Este domingo 4 de septiembre, se realizará en Chile el plebiscito que aprobará o rechazará la propuesta de Nueva Constitución, elaborada durante el periodo de un año por una Convención Constituyente, conformada por 154 personas elegida mediante el voto popular. Más de 15 millones de personas serán habilitadas para votar este domingo. A diferencia de lo que ocurre en otros comicios en Chile, esta vez el voto será obligatorio y deberá obtener mayoría simple para que sea aprobado.
La propuesta contiene 388 artículos, siendo una de las más extensas del mundo. El pasado 4 de julio, fue entregada al presidente Gabriel Boric. Si bien el debate sobre la reforma constitución ha logrado una importante presencia hace varios meses, formalmente el periodo de propaganda electoral se estableció entre el 6 de julio y el 1 de septiembre.
El proceso constituyente chileno fue una de las respuesta al estallido social de octubre de 2019. Luego de un mes de protestas, el entonces oficialismo, encabezado por Sebastián Piñeira, y una mayoría de la oposición partidaria firmaron lo que se conoció como “Acuerdo por la paz social y la nueva constitución”.
Escapando al inmediatismo y la urgencia coyuntural, dialogamos de manera extensa con Carlos Pérez Soto, quien se presenta como profesor de física de escuela secundaria, abuelo de Gabriel y Clarita, y compañero de Verónica. Haciendo uso ciertas malas practicas y costumbres, nosotros agregamos que es un destacado activista, filósofo, docente e investigador marxista hegeliano. Carlos Pérez Soto, lucido critico y dueño de una animosidad filosa y provocadora, nos convido algunas reflexiones como incitación a la incomodidad. Una charla en profundidad sobre la etapa política que vive el movimiento popular Chileno.
Gabriel Vera Lopes: El estallido social de octubre del 2019 marco un hito en la historia contemporánea chilena ¿Qué fue la rebelión de 2019 y como desemboco en el actual plebiscito del 4 de septiembre?
Carlos Pérez Soto: La rebelión de octubre del 2019, revuelta o estallido como se quiera llamar, pario una consigna muy expresiva que se coreaba en la calle: “No son 30 pesos, son 30 años”. Entonces, si uno saca la cuenta, los 30 años hacen referencia a 1989. Es decir: el momento de transición a la democracia. De manera explícita, la rebelión de octubre de 2019 tenía conciencia de que era una revuelta contra los gobiernos de la Concertación: el de Patricio Aylwin, luego Frei Ruiz-Tagle, Lagos Escobar y finalmente Bachelet. Lo que estalla es una indignación que se acumuló por 30 años.
No fue una revuelta contra Pinochet, sino contra el neoliberalismo desarrollado por la Concertación. Esto vale la pena recordarlo, porque lo que ha ocurrido desde octubre del 19 hasta ahora es un proceso, realmente extraordinario, de domesticación de la revuelta. Algo que nos debería servir de lección para entender otras revueltas. Como la de los piqueteros del 2001 o los diversos estallidos que se dieron a nivel continental entre el 2019 y el 2020.
Esto nos abre un conjunto de preguntas: ¿Qué puede el movimiento popular obtener de la revuelta? ¿Qué es lo que da origen a una revuelta? Pero, sobre todo, ¿Cuál es el destino de una revuelta?
En Chile, lo que ocurrió hasta hoy se consuma en el proceso de elaboración de una nueva constitución. Es un verdadero proceso, como decía, de domesticación, de administración del conflicto. Es interesante como todo el espectro político, incluyendo al Frente Amplio o al Partido Comunista, se sintió amenazado. Todo el espectro político concurrió a un acuerdo el 15 de noviembre del 2019. Y digo todo el espectro político porque si bien el Partido Comunista, uno de los partidos que tiene presencia parlamentaria en Chile, no firmó el acuerdo, lo cierto es que suscribieron en el sentido de que respetaron paso a paso, punto por punto, todo lo que ese acuerdo decía. Y lo que el acuerdo establecía es que iba a haber un plebiscito para ver si los chilenos querían una nueva Constitución, y así canalizar todas las indignaciones esa vía.
