Organismos de derechos humanos, el movimiento campesino, autoridades comunitarias, el movimiento estudiantil, las comunidades indígenas y diferentes sectores de la sociedad civil denuncian una situación de crisis generalizada en Guatemala. Es debido a la decisión del presidente Jimmy Morales, quien el pasado lunes en conferencia de prensa anunció la derogación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Dicho organismo cuenta con respaldo de las Naciones Unidas y fue creado junto con otras instituciones democráticas en el marco del proceso de pacificación. Desde la última década tiene a su cargo la investigación de los casos más relevantes de corrupción y se ha encargado, entre otros temas, de ponerle freno a los negocios entre la clase política y las empresas que buscan imponer el modelo extractivista que atenta contra las comunidades.
La socióloga Maya k’iche’, Gladys Tzul, describe el contexto del país y la situación actual de Guatemala
Según el gobierno, la CICIG se excedió en sus funciones y por eso resolvió de manera unilateral la expulsión del organismo y la partida de sus miembros. El presidente Morales también se enfrentó a la Corte de Constitucionalidad al desconocer su rol y por lo tanto su fallo en favor de la permanencia de la CICIG.
Tzul, explica cuáles son los argumentos del gobierno y por qué el presidente Morales busca la derogación del organismo internacional.
Gladys Tzul, sostutvo que “se rompe el estado de derecho y se establece un golpe de estado porque el Ejecutivo quiere funcionar de manera unilateral, desconoce la Corte de Constitucionalidad, los Ministerios” y otras instituciones que deberían funcionar de manera autónoma y están subsumidas al Ejecutivo. Tzul, además afirmó que “este proceso de crisis es una manifestación más aguda de la confrontación que ha existido desde que Morales tiene el poder”. En este sentido, diferentes organizaciones realizaron un llamamiento internacional y mediante una carta al Secretario General de las Naciones Unidas manifestaron su rechazo a las decisiones del gobierno y solicitaron que prevalezca el respaldo a la Corte Constitucional, al CICIG y al orden democrático del pueblo guatemalteco.
De este modo el pueblo de Guatemala articula diferentes estrategias de lucha y se mantiene en estado de alerta y movilización, además de llevarse adelante diferentes recursos legales para impedir la resolución presidencial de terminar con la CICIG y la Corte Constitucional.
La socióloga se refirió a la ola migratoria actual hacia los Estados Unidos y sostiene que “esto es un espejo para ver la crisis que hay. La gente está migrando porque está siendo desalojada de sus comunidades”. Además, advirtió que “hoy en día el Estado se ha reconvertido en una maquinaria de fuerza penal. Las cortes están también funcionando para ir despojando a las tierras”.
Como activista del movimiento de mujeres, Gladys Tzul, señaló que actualmente existe un clima de violencia exacerbada contra las mujeres y, en este sentido, destacó que desde el feminismo reconocen al Estado como el principal responsable de la violencia contra las mujeres.
“Cuando quieren imponer mega proyectos, llega el ejército, ocupan militarmente las tierras, llegan guardias privados de seguridad y contra quienes primero se van es contra las mujeres. Al final de cuentas, son las mujeres las que sostienen el mundo de la vida cotidiana, el mundo de la reproducción. Son las mujeres las que defienden la tierra y el agua. Una manera de romper las comunidades es atacar a sus mujeres”, reflexionó Gladys y advirtió que en estos últimos meses, diciembre y los pocos días de enero, se registraron varios femicidios y coinciden con aquellos territorios en los que hay una gran resistencia a los mega proyectos extractivistas.
A pesar de un vivir un contexto de crisis tan aguda las comunidades de Guatemala logran resistir a la violencia que ejerce el Estado. Gladys Tzul sostiene que los proyectos extractivos atentan contra las economías comunales porque allí reside la fuerza sostenida que les permite cultivar la tierra, alimentarse y no vivir plenamente ligados al mercado. Se trata de una “riqueza sostenida” que permite llevar adelante una lucha de largo aliento.
