A lo largo de las últimas semanas, el escritor y periodista Marcelo Birmajer publicó tres columnas en el diario Clarín (tituladas “El parque y la memoria”, el 5/2, “Un cartel para adulterar la historia”, el 24/2, y “Con derecho a cuestionar también a los artistas”, el 7/3) en las que ataca con saña al Parque de la Memoria, uno de los más relevantes monumentos construidos en homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado en Argentina.
Lo hace fundamentalmente a partir de una tendenciosa lectura de “Carteles de la Memoria”, la intervención allí emplazada del Grupo de Arte Callejero (GAC). Sin mencionar nunca ni la obra ni su autoría, interpreta pasajes de un par de los carteles que son parte de esta instalación, como si se tratara de definiciones de la política institucional del Parque de la Memoria.1
Semejante ataque no es para nada banal ni inocuo, en medio de las actuales y sinuosas redefiniciones de las políticas de la memoria respecto de la represión dictatorial impulsadas desde el Estado argentino. Más aún en la medida en que se propaga desde un medio de comunicación constructor por excelencia de opinión pública (de “sentido común”, cabría decir), y dado que coincide con otras peligrosas declaraciones de autoridades de la cultura y de reconocidos intelectuales. Me refiero -en particular- a los dichos del Ministro de Cultura de la Ciudad, Darío Lopérfido, cuestionando el número de desaparecidos, y a la entrevista brindada a La Naciónpor el historiador Luis Alberto Romero en la que acusa a los juicios de lesa humanidad de estar “afectando el estado de derecho y los Derechos Humanos” y ser expresión de venganza2. Merece, en este contexto, detenernos a analizar las tergiversaciones que supone la lectura de Birmajer, previendo que su insistente diatriba no es un pataleo en el vacío, sino que pretende contribuir a desencadenar concretas secuelas políticas.
Semejante ataque no es para nada banal ni inocuo, en medio de las actuales y sinuosas redefiniciones de las políticas de la memoria respecto de la represión dictatorial impulsadas desde el Estado argentino. Más aún en la medida en que se propaga desde un medio de comunicación constructor por excelencia de opinión pública (de “sentido común”, cabría decir), y dado que coincide con otras peligrosas declaraciones de autoridades de la cultura y de reconocidos intelectuales. Me refiero -en particular- a los dichos del Ministro de Cultura de la Ciudad, Darío Lopérfido, cuestionando el número de desaparecidos, y a la entrevista brindada a La Naciónpor el historiador Luis Alberto Romero en la que acusa a los juicios de lesa humanidad de estar “afectando el estado de derecho y los Derechos Humanos” y ser expresión de venganza2. Merece, en este contexto, detenernos a analizar las tergiversaciones que supone la lectura de Birmajer, previendo que su insistente diatriba no es un pataleo en el vacío, sino que pretende contribuir a desencadenar concretas secuelas políticas.
Primera falacia: la obra del GAC devenida en discurso institucional
Aunque Birmajer se refiera en sus dos primeras notas apenas a dos carteles, la instalación del GAC está compuesta por cincuenta y tres carteles en un abigarrado recorrido, emplazado en uno de los senderos del Parque de la Memoria lindante con el Río de La Plata. “Carteles de la memoria” porta una larga historia que puede remontarse a 1997, cuando el GAC nacía y empezaba a colaborar activamente en los primeros escraches impulsados por HIJOS. La obra emplazada en el Parque cita, recupera y condensa un procedimiento que el grupo propuso desde entonces, y que está inscripto en la memoria colectiva de las luchas contra la impunidad impulsadas en los años noventa y primeros dos mil.
Desde 1998 el GAC produjo los característicos carteles que evocan y a la vez subvierten el código vial institucional, simulando ser señales de tránsito convencionales (por su forma, color, tipografía, tamaño y emplazamiento) que para un espectador no advertido podrían incluso pasar desapercibidos. En la preparación de cada escrache se colgaban en postes en medio de la trama urbana, en las inmediaciones del lugar a escrachar, así como se usaban como estandartes en las manifestaciones con las que concluía cada escrache. Los carteles realizados por el GAC colaban en cualquier punto de las ciudades o a lo largo de las rutas que recorren el país, señalamientos que alertaban y llamaban la atención en nuestros aletargados trayectos cotidianos sobre la convivencia con la impunidad que imperaba en aquellos años. Así, un peatón o automovilista podía toparse de repente con un cartel que lo alertaba sobre la proximidad de la vivienda o el lugar de trabajo de un ex represor, el lugar adonde funcionó un centro clandestino de detención y exterminio, una maternidad clandestina en la que nacieron cientos de bebés apropiados por el régimen, el lugar del que partían los llamados “vuelos de la muerte”, el sitio donde ocurrió un fusilamiento ilegal o una masacre, o una comisaría en la que se seguían aplicando torturas a los detenidos o casos de “gatillo fácil”.