Vale la pena recordar, pese a lo que dice la propaganda, que la Constitución que hay en Chile no es la Constitución de Pinochet, es la Constitución que Ricardo Lagos reformó en el 2005. Ese año, hubo un proceso de reformas muy profundo hasta tal punto que la Constitución hoy día lleva la firma de Ricardo Lagos y de todos sus ministros. Entonces queremos una nueva Constitución también significa una protesta no solo contra la Constitución de Pinochet, sino también contra la Constitución de Lagos.
El acuerdo del 15 de noviembre de 2019 estableció, sin embargo, que no iba a haber una Asamblea Constituyente. Estableciendo que se podía elegir entre dos opciones: una convención constituyente o una comisión constitucional integrada mitad por el Parlamento, mitad por persona elegida especialmente.
¿Por qué convención constitucional? Porque se quiso negar explícitamente el poder constituyente. El resultado de este acuerdo significó ahogar completamente la protesta social. La protesta social en Chile duró un mes y, a falta del apoyo de todos los partidos que se llaman “progresistas”, la revuelta naufragó. El acuerdo fue en noviembre, luego vino diciembre con las festividades, después las vacaciones y a la vuelta de las vacaciones, estaba previsto el plebiscito, el cual producto de la pandemia se pospuso unos meses. Entonces, no hubo más movimiento social en las calles salvo una minoría ínfima que hacía el espectáculo para que los diarios de la derecha pudieran pronunciarse contra los “violentísimos” en la Plaza Italia, que ahora se llama Plaza Dignidad. Una vanguardia sin ninguna representatividad.
El resultado del plebiscito fue que el 80% de los que votaron decidieron que hubiera una convención constituyente. Pero los que votaron fueron el 50% de la población. Eso significa que el 40% de los ciudadanos acogió que hubiera una convención constitucional que no podía tocar los tratados internacionales o cambiar el carácter de la República. Es decir, se acogió una convención constitucional sin que tenga poder constituyente. Luego llegaron las elecciones de convencionales constituyentes en mayo de 2021, las cuales se desarrollaron bajo cierto imaginario provocado por el estallido. Donde participó el 40% de la población.
En Chile, la protesta social fue ahogada por esta trabazón institucional mediante el cual los partidos políticos, contra los cuales fue la protesta, recuperan completamente el control de la situación.
Gabriel Vera Lopes: Los estallidos suelen ser “un barajar y dar de nuevo”. En esos contextos, la pregunta es si hay jugadores que pueda agarrar las cartas y jugar. En lo que refiere al tejido social y la organización popular, ¿Cuál es el acumulado con el que el campo popular llega al momento del estallido? Y más importante aún ¿Cuál es el acumulado que logra el campo popular luego del estallido?
Justamente el nombre de tejido es apropiado porque en Chile no hubo una acumulación de organización social o de movimiento popular que trabajara para que esa indignación acumulada estallara. Es más, el estallido del 19 de octubre sorprendió a todo el mundo, incluso al propio estallido. La propia gente que salió a marchar estaba asombrada de la cantidad de gente dispuesta a salir a marchar. Lo que hubo es una acumulación objetiva de malestares pero no de organizaciones. Lo cual hizo que fuera un estallido sin programa.
Todos los intentos de formular un programa fueron boicoteados sistemáticamente por los partidos políticos que controlan las pocas organizaciones que hay en Chile. En Chile hay una muy baja sindicalización y la sindicalización más relevante está en organismos estatales. Sin embargo, la CUT (Central Única de Trabajadores) no apoyó de manera activa el estallido. Menos todavía la Confederación de Trabajadores del Cobre, que es una de las organizaciones sindicales más poderosas que hay en Chile. Los profesores, de manera organizada, apoyaron muy tímidamente. Por el contrario, fue un estallido organizado a nivel barrial, a nivel de la comunidad más que a nivel de centros laborales. Incluso el movimiento estudiantil estuvo presente en el estallido de manera muy difusa. La CONFECH (Confederación de Estudiantes Universitarios de Chile) estaba completamente desorganizada en el momento del estallido.
