por Eva Golinger
Para quienes no conocen bien al tema venezolano, no se engañen por el título de este artículo. La revolución a la cual se refiere no se trata de lo que muchos medios están mostrando, con protestas llamando para el derrocamiento del Presidente Nicolás Maduro. La revolución que llegó para quedarse es la Revolución Bolivariana, que comenzó en 1998 cuando Hugo Chávez fue electo presidente por primera vez y desde luego transformó a éste país productor de petróleo a una nación progresista con un gobierno del pueblo que prioriza la justicia social. Las manifestaciones tomando lugar durante los últimos días en Venezuela son intentos para socavar y destruir esta transformación con el objetivo de devolver el poder a la élite que dominó al país durante más de 40 años.
Aquellos que están manifestando en contra del gobierno no representan a la mayoría trabajadora que luchó para derrotar la exclusión opresiva de la cual fueron víctimas antes de Chávez. Los jóvenes que hoy salen encapuchados en las calles en Caracas y otras ciudades por el país, destruyendo bienes públicos, vehículos, quemando basura, bloqueando tránsito de forma violenta, y lanzando piedras y cocteles molotov en contra de las autoridades están siendo manejados por intereses extremistas de extrema derecha, del sector más adinerado en Venezuela. Liderados por los neoconservadores Leopoldo López, Henrique Capriles y María Corina Machado – quienes vienen de tres de las familias más ricas del país, el 1% del 1% – los manifestantes no están buscando la revindicación de sus derechos fundamentales, ni están pidiendo educación o salud gratuita, porque todo eso ya está garantizado por el estado, gracias a Chávez. A cambio, ellos están intentando llevar al país a un estado de ingobernabilidad que justificaría una intervención internacional con el fin de provocar un cambio de régimen.
Antes de que Chávez fue electo en 1998, Venezuela vivió una epoca oscura y difícil, con una democracia gravemente herida. Durante los años noventa, la pobreza creció a casi 80%, la economía estaba en el suelo y la clase media estaba desapareciendo con millones cayendo en un desespero económico. Las garantías constitucionales estaban suspendidas, un toque de queda nacional fue impuesto y la corrupción era masiva. Aquellos que protestaban en contra del gobierno fueron brutalmente reprimidos y muchas veces, asesinados. De hecho, durante el periodo de la llamada “democracia representativa” en Venezuela, del 1958 al 1998, antes de la transformación a una democracia participativa bajo Chávez, miles de venezolanos fueron desaparecidos, torturados, perseguidos y asasinados por las fuerzas del estado. Ninguno de sus derechos fueron garantizados y nadie, con la excepción de las víctimas, le importaba. Organizaciones internacionales de derechos humanos demostraban poco interés en Venezuela durante esa epoca, a pesar de las claras y sistematicas violaciones en contra del pueblo.
Aquellos que tenían el poder en esos años, también conocidos como la “Cuarta República”, representaban una minoría elitesca – familias que tenían la riqueza de la nación y sacaban provecho de las lucrativas reservas petroleras. Millones de dólares de las ganancias petroleras que pertenecían al estado (el petróleo fue nacionalizado en Venezuela en 1976) fueron robados y sacados del país a través de las hinchadas cuentas bancarias de venezolanos enriquecidos y funcionarios corruptos que tenían casas en Miami, Nueva York y la República Dominicana, donde vivían en lujo, mientras sufría la mayoría empobrecida en el país.
La victoria electoral de Hugo Chávez en 1998 acabó con el banquete opulento que la élite venezolana había disfrutado durante décadas, mientras destruían al país. Chávez fue elegido precisamente para romper el poder que esos grupos habían aprovechado durante tantos años, y su promesa fue la revolución – la transformación completa del sistema económico, social y político del país. Sus victorias electorales fueron sólidas, año tras año, cada vez aumentando en popularidad a medida que más y más venezolanos se sintían motivados a participar en la política y la construcción de una nueva, inclusiva nación con la justicia social como bandera.
La elección de Chávez fue un duro golpe para Washington que quería el control de las reservas petroleras de Venezuela – las más grandes del planeta. En abril de 2002, la administración de Bush apoyó un golpe de Estado contra Chávez, dirigido por la misma élite que había estado en el poder antes. El golpe de estado utilizó marchas masivas en las calles de Caracas, integradas por la clase media y la clase alta, pidiendo el derrocamiento de Chávez. Utilizaron francotiradores para disparar a la gente en las marchas, creando violencia y caos, y luego responsabilizando a Chávez por la masacre. La televisión, radio y los periódicos en Venezuela se unieron a los esfuerzos de golpe de Estado, manipulando las imágenes y distorsionando los hechos para justificar el derrocamiento de Chávez. Lo convirtieron en el villano, el malvado dictador, el asesino brutal en los medios de comunicación internacionales, aunque en realidad los opositores apoyados desde Washington fueron los responsables de la muerte y la destrucción causada. Después Chávez fue secuestrado el 11 de abril de 2002 e iba a ser asesinado, y los empresarios, dueños de medios y dirigentes opositores detrás del golpe tomaron el poder e impusieron una dictadura. Disolvieron todas las instituciones democráticas del país, incluyendo la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia.