Con extrema capacidad de síntesis y economía de recursos, la eficacia de estas señales radica en gran medida en su condición mimética: son dispositivos que se confunden con un código institucional para trastocarlo radicalmente, afectando no solo la señalética del tránsito sino el orden político que (a través de las leyes del perdón y los indultos) había instalado la impunidad y la desmemoria en nuestra sociedad. Trastocar es una de las tácticas del activismo artístico (junto con agitar, disputar espacios públicos vedados, insistir sobre lo negado), e implica afectar un orden, generar un cortocircuito que apueste a introducir un ejercicio crítico.3
Los carteles propuestos por el GAC (nunca firmados, siempre disponibles para que otros se los apropiaran e hicieran suyos) proporcionaron una visualidad característica a las prácticas sociales de protesta que emergieron en esos años y fueron empleados desde entonces no solo en numerosos escraches, marchas e intervenciones callejeras. También fueron reconocidos en el mundo del arte como una de las manifestaciones del emergente activismo artístico, y formaron parte de numerosas exposiciones y publicaciones dentro y fuera del país.
En 1999 el GAC decidió presentar la propuesta de “Carteles de la memoria” al concurso de esculturas en homenaje a los detenidos desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado en la Argentina. Entre 665 proyectos postulados por artistas de todo el mundo, fueron uno de los ocho ganadores, elegidos por un jurado integrado por nueve reconocidos artistas, curadores y expertos en arte público, junto a dos destacados representantes del movimiento de derechos humanos, Estela de Carlotto y Adolfo Pérez Esquivel.
Ya desde su primera formulación, aún como maqueta preliminar, la secuencia de carteles insistía en ubicar las trágicas secuelas del terrorismo de Estado en una historia más vasta y compleja, de alcances regionales (aludiendo al Plan Cóndor y a la injerencia de la CIA en las dictaduras militares sudamericanas del período), deteniéndose en las dimensiones de complicidad de civiles, de la cúpula de la iglesia católica y de medios masivos, en los inicios de la transformación neoliberal de la economía (en particular, el abrumador incremento de la deuda externa, del que hoy volvemos a saber), la complicidad de corporaciones y empresas (como Ford, Mercedes Benz, el Ingenio Ledesma), los delitos económicos (robos y apropiaciones del “botín de guerra” por parte de los represores), el desmantelamiento de la industria nacional, etc. Los carteles del GAC ubican los mecanismos de dispersión del terror concentracionario4 en una historia más larga que viene de antes del golpe de Estado de 1976 (al aludir a la Triple A y a los decretos de aniquilamiento del gobierno de Isabel Perón) y que prosiguió después (la práctica del gatillo fácil, el reciclamiento de las fuerzas represivas en empresas de seguridad privadas, etc.). Planteados a fines de la década menemista, denunciaban las privatizaciones de las empresas públicas y las condiciones penosas de vida de un gran sector de trabajadores (afectado por la desocupación masiva, la precarización laboral, la miseria y pauperización).
Cuando finalmente la obra fue emplazada en el Parque, recién en 2005 a causa de demoras administrativas, el GAC actualizó los textos presentados en 1999. Las políticas de Estado –indiscutiblemente- estaban cambiando, y no solo en materia de derechos humanos. Ya entonces la participación del GAC en el Parque de la Memoria desató algunos debates dentro del activismo e incluso más allá de él, básicamente en torno al riesgo de “institucionalizar” y neutralizar una práctica callejera tan potente como el escrache dentro de una iniciativa oficial.5 Sabiendo que ocupaban un lugar incómodo, sus integrantes defendieron la “finalidad educativa”6 de ocupar ese espacio memorial interpelando –con un lenguaje visual conciso- a las nuevas generaciones que visitan y visitarán el predio con una serie de señales que más que componer un relato cerrado (como Birmajer insiste en sostener), abre la cuestión del genocidio a nuevos materiales, indicios y preguntas, y nos interroga con agudeza sobre sus efectos en tiempo presente.