A la larga los estudiantes participaron de manera inorgánica, igual que los pobladores, igual que los trabajadores sindicalizados que no participaron a través de sus organizaciones sino directamente desde sus barrios. Mi opinión es que eso se debe a que en Chile no hay realmente una izquierda anticapitalista. Lo único que se puede llamar izquierda realmente no es lo que los medios de comunicación llaman izquierda. En Chile no hay un movimiento popular, ni mucho menos un movimiento sindical organizado que tenga vocación anticapitalista o, como mínimo, anti neoliberal. Entonces hay un estallido de indignación por cuestiones objetivas como la salud, la educación, el transporte, el costo del crédito, pero estas no son expresión de algo que algún tipo de orgánica haya trabajado.
Gabriel Vera Lopes: Uno podría decir que cuando los malestares rompen el ambiente “privado” y saltan al campo público, estamos frente a un verdadero proceso de politización ¿Qué queda de la politización de ese malestar?
Queda una narrativa, una retórica. Todos los que se dicen progresistas hablan en nombre de octubre del 2019. Pero es una narrativa, una retórica ampliamente recuperada por el Frente Amplio o por el Partido Comunista, que reivindican para sí mismos la retórica de un proceso que no produjeron, ni encabezaron y que contribuyeron a domesticar.
Entonces cuando Gabriel Boric sale por América Latina a decir que están cumpliendo el horizonte del estallido social, está mintiendo directamente. Está mintiendo porque el mismo Boric es uno de los que participó en el acuerdo con que empezó la administración de todo este proceso.
Ahora bien, fíjate que esa retórica influye después en la Convención Constitucional. En la Convención constitucional la desconfianza hacia los partidos políticos se mantenía y entonces, cuando se eligieron constituyentes, la mayor parte de los constituyentes que se eligieron eran formalmente independientes. Sin embargo, de esos independientes más de la mitad habían abandonado algún partido político sólo uno o dos meses antes. Es decir, abandona el partido político para inscribirse como independientes en una retórica, en una marea en que se supone que los independientes son los que deberían ser elegidos. Entonces hay una proporción muy grande de independientes fraudulentos que no son realmente independientes, sino que son representantes de partidos políticos que formalmente salen del partido para ser candidato.
Pero además hay unos independientes auténticos que se organizaron en una cosa curiosa que se llamó la Lista del Pueblo. Pero resulta que no había nadie del pueblo. Si entendemos por pueblo a los pobres, las barriadas, las villa miseria, esa es una población absolutamente ausente. Lo que se nombró como “pueblo” estuvo compuesto completamente por profesionales universitarios. La mayor parte de los cuales provenían del mundo de las ONG´s.
Entonces, fíjate cómo la retórica, la narrativa heroica, del estallido es recuperada por los sectores que la ahogaron. Cumpliendo la función de usurpar el nombre del 50% más pobre de la población. Esa retórica es administrada como forma de legitimación de las capas medias cuyo crecimiento está frustrado porque llegó a un cierto tope dentro del crecimiento neoliberal. Las frustraciones de las capas medias valen más que los sufrimientos y la miseria de los sectores populares.
Gabriel Vera Lopes: Sin meterme en la particularidad del caso chileno, de manera global se podría decir que: el progresismo es la ideología de los sectores medios quienes, sensibilizados con las problemáticas sociales, hacen usufructo de esas problemáticas para justificar su propio lugar político. La ideología de quienes hablan en nombre de las y los sectores populares, diciendo que saben cómo resolver sus problemas pero vetando la participación genuina de los sectores subalternos.
Aquí hay algo muy profundo que tiene que ver con el efecto que el neoliberalismo ha producido en la estratificación social. Tendemos a poner nuestra atención, nuestro énfasis en la brecha gigantesca que hay entre los muy ricos y el resto de la población. Sin embargo, omitimos, muy convenientemente, una segunda brecha, la cual también es enorme, entre un 40% de la población que conforman las capas medias, en promedio en los distintos países latinoamericanos, y el 60% de la población restante, que son los efectivamente pobres, los de empleo precario y salarios precarios. Si ahí hay una brecha que resulta sistemáticamente ocultada por la retórica “populista” de los sectores progresistas es la que existe entre las capas medias y los sectores populares empobrecidos.
