hacer y, sobre todo, de problematizar la actualidad. La disidencia, si habría que repensarla bajo esta luz, refiere a un modo de problematizar los consensos de la época (siempre un determinado ensamblaje entre lo que se ve y lo que se oye) y de construir una inteligencia común sobre las injusticias del presente. 

¹ Nos referimos al amplio ciclo de luchas de radicalización política que incluye a diversas organizaciones que tenían la hipótesis de un cambio revolucionario en nuestro país. La violencia del terrorismo estatal es la respuesta contrainsurgente a este proceso.

² Se puede ver el desarrollo de esta idea en Colectivo Situaciones (2002): 19 & 20. Apuntes para el nuevo protagonismo social, Buenos Aires: De Mano en mano. Disponible en http://tintalimon.com.ar/

³ Nos referimos a la masacre del 26 de junio de 2002, en el Puente Pueyrredón, donde fueron asesinados por la policía los militantes piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, pertenecientes a los Movimientos de Trabajadores Desocupados de Guernica y Lanús, del sur del conurbano bonaerense.

⁴ Ver al respecto AAVV (2009): Conversaciones en el impasse. Dilemas políticos del presente, Tinta Limón: Buenos Aires. Disponible en www.tintalimon.com.ar

⁵ Para el desarrollo de este término se puede ver: «Notas de la coyuntura argentina» enhttp://www.uninomade.org/notas-de-la-coyuntura-argentina/y «Cacerolas bastardas»enhttp://www.revistacrisis.com.ar/cacerolas-bastardas.html