Aunque Birmajer se refiera en sus dos primeras notas apenas a dos carteles, la instalación del GAC está compuesta por cincuenta y tres carteles en un abigarrado recorrido, emplazado en uno de los senderos del Parque de la Memoria lindante con el Río de La Plata. “Carteles de la memoria” porta una larga historia que puede remontarse a 1997, cuando el GAC nacía y empezaba a colaborar activamente en los primeros escraches impulsados por HIJOS. La obra emplazada en el Parque cita, recupera y condensa un procedimiento que el grupo propuso desde entonces, y que está inscripto en la memoria colectiva de las luchas contra la impunidad impulsadas en los años noventa y primeros dos mil.
Desde 1998 el GAC produjo los característicos carteles que evocan y a la vez subvierten el código vial institucional, simulando ser señales de tránsito convencionales (por su forma, color, tipografía, tamaño y emplazamiento) que para un espectador no advertido podrían incluso pasar desapercibidos. En la preparación de cada escrache se colgaban en postes en medio de la trama urbana, en las inmediaciones del lugar a escrachar, así como se usaban como estandartes en las manifestaciones con las que concluía cada escrache. Los carteles realizados por el GAC colaban en cualquier punto de las ciudades o a lo largo de las rutas que recorren el país, señalamientos que alertaban y llamaban la atención en nuestros aletargados trayectos cotidianos sobre la convivencia con la impunidad que imperaba en aquellos años. Así, un peatón o automovilista podía toparse de repente con un cartel que lo alertaba sobre la proximidad de la vivienda o el lugar de trabajo de un ex represor, el lugar adonde funcionó un centro clandestino de detención y exterminio, una maternidad clandestina en la que nacieron cientos de bebés apropiados por el régimen, el lugar del que partían los llamados “vuelos de la muerte”, el sitio donde ocurrió un fusilamiento ilegal o una masacre, o una comisaría en la que se seguían aplicando torturas a los detenidos o casos de “gatillo fácil”.
Con extrema capacidad de síntesis y economía de recursos, la eficacia de estas señales radica en gran medida en su condición mimética: son dispositivos que se confunden con un código institucional para trastocarlo radicalmente, afectando no solo la señalética del tránsito sino el orden político que (a través de las leyes del perdón y los indultos) había instalado la impunidad y la desmemoria en nuestra sociedad. Trastocar es una de las tácticas del activismo artístico (junto con agitar, disputar espacios públicos vedados, insistir sobre lo negado), e implica afectar un orden, generar un cortocircuito que apueste a introducir un ejercicio crítico.3
Los carteles propuestos por el GAC (nunca firmados, siempre disponibles para que otros se los apropiaran e hicieran suyos) proporcionaron una visualidad característica a las prácticas sociales de protesta que emergieron en esos años y fueron empleados desde entonces no solo en numerosos escraches, marchas e intervenciones callejeras. También fueron reconocidos en el mundo del arte como una de las manifestaciones del emergente activismo artístico, y formaron parte de numerosas exposiciones y publicaciones dentro y fuera del país.
En 1999 el GAC decidió presentar la propuesta de “Carteles de la memoria” al concurso de esculturas en homenaje a los detenidos desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado en la Argentina. Entre 665 proyectos postulados por artistas de todo el mundo, fueron uno de los ocho ganadores, elegidos por un jurado integrado por nueve reconocidos artistas, curadores y expertos en arte público, junto a dos destacados representantes del movimiento de derechos humanos, Estela de Carlotto y Adolfo Pérez Esquivel.