La mayoría que había votado por Chávez y se había convertido en protagonista del proceso político, estaba determinado a defender su democracia y salieron a las calles para exigir el retorno de su presidente. Cuarenta y ocho horas después, Chávez fue rescatado por millones de sus seguidores y las fuerzas armadas leales. El golpe fue derrotado y la revolución sobrevivió, pero las amenazas continuaron.
Meses después, un sabotaje económico intentó destruir a la industria petrolera. 18.000 trabajadores de alto nivel de la empresa estatal, PDVSA, abandonaron el trabajo, saboteando equipos y causando acerca de 20 mil millones de dólares en daños y perjuicios a la economía venezolana. Luego de 64 días de paro, los supermercados vacíos debido al acaparamiento intencional para crear pánico, y una brutal guerra mediática donde todos los medios privados transmitían propaganda de la oposición 24/7, los venezolanos estaban hartos de la oposición. La popularidad de Chávez se disparó. Un año y medio más tarde, cuando la oposición intentó sacarlo del poder a través de un referéndum revocatorio, Chávez ganó una victoria aplastante 60-40 .
Dentro de las fuerzas opositoras que intentaban derrocar a Chávez en 2002 estaban los mismos tres dirigentes que hoy llaman a sus seguidores a salir a las calles para forzar al presidente actual, Nicolás Maduro, del poder. Leopoldo López y Henrique Capriles eran alcaldes de dos de los municipios más ricos de Caracas durante el golpe de 2002 – Chacao y Baruta, mientras María Corina Machado era una estrecha aliada de Pedro Carmona, el empresario que se proclamó dictador durante el breve derrocamiento de Chávez. López y Machado firmaron el infame “Decreto Carmona” que disolvió todas las instituciones democráticas en Venezuela, destrozando la Constitución. Capriles y López fueron responsables de la persecución y la detención violenta de miembros del gobierno de Chávez durante el golpe de Estado, incluso permitiendo a algunos de ellos de ser golpeado públicamente, como Ramón Rodríguez Chacín, ex ministro del Interior en 2002.
Los tres han sido principales beneficiarios de la financiación de EEUU y su apoyo político a los esfuerzos para derrocar a Chávez, y ahora Maduro. La Fundación Nacional para la Democracia ( NED), el Instituto Republicano Internacional (IRI ) y el Instituto Nacional Demócrata (NDI ), pusieron los fondos iniciales para la ONG de Machado, Súmate, y el partido de derecha de López y Capriles, Primero Justicia. Cuando López se separó de Primero Justicia en 2010 para formar su propio partido, Voluntad Popular, fue financiado desde las agencias estadounidenses.
Durante el período 2000-2010, las agencias de Estados Unidos, incluyendo la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos (USAID) y su Oficina de Iniciativas para la Transición (OTI ), creada en Caracas en 2002, canalizan más de 100 millones de dólares a los grupos de la oposición en Venezuela. El objetivo era un cambio de régimen.
Cuando Chávez fue reelegido en 2006 con un margen aún mayor de victoria, casi el 64% de los votos, Washington cambió su apoyo para los tradicionales partidos políticos de oposición con el fin de crear otras nuevas con rostros juveniles y frescos. Más de un tercio de la financiación de EEUU, cerca de 15 millones de dólares anuales para el año 2007, fue dirigido a grupos de jóvenes y estudiantes. Parte de ese dinero fue para la capacitación en el uso de las redes sociales para movilizar el activismo político. Líderes estudiantiles de la oposición fueron enviados a EEUU para talleres y conferencias sobre el activismo en Internet y las redes sociales. Fueron formados en las tácticas para promover un cambio de régimen a través de disturbios callejeros y el uso estratégico de los medios de comunicación para retratar al gobierno como represor.
