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Epílogo a ‘Vida de Perro. Balance político de un país intenso, del ’55 a Macri’, coeditado por Tinta Limón y Siglo XXI
La noche en que Macri venció a Scioli por un punto y monedas en la segunda vuelta de la elección presidencial, le escribí a Verbitsky para insistirle con el proyecto de este libro. Mi argumento fue muy sencillo: creía y apostaba a que el fin de ciclo del kirchnerismo en el gobierno abriría un período de balances que concernía, sobre todo, a los modos de pensar la política, y para alimentar ese balance habría que incluir tanto a quienes se sentían parte del proceso político oficialista de la última década como a quienes nunca nos sentimos cómodos con el modo en que el kirchnerismo entró en relación con los movimientos sociales –en un sentido amplio, incluyendo movimientos de derechos humanos y sindicales–, al limitar el alcance de sus reivindicaciones y subordinarlas a su conducción.
Vida de perro ha querido aprovechar la oportunidad para incluir, en los balances de la hora, capas de sentido que provienen de hechos de un pasado no tan lejano, fenómenos más o menos recientes que se enlazan entre sí formando los remolinos de nuestra época. Confirmo la impresión de que el temperamento de Verbitsky, del que muchos se quejan, se ajusta como pocos para esta tarea. En nuestras sucesivas conversaciones, pude observar cómo la consideración del largo plazo le hace vivir sus alineamientos de la hora (que son múltiples y van desde la escritura periodística hasta la presidencia del CELS) sin demasiada ansiedad. En más de una oportunidad conversamos sobre su cariño por Cristina Fernández de Kirchner y por lo que él llama “los pibes” de la Cámpora. Me pareció que esa cercanía afectiva suya explicaba bastante bien sus posiciones políticas más recientes. Lo que lo aproxima a ese liderazgo es su sentido del realismo: la apreciación según la cual no aparece otro fenómeno político capaz de enfrentarse con lo que la expresidenta denominó “el dispositivo de la derrota” del movimiento popular. El carácter político de Verbitsky no es nostálgico, y su adhesión al kirchnerismo –que lo lleva, según sus críticos más lúcidos, a parcializar discusiones importantes para la recomposición de las militancias– no constituye un límite inamovible a su imaginación política.
El acelerado cambio de clima que se vivió en el país desde 2015 en adelante puso a prueba una vez más su temperamento. Durante 2016, Verbitsky fue uno de quienes lideraron la defensa de Milagro Sala, cuando gran parte de los dirigentes del kirchnerismo se desentendían del asunto. Y en 2017, tras reiteradas presiones del gobierno de Macri, vio interrumpida su continuidad en Página/12, diario recientemente adquirido por Víctor Santa María, secretario general del Suterh y presidente del PJ de la ciudad de Buenos Aires. Verbitsky había publicado una serie de notas en las que daba información confidencial sobre el blanqueo de capitales promovido por el gobierno y aprovechado por la familia del propio presidente. Macri manifestó entonces su deseo de incluir a Verbitsky en una comitiva de personalidades argentinas a la que le gustaría enviar en un cohete a la Luna. Dicho y hecho. Cuando lo visité por última vez, hablamos de su nuevo medio, El Cohete a la Luna. Estaba feliz. Me explicó que no tenía más remedio que dar un paso al costado en el diario, porque la presión del gobierno era mucha y se corría el riesgo de cerrar la empresa. Y que sentía que lanzar un medio nuevo, esta vez diseñado por él mismo, le daría la oportunidad para volver a sincronizar con el proceso político de manera más libre. Al principio, me pareció que ese optimismo obedecía ante todo a un rasgo de su personalidad y a una necesidad, que comparto plenamente, de desmarcarse del tono lamentoso de la progresía que se deprime con los resultados de las últimas elecciones parlamentarias. Pero luego advertí que había algo más. Nuevamente, ese sentido del largo plazo –una memoria, un sentido de la historicidad, una cierta confianza en lo que ha visto a lo largo de su vida– que le hacía depositar sus energías en los fenómenos del oleaje, por momentos bien embravecido, de la movilización popular como vía principal de ruptura de los cercos políticos más reaccionarios. Sea la irrupción de masas de 1945 o el Cordobazo, sean las Madres de Plaza de Mayo o el movimiento de mujeres, sean los piqueteros de 2001 o las nuevas formas de acción callejera aún sin síntesis nítida, reaniman la presencia democrática de lo plebeyo en la historia del país. El Cohete a la Luna es el resultado de ese carácter y de esa memoria.