Ya desde su primera formulación, aún como maqueta preliminar, la secuencia de carteles insistía en ubicar las trágicas secuelas del terrorismo de Estado en una historia más vasta y compleja, de alcances regionales (aludiendo al Plan Cóndor y a la injerencia de la CIA en las dictaduras militares sudamericanas del período), deteniéndose en las dimensiones de complicidad de civiles, de la cúpula de la iglesia católica y de medios masivos, en los inicios de la transformación neoliberal de la economía (en particular, el abrumador incremento de la deuda externa, del que hoy volvemos a saber), la complicidad de corporaciones y empresas (como Ford, Mercedes Benz, el Ingenio Ledesma), los delitos económicos (robos y apropiaciones del “botín de guerra” por parte de los represores), el desmantelamiento de la industria nacional, etc. Los carteles del GAC ubican los mecanismos de dispersión del terror concentracionario4 en una historia más larga que viene de antes del golpe de Estado de 1976 (al aludir a la Triple A y a los decretos de aniquilamiento del gobierno de Isabel Perón) y que prosiguió después (la práctica del gatillo fácil, el reciclamiento de las fuerzas represivas en empresas de seguridad privadas, etc.). Planteados a fines de la década menemista, denunciaban las privatizaciones de las empresas públicas y las condiciones penosas de vida de un gran sector de trabajadores (afectado por la desocupación masiva, la precarización laboral, la miseria y pauperización).
Cuando finalmente la obra fue emplazada en el Parque, recién en 2005 a causa de demoras administrativas, el GAC actualizó los textos presentados en 1999. Las políticas de Estado –indiscutiblemente- estaban cambiando, y no solo en materia de derechos humanos. Ya entonces la participación del GAC en el Parque de la Memoria desató algunos debates dentro del activismo e incluso más allá de él, básicamente en torno al riesgo de “institucionalizar” y neutralizar una práctica callejera tan potente como el escrache dentro de una iniciativa oficial.5 Sabiendo que ocupaban un lugar incómodo, sus integrantes defendieron la “finalidad educativa”6 de ocupar ese espacio memorial interpelando –con un lenguaje visual conciso- a las nuevas generaciones que visitan y visitarán el predio con una serie de señales que más que componer un relato cerrado (como Birmajer insiste en sostener), abre la cuestión del genocidio a nuevos materiales, indicios y preguntas, y nos interroga con agudeza sobre sus efectos en tiempo presente.
Segunda falacia: el Parque como apología de Montoneros
“Los kirchneristas usaron el Parque de la Memoria para la construcción de su relato con dinero del erario; peor aún, mancillando y negando la gesta del Juicio a las Juntas y el Nunca Más y haciendo apología de grupos criminales como Montoneros” (Marcelo Birmajer, “Con derecho a cuestionar también a los artistas”, Clarín, 7 de marzo de 2016).
Con este discurso desbocado, la operación de Birmajer se cimenta en la deshistorización de un relato (y no “el relato”) que -lejos de hacer apología de Montoneros o de reivindicar la lucha armada setentista- indaga en las condiciones históricas que hicieron posible que tantísimos miles de jóvenes optaran por esa vía no solo en el país sino en buena parte del mundo, en una época signada por un horizonte de expectativas de transformación revolucionaria inminente. Es muy cómodo pararse en los tópicos discursivos que se volvieron hegemónicos en la posdictadura para señalar con dedo acusador las definiciones políticas previas. Más riesgoso es indagar en los contextos epocales precisos: considerar que desde 1930 los golpes de Estado habían sido una constante en la vida política argentina, desde 1955 estaba proscripto el peronismo y desde 1966 lo estaba todo el arco opositor (eran perseguidos no solo los políticos, sino también sindicalistas, estudiantes, científicos, artistas y hasta las chicas con minifalda y los muchachos con barba y pelo largo). No puede obviarse en la radicalización de buena parte de la sociedad el impacto de sucesos como la guerra de Vietnam, la invasión norteamericana a Santo Domingo, el asesinato del Che Guevara en Bolivia, el de Martin Luther King en Estados Unidos, la masacre de Tlatelolco en México y tantas otras evidencias de la aplicación sistemática de la violencia represora que convencieron a muchos –inclusive a Jean Paul Sartre-7 de que la única salida legítima y efectiva era replicar con violencia insurgente. Esto no significa reivindicar a Montoneros ni al ERP, ni sus metodologías ni sus actos, sino aproximarnos a esa experiencia extrema de manera situada, reponiendo las discusiones políticas y teóricas que tuvieron lugar entonces, considerando la época con menos prejuicio y más ánimo de entender y dilucidar. Ello sin desactivar la crítica e incluso la autocrítica, en un ejercicio diametralmente diferente a la caza de brujas a la que parece incitar Birmajer.