En 2007, estos grupos de estudiantes, financiados y entrenados por agencias de Estados Unidos, se lanzaron a las calles de Caracas para exigir la destitución de Chávez después de que el gobierno decidió no renovar la concesión pública de RCTV, un canal privado de televisión popular conocido por sus telenovelas. Las protestas fueron compuestas por jóvenes de clase media y alta y políticos de la oposición, defendiendo los medios corporativos y un canal también conocido por su participación directa en el golpe de abril de 2002. A pesar de que sus protestas no lograron su objetivo, los “estudiantes” obtuvieron sus credenciales como un sector sólido de la oposición. Más tarde ese mismo año, su movimiento ayudó a derrotar por un pequeño margen de victoria una reforma constitucional que Chávez había propuesto en un referéndum nacional.
Cuando el presidente Chávez falleció en marzo de 2013 después de una brutal batalla contra el cáncer, la oposición vio la oportunidad de quitarle el poder de sus seguidores. Elecciones presidenciales fueron celebradas el 14 de abril de 2013 en un ambiente extremadamente tenso y volátil. Nicolás Maduro, el sucesor elegido por Chávez, se postuló contra Henrique Capriles, quien meses anteriores en octubre de 2012 había perdido la elección presidencial contra Chávez por 11 puntos. Esta vez, sin embargo, los resultados fueron mucho más estrechos con Maduro ganando por un margen de poco menos de 2 puntos. Capriles se negó a aceptar los resultados y llamó a sus partidarios a salir a las calles para protestar y “desgastar toda su rabia”. Durante los dos días después de las elecciones, 11 chavistas fueron asesinados por los seguidores de Capriles. Fue un baño de sangre que no recibió atención en los medios internacionales, las víctimas no eran suficientemente atractivos, y estaban en el lado equivocado.
Mientras 2013 avanzaba, la crisis económica en el país se intensificó y la vieja estrategia de acaparamiento de productos para provocar escasez y pánico entre la población había regresado. Productos de consumo básico desaparecieron de los mercados – papel higiénico, aceite para cocinar, leche en polvo, harina de maíz – cosas necesarias para la vida cotidiana en Venezuela. La inflación empezó a subir y la especulación y aumento de precios habían disparado. Aunque una parte de esta situación estaba relacionada con el control cambiario de divisas para evitar la fuga de capital, mucho tuvo que ver con el sabotaje. Una guerra económica total estaba en marcha contra el gobierno de Maduro.
Los problemas persistieron durante todo el año y el descontento creció. Pero cuando de nuevo hubo elecciones en Diciembre para las alcaldías, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) tuvo una victoria contundente. 242 de 317 alcaldías fueron ganadas por el PSUV, mostrando que una sólida mayoría del país todavía apoyaba al gobierno.
Maduro llamó a los gobernadores y alcaldes de oposición recién electos a una reunión en el palacio presidencial a finales de diciembre en un intento de diálogo y para crear un espacio de trabajo juntos para mejorar la situación del país. La reunión fue generosamente recibida por la mayoría de los venezolanos. Sin embargo, extremistas como Machado y López vieron a la reunión como una amenaza a su objetivo de derrocar a Maduro antes de que terminara su mandato en 2019. Empezaron a llamar a protestas en la calle y otras acciones contra el gobierno.
En enero de 2014, cuando los venezolanos volvieron de sus vacaciones navideñas, las dificultades económicas continuaron. Maduro comenzó a tomar medidas enérgicas contra empresas que violaban las leyes recién promulgadas para el control de precios y contra la especulación. Hacia finales de enero, se anunciaron nuevas medidas para las divisas que muchos percibían como una devaluación de la moneda nacional, el bolívar. Los opositores usaron el momento para demandar la renuncia de Maduro de nuevo. Para febrero, pequeños focos de protestas surgieron en diferentes partes del país, principalmente en los sectores de clase media y alta.
Durante la celebración del Día Nacional de la Juventud, el 12 de febrero, mientras miles de personas marcharon pacíficamente para conmemorar los logros históricos de la juventud en la independencia de la nación, otro grupo impulsó una agenda diferente. La juventud opositora, los “estudiantes”, encabezaron una marcha agresiva pidiendo la renuncia de Maduro que terminó en un violento enfrentamiento con las autoridades después de que los manifestantes destruyeron fachadas de edificios, incluyendo la oficina del Fiscal General, y lanzaron objetos contra la policía y la guardia nacional y utilizaron bombas molotov para quemar bienes y bloquear tránsito. Los enfrentamientos causaron tres muertos y varios heridos.
El líder de la protesta violenta, Leopoldo López, pasó a la clandestinidad después de la confrontación cuando fue emitido una orden de arresto contra él debido a su rol en los eventos mortales y sus llamados públicos para derrocar al presidente. Días más tarde, después de un show que incluyó la transmisión de videos “desde la clandestinad”, López convocó a otra marcha y aprovechó el evento para entregarse a las autoridades. Fue detenido para ser interrogado, todos sus derechos garantizados por el Estado.
