Anarquía Coronada

Tag archive

Marco Teruggi

Venezuela: quiebre en la oposición y pulseada en la Asamblea // Marco Teruggi

Con los votos del chavismo y parte de la oposición, Luis Parra, del partido Primero Justicia, asumió al frente de la Asamblea Nacional. Sin embargo, Juan Guaidó denunció que no lo dejaron ingresar al edificio, desconoció el nombramiento y fue reelecto en una sesión paralela. La reacción de Estados Unidos y la convocatoria a las próximas elecciones legislativas.
 

 

La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela tiene una nueva junta directiva. Juan Guaidó, quien había asumido el año pasado en esta misma fecha, ya no es el presidente del Poder Legislativo. En su lugar fue nombrado este domingo, día de la sesión para elegir la junta, otro diputado de la oposición para el período 2020-2021: Luis Parra, del partido Primero Justicia.

La elección de Parra sucedió en una sesión marcada por las dudas y las especulaciones. Ya se sabía, desde la mañana, acerca de la existencia de dos propuestas de junta directiva: una encabezada por Guaidó y otra por un sector de la oposición que había manifestado su desacuerdo con la coalición de Guaidó en los últimos meses, en una disputa marcada por acusaciones mutuas de corrupción.

Ese escenario político tenía la incertidumbre acerca de quién lograría la mayoría de votos necesarios: si el bloque de Guaidó o el de la oposición encabezada por Parra que, se sabía, contaría con el apoyo de los votos del bloque de parlamentarios del chavismo.

Sin Guaidó en la Asamblea Legislativa
La jor
nada se vio además marcada por la denuncia que realizó Guaidó desde las calles cercanas al Palacio, donde afirmó que el operativo de seguridad le impedía entrar a la sesión para presidirla y ganar con la mayoría que aseguró tener. Junto a él se encontraban otros diputados, algunos de los cuales están inhabilitados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Esa versión fue desmentida tanto por los parlamentarios del chavismo, así como, por ejemplo, por Luis Parra y el diputado opositor José Britto, quienes aseguraron que Guaidó no ingresó a la sesión en vista de que sabía que no lograría los votos suficientes. Guaidó habría optado por mostrarse impedido de ingresar al recinto y así no perder la presidencia por los votos.

Ante la ausencia de Guaidó para dirigir la sesión, asumió la dirección el diputado más antiguo de la AN, Héctor Agüero, para presentar la propuesta de la lista encabezada por Parra, que obtuvo los votos necesarios.

“Treinta diputados de las regiones que nos cansamos del secuestro, que queremos abrirle un camino a la despolarización del país, dejamos claro cuál era nuestro planteamiento, presentamos nuestra alternativa, se dio una votación por aproximadamente 150 diputados que están registrados en cámara”, afirmó Parra luego de su elección al frente de la AN.

 

Un punto de quiebre
La elección de la nueva junta directiva marca un punto de quiebre en el conflicto: el reconocimiento internacional de Guaidó como presidente encargado de Venezuela estuvo construido desde la hora cero a partir de su presidencia del legislativo. Al quedar desplazado de ese cargo queda abierta la pregunta acerca del reconocimiento internacional sobre su presidencia interina.

Esa pregunta tuvo una respuesta temprana por parte del gobierno norteamericano que, a través de Mickael Kozak, subsecretario adjunto de la oficina de asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado, quien calificó la sesión como de “farsa” y aseguró que “Juan Guaidó sigue siendo el presidente interino de Venezuela”.

Guaidó, por su parte, instaló en horas de la tarde del domingo lo que denominó una sesión de la Asamblea Nacional fuera del Palacio Federal Legislativo, para elegir la nueva junta directiva y ratificar su presidencia para el periodo 2020-2021. Este escenario podría abrir las puertas a la existencia de una AN, presidida por Parra, y una AN paralela presidida por Guaidó.

No sería la primera vez que la oposición busca crear una institución paralela, como el caso del denominado TSJ “en el exilio”, creado en el 2017 y, desde entonces, fuera del país.

 

¿Qué harán Guaidó y Trump?
¿Qué intentará hacer luego Guaidó? Responder esa pregunta significa indagar acerca de qué buscará hacer el gobierno norteamericano en el expediente Venezuela. Hasta el momento sus cálculos han resultado errados: el caso del TSJ “en el exilio” nunca logró impactar, Guaidó nunca construyó un esbozo de gobierno paralelo y su capacidad de movilización tuvo su último fracaso en el mes de noviembre.