Bien sabemos que las memorias respecto de la historia reciente son múltiples y en conflicto, que las construcciones o argumentos que dominan un período dado no son estáticas ni inmutables, y pueden ser desplazadas, discutidas o transformadas en un momento posterior. Si la última dictadura quiso negar la existencia de los desaparecidos, el movimiento de derechos humanos bregó -en condiciones muy adversas- para darles entidad y reclamar por su aparición con vida, primero apelando a su condición de víctimas y mucho más tarde reivindicando su militancia. Si los militares pretendieron abandonar el poder sellando un pacto de amnistía, el gobierno de Alfonsín encaró una dura pelea por enjuiciar a los comandantes que integraron la junta militar y abrió con la CONADEP la posibilidad de denunciar públicamente los crímenes cometidos, aunque luego terminó cediendo ante las presiones de las Fuerzas Armadas al promulgar la ley de Punto Final y la ley de Obediencia Debida. El gobierno de Menem deshizo lo avanzado otorgando los indultos, a pesar de la enorme movilización popular que repudiaba esa medida. En ese tiempo de rotunda impunidad es que surge HIJOS y se emprenden las luchas –inicialmente aisladas y fuertemente reprimidas- de las que el GAC es parte activa. Aún con sus diferentes modalidades y tácticas, los HIJOS se reclamaron continuidad de la larga lucha de Madres y Abuelas, en medio del páramo. Al calor de la revuelta popular de diciembre de 2001, muchas de estas políticas minoritarias adquirieron visibilidad y protagonismo. En los últimos años, varios de sus reclamos (como “juicio y castigo”) adquirieron un carácter de políticas de Estado. Evidentemente esas conquistas están en riesgo en la actualidad, a la vez que las persistencias de esa larga lucha prosiguen y seguramente vislumbrarán nuevas formas en los tiempos venideros. Hace pocas semanas, el hijo de un amigo –un muchachito de trece años que acaba de ingresar al Colegio Nacional Buenos Aires- fue detenido por un policía en la valla que interrumpe la Plaza de Mayo porque tenía puesta una remera con la cara del Che. No lo dejaron pasar aludiendo a una incierta “portación de ideología”. ¿Quizá este alucinante acto de intolerancia y prepotencia sea una inesperada señal de cómo una figura que ha devenido en rotundo mito mediático e incluso en emblema turístico pueda recargarse de alguna condición disruptiva?
“Los kirchneristas usaron el Parque de la Memoria para la construcción de su relato con dinero del erario; peor aún, mancillando y negando la gesta del Juicio a las Juntas y el Nunca Más y haciendo apología de grupos criminales como Montoneros” (Marcelo Birmajer, “Con derecho a cuestionar también a los artistas”, Clarín, 7 de marzo de 2016).
Con este discurso desbocado, la operación de Birmajer se cimenta en la deshistorización de un relato (y no “el relato”) que -lejos de hacer apología de Montoneros o de reivindicar la lucha armada setentista- indaga en las condiciones históricas que hicieron posible que tantísimos miles de jóvenes optaran por esa vía no solo en el país sino en buena parte del mundo, en una época signada por un horizonte de expectativas de transformación revolucionaria inminente. Es muy cómodo pararse en los tópicos discursivos que se volvieron hegemónicos en la posdictadura para señalar con dedo acusador las definiciones políticas previas. Más riesgoso es indagar en los contextos epocales precisos: considerar que desde 1930 los golpes de Estado habían sido una constante en la vida política argentina, desde 1955 estaba proscripto el peronismo y desde 1966 lo estaba todo el arco opositor (eran perseguidos no solo los políticos, sino también sindicalistas, estudiantes, científicos, artistas y hasta las chicas con minifalda y los muchachos con barba y pelo largo). No puede obviarse en la radicalización de buena parte de la sociedad el impacto de sucesos como la guerra de Vietnam, la invasión norteamericana a Santo Domingo, el asesinato del Che Guevara en Bolivia, el de Martin Luther King en Estados Unidos, la masacre de Tlatelolco en México y tantas otras evidencias de la aplicación sistemática de la violencia represora que convencieron a muchos –inclusive a Jean Paul Sartre-7 de que la única salida legítima y efectiva era replicar con violencia insurgente. Esto no significa reivindicar a Montoneros ni al ERP, ni sus metodologías ni sus actos, sino aproximarnos a esa experiencia extrema de manera situada, reponiendo las discusiones políticas y teóricas que tuvieron lugar entonces, considerando la época con menos prejuicio y más ánimo de entender y dilucidar. Ello sin desactivar la crítica e incluso la autocrítica, en un ejercicio diametralmente diferente a la caza de brujas a la que parece incitar Birmajer.
