¿Por qué es importante?
La Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) expresa su honda preocupación por los anuncios periodísticos que dan cuenta de un posible veto a la Ley 79413/14 de «INCORPORACIÓN DE LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN COMUNITARIA AL SISTEMA EDUCATIVO FORMAL» y, sobre todo, con los motivos que se han conocido en las últimas horas para realizar dicho veto, y quiere fijar su postura en el debate abierto a causa de la sanción de dicha normativa.
La discusión ha puesto en cuestión dos situaciones diferentes e igualmente relevantes: La existencia y sentido de numerosas experiencias socioeducativas que miles de organizaciones comunitarias llevan adelante a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional, por una parte, y por la otra, el desempeño de miles de educadores comunitarios, y, sobre todo, educadoras comunitarias que trabajan en los jardines maternales comunitarios, que existen, en muchos casos, desde hace más de 25 años.
Respecto de lo primero, desconocer el inmenso trabajo que estas organizaciones realizan es querer tapar el sol con las manos. Quien conozca realmente los barrios más pobres del país puede dar testimonio de lo importante que es la presencia y cercanía de estas organizaciones para lograr, por ejemplo, que nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes vuelvan a la escuela, permanezcan en ella y finalicen sus estudios. La lucha por rescatar a muchos jóvenes de la violencia y los circuitos de trata o de adicciones, se da en un “cuerpo a cuerpo” cotidiano donde tutores y educadores comunitarios ponen su cuerpo para defender a estos jóvenes.
Desde hace años, estas organizaciones, muchas de ellas agrupadas en redes y asociaciones, exigen su reconocimiento, logrando pasos importantes, como por ejemplo cuando en la Ley de Educación Nacional se reconoce que
“el Sistema Educativo lo integran los servicios de gestión estatal y privada y de gestión cooperativa y social. Pueden prestarlos la Iglesia y las sociedades, cooperativas, organizaciones sociales, sindicatos, asociaciones, fundaciones, empresas y las personas físicas, todos en el mismo derecho, rango y nivel, hasta para emitir títulos con validez nacional.”
Pero no es suficiente. El Sistema Educativo tiene la obligación de generar espacios institucionales y Políticas Educativas que permitan profundizar y consolidar estas experiencias, y no dejarlas desamparadas, cuando la sociedad parece clamar por mejor educación.
El Sistema Educativo debe garantizar el ejercicio del Derecho a la Educación de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, garantía que se ejerce principalmente a partir de su inclusión en los distintos niveles y modalidades de dicho Sistema. La existencia de estas experiencias socioeducativas hace posible que a este derecho se pueda acceder en mejores condiciones. En muchos casos, sin ellas, estos niños, niñas, adolescentes y jóvenes estarían hoy fuera del Sistema y, por tanto, el Estado y la Sociedad en su conjunto estarían en deuda con ellos y ellas.
Esta Ley cuestionada es, para todas estas organizaciones, una señal de esperanza que no debe ser avasallada por la presión interesada y mezquina de sectores que ni conocen ni les interesa la realidad que se vive en las zonas más pobres del país y que buscan hacer de este debate una nueva oportunidad para sacar réditos electorales de una sociedad mal informada tendenciosamente.
Por otra parte, bajo la artera y oscura acusación de que se pretende que militantes políticos sin calificación dicten clases a alumnos del Sistema Educativo, se busca que la sociedad impugne esta Ley y las autoridades tengan que vetarla.
La militancia política no puede ser enarbolada como estigma ni como característica negativa que descalifica y anula las acciones que se hacen por el bien social y la reivindicación del ejercicio de los derechos humanos. Los políticos comprometidos no pueden avergonzarse de serlo, cualquiera sea la bandera partidaria que los encolumne.
Rechazamos que se descalifique con esos argumentos a miles de maestras y maestros comunitarios que en su gran mayoría han surgido de los mismos barrios para dar respuestas a las necesidades educativas de los niños y niñas de esas comunidades.