Esa pregunta por Estados Unidos (EEUU) lleva a analizar el escenario norteamericano, donde Trump, enfrentado a un juicio político, cuenta con el apoyo de su partido que lo defenderá en el Senado y en las urnas del 2020, pero ese respaldo se ha traducido en la mayor apertura interna a los sectores neoconservadores.

El escenario de escalada e inestabilidad en Irán, con su impacto en el aumento de precios del petróleo, puede traducirse en una necesidad de acelerar el desenlace en Venezuela. Lo sucedido el domingo, calificado mediáticamente como un golpe de Estado en el Parlamento, puede ser una oportunidad para justificar un nuevo escalón en el ataque contra el gobierno venezolano y el proceso político que encabeza.

El tiempo político ha vuelto a acelerarse en Venezuela luego de varios meses de relativa estabilidad política, un mejor cuadro económico de superficie que ya ha comenzado a resquebrajarse con un nuevo aumento acelerado del dólar y un ataque a dos cuarteles militares en diciembre que logró ser controlado.

Los próximos pasos a esperar serán la sesión de la AN paralela presidida por Guaidó, las medidas públicas y operaciones encubiertas que tomará EEUU, y la convocatoria a las próximas elecciones legislativas que, en vista de los acontecimientos, no serán reconocidas por el gobierno norteamericano. 

 

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/240124-venezuela-quiebre-en-la-oposicion-y-pulseada-en-la-asamblea

El Maizal y la pregunta por las comunas // Marco Teruggi

La Comuna El Maizal se convirtió en centro de gravedad del debate comunero. Las razones son tres: la realidad productiva y política que ahí existe, la vocación de crecimiento, y la respuesta del poder constituido ante esa situación. Están concentradas variables de manera nítida, con tal evidencia que se produjo un movimiento de solidaridad de organizaciones, individuos y comunas en torno al conflicto que emergió a finales del año pasado.

Qué es lo que se defiende en lo concreto del caso: el reconocimiento de la victoria de Ángel Prado, vocero de la comuna, como alcalde ganador del municipio. Ángel, constituyente electo, no fue autorizado por el Consejo Nacional Electoral ni la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) a presentarse como candidato para las elecciones del pasado diez de diciembre. Las razones en lo legal para impedirle presentarse fueron poco sólidas, en cuanto a lo legítimo nunca tuvieron con qué sostenerse. En términos sintetizados, le impidieron presentarse, consiguió hacerlo, y le quitaron los votos que le daban la victoria.

La traducción en términos políticos es que el poder constituido le cerró violentamente las puertas al poder constituyente, un poder con la legitimidad de la construcción comunal y el liderazgo genuino.

Sería necesario darle contenido al concepto de “poder constituido” en el cuadro del proceso revolucionario. ¿El Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) es ese poder? Si se lo ve en términos de dirección lo es, en particular porque esa misma dirección es quien está en los principales puestos de gobierno. Si se lo ve en términos de las bases del partido, que hacen vida política en los territorios, resulta difícil afirmar lo mismo. ¿La ANC es el poder constituyente? En su proceso de emergencia lo es, en su composición también, en las lógicas de su funcionamiento se aleja de ese sentido. Se pueden complejizar estas respuestas, el asunto es que las ideas de poder constituido y poder constituyente son flexibles y complejas en un proceso donde lo constituyente pasa a ser constituido y cuestionado por un nuevo constituyente.

En este caso el constituyente es El Maizal, que se propuso no solamente conformar una experiencia productiva y de gobierno comunal -algo de una gran dificultad de por sí- sino también disputar el poder político de la alcaldía. El razonamiento es sencillo: si, como en el caso de la mayoría de las comunas, el vínculo con la alcaldía es malo en el sentido del no reconocimiento al sujeto comunal, entonces por qué no acceder a esa institución y poner en marcha experiencias de cogobierno y cogestión. Significaría ampliar el campo de acción, de posibilidades, de crecimiento.

Esa conclusión, producto del desarrollo colectivo, no fue exclusiva de El Maizal. También sucedió en la Comuna Cagigal, estado Sucre, y en el Municipio Páez, estado Apure. En el primer caso se trata de una experiencia similar al Maizal, donde el vocero principal fue propuesto para la candidatura, en el segundo, un candidato proveniente de la construcción de la Ciudad Comunal Campesina Socialista Simón Bolívar, impulsada por la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora. En Cagigal ganó por fuera del Psuv, en Apure yendo como candidato del Psuv.