López se convirtió en el punto de lanza de las violentas protestas, que han continuado hasta la fecha, causando varias muertes adicionales, decenas de heridos y la destrucción de la propiedad pública. Relativamente pequeños grupos violentos de manifestantes bloquearon el tránsito en las zonas más ricas de Caracas, causando retrasos en el tráfico y aterrorizando a los residentes. Varias muertes han resultado porque los manifestantes se negaron a dejar que ambulancias pasaban para llevar a enfermos a la sala de emergencias.
Irónicamente, medios internacionales han presentado a estos manifestantes violentos como víctimas de la represión estatal. Incluso algunas celebridades, como Cher y Paris Hilton han sido arrastrados a una falsa histeria, pidiendo la libertad de los venezolanos de una “dictadura brutal”. La realidad es muy diferente. Si bien no hay duda de que un número significativo de manifestantes en las marchas más grandes que se han producido los opositores han protestado pacíficamente sus preocupaciones legítimas, la fuerza impulsora detrás de esas protestas es un plan violento para derrocar a un gobierno democrático. López, quien ha declarado públicamente su orgullo por su papel en el golpe de abril de 2002 contra Hugo Chávez, sigue pidiendo a sus seguidores a protestar contra la “dictadura” venezolana.
Mientras decenas de gobiernos y organizaciones internacionales, entre ellas la Unasur y Mercosur han expresado su claro apoyo y solidaridad con el gobierno venezolano y el presidente Maduro, Washington se apresuró a respaldar a los manifestantes de la oposición y a exigir la liberación de todos los detenidos durante las manifestaciones. Hasta el gobierno de Obama amenazó al presidente Maduro con consecuencias internacionales si Leopoldo López fuera detenido. A raíz de la primera ola de violentas protestas, Maduro expulsó a tres diplomáticos estadounidenses de la Embajada de EEUU en Caracas, acusándolos de conspirar para reclutar estudiantes en Venezuela para participar en la desestabilización.
Mientras la violencia continúa en algunas zonas del país, Maduro ha hecho llamados y esfuerzos para la paz. Un movimiento por la paz fue lanzado hace días, dirigido por artistas, deportistas y personalidades de la cultura, junto con las comunidades organizadas que buscan poner fin no sólo a la caótica situación actual, sino también a los altos niveles de criminalidad que han afectado al país durante los últimos años.
La mayoría de los venezolanos quiere paz en su país, y la mayoría sigue apoyando al gobierno actual. La oposición no ha presentado una plataforma alternativa o una agenda más allá de un cambio de régimen, y su dependencia de la financiación y el apoyo de EEUU – incluso este año Obama incluyó 5 millones de dólares en el Presupuesto del 2014 para los grupos de oposición en Venezuela – es un signo permanente de su debilidad. Como un cable del Departamento de Estado de la Embajada de EEUU en Caracas, publicado por Wikileaks, explicó en marzo de 2009, “Sin nuestra asistencia continua, es posible que las organizaciones que ayudamos a crear … podrían ser forzadas a cerrar … Nuestro financiamiento a esas organizaciones es una línea de vida muy necesaria”.
Durante la última década en Venezuela, la pobreza se ha reducido en más del 50 por ciento, la atención médica es gratuita y accesible a todos, al igual que la educación desde la primaria hasta la universidad. Subsidios públicos proveen alimentos y viviendas a precios acesibles para los que lo necesitan, así como programas de capacitación laboral y ayuda a las pequeñas y medianas empresas. Los medios de comunicación, especialmente medios comunitarios, se han expandido en todo el país, dando más espacio para la expresión de diversas voces. Acceso a Internet ha aumentado considerablemente y el gobierno también ha construido cientos de infocentros públicos con acceso a computadoras y conexión a Internet gratuita en todo el país. Los estudiantes tienen computadoras portátiles y tabletas de uso gratuito para sus estudios. El gobierno ha elevado el salario mínimo en un 10-20% cada año llevando a Venezuela a tener uno de los salarios mínimos más altos de América Latina. Las pensiones están garantizadas después de tan sólo 25 años de trabajo y los que trabajan en la economía informal todavía se les garantiza una pensióndel Estado.
Mientras problemas persisten en el país, como en todas partes, la mayoría de los venezolanos quieren defender a los inmensos logros sociales y políticos que han tenido en los últimos catorce años. Una oposición sin nada que ofrecer excepto la intervención extranjera y la incertidumbre no le atrae a la mayoría. Por desgracia, los medios de comunicación no proyectan esta realidad, o no la presentan con el fin de avanzar una agenda política. En Venezuela, la revolución llegó para quedarse y los intereses del 1% no van a derrotar los del 99% que ya están en poder.