Leemos en La Nación una nota que se titula Romper una espiral destructiva[1]. Quisiéramos evitar discusiones en abstracto que apelen a grandilocuentes enunciados acerca de la calidad educativa, la evaluación, los intereses del conjunto de la población, las nuevas generaciones, etc. No así soslayar los efectos concretos que, en ciertas coyunturas, arrastran discursividades que se precian de las mejores intenciones.
En alguno de sus párrafos se señala que la permanencia del estatuto docente muestra la debilidad del Estado. Imaginemos que el estatuto docente expone una serie de supuestos que podrían repensarse a la luz de los devenires de la escuela y la vida social contemporánea. Imaginemos incluso que ciertos funcionamientos corporativos se resisten a su reformulación. Imaginemos que muchos de los problemas que vive la escuela desbordan los confines de un estatuto. El asunto -sin embargo- no radicaría en estas presunciones, sino en la idea que supone que un estado fuerte es el que dirime los modos de agenciamiento social, sin interpelaciones sectoriales. ¿O no es eso lo que está sucediendo desde hace un par de años con el borramiento de la discusión paritaria para consensuar los pisos salariales y condiciones mínimas para la población docente y las escuelas?
¿Alcanzaría la investidura “democrática” de un gobierno para arrasar con condiciones y derechos conquistados, respaldándose en una “legalidad” exenta de toda legitimidad?
“A comienzos de año las escuelas de islas sufrieron una amenaza de cierre debido a que las autoridades bonaerenses aducían que las instituciones no contaban con matrícula suficiente (…) Pero ahora les llegó el turno a las escuelas de educación especial (EEE), que son las que se ocupan de la formación de niños, niñas y jóvenes con diferentes tipos de discapacidades (motoras, intelectuales y sensoriales). A comienzos de julio, pocos de días antes de iniciarse el receso invernal, en varias escuelas (de Campana, San Fernando, Tigre, Vicente López, Escobar, Laprida, Olavarría y Esteban Echeverría, entre otras) llegaron comunicaciones indicando que se pretende reducir el plantel docente, lo que en la jerga técnica se llama Planta Orgánica Funcional (POF), con la excusa de que hay un “excedente” de personal”.[2]
En estos días el Ministerio de Educación de la Ciudad intenta sancionar las tomas de los colegios secundarios, y la lista sigue: aumento de niños por aula, magros salarios docentes, baja arbitraria de contratos, reducción de programas sociales, achicamiento de equipos de orientación escolar, cierre discrecional de los institutos de formación docente…
Nos preguntamos, ¿qué responsabilidad tendrían los sindicatos en estos manotazos arrasadores? Nos preguntamos también ¿cómo es que estos hechos alcanzan visibilidad pública, si no es -entre otras manifestaciones- a través del peso de las denuncias gremiales? Nada sabemos acerca de la proliferación de formas múltiples de expresión que pueden nacer de los malestares sociales y educativos, pero sí sabemos que los gremios docentes ejercen una fuerza innegable en el escenario de las negociaciones que hacen a las condiciones necesarias para el ejercicio de la tarea pedagógica.
Habría una discusión para dar en torno a la potencia de movidas micropolíticas que de maneras no tan obvias suscitan otras formas de pensar la vida en las escuelas, pero sospechamos que no es por acá el espíritu de lo que se enuncia en la nota.
Avanzando en el texto editado por La Nación, es posible advertir que lo que está en cuestión no es poner en debate los efectos de las lógicas corporativas sino la necesidad de borrar todo signo de resistencia a una política de desguace y achicamiento de lo público. Porque lo público no es una proclama ideal a espaldas del desamparo creciente de amplios sectores que valoran su paso por la escuela pública.
Citamos:
“Cuando algún funcionario se ha propuesto encarar políticas educativas que rompan la espiral destructiva, se produce en el campo de la educación un fenómeno muy interesante. No solo la corporación gremial refuerza sus alianzas intersindicales y políticas para vetar la propuesta (…) sino que, además, las propias instituciones públicas también se instituyen como corporaciones que defienden su interés particular frente al supuesto autoritarismo de la democracia que les otorga a los poderes constitucionales, el Ejecutivo y el Legislativo, el derecho de dictar y discutir las políticas sin el acuerdo previo de las corporaciones”.
Sin velo alguno se exponen con claridad por lo menos tres cuestiones: el disvalor de la vida social como escenario de creación, el valor omnímodo del Poder, la confusión entre legalidad y legitimidad. No hay fundamento Soberano que pueda dispensar el derecho o no a la existencia gremial (que por otro lado está reconocido y legitimado por el propio Estado, más allá del gobierno de turno).
No hay fundamento Soberano que pueda frenar la creación de modos que escaparían a las maneras convencionales de hacer política. No hay fundamento Soberano (organismo internacional, agencias evaluadoras, academia, estado, gremio) que se erija en el portador de lo que es bueno o malo para la educación.
La escuela es muchas cosas, se hace y deshace todo el tiempo, instaura y frena, aloja y en ocasiones expulsa, repite y experimenta, amplía universos y los restringe. Se piensa y reformula. Tienta y se repliega. Desde lejos no se ve. Abigarrada en las protecciones tecnicistas y economicistas, la imaginación no piensa; separada de las tensiones y sensibilidades de los que habitan el cotidiano escolar, las transformaciones no germinan.
La legitimidad de una práctica, de una organización, de una experiencia, de un conjunto de valores no descansa en un fundamento exterior o superior sino en su capacidad de conquistar realidad. ¿La realidad a la que nos someten las políticas Cambiemos, es una conquista o un avasallamiento?
Silvia Duschatzky – Carlos Skliar- Patricia Redondo-Estanislao Antelo- Dora Niedwiecki
Investigadores de FLACSO Argentina
Julio 2018
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[1] Columna de Opinión de Guilermina Tiramonti publicada en diario La Nación el 6 de julio de 2018.
[2] Datos extraídos de la nota “La Educación Especial en la mira”. Página 12, Buenos Aires, 16 de julio de 2018.