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El 24 de marzo de 2017, las organizaciones convocantes a la marcha en repudio del golpe de Estado de 1976 leyeron un documento en el que se recordaba a las organizaciones revolucionarias de los años setenta. De inmediato, el aparato de comunicaciones convencional interpretó esa evocación como una reivindicación lineal de las prácticas guerrilleras. El repudio del gobierno y de los medios apuntaba a cuestionar la consigna coreada por decenas y decenas de miles: “Macri, basura, vos sos la dictadura”. Esta consigna no es una caracterización política. Si lo fuera, sería sencillamente incorrecta. Macri no está en el gobierno por las botas sino por los votos, y esa diferencia, obvia, es fundamental. Cantar “es la dictadura” sólo puede tener el sentido de reconocer, tras las evidentes diferencias entre ambos gobiernos, una similar vocación por imponer un orden definitivo en el que las clases populares se hagan presentes sólo para obedecer.
Esta diferencia entre caracterización política y comprensión de las continuidades históricas es decisiva. El proyecto del macrismo consiste en reformar gradualmente la sociedad emergente de la crisis de 2001, responde a una determinada perspectiva sobre las condiciones en las que la Argentina se inserta en el mercado mundial –como productora de alimentos y energía–, y acentúa los rasgos más conservadores de una extendida pulsión policlasista por el consumo. Vida de perro ha intentado bosquejar al mismo tiempo ambos aspectos de la trayectoria de la derecha argentina, sus profundas continuidades y sus aspectos innovadores, sin rehuir a la necesidad de pensar críticamente la experiencia del kirchnerismo, esto último objeto destacado de conversación. ¿Qué aspectos de las políticas del kirchnerismo resultaron funcionales a la consolidación de un deseo de orden? Quizá sea necesario profundizar aún más la elaboración crítica de la larga década kirchnerista para lograr una valoración a fondo del macrismo que permita enfrentarlo con eficacia.
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La intuición más general de Vida de perro es volver evidente el interés de la derecha argentina por desmembrar los espacios de lucha y resistencia. Mientras estábamos en plena escritura, se produjo la reacción popular contra el fallo de la Corte Suprema por el 2 × 1 a favor del represor Muiña, una respuesta que activó este principio de historicidad. Medio millón de personas en la calle obligaron a los tres poderes del Estado a retractarse. La temporalidad de la calle interrumpió y le puso claros límites al tiempo del Estado, que es el de la impunidad de modo habitual. Siempre es posible reprochar lo que se juzga como límites de una acción de lucha. En este caso, se ha objetado que si bien se trata de una movilización formidable, su focalización en los derechos humanos de los setenta la vuelve insuficiente en relación con los problemas actuales; que mientras se logra frenar el 2 × 1, el país adquiere deuda externa de un modo impúdico cuya carga soportarán generaciones enteras. Todos argumentos sensatos. Pero, sin embargo, la marcha del 2 × 1 se conecta con la marcha del 3 de junio (Ni Una Menos) y luego con el pedido de justicia por Santiago Maldonado y con el repudio a la reforma del sistema previsional. Lo vimos con claridad cuando un grupo de mujeres activistas se manifestaron frente al Banco Central con la consigna “desendeudadas nos queremos”. Estas acciones crean, mediante traducciones sucesivas, un plano de comprensión de la relación clave entre deuda y violencia, finanzas y represión, que determinan concretamente un régimen neoliberal-patriarcal.
