La represión de la protesta social
y el new-republicanismo kirchnerista
por Esteban Rodríguez Alzueta
El proyecto de ley del FPV que lleva la firma de Carlos Kunkel y Diana Conti, entre otros, que pretende regular la protesta social, no sólo niega la historia del peronismo sino que desanda uno de los mandamientos que definieron al kirchnerismo de Néstor: no reprimirás la protesta.
Una vez más los diputados legislan para la tribuna, hacen demagogia punitiva, le dicen a la “gente” lo que esta quiere escuchar (que la protesta no puede afectar otros derechos, por ejemplo el derecho a circular libremente, el derecho a trabajar); se legisla para la hinchada, incluso para la jefa. En el kirchnerismo hace rato que rige la obediencia debida. La obsecuencia verticalista de estos legisladores invita a la risa, y si no fuera porque se trata de diputados nacionales, sería muy difícil tomar en serio.
Alguna vez dijimos que el derecho a la protesta es el primer derecho: es el derecho a tener derechos, el derecho que permite hacer valer los otros derechos. Por eso muchos constitucionalistas han señalado que el derecho a la protesta, que actualiza la libertad de expresión para los sectores desaventajados, es el nervio de la democracia. No hay democracia sin libertad de expresión. Y cuando los actores sociales no pueden esperar a la próxima elección para presentar sus problemas o cuando sus conflictos o los puntos de vistas no son abordados por la prensa nacional o siendo abordados se tergiversan sus opiniones, entonces la protesta social, es decir, la transformación de los espacios públicos en foros públicos, se convierte en uno de los instrumentos que actualizan ese derecho.
Hay que aclarar algo que los diputados parecen que no saben o pecan de liberales y no se dan cuenta: cuando los manifestantes protestan no solo están peticionando a las autoridades de turno sino compartiendo su problema con el resto de la sociedad. Porque en una democracia, de lo que se trata es de decidir entre todos cómo queremos vivir en comunidad. Digo, no solo se peticiona a los funcionarios sino al resto de la sociedad también. En las democracias participativas, el pueblo no sólo delibera y gobierna a través de sus representantes, sino que lo hace debatiendo en todos los terrenos, sea en la verdulería de la esquina, la plaza, el aula o arriba del taxi. Salvo que nuestros legisladores se hayan quedado en el siglo XIX, como los republicanistas que representa Carrio, de la que se mofan todo el tiempo. De hecho, con este proyecto nos venimos a enterar que no hay mucha diferencia entre la Coalición Cívica y muchos legisladores del Frente Para la Victoria, al menos en la versión liberal que tienen estos diputados de la política.
Eso por un lado, porque por el otro, transforman la protesta social en un problema de seguridad. No sólo repolicializa la protesta sino que certifica los estigmas que tiene la derecha sobre los manifestantes, y al hacerlo contribuye a deslegitimarla. Acá también se retroceden unos cuantos casilleros. Néstor Kirchner había dicho que la policía que iba a cubrir la protesta estaba para cuidar a los manifestantes en el ejercicio de sus derechos. Acá, se manda a la policía para esperar las órdenes de las autoridades del Ministerio de Seguridad y desalojar a los manifestantes del espacio público vencido el risible plazo de las dos horas previstas para llevar a cabo las reuniones pertinentes que destraben el “conflicto”. Un Ministerio que no actuará solo sino que lo hará con la intervención de fiscales o jueces. Digo, empezará a judicializar la protesta.
Si algo diferenció al gobierno nacional en estos últimos 10 años respecto de lo que siguió sucediendo en muchas provincias (Misiones, Formosa, Salta, etc.) donde el FPV era gobierno, era precisamente no usar los tribunales para encuadrar la protesta. Acá, ahora, es el gobierno nacional el que llama a judicializar la protesta social. Y es importante notar el cambio de interlocutor para los manifestantes: en 2003 y 2004, fue el Ministerio de Desarrollo Social y, más tarde, el Ministerio de Trabajo. Ahora se emplaza al Ministerio de Seguridad para mediar entre los manifestantes y el gobierno. Algo está cambiando.
Recuerdo cuando el macrismo presentó en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto que mereció el repudio y la descalificación del kirchnerismo. De eso no hace mucho tiempo. En ese entonces, Macri pretendía hacerse cargo de aquella vieja idea tirada alguna vez por el periodista Neustadt cuando proponía crear un “protestódromo”. Todos se le rieron en la cara. Ahora la Presidenta dijo algo muy parecido en la inauguración de las sesiones ordinarias. Dijo algo así: “Les regalo la Plaza de Mayo (¡como si fuera de ella!) para que vengan a protestar, pero no molesten al resto de los ciudadanos que quieren trabajar, que quieren desplazarse.” Eso sí, la Plaza de Mayo no solo está vallada por la mitad sino que se encuentra permanentemente custodiada por varios cuerpos de la Infantería de la Policía Federal. Para la Presidenta, la protesta se deslegitima cuando son “cinco gatos locos” los que cortan una avenida. Es decir, si son cientos está todo bien, pero si son pocos es un problema de tránsito. Cuando tendría que ser al revés, o mejor dicho: porque son justamente cinco y no cien mil o veinte mil, merecen mayor protección. Porque se trata de un minoría en una situación desventajosa. Acá se va a hacer al revés: puesto que son una minoría, hay que pasarlos por arriba. Eso es hacer de la legitimidad una cuestión matemática, reducirla al habitual “poroteo” de las fuentes policiales que son, dicho sea de paso, las encargadas de medir la legitimidad, de cotejar si la protesta se adecuará a los criterios fijados por el legislador.
Como me dijo alguna vez un viejo militante setentista, impulsor en la década de los ‘90 de los movimientos de desocupados: “cuanto mejor, mejor”. Es decir, es de esperar que las mejores condiciones laborales alcanzadas, lejos de contener la protesta, tiendan a expandirla, multiplicarla. Sucedió a fines de la década del ‘60 con el Cordobazo, cuyos protagonistas fueron los trabajadores de los sectores mejor pagos. Y está sucediendo en los últimos años.
Para terminar digo lo siguiente: este proyecto certifica que la ampliación de derechos se complementa con una restricción de derechos también. Que se haga al final de la gestión, incluso al final de un ciclo, nos parece muy preocupante también. Más aún cuando muchos candidatos, opositores y oficialistas corren por derecha y con el caballo del comisario. No pienso solo en Massa, sino en Binner, Scioli, Carrio, etc. Si la próxima década nos sorprende con un gobierno de derecha, nos encontrará a muchos otra vez en la calle. Una calle que habrá sido reglamentada con una ley que habilita al poder punitivo a reprimir a los manifestantes.