No resulta sorprendente que varios procesos lleguen a síntesis similares. Descartar la disputa del poder político estatal sería una mirada zapatista, algo que nunca estuvo planteado en el proceso chavista. Al contrario, Chávez siempre desarrolló la idea de un círculo virtuoso -¿imposible?- entre el Estado como impulsor de políticas contra el mismo Estado. La disputa por el Estado fue un punto nodal: el Estado no hace revoluciones, pero no se puede transitar un proceso revolucionario sin el Estado. Que varias comunas se propongan disputar espacios institucionales, al tiempo que construyen una nueva institucionalidad en su territorio, es una maduración que era esperable. Las respuestas desde el poder constituido también lo eran.

Digo “las respuestas” porque los casos de Cagigal y Apure ayudan a complejizar el cuadro y no llegar a la conclusión de que siempre el Psuv actúa de manera cerrada, o que ningún comunero tiene posibilidad de acceder a una alcaldía por fuera del Psuv. En el caso de El Maizal es innegable que la respuesta fue autoritaria, burocrática, desconociendo al sujeto de la revolución, al chavismo que resiste la avalancha de dificultades económicas, construye y vota a favor del proceso.

Estas diferentes resoluciones no pueden tampoco desdibujar el trazo generalizado respecto a la cuestión comunera: no está en agenda. No estar en agenda significa que casi no aparece en medios oficiales, y que las políticas de gobierno no suelen apuntar en esa dirección, llegando a veces, en algunos territorios, a ir directamente contra. ¿El Clap es la forma de comunalizar el poder en esta etapa de enfrentamiento de guerra? Puede ser un argumento para intentar tapar una orientación. No significa que los Clap no sean imprescindibles, que muchas comunas no trabajen con los Comités, los hagan parte de las dinámicas comunales: las políticas no son lineales, son el resultado entre orientaciones y capacidad de (re)significar en cada lugar. Pero en términos generales la situación es de un poder constituido que no reconoce al constituyente comunal, lo percibe como amenaza, no piensa en transferencias de recursos, competencias, en abrir espacios. No es algo nuevo.

Se puede contestar a esto con la afirmación de que quienes no han estado a la altura han sido las comunas, el movimiento comunero, que no logró construir instancias reales de autogobierno y autogestión. Sin dudas existen dificultades, debido a lo ambicioso de los objetivos, a la complejidad de poner en pie experiencias con esa potencia, los tiempos que toma conformar un sujeto histórico que se autogobierne, las culturas políticas del chavismo dependientes del Estado. No creo que la hipótesis de la igualdad de responsabilidades sea válida, por las evidentes desigualdades de poder, recursos económicos, herramientas.

En estos casos concretos, El Maizal, la Comuna Cagigal, y la experiencia de Apure, son reales, producen -3 millones de kilos de maíz en el 2017 en el caso de El Maizal- avanzan en la capacidad de ejercer poder, y lo hacen en esta época donde la situación general barre con fuerza. Son muchas más experiencias en todo el territorio nacional.

Hay algo más, y es la defensa del proyecto comunal, es decir la construcción colectiva que busca la transformación de raíz, que puede permitir el desarrollo de lógicas políticas, económicas, culturales, que vayan más allá del capital. Las comunas no son un capricho, son una de las llaves centrales para abrir pasos al camino del socialismo, que no es los mismo que políticas sociales combinadas con administración imposible del capital en tiempos de guerra. Debatir las comunas es debatir el proyecto estratégico, una de las principales posibilidades para la transición.

Por ese conjunto de razones El Maizal cobró centralidad, volvió a poner el tema comunal arriba de la mesa, aunque todavía no alcance masividad. Según han dicho irán en dirección a la conformación de dos Ciudades Comunales en el municipio, al tiempo que resistirán a los ataques que les han hecho, como la quema de parte de sus tierras. El Maizal muestra una voluntad que vive en el chavismo, que empuja a pesar de las adversidades, los fuegos cruzados, y que conducirá a que los votos vayan a favor de Nicolás Maduro el 22 de abril. Porque las únicas condiciones que puedan existir para avanzar en las comunas serán en el marco del chavismo, con sus límites y potencias. El asunto es poner en pie una correlación de fuerzas que permita empujar en las direcciones revolucionarias de la revolución. Significa que uno de los mayores actos de solidaridad que se pueda hacer con el universo comunal es construir comunas.

