¿Por qué afirmar que los derechos humanos en la Argentina son unapolítica? La dictadura efectuó una reforma quirúrgica del cuerpo social que abarcó dos mundos simultáneos: uno de exterminio (lucha contra el “enemigo subversivo”) y otro de reconversión neoliberal (consagración de la propiedad privada concentrada). Solo la política de derechos humanos fue/es capaz de plantarse como antagonista en ambos planos del terrorismo de Estado (en dictadura y en democracia). Su fuerza es ética y consiste en combinar dos ejes: uno temporal –luchas del pasado y del presente– y otro espacial –un campo de traducción común para las diferentes luchas del presente–. Sus logros se miden por su capacidad de inspirar un germen insurreccional popular: el 19D y el 20D de 2001, pero también el 8M.
¿Por qué esa política sobrevive al kirchnerismo? Luego del período de claudicación sistemático de la democracia (1983–2001), el kirchnerismo promovió avances institucionales, que hoy defendemos, mientras crecía una impotencia creciente a la hora de afrontar en los territorios una crueldad social regida por las formas de la valorización financiera. La ofensiva sensible, en la que los derechos humanos hicieron escuela, sobrevive para defender una memoria y para reinventarse retomando su autonomía, como lo muestran hoy el movimiento de mujeres y minorías sexuales en rebeldía.
¿Por qué el macrismo, que suele presentarse como una nueva derecha democrática, pretende impunidad para los viejos cuadros de la dictadura? Repasemos los hechos del último año: luego de la marcha del 24M de 2017, el gobierno trató de terroristas a los organismos por recordar a las organizaciones revolucionarias de los años setenta; el intento de excarcelar a genocidas a partir de la sanción del 2×1; el surgimiento de la voz de los hijos de genocidas (¡ex hijos!); los asesinatos en el Sur mapuche de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel; el anuncio de la nueva doctrina de seguridad que avala a priori el accionar de las fuerzas represivas (los asesinatos policiales posteriores responden a esta concepción); la propuesta desde el gobierno de la política de la prisión domiciliaria para los viejos cuadros de la represión. Hipótesis verosímiles hay varias –el gobierno debe pagar ante su electorado; la nueva doctrina de seguridad dispuesta a enfrentar el conflicto social creciente requiere de un homenaje a los represores de ayer– pero creo que la más relevante es la siguiente: la necesidad de quebrar la historicidad –la fuerza y el porvenir– de esta política fundada en la sensibilización del campo social.
Diego Sztulwark para Emergentes
