Documento de contexto y posicionamiento internacional
Los hechos vinculados al caso Lava Jato revelaron el nivel de corrupción en el Perú, involucrando a todos los ex presidentes, ex candidatos residenciales, los tres poderes del Estado y grupos empresariales, desatando una profunda crisis, que puso en tensión la gobernabilidad neoliberal impuesta tras el auto golpe de Fujimori en 1992, legitimada por la Constitución de 1993 y continuada por los gobiernos de la fallida transición
democrática del 2001.
Las denuncias de corrupción contra el ex presidente Pedro Pablo Kucinzky llevaron a su renuncia en enero del 2018, a poco más de un año de haber asumido el gobierno, juramentando como presidente, el entonces vicepresidente Martín Vizcarra con el mandato de PPK en julio del 2021. No obstante, esta medida estuvo lejos de solucionar la crisis, pues de por sí era un presidente sin partido ni bancada, obligado a gobernar con una abrumadora mayoría parlamentaria fujimorista. Se fue configurando así un
escenario de entrampamiento entre un poder ejecutivo débil encabezado por Vizcarra y el aprofujimorismo atrincherado en el Congreso, golpeado por las investigaciones de Lavajato pero decidido a dar batalla. El bloqueo de algunas medidas de reforma política orientadas a combatir la corrupción en los partidos, así como la necesidad del fujimorismo por controlar el congreso para desde ahí defender a sus líderes como Keiko
Fujimori investigados por corrupción, fueron empantanando más el escenario. Todo ello ante el creciente malestar ciudadano y el rechazo generalizado a la clase política.
Frente a lo insostenible de la crisis política y el entrampamiento de poderes, el 28 de julio, Martín Vizcarra planteó la propuesta de adelantar las elecciones generales para abril del 2020. Dos meses después, la propuesta fue archivada por la mayoría parlamentaria apro fujimorista en una ofensiva que incluyó la decisión de nombrar un nuevo Tribunal Constitucional (TC), compuesto por magistrados subordinados a sus intereses que pudieran garantizar su impunidad. Ante la decisión de la mayoría fujimorista de capturar el TC, el lunes 30 de setiembre el ejecutivo apeló a la Cuestión de Confianza; fórmula constitucional que lo faculta a disolver el Parlamento si se le niega dos veces consecutivas la confianza por lo que el primer ministro Salvador del Solar presentó la cuestión de Confianza solicitando al Congreso detener la fraudulenta elección de magistrados. La mayoría parlamentaria no sólo desconoció la Confianza solicitada, sino que avanzó en nombrar los miembros del TC en un claro desacato.
Denegada la Confianza y apelando al artículo 134 de la Constitución que regula la disolución constitucional del Congreso, el mismo lunes 30 de setiembre Martín Vizcarra anunció la disolución constitucional del Parlamento, convocando elecciones congresales complementarias para enero del 2020. En reacción a la decisión de Vizcarra, la mayoría Fujimorista y sus aliados, con el respaldo del mayor gremio empresarial (CONFIEP) se auto convocaron y -pese a no tener los votos reglamentarios
y estar ya formalmente disueltos- suspendieron a Martín Vizcarra como presidente. En su reemplazo, nombraron como presidenta encargada a la Mercedes Araoz, ex ministra de economía de Alan García, amiga de PPK y mujer orgánica de la CONFIEP, como presidenta encargada. Asimismo, convocaron a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que intervenga prontamente a mediar en la crisis. Sin duda, se trata de un acto de usurpación, que desconoce la Constitución y la voluntad de las mayorías hartas de su manejo político corrupto.
Si bien a la fecha, el orden constitucional, la ciudadanía y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas están con el presidente Martín Vizcarra, es claro que la usurpación del fujimorismo y sus aliados enturbia el panorama y agrava la crisis. Estamos ante una acción desesperada de la coalición reaccionaria político empresarial encabezada por el fujimorismo y sus aliados como Meche Araoz y el APRA. Saben que está en juego la
continuidad del modelo económico y que su “república empresarial” puede colapsar acabando con su impunidad y privilegios. Vale aclarar que el gobierno de Martín Vizcarra, también optó por mantener la política neoliberal, confrontando directamente con los sectores populares, lo cual le impidió encabezar un amplio bloque social democrático, alineándose generalmente con los poderes económicos.
Desde el inicio de la crisis, el Nuevo Perú liderado por su presidenta Verónika Mendoza, alertamos sobre la magnitud de la crisis pues lo que estaba en juego era el destino histórico del país y no sólo un cambio de gobierno. Junto a fuerzas políticas de izquierda, progresistas y organizaciones sociales y populares nos movilizamos exigiendo nuevas elecciones con nuevas reglas y avanzar hacia una Nueva Constitución pues la constitución impuesta el 93 por el Fujimorismo está caduca. Hoy, la disolución del Congreso corrupto y la convocatoria a nuevas elecciones abre un curso democrático a la crisis, pero sólo con movilización y organización podremos derrotar definitivamente a la coalición reaccionaria. Para ello urge fortalecer espacios de articulación social que se plantee la necesidad de un nuevo pacto constituyente, avanzando en una unidad amplia, pues la lucha es una sola y los enemigos de los derechos de los trabajadores son los mismos que se oponen al enfoque de género y legalizan la sobre explotación de los jóvenes, los mismos que quieren privatizar bienes públicos como el agua; los mismos que criminalizan la lucha social y se granjean beneficios tributarios.
Desde el Movimiento Nuevo Perú, llamamos a la comunidad internacional a estar vigilantes respecto a lo que pasa en nuestro país y respaldar la movilización mayoritaria de la ciudanía por una salida democrática a la crisis, contra la prepotencia y usurpación del fujimorismo y sus aliados de turno. Es importante que las distintas fuerzas políticas de Latinoamérica y el mundo no reconozcan el gobierno de Mercedes Araoz y acompañen los esfuerzos por avanzar en la salida democrática con nuevas elecciones,
en el marco del irrestricto respeto a los derechos humanos. Seguiremos firmes y movilizados por la construcción de un Perú nuevo en un mundo nuevo tal y como nos lo demandara el Amauta José Carlos Mariategui.
Movimiento Nuevo Perú
Comisión de Relaciones Internacionales
Lima, 01 de octubre 2019