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El problema de la violencia está ligado orgánicamente al de la historicidad. La muerte de Santiago Maldonado en un contexto de violenta represión estatal (por causas aún no aclaradas) y el asesinato de Rafael Nahuel por las fuerzas represivas no pueden comprenderse por fuera del conflicto con las comunidades mapuches que reclaman su derecho ancestral sobre tierras del sur del país ocupadas por grandes empresas como Benetton o los grupos Roca, Bemberg, Lewis y otros. En todos estos casos, la apropiación de tierras es irregular e implica conflictos con poblaciones desplazadas. Estas disputas no son nuevas, pero se han intensificado durante los últimos años. David Viñas, autor de un libro clave publicado a fines de los años setenta, Indios, ejército y fronteras, sostenía que la conquista de la Patagonia, la guerra con el indio y la expropiación de sus tierras no sólo conforman las bases fundacionales del Estado argentino, sino también la mentalidad de las clases dominantes del país (incluyendo lo que él denomina los “intelectuales colonizados”). Las líneas básicas de esa historia no han dejado de activarse en el presente. Es imposible captar las tensiones de la Argentina moderna sin prestar atención a la presencia estructural de esta violencia militarizada. Desde el bombardeo a la Plaza de Mayo y el derrocamiento del gobierno de Perón –16 de junio de 1955– hasta la última dictadura militar –1976/1983–, se constituyó lo que Eduardo Luis Duhalde denominó el Estado Terrorista, cuyo principio es el empleo de la violencia no sólo para desarticular las organizaciones armadas revolucionarias sino para remodelar, con manos de cirujano, la estructura social del país. La democracia posterior a 1983 no logró desactivar esta relación entre economía y terror.
Un panorama igualmente grave puede observarse en la provincia de Jujuy, dominada por el ingenio azucarero Ledesma, que controla todo el sistema político de la provincia. A fines de 2015, junto con el arribo de Macri al Ejecutivo se instala en Jujuy el temible gobernador Gerardo Morales (radical, participante de Cambiemos, accede al gobierno de la provincia gracias a su alianza con el Frente Renovador liderado por el bonaerense Sergio Massa), quien se ocupó de encarcelar ilegalmente a Milagro Sala, la dirigente de la Organización Barrial Túpac Amaru, y de desarmar las cooperativas y los planes de barrios de viviendas populares. La situación es escandalosa y si no es aún peor se debe sólo a que la lucha por su libertad logró la intervención de organismos internacionales preocupados por la vigencia de los derechos humanos en el país. La maquinaria política que gobierna la provincia ha decidido operar en el poder judicial a fin de desarmar lo que considera un “Estado paralelo” y aniquilar la idea de que una mujer pobre e india pueda desafiar el poder del ingenio y de los partidos que lo sostienen (el radicalismo y el peronismo). Milagro Sala, Santiago Maldonado o Rafael Nahuel son nombres que remiten a una conflictividad social y política cuyas claves pasan por el control violento de la propiedad privada de territorios y por someter a la obediencia a sus poblaciones.
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A partir del balance que propone, Vida de perro convoca a recobrar el valor de la investigación como instrumento hacia el interior del conflicto social y político en curso. La Revolución Cubana introdujo una nueva concepción de la subjetividad revolucionaria en América Latina; la agencia de noticias Prensa Latina fue una experiencia inaugural de independencia y disputa sobre el terreno de la producción y de la información, hasta ese momento monopolizada por agencias trasnacionales bajo el control de las políticas norteamericanas. Trabajadores de prensa, periodistas e intelectuales asumieron por entonces la tarea de incorporarse a la actividad política antiimperialista como parte de la evolución de la lucha social en sus respectivos países. Los nombres de Jorge Masetti y Rodolfo Walsh ligan de modo explícito la experiencia de contrainformación con la actividad política revolucionaria en la Argentina. Un hilo rojo se prolonga en la experiencia de la prensa clandestina durante la última dictadura, se trate de la tentativa del Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP) en Orán, de la militancia de Walsh en las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), de la CGTA o de Montoneros –siempre ligada a la tarea de comunicación política y análisis de la información–.
Se trata de una historia larga en la que la investigación política se organizó colectivamente en torno de una hipótesis revolucionaria. Es decir, la idea de que la articulación entre lucha de clases y lucha antimperialista podía dar lugar a una forma política poscapitalista. Esa hipótesis fue derrotada en un período de poco más de diez años que se inicia con las derrotas de las organizaciones revolucionarias en América del Sur (1976-1978) y culmina con el desplome definitivo de lo que se daba en llamar el mundo socialista (1989-1991). En el nuevo contexto, operado bajo el terror y el aniquilamiento de buena parte de las organizaciones populares, aquel hilo rojo de la investigación política lo retoman los organismos de derechos humanos a lo largo de una prolongada lucha por memoria, verdad y justicia.