Lo que la Ley propone es que estos educadores – y sobre todo educadoras- que desde hace años articulan sus esfuerzos con programas y políticas públicas nacionales y provinciales, como el FINES, el Programa UDI (Unidades de Desarrollo Infantil), los Centros de Alfabetización de Adultos, los Programas Alternativos a la institucionalización, como las Casas del Niño, los Centros de Día, los Jardines Comunitarios (que ya cuentan con convenios con la DGCyE), los Centros de Apoyo Escolar, Bachilleratos Populares… y que ya tienen distinto tipo de reconocimiento por parte del Sistema, puedan acreditar sus conocimientos y saberes y continuar así con su esforzado y valioso servicio educativo en condiciones más justas desde lo laboral y desde lo social.
Quienes propusieron y aprobaron esta ley, están muy lejos de desvalorizar el estudio formal de aquellos que se reciben y recibieron como maestros y profesores en los Institutos de Formación Docente, profesorados o en las Universidades. Por el contrario, son los mismos que defienden que haya una mejor formación para los maestros y han impulsado que la misma tenga más duración, más calidad y más recursos para hacerla posible.
En muchas de las experiencias cuestionadas se desarrollan espacios de formación y capacitación, a cargo de docentes y académicos especializados y reconocidos para que el servicio que se brinda en ellas sea de la mayor calidad, desarrollándose en ellas experiencias innovadoras que en no pocos casos han sido tomadas como referencias al interior mismo del Sistema Educativo, para mejorar las prácticas de la educación formal.
Deploramos que, en medio de este duro debate, además se pretenda enfrentar a los compañeros docentes con los educadores comunitarios bajo la supuesta amenaza de que esta Ley disminuiría las ofertas laborales o la no valoración de los esfuerzos por una formación sistemática inicial y continua. Hoy, en la provincia de Buenos Aires faltan maestros. Muchos niños y niñas de nuestras escuelas primarias tienen como educadores a jóvenes que están cursando en los ISFD en segundo y hasta en primer año y todavía no cuentan con título docente. Las organizaciones que llevan adelante proyectos de educación comunitaria, así como los educadores y educadoras que en ellas se desempeñan, son los primeros en valorar y defender el compromiso de los docentes porque conocen todo lo que ponen de sí para hacer posible que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes accedan al Derecho a la Educación que les corresponde haciendo que esto sea posible a lo largo y ancho del todo el país.
Por todo lo expuesto, la CADE rechaza cualquier veto a la cuestionada Ley y llama a nuestras autoridades a que profundicen su aplicación, respetando su espíritu y la valiente intención de los representantes del pueblo que la votaron en ambas cámaras.
Promulgar esta Ley no solo será hacer justicia con estas organizaciones, educadores y niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sino también cumplir con lo que manda la Ley de Educación Nacional y la Convención Internacional por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, suscrita por nuestro país y que este año cumple sus 25 años de aprobación.
Buenos Aires, 18 de setiembre de 2014
Organizaciones Nacionales y Provincia de Buenos Aires
CAMPAÑA ARGENTINA POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN
FUNDACIÓN SES
ASOCIACIÒN CIVIL “ETIS”
COMITÈ ARGENTINO DE SEGUIMIENTO A LOS DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTES (CASACIDN)
OBSERVATORIO DE GÉNERO Y POBREZA (UNSAM)
MOVIMIENTO “EVITA” (Área de Educación)
C.A.I.P.I. Centro de Apoyo Integral Para la Infancia (Villa Jardín –Lanús)
Solidaridad de organizaciones de otras provincias del País.
FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE FORMOSA
RED CORRENTINA POR EL DERECHO A LA EDUCACIÒN
FUNDACIÓN COMUNIDAD (Corrientes)
CAMPAÑA CORRENTINA POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN
CENTRO INTEGRAL DE APOYO EDUCATIVO (CIAE- Corrientes)
FUNDACIÒN DAR.LO.CAB (Jujuy)
RED SANTAFESINA POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN
CENTRO ECUMÉNICO PORIAJHÚ (Santa Fe)
CENTRO SOLIDARIO MANOS ABIERTAS (Santa Fe)
Asociación Civil Abriendo Horizontes y Caminos (Ciudad de Córdoba)
102.5 FM Radio Nuevos Horizontes.(Córdoba)