A tres años cumplidos de gestión de Cambiemos, hoy el Archivo refleja el imponente salto represivo del gobierno que ha batido todos los récords de sus antecesores desde fin de 1983, y ya ha comenzado a superar los propios. A fin de 2017, decíamos que, por primera vez en los 35 años transcurridos desde el fin de la dictadura cívico-militar-eclesiástica, el actual gobierno había superado la barrera de un muerto por día a manos de su aparato represivo.
Señalábamos que, frente al promedio de un muerto cada 30 horas del conjunto de los 12 años de gobierno kirchnerista, e incluso frente al pico de uno cada 28 horas de 2015, el macrismo había incrementado la frecuencia exponencialmente, con un caso cada 25 horas para fin de 2016 y uno cada 23 al año siguiente.
Tres años después, el promedio de muertes bajo el gobierno del PR gravedad del dato, que es mucho más que un número, basta comparar el ritmo del crecimiento: Al kirchnerismo le llevó más de 10 años pasar de un caso cada 30 horas a uno cada 28. El macrismo, en apenas tres años, incrementó a más del doble la frecuencia.
En el curso de este año incorporamos 1.102 casos al Archivo, totalizando 6.536 hasta diciembre de 2018, y 6.564 si incluimos 28 casos ya chequeados de 2019, ocurridos en enero y primeros días de febrero, contra 5.462 que teníamos registrados hace un año.
Un total de 1.303 personas fueron asesinadas por el aparato represivo estatal durante la gestión de Cambiemos, entre el 10 de diciembre de 2015 y el 12 de febrero de 2019.
Más del 85% del total de personas asesinadas por el aparato represivo estatal estaban en un calabozo o caminaban por un barrio.
Las recurrentes y ampliadas campañas de “ley y orden”, al amparo del discurso oficial de la “inseguridad”, invisibilizan los homicidios de gatillo fácil contra jóvenes y pobres, que sólo trascienden en circunstancias muy particulares, o cuando son seguidos de una fuerte reacción popular que atraviesa el muro mediático. En estos tres años se da una paradoja significativa, al ritmo de la época: mientras los fusilamientos de personas desarmadas, en particular varones jóvenes, como se verá más adelante, crecen a un ritmo nunca antes visto, es cada vez menor el reflejo de esos hechos en los medios del sistema. Excluyendo los casos de contacto directo con la familia o amigos, son los medios de comunicación popular y las redes sociales los que nos permiten enterarnos la mayoría de las veces. A la vez, se desató como nunca antes una campaña de legitimación de estos fusilamientos, protagonizada por los funcionarios de primera línea del gobierno y amplificada hasta el paroxismo por los medios hegemónicos. El abrazo del presidente Mauricio Macri al policía de gatillo fácil Luis Chocobar y el de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich a la policía fusiladora Carla Céspedes son las dos fotos que ilustran uno de los rasgos distintivos de la gestión Cambiemos: la explícita y frontal reivindicación pública del gatillo fácil como política de estado, que se complementa con medidas normativas, como la Resolución 956/18 y el Programa Restituir.
En la categoría de muerte de personas privadas de su libertad, que incluyen cárceles, comisarías y todo otro lugar de detención (incluso patrulleros) confluyen los clásicos “suicidios”, que encubren, en una enorme proporción, la muerte por aplicación de tormentos, e incendios que se inician como medida de protesta o pedido de ayuda y que, invariablemente, no reciben auxilio o lo reciben tardíamente. En 2018, resulta inevitable destacar el caso de la comisaría de Transradio, Esteban Echeverría, que estaba inhabilitada para tener personas detenidas por la falta de condiciones mínimas para el alojamiento. De 27 personas hacinadas en un calabozo con capacidad para mucho menos que la mitad, 10 murieron como consecuencia de un incendio. Por otra parte, las muertes violentas por heridas de arma blanca son, en muchos casos, ejecuciones por encargo de los servicios penitenciarios, que usan para ello los llamados “coches-bomba” (sicarios). También se registran de manera creciente fallecimientos por enfermedades que nunca causarían la muerte con una mínima atención médica (apendicitis, hepatitis, tuberculosis, etc.).
En los pocos casos en los que podemos acceder a datos oficiales, como los de la Procuración Penitenciaria de la Nación respecto de las cárceles federales, o los de la Comisión Provincial por la Memoria bonaerense, constatamos que también en este “rubro” el gobierno de Cambiemos muestra su eficacia represiva, con un promedio cercano a las 150 muertes al año solo en unidades penales de la provincia de Buenos Aires. Es indudable que el aumento espectacular de la población carcelaria condiciona el incremento de las muertes intramuros. En las cárceles federales, con una capacidad para 12.235 personas, se hacinan hoy 13.529, mientras que las unidades bonaerenses, con capacidad para 29.000 personas, hay 38.000, sin contar las más de 4.000 amontonadas en comisarías de la provincia, con espacio para menos de 1.000 y sólo por períodos breves.
La casi totalidad de las muertes en comisaría corresponde a personas que no estaban detenidas por acusaciones penales, sino arbitrariamente arrestadas por averiguación de antecedentes o faltas y contravenciones. En esos casos resulta aún más incomprensible el argumento de la “crisis depresiva”, como dicen los partes policiales, pues son personas que en horas recuperarán la libertad. Rodolfo Walsh lo explicaba mejor que nosotros: “Como todo el mundo sabe, la melancolía que inspiran las altas paredes de una celda fomenta negras ideas en los jóvenes débiles de espíritu, los ebrios, los chilenos carteristas y, en general, la gente sin familia que pueda reclamar por ella. Otro factor deprimente que acaso contribuya a la ola de suicidios en tales calabozos son las inscripciones que dejan los torturados”.
Las casi 200 desapariciones registradas no están desagregadas como modalidad aparte, pues pueden concurrir tanto con fusilamientos de gatillo fácil como con muertes bajo custodia y hasta con asesinatos intrafamiliares u otras modalidades. Así, los casos en los que la víctima fue vista en una comisaría, o cuando la detenían, están listados bajo la categoría muertes en lugares de detención; los casos en que la víctima fue fusilada y luego desaparecida están bajo la modalidad gatillo fácil, y Santiago Maldonado, se sumó, junto a Rafael Nahuel, al listado de asesinados en la represión a la protesta y el conflicto social. En los casos que no se conoce lo sucedido, o no se trata de ninguna de las modalidades principales, se incluyen en la categoría “otras”.
Los asesinatos en el marco de causas fraguadas para “hacer estadística” y los hechos resultantes de otros delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, reconfirman la constante participación policial en delitos comunes, vendiendo información, proveyendo zonas liberadas, proporcionando armas o interviniendo directamente en la organización de robos tipo comando, tráfico de drogas y autos robados, secuestros extorsivos, trata de personas, etc., incluso a veces como parte de “operaciones de prensa” para ganar prestigio desbaratando los ilícitos que ellos mismos generan, o para ganar espacios en sus disputas de poder internas, potenciadas por la coexistencia de más de una fuerza en los territorios.
Los asesinatos en el marco de la protesta social, en marchas, movilizaciones y cortes de ruta, suman 91 desde 1995. El gobierno de Cambiemos inauguró en 2017 su cuenta, con la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado, y el fusilamiento de Rafael Nahuel, por mano de GNA y PNA respectivamente, y sumó, en 2018, los asesinatos de Ismael Ramírez (13) en la represión a un piquete de desocupados en Sáenz Peña, Chaco, y de Rodolfo Orellana, militante de la CTEP, en la represión a un conflicto por tierra y vivienda en La Matanza.