Bien sabemos que las memorias respecto de la historia reciente son múltiples y en conflicto, que las construcciones o argumentos que dominan un período dado no son estáticas ni inmutables, y pueden ser desplazadas, discutidas o transformadas en un momento posterior. Si la última dictadura quiso negar la existencia de los desaparecidos, el movimiento de derechos humanos bregó -en condiciones muy adversas- para darles entidad y reclamar por su aparición con vida, primero apelando a su condición de víctimas y mucho más tarde reivindicando su militancia. Si los militares pretendieron abandonar el poder sellando un pacto de amnistía, el gobierno de Alfonsín encaró una dura pelea por enjuiciar a los comandantes que integraron la junta militar y abrió con la CONADEP la posibilidad de denunciar públicamente los crímenes cometidos, aunque luego terminó cediendo ante las presiones de las Fuerzas Armadas al promulgar la ley de Punto Final y la ley de Obediencia Debida. El gobierno de Menem deshizo lo avanzado otorgando los indultos, a pesar de la enorme movilización popular que repudiaba esa medida. En ese tiempo de rotunda impunidad es que surge HIJOS y se emprenden las luchas –inicialmente aisladas y fuertemente reprimidas- de las que el GAC es parte activa. Aún con sus diferentes modalidades y tácticas, los HIJOS se reclamaron continuidad de la larga lucha de Madres y Abuelas, en medio del páramo. Al calor de la revuelta popular de diciembre de 2001, muchas de estas políticas minoritarias adquirieron visibilidad y protagonismo. En los últimos años, varios de sus reclamos (como “juicio y castigo”) adquirieron un carácter de políticas de Estado. Evidentemente esas conquistas están en riesgo en la actualidad, a la vez que las persistencias de esa larga lucha prosiguen y seguramente vislumbrarán nuevas formas en los tiempos venideros. Hace pocas semanas, el hijo de un amigo –un muchachito de trece años que acaba de ingresar al Colegio Nacional Buenos Aires- fue detenido por un policía en la valla que interrumpe la Plaza de Mayo porque tenía puesta una remera con la cara del Che. No lo dejaron pasar aludiendo a una incierta “portación de ideología”. ¿Quizá este alucinante acto de intolerancia y prepotencia sea una inesperada señal de cómo una figura que ha devenido en rotundo mito mediático e incluso en emblema turístico pueda recargarse de alguna condición disruptiva?
Cierre
En síntesis, cuando Birmajer elude considerar esta historia compleja y elige reducirla a dos referencias fuera de contexto que pretende orgánicas a lo que llama “el relato kirchnerista” está falseando los hechos y pasando por alto de una manera burda infinidad de mediaciones:
1) Toma la obra del GAC como manifestación directa del discurso institucional del Parque de la Memoria, evitando mencionar su condición de obra específica y su autoría, así como el dato nada menor de haber sido seleccionada en un concurso público internacional.
2) Cuando la refiere como parte del “relato kirchnerista”, pasa por alto que la obra fue gestada en 1999 –cuando el kirchnerismo no existía-, y ni sus autores ni la institución pública que cobija esta intervención -y que por cierto depende del Gobierno de la Ciudad- se pueden asimilar al kirchnerismo sin cometer un arbitrario forzamiento8.
3) En lugar de sumergirse en la obra y en la compleja historia que despliega, descontextualiza dos fragmentos para disparar contra el Parque de la Memoria (y por elevación contra el movimiento de derechos humanos que tiene una trayectoria que empezó muchísimo antes del kirchnerismo y prosigue más allá de él).
4) Contra las acusaciones que desliza Birmajer en su última nota, vale señalar que los integrantes del GAC trabajaban entonces y siguen trabajando como docentes en escuelas y universidades públicas, y no eran ni “empleados” del Parque de la Memoria ni “artistas contratados por el Estado”.
