En el contexto de la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro no falta ninguno de los condimentos propios del crimen de lesa humanidad que se investiga. El sábado en la noche, Cristina Castro, mamá de Facundo, y uno de sus abogados, fueron anoticiados de la presunta existencia de restos humanos incinerados en un baldío de la localidad de Mayor Buratovich, el sitio donde fuera visto por última vez Facundo cuando era detenido y subido a un patrullero.
Madre y abogado se trasladaron hasta el sitio. Al llegar, vieron que la policía bonaerense había desplegado muy rápidamente un fenomenal operativo, violando la concreta orden de su apartamiento en todo lo vinculado a la investigación del caso. En el medio, el oficial a cargo, subcomisario Reguillón, aprovechó la provocación generada para amenazar al abogado. “Vos quédate tranquilo, que cuando todo esto pase yo sé bien lo que tengo que hacer”, le dijo sin eufemismos. Varios vecinos presenciaron la intimidación.
Finalmente, la bonaerense se fue del lugar y se pudo constatar que los restos hallados no se correspondían con osamenta humana, circunstancias ambas que tornan como mínimo dudosas las intenciones “legalistas” esgrimidas por los uniformados. Desde la presunta pista falsa, a la soberbia actitud de demostrar control sobre una investigación en la que no pueden tomar cartas, la imagen de la impunidad sobrevuela este crimen que abunda en connotaciones institucionales.
La sombra de los casos de Luciano Arruga, Jorge Julio López, o el más reciente de Santiago Maldonado, entre otros, reaparece con mucha fuerza. Cada vez que, con previa intervención o responsabilidad directa de las fuerzas represivas, alguien desaparece, las conductas de los involucrados se repiten.
Estamos ciertos que las fuerzas represivas no podrían desandar el camino de la soberbia a la impunidad sin la necesaria participación de otros responsables estatales. Por caso, el Ministro de Seguridad de la provincia, el inefable teniente coronel Berni, que con un discurso subestimador del dolor y la desesperación de la madre se atribuyó la facultad personal -y no el deber legal que le cabe- de apartar de la causa a la fuerza bajo su mando, que se halla directamente señalada como autora del delito.
A esa soberbia e impunidad contribuye también la lenta y casi esquiva labor judicial, que parece abocada a distraer la necesidad de las medidas concretas pedidas por la mamá de Facundo. Y que, además, dilata en la práctica la sustitución de la bonaerense, como también lo exige la querella y quedó claro en este duro episodio.
Tanto el despliegue mediático de Berni como el torpe y poco expeditivo trámite judicial, tienden menos a la verdad que a la legitimación tácita del proceder policial.
La desaparición forzada es un crimen gravísimo. Integra junto a la tortura seguida de muerte, el combo preferencial de tiempos dictatoriales. Sin embargo no es patrimonio exclusivo de las formas más o menos violentas que asume el estado, ni exclusiva de circunstancias históricas determinadas. La apropiación del cuerpo de la víctima es una “vocación” institucional y por tanto sistémica, que suele contar con respaldo, a veces por comisión y otras varias por omisión.
APARICIÓN CON VIDA DE FACUNDO
EL ESTADO ES RESPONSABLE