 

Fuente: 15 y último

¿Qué está pasando en Venezuela? // Marco Teruggi

https://www.youtube.com/watch?v=raTLrucxECU&feature=youtu.be

La corrupción: el uso privado de la cosa pública // Marco Teruggi


Con la Asamblea Nacional Constituyente está en debate el modelo de sociedad. Dentro de él, la economía ocupa un lugar medular: el pan de cada día es necesario para lo demás, salvo en momento de excepcionalidad política, que, se sabe, no son eternos. Ese pan puede ser garantizado por un privado, por el Estado, por una comunidad organizada, o por una alianza entre partes. Parece ser un consenso dentro del chavismo para este momento y los años próximos que vendrán.
Dentro de ese posible consenso existen debates. Uno de ellos tiene que ver con lo estatal. El punto de acuerdo es que su intervención es necesaria, y ciertas ramas de la economía deben estar bajo su control. Sería necesario determinar cuáles, según los objetivos para la etapa que atravesamos y en la perspectiva de transición al socialismo. Sin embargo, la discusión suele presentarse con dificultad para hacer balances de los dieciocho años de intentos, ensayos, planes ya ejecutados. ¿Qué se pudo y qué no? ¿Por qué?
El asunto parece pendiente. La derecha lo salda de la manera que necesita para construir su sentido común neoliberal: el Estado es ineficiente, el privado en cambio sí sabe gestionar. La argumentación para revertir esa matriz se centra sobre todo en desmontar el mito del gran empresariado eficiente y popular, demostrar las mafias y el parasitismo que ha mantenido con las divisas estatales. Pero en cuanto al Estado como tal: ¿qué sucede con la producción bajo su control, con las empresas que se expropiaron, compraron, fundaron, con los planes de desarrollo agrícolas, los objetivos trazados? Ahí parece estar la zona compleja, que, al abordarse poco, dificulta el debate sobre el modelo, posibles medidas centrales a tomar en este país bajo guerra, donde el Estado debe tener un papel vertebral.
***
Particularizar la discusión puede reducir su alcance, llevarlo a detalles que no son el punto que acá se busca. Hacerlo en abstracto puede quitarle fuerza a la argumentación. A modo de equilibrio imposible voy a poner una experiencia reciente: el debate con obreros del Central Azucarero Ezequiel Zamora, y con productores agrícolas en el Centro Técnico Productivo Socialista Florentino, ambos en Barinas, de propiedad estatal. La conclusión a la que se llega es que los proyectos estuvieron bien planteados según las capacidades del territorio, los mercados de compra y venta, y sin embargo no lograron desarrollarse. Funcionan en un porcentaje de producción inferior de lo que podrían según su capacidad instalada, que no es tampoco la que debía ser definitiva, ya que tenían, según el plan, que ampliarse.
¿Qué sucedió entonces? ¿Qué razones impidieron el desenvolvimiento de esas empresas? No se trata en estos casos, como sí sucedió en otros, de compras de empresas que estaban por ser quebradas por sus dueños, con maquinaria obsoleta y mercados cerrados. Las respuestas entonces son varias, pero se concentran en un punto: la corrupción, es decir el mal manejo de los fondos, la utilización de lo público para beneficio personal/familiar, como, por ejemplo, dinero que llegó y no fue invertido, ganado y maquinarias vendidas ilegalmente ‒el universo de la corrupción es mucho más amplio‒: evasión de impuestos, cuentas en paraísos fiscales, sobrefacturaciones y un etcétera en el cual los grandes empresarios son expertos.
Se trata de un tema de difícil abordaje, porque, en parte, es un arma con la cual la derecha ‒inmersa hasta el cuello en la corrupción‒ ataca a todos los procesos progresistas y revolucionarios. El problema es que las explicaciones que no proporcionamos son dadas por esos mismos otros. Quien, desde filas propias, aborda este asunto es, por ejemplo, Álvaro García Linera; en una entrevista reciente acuna conceptos como el de la “democratización de la micro-corrupción” y plantea la pregunta central: ¿qué hacer ante ese problema?
“Es un hecho que te corroe la moral, y la única fuerza que uno tiene cuando se viene de abajo es su fuerza moral (…) Si te vuelves tolerante pierdes tu fuerza moral (…) Si pierdes moralmente pierdes generacionalmente, la peor derrota de un revolucionario es la derrota moral, puedes perder en elecciones, perder militarmente, perder la vida, pero sigue en pie tu principio, tu credibilidad, cuando pierdes la moral ya no te levantas”. Explica, con el énfasis puesto en la dimensión moral, y la necesidad de identificar a los responsables, juzgar, golpearse a sí mismo.