En las nuevas circunstancias (la lucha contra la dictadura y por afirmar libertades democráticas), la labor investigativa no se desplegó en el interior de un proyecto revolucionario sino en un contexto democrático, y sus resultados se plasmaron, sobre todo, en los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado. Para entender la riqueza de este período, hay que mirar la acción de los movimientos sociales que supieron actuar como un contrapoder contra los fundamentos de una democracia de la derrota asentada sobre el poder de la represión y de las grandes corporaciones. Las Madres de Plaza de Mayo, los movimientos piqueteros, los movimientos de mujeres se hicieron cargo de lanzar una ofensiva popular –una ofensiva en el nivel de lo que Rita Segato llama la “sensibilidad”– contra los verticalismos políticos, religiosos, culturales y económicos vinculados a la implementación del neoliberalismo. Este proceso de reformulación de la democracia no ha culminado. Por un lado, porque los juicios de lesa humanidad se encuentran en plena realización y de manera limitada, puesto que sigue bloqueado el proceso de definición penal de la responsabilidad de los actores eclesiásticos y empresariales del terrorismo de Estado. Y por otro, porque aún hoy aquella coalición sagrada entre la propiedad privada concentrada y el terror determina la muerte violenta o la vida humillada a manos de la perpetuación del clasismo, el patriarcado y el racismo de Estado.
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Lo que está en cuestión es la noción misma de democracia y el papel de la verdad, concerniente tanto al periodismo y la investigación como a la lucha política en general. El fenómeno de la posverdad, habitualmente asociado a la influencia de las redes sociales, según el cual cada uno consume la realidad de acuerdo con sus convicciones, ya no plantea el problema de la lucha entre la verdad y la mentira sino el de la imposibilidad de crear nuevas verdades colectivas. Este dispositivo trabaja sobre la despotenciación política de la democracia si la entendemos como capacidad de crear nuevas ideas y formas de vida. En nombre de un relativismo autocomplaciente, se bloquean los criterios que permitirían desplazar prejuicios y adoptar nuevos puntos de vista. El carácter político de la investigación es tal vez el tema de fondo de Vida de perro. Su relación con la democracia pasa por ampliar el campo de lo sensible y de lo comprensible al compás de las mutaciones colectivas que con espíritu plebeyo tienden a desbordar los marcos de contención que el presente les impone.
El problema de cómo articular un proyecto transformador en medio de un contexto de democracia parlamentaria y sobre la base de contrapoderes efectivos sigue planteándose sin encontrar respuestas satisfactorias.
¿Es posible abrir un nuevo horizonte, capaz de superar la impotencia democrática, sin recaer en el imaginario nostálgico del proyecto revolucionario de los años setenta? El año 2001 fue la fecha en que esta pregunta pareció formularse del modo más límpido. Luego, el kirchnerismo resolvió esta cuestión desde otra perspectiva, e imaginó una democracia ya no basada sobre el suelo de la derrota, sino aplicando una política de doble movimiento mediante una inserción de tipo neoextractiva en el mercado mundial, articulada con un proceso de inclusión social de las clases populares con eje en el papel de la industria y el Estado. El límite de ese proyecto de democracia con inclusión social no lo marcaron los movimientos sociales sino los electores de Macri. ¿Cómo afrontar el desafío de este nuevo tiempo?
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El gobierno del contador Gerardo Morales trasladó en forma violenta a la dirigente social Milagro Sala al penal de Alto Comedero. Su esposo, Raúl Noro, denunció que se la llevaron esposada, descalza y en piyama, una más de la larga serie de humillaciones y menoscabos con las que el gobierno de la Alianza Cambiemos procura la destrucción física y moral de la líder que construyó la organización social más importante y original del país. Consultado para esta nota el coordinador de la Túpac Amaru y del Frente Milagro Sala por el Trabajo y la Dignidad, Coco Garfagnini, consideró que se trata de una provocación a una semana de las elecciones y exhortó a no entrar en ese juego con respuestas espontáneas a la indignación que esto suscita. A las 12.30 en la sede del CELS, Piedras 547, se realizará una conferencia de prensa en la que la defensora de Milagro, Elizabeth Gómez Alcorta, informará sobre lo ocurrido y los pasos a seguir.