Gabriel Vera Lopes: Detengámonos un momento sobre la cuestión del neoliberalismo. La prensa internacional así como la propaganda de un sector de las izquierdas, plantea que esta nueva Constitución es una herida de muerte al neoliberalismo en Chile. ¿Qué opinión te merece esta idea?
Creo que primero hay que entender qué es el neoliberalismo. La retórica contra el neoliberalismo descansa en una serie de mitos. En primer lugar, hay una idea de que el neoliberalismo fue impuesto en dictaduras y esto no es exactamente cierto. Chile es el único país del planeta en que el neoliberalismo fue impuesto bajo una dictadura militar. En todos los demás ha sido impuesto en democracia y, más aún, crecieron bajo gobiernos que podemos llamar socialdemócratas. No es cierto que aquellos partidos, que los medios de comunicación formalmente llaman de derecha, hayan sido eficientes para implementar el neoliberalismo. Los gobiernos socialdemócratas han sido mucho más eficientes en implementar las orientaciones de fórmulas neoliberales.
Un segundo mito es que el neoliberalismo sería algo así como la “reducción del estado”. Noción que fue desarrollada por Naomi Klein en su “Doctrina del Shock”, bajo la idea de que el neoliberalismo consistiría en privatizarlo todo. La Universidad de Buenos Aires (UBA) en Argentina, o los hospitales en Alemania, no van a ser vendidos. No se venden las carreteras, las rutas. Ahí el neoliberalismo tiene que funcionar de otra manera. Entonces hay que entender en qué consiste el neoliberalismo.
Lo que se ha hecho es precarizar una parte del empleo estatal. Reducir a esos empleados a precarizados permanentes. A la vez, ha aumentado el mundo laboral que depende directa o indirectamente del financiamiento del Estado, lo que tiene un efecto de cooptación política enorme. Prácticamente la mitad de la fuerza laboral depende de los subsidios, los bonos o las subvenciones que da el Estado. Además, desde los bancos centrales se sigue avalando las operaciones del capital financiero.
Podríamos decir que hay dos momentos del neoliberalismo. Un momento que va desde 1980 a 1995, donde se intentó implementar estas políticas mediante el “shock” con exponentes como Ronald Reagan o Margaret Thatcher. Pero esta época luego de un auge, fracasa. Aquí en Chile hay un mito de que el crecimiento económico proviene de la época de Pinochet y, sin embargo, su dictadura entrega el gobierno con el país quebrado. Todo el crecimiento económico proviene de la época de la Concertación desarrollando el neoliberalismo.
Luego hay una segunda etapa, que podemos llamar de profundización, que va del 95 hasta hoy. ¿En qué consistió esa etapa de profundización? Básicamente en afirmar. Este es el periodo de la liberalización del comercio internacional a través de los tratados de libre comercio. Tratados garantizados desde la Organización Mundial de Comercio, que hoy día, como organismo regulador, es más importante que el Fondo Monetario o el Banco Mundial. Es el periodo en que se empieza a usar masivamente los fondos de pensiones para encauzarlos, a través del Estado, con el fin de apoyar al capital privado. En Chile, los fondos de pensiones, que se han acumulado durante 40 años, son del orden de 250 mil millones de dólares, contribuyen año a año a la capitalización de los grandes capitalistas chilenos. Por eso tú puedes ver los supermercados chilenos en cualquiera de las ciudades de Argentina, Brasil, Perú, Colombia, e incluso en Estados Unidos. A su vez, en este periodo, se utiliza al Estado para los procesos de endeudamiento privados y públicos con la banca internacional. Donde es el Estado quien administra y garantiza este proceso de acumulación de los privados. Todo esto implica una administración neoliberal de las instituciones estatales. Vemos cómo las instituciones se tornan en un centro de negocios. En las Universidades, por ejemplo, vemos cómo los profesores organizan empresas con el logo de la universidad como los magísteres, los doctorados o los que se yo. Fíjate cómo los directores de empresas públicas en Chile ganan más que el propio presidente.