Marcelo Birmajer tiene derecho a pensar lo que quiera. Lo que carece de toda ética intelectual es usar su lugar privilegiado en los medios masivos para erigirse en policía de la memoria y sembrar franca confusión y odio, mucho más cuando empieza a haber señales claras de violencia política (sin ir más lejos, este fin de semana hemos sabido consternados de balazos a militantes políticos y de manifestantes sindicales heridos).
En síntesis, cuando Birmajer elude considerar esta historia compleja y elige reducirla a dos referencias fuera de contexto que pretende orgánicas a lo que llama “el relato kirchnerista” está falseando los hechos y pasando por alto de una manera burda infinidad de mediaciones:
1) Toma la obra del GAC como manifestación directa del discurso institucional del Parque de la Memoria, evitando mencionar su condición de obra específica y su autoría, así como el dato nada menor de haber sido seleccionada en un concurso público internacional.
2) Cuando la refiere como parte del “relato kirchnerista”, pasa por alto que la obra fue gestada en 1999 –cuando el kirchnerismo no existía-, y ni sus autores ni la institución pública que cobija esta intervención -y que por cierto depende del Gobierno de la Ciudad- se pueden asimilar al kirchnerismo sin cometer un arbitrario forzamiento8.
3) En lugar de sumergirse en la obra y en la compleja historia que despliega, descontextualiza dos fragmentos para disparar contra el Parque de la Memoria (y por elevación contra el movimiento de derechos humanos que tiene una trayectoria que empezó muchísimo antes del kirchnerismo y prosigue más allá de él).
4) Contra las acusaciones que desliza Birmajer en su última nota, vale señalar que los integrantes del GAC trabajaban entonces y siguen trabajando como docentes en escuelas y universidades públicas, y no eran ni “empleados” del Parque de la Memoria ni “artistas contratados por el Estado”.
Marcelo Birmajer tiene derecho a pensar lo que quiera. Lo que carece de toda ética intelectual es usar su lugar privilegiado en los medios masivos para erigirse en policía de la memoria y sembrar franca confusión y odio, mucho más cuando empieza a haber señales claras de violencia política (sin ir más lejos, este fin de semana hemos sabido consternados de balazos a militantes políticos y de manifestantes sindicales heridos).
1 Como lo señala agudamente Laura Malosetti Costa, en “Polémica con Birmajer”, Clarín, 6 de marzo de 2016.
2 Jorge Fernández Diaz, Entrevista a Luis Alberto Romero en La Nación, 22 de febrero de 2016.
3 Cfr. Alerta que salpica, https://mega.nz/#F!t8sgCZRK!DhCXde5hnhnL_cKk2Koe4w), p. 62.
4 Pilar Calveiro, Poder y desaparición, Buenos Aires, Colihue, 1997.
5 A ello apuntaba la crítica de Adrián Gorelik en “Preguntas sobre la eficacia” (revista Punto de Vista nº 82, Buenos Aires, agosto de 2005).
6 Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado. Parque de la Memoria., Buenos Aires,
7 Véase su prólogo al libro de Frantz Fanon, Los condenados de la tierra.
8 El GAC ha explicitado posiciones críticas hacia el kirchnerismo en varias ocasiones, por ejemplo en relación a la museificación del Casino de Oficiales en la ex ESMA, en 2014.
2 Jorge Fernández Diaz, Entrevista a Luis Alberto Romero en La Nación, 22 de febrero de 2016.
3 Cfr. Alerta que salpica, https://mega.nz/#F!t8sgCZRK!DhCXde5hnhnL_cKk2Koe4w), p. 62.
4 Pilar Calveiro, Poder y desaparición, Buenos Aires, Colihue, 1997.
5 A ello apuntaba la crítica de Adrián Gorelik en “Preguntas sobre la eficacia” (revista Punto de Vista nº 82, Buenos Aires, agosto de 2005).
6 Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado. Parque de la Memoria., Buenos Aires,
7 Véase su prólogo al libro de Frantz Fanon, Los condenados de la tierra.
8 El GAC ha explicitado posiciones críticas hacia el kirchnerismo en varias ocasiones, por ejemplo en relación a la museificación del Casino de Oficiales en la ex ESMA, en 2014.