Con las primeras luces de la mañana un operativo policial con despliegue de grupos especiales se presentó en el domicilio del barrio La Ciénaga donde Milagro Sala cumplía su prisión preventiva, sin notificación previa ni conocimiento de sus abogados defensores. La orden de Morales fue ejecutada por el juez provincial Pablo Pullen Llermanos. En su punto IV dispuso no comunicar lo resuelto a los defensores de Milagro Sala para asegurar el cumplimiento de la orden, lo que equivale a confesar por escrito una violación al derecho de defensa
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había concedido la medida cautelar solicitada por Amnistía, el CELS y ANDHES y ordenado que Milagro quedara en libertad o bajo prisión domiciliaria. Luego de una minuciosa investigación que incluyó entrevistas con Morales y una visita a Milagro en su lugar de detención, la CIDH concluyó que había grave riesgo para su vida e integridad, de permanecer en el penal. A regañadientes Morales aceptó el traslado a esa vivienda, pero con condiciones restrictivas como el estacionamiento de un destacamento de Gendarmería en la puerta, cámaras de seguridad activas las 24 horas, un régimen de visitas estricto en horarios y limitado en número. Esto contraría la ley de ejecución penal, que prohíbe en forma taxativa que las personas en prisión domiciliaria sean controladas por fuerzas de seguridad. Ni uno del centenar y medio de detenidos en prisión domiciliaria por crímenes de lesa humanidad son controlados por fuerzas de seguridad. Pullen Llermanos también incluyó la obligación de asomarse tres veces por día al balcón y saludar a los gendarmes. Sala resignificó esa condición humillante, con el saludo: «Buen día, gendarmes. ¿Dónde está Santiago Maldonado?» Esto enfureció a Morales, quien ordenó devolverla al penal. La orden fue protocolizada por la Cámara de Apelaciones y Control de Jujuy, en una resolución que confunde a la Comisión con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no distingue entre una petición y una medida cautelar, cita en forma errónea jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y desconoce la primacía del bloque de constitucionalidad que integran las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos sobre las decisiones de los tribunales provinciales. La decisión fue apelada por la defensa de Milagro Sala ante la Cámara Nacional de Casación Penal, lo cual tiene efecto suspensivo. La Cámara de Apelaciones y Control aceptó el recurso y lo elevó a la Cámara de Casación, por lo que la nueva orden de traslado firmada por Pullen Llermanos no tiene fundamento jurídico, ya que perdió jurisdicción en la causa, que ahora está radicada en la Cámara Nacional de Casación Penal. A las 8 de hoy Pullen Llermanos llegó al penal para notificar a Milagro de la resolución que firmó revocando la prisión domiciliaria, mientras la dirigente social aguardaba la llegada de los médicos para la revisación previa al trámite formal de ingreso. Los fundamentos que la policía dejó en la casa de la cual fue extraída en forma violenta Milagro, dicen que Pullen Llermanos revocó su propia decisión de trasladarla a esa casa porque Milagro se negó a realizarse estudios en el Hospital Soria de Jujuy. Sin asomo de ironía el juez dice que así vela por su vida, que según la CIDH está en riesgo en la cárcel a la que fue devuelta. El CELS notificó la novedad a la Comisión Interamericana y al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria, que también ordenó su libertad. La solución de fondo la tiene la Corte Suprema de Justicia, que desde abril demora un pronunciamiento sobre la prisión preventiva en dos causas: una por sus fueros como parlamentaria del Parlasur, otra porque no existe riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación. La Corte es el único tribunal del país que no tiene plazos para resolver en una causa con personas detenidas. Cuando la CIDH dictó la medida cautelar, un juez de la Corte Suprema me dijo que tenían una resolución preparada disponiendo la libertad de Milagro, pero que ante el pronunciamiento interamericano no la firmarían. Esta cobardía del tribunal supremo permite los atropellos a la legalidad del señorío jujeño de Morales y sus jueces.
Fuente: Página 12.
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