Estas políticas tienen como pilar el desvío sistemático del gasto social hacia privados en dos sentidos. El gasto social en salud, educación, cultura, vivienda u obra pública va a parar a empresarios privados. Pero también, va a parar a individuos focalizados. El Estado no promueve la salud pública, sino que financia el tratamiento de las enfermedades de ciudadanos particulares, lo que también tiene un enorme efecto de cooptación política.
Cuando tú consideras que estas son las características del neoliberalismo, entonces lo que encuentras son retóricas electorales sin diferencias sustanciales. Espacios que cuando llegan al gobierno realizan de manera, más o menos, sistemática e inexorable el mismo programa. Lo que los medios de comunicación llaman derecha es una retórica electoral que permite captar votos disconformes de un sector. Lo que se llama progresismo permite captar votos de otro sector. Claro que hay tal o cual diferencia, pero sustancialmente la situación de base no cambia.
Gabriel Vera Lopes: El 4 de septiembre se votará en Chile el plebiscito constitucional para aprobar o rechazar el nuevo texto constitucional. ¿Qué elementos de ruptura con el régimen encontras en el nuevo texto constitucional?
Cambios estructurales, ninguno. Es un proyecto constitucional que dejó intactas todas estas características del neoliberalismo, incluso la autonomía del Banco Central. No le cambiaron el nombre al Tribunal Constitucional, que en Chile era un tema muy debatido. Mantiene la política de concesiones mineras que permite que las transnacionales de la minería se lleven el 80% de la ganancia del cobre en Chile. Pese a que eso era una novedad neoliberal ¿No? El cobre en Chile es propiedad del Estado, pero esa propiedad ha sido entregada en un sistema de cuasi propiedad a empresas privadas que realizan las ganancias.
Hay que recordar que el sistema de apropiación de las ganancias vinculadas a la explotación minera se encuentra amparado por la Organización Mundial de Comercio. De manera tal que las concesiones mineras no se pueden derogar sin que nos enfrentemos a un panorama como el de Venezuela, de cerco o de bloqueo económico fomentado desde la propia Organización Mundial de Comercio.
Por otro lado, creo incluso que se elevó a rango constitucional prácticas neoliberales que hasta el momento se daban por la vía reglamentaria. Por ejemplo, se declara el derecho a la educación, donde el Estado será responsable de organizar un sistema nacional de educación con participación de privados. Y en esa frase, “con participación de privados”, elevas a un rango constitucional el derecho de los colegios privados a pedir subvención del Estado, que hasta el momento era simplemente una política amparada por la Ley de Educación, pero más bien dictada por la vía reglamentaria.
Estamos dando derechos pero administrados de manera neoliberal. Muchos de esos puntos son muy sonados, sobre los cuales se hace mucha propaganda. Se reconoció la existencia de los pueblos originarios, de las culturas originarias. Pero de autonomía territorial, absolutamente nada. Se les concedió el derecho de tener sistema jurídico propio, pero ese sistema jurídico propio va a tener autoridad sólo en materia civil, no en materia penal. ¿Por qué? Porque en materia penal el Estado chileno quiere seguir persiguiendo. Se concedió la paridad de género en todos los cargos del Estado. Pero entonces tú ves el feminismo más progresista reducido a una política de cuotas que en la práctica significa que los partidos políticos ganan para sus mujeres cargos en el aparato del Estado por la política.
Tan inocua es que el plebiscito constitucional en la práctica no va a ser un plebiscito sobre la Constitución. Porque a la burguesía le da lo mismo quedarse con una Constitución o aprobar una nueva.
En la práctica le conviene más aprobar la nueva, porque de lo contrario se prolonga un período de inestabilidad, incerteza jurídica, etcétera. Y entonces el plebiscito se ha transformado absolutamente en otra cosa. De una pequeñez realmente abrumadora. Se ha transformado en un plebiscito sobre el gobierno y el futuro político del Frente Amplio. Entonces, ¿Quiénes están interesados en el rechazo? los que quieren bajarle el perfil a la votación que podría tener el Frente Amplio en la próxima elección. ¿Quiénes son esos? La derecha política y la Concertación, que está dando una pelea por su sobrevivencia. Toda la Concertación de partidos por la democracia está en este momento dividida y esa división se expresa entre los que van por el lado del “apruebo” y los que van por el “rechazo”.