Ese impacto moral es evidente. En particular por la impunidad que generalmente ha existido ante estas situaciones. Podrían pensarse varias hipótesis para explicar que se haya aplicado centralmente la lógica de sancionar con apartar del cargo ‒a veces para ir a un puesto de igual importancia‒ y no la de enjuiciar: la cultura política, la correlación de fuerzas, la falta de seguimiento que permitan conducir los casos a la justicia. Seguramente existan más explicaciones. La falta de castigo a los responsables afecta a obreros, productores agrícolas, habitantes de la zona, del país, a la batalla de ideas de la revolución, su construcción de sentido común.
Existe otra dimensión además de la moral: la económica. Pongamos un caso que aparece sistemáticamente en cada comuna, territorio agrícola: Agropatria, la empresa estatal que debe suministrar insumos para la producción. Todas las descripciones señalan que la empresa no suele tener los insumos necesarios, y esos mismos insumos son revendidos por redes de bachaqueros. Las investigaciones conducen a la complicidad entre personas de la empresa y revendedores. La ganancia para los corruptos y las mafias es grande, el peso para los productores también: sus costos de producción se elevan, sus ganancias disminuyen, los precios ‒con beneficios extraordinarios para los intermediarios‒ aumentan, la capacidad adquisitiva se ve golpeada, la guerra se agudiza para los sectores populares.
Debatir las causas de la situación de la economía estatal es clave para abordar el modelo y las medidas necesarias, inmediatas y estratégicas. La hipótesis es que el problema no es el modelo ‒como señala la derecha‒ sino que no se logró desarrollar como previsto en la estrategia. Eso se debe, en parte, por la corrupción que ha frenado, a veces quebrado, iniciativas claves. Lo señaló Nicolás Maduro en su discurso ante la Asamblea Nacional Constituyente: “Lo nuevo no termina de nacer, y a veces se echa a morir por culpa de la burocracia y la corrupción. Y lo viejo no termina de morir, y a veces se viene con un puñal a matar lo nuevo”. La corrupción en la esfera estatal no es obra del chavismo sino parte endémica de la formación económica, política y estatal petrolera, un lubricante constitutivo del capitalismo. No es un problema nuevo, ni se resuelve con una estocada mágica.
***
Han existido varios arrestos en las últimas semanas: en el Ministerio Público, en Pdvsa, en el Hospital de Valencia, y Maduro ha pedido retomar la investigación de Cadivi. Si se le suma también el caso, por ejemplo, de Pequiven, a principios de año, el resultado es que el problema afecta áreas claves del Estado para el desarrollo económico, y que existen responsabilidades en altas esferas. Las capacidades para enfrentar los ataques de guerra serían de otra magnitud con una estatalidad con capacidad productiva consolidada, una justicia en las zonas donde la corrupción se ha instalado y coincide con los planes de quienes conducen la estrategia contra Venezuela. Una coincidencia que puede explicarse por la acción de los factores de guerra para generar corrupción en áreas y territorios geográficos estratégicos.
Esto último ubica la corrupción dentro del problema mayor actual: el plan de recuperación del poder económico por parte del bloque golpista, dirigido desde Estados Unidos. Las desviaciones de fondos/complicidades de frontera/falta de seguimiento/saboteo, tienen por objetivo ‒para quienes dirigen la guerra‒ engranarse en la paralización de la economía para asfixiar a la población. Pero cumplen también otro objetivo, el de descomponer el tejido social, romper las solidaridades populares. Se ha visto en los últimos tiempos cómo la corrupción ha ido en ascenso en el espacio público cotidiano, en lo pequeño, una “democratización de la microcorrupción” ‒analizada por García Linera‒ pero ya no solamente en el Estado sino también en la sociedad.
Es central ejercer la justicia, aplicar el peso del Estado sobre el mismo Estado, sobre los grandes privados, empezar de arriba, desde dentro, para llegar aguas abajo ‒lo popular no es sinónimo automático de inocencia‒. Es necesario hacerlo para aplicar las medidas tomadas, impulsar la fuerza económica propia que puede desarrollar el Estado ‒que se da de manera exitosa en algunas experiencias‒, acompañar el desarrollo social/comunal, establecer acuerdos con el sector privado que se cumplan y no terminen siendo una fuente de enriquecimiento ilegal.
Necesitamos debatir el Estado, su potencia y sus fallas, balancear lo hecho, corregirlo en nuestra estrategia, ponerles nombre a los responsables de los robos y enjuiciarlos, y no volver a crear las mismas estructuras que no se sostienen por sus lógicas de funcionamiento, faltas de seguimiento y castigo. De lo contrario se puede correr el riesgo de repetir errores, no lograr construir soluciones necesarias en este cuadro de guerra, y mantener una cultura de impunidad que, se sabe, genera más impunidad.

Fuente: http://www.15yultimo.com/

Ir a Arriba