Los que van por el “apruebo” están jugando su carta para formar una coalición amplia con el Frente Amplio. Los que van por el rechazo están dando una pelea para mantener a la Concertación como un polo político independiente. Mientras que a la derecha política le interesa debilitar al gobierno que tiene atada su suerte. Pero entonces la discusión no es sobre la Constitución. La discusión pequeña, abrumadoramente mediocre, es sobre qué va a pasar en la próxima elección.
Gabriel Vera Lopes: Marcas un conjunto de continuidades que en tu perspectiva hacen que no sea cierto aquello de que esta constitución enterraría al neoliberalismo. Pero aún así, ¿No ves que el apruebo podría mejorar las condiciones de lucha para la clase trabajadora y los sectores subalternos? Los reconocimientos en materia de derechos que podría cristalizar la nueva constitución, por más epidérmicos que sean si se tiene en consideración los modos de acumulación neoliberal, ¿No supondría una mejora con relación a la Constitución actual?
Si tú no tienes reconocido el derecho a la educación y la Constitución dice “tienes derecho a la educación”, evidentemente hay un avance. Pero si el derecho a la educación, que la Constitución te reconoce es impracticable, no es reclamable. Entonces eso por más epidérmico que sea choca con lo real. Hay una cuestión muy profunda del neoliberalismo que hay que entender. Estamos acostumbrados a las malas retóricas electoralistas de la izquierda electoralista que supone que el neoliberalismo negaría derechos. Eso es una barbaridad. El neoliberalismo no niega los derechos, lo que hace es administrar los derechos. Y la administración pasa por abrir un amplio campo a la iniciativa privada en lo que refiere a tus derechos. Lo que supone la privatización de tus derechos en los hechos. Para ello establece mecanismos donde el Estado subvenciona sistemáticamente la iniciativa privada. De esta manera, lo que ocurre es que tus derechos en la práctica dependen del Estado pero realizan ganancia privada.
Los derechos son administrados de tal manera que no son derechos propiamente sociales, sino que son garantías individuales. Tú no tienes derecho a la salud, tú tienes derecho a que el estado te pase un bono cuando tienes determinadas enfermedades. No tienes derecho a la educación, tienes un bono que el estado te paga cuando no puedes pagar el colegio. Es lo que pasa con el colegio subvencionado con lucro privado, al que tuviste que asistir porque la educación pública y la salud pública están cada día más empobrecidas. Todo esto supone una gigantesca subvención estatal para esa iniciativa privada.
En este sentido, uno de los efectos que tiene este régimen de derechos administrados es que los derechos son accesibles cuando las arcas del Estado están en auge. Pero si en determinado momento hay una crisis financiera, el Estado está obligado a respaldar la banca y ¿De donde va a sacar la plata para financiar la banca? Bueno, lo va a sacar de tus derechos. Así los derechos fluctúan como privilegios: algunos sectores tienen el privilegio de acceder a tal o cual “derecho” cuando el Estado está en auge y ese mismo privilegio disminuye cuando el Estado va a socorrer a la banca privada. El Estado está comprometido a salir a apoyar el endeudamiento privado a costa de tus derechos. Todo el mundo ha visto esta dinámica.
La Constitución colombiana es la Constitución que más derechos reconoce en América Latina. No hay manera de reclamarlos, no hay leyes que bajen esos derechos. En Colombia pasa al revés de lo que pasa en Chile. Los ciudadanos reclaman que no se respeta sus derechos constitucionales, el Tribunal Constitucional opera defendiendo al pueblo y las demandas populares. Y entonces el Estado responde que no hay fondos y el Tribunal Constitucional no puede exigir nada. La administración de los derechos neoliberal hace que sean impracticables.
Todo el debate sobre el ciclo progresista tuvo que ver con esto. Entre otras cosas, el debate era sobre cuánto el ciclo había roto con la forma de acumulación neoliberal o cuanto estaba administrando un ciclo de ascenso económico a nivel global de los precios de las commodities.
