No perder de vista lo esencial: la profundización del modelo neoliberal en Chile. No se trata de la privatización de las empresas estatales, no se trata del shock económico monetarista, no se trata de reprimir al movimiento sindical o de imponer trabas al desarrollo de la cultura. No se trata, por supuesto, de volver a imponer dictaduras militares. El asunto es llevar el modelo a todas sus consecuencias posibles, a todos los ámbitos de la vida pública, estatal, privada. Y se trata de hacerlo en democracia, en “paz”, con la complicidad pasiva o activa de los partidos políticos, con ritos electorales cada dos años, con permanentes operaciones de relaciones públicas que presentan como avances “sociales”, “democráticos”, lo que no es sino la esencia de todo: el modelo llevado a su extremo, el neoliberalismo como forma de vida. Y en Chile, por supuesto, que ha servido ya por más de cuarenta y cinco años como plataforma ejemplar, como escenario de todos los experimentos, de todos los ensayos, para mostrar al mundo que la extrema avidez capitalista puede perfectamente ser administrada en forma “pacífica” desde gobiernos social demócratas o, como suelen decir los canallas, de “centro izquierda”. Por supuesto, no van a privatizar el Metro. Ni siquiera van a “inyectar” capitales privados. De lo que se trata es de atiborrarlo de pasajeros, obtener ganancias y con ese excedente subvencionar al sistema de transporte privado. Se trata de endeudar al Metro en la banca trasnacional, para obtener “ahorro externo” y poder crear nuevas líneas y de paso, por cierto, pagar los correspondientes intereses, eternamente “mal negociados”, y con eso transferir recursos de una empresa estatal, nacional, productiva, a bancos trasnacionales, privados, especuladores e improductivos. Y si el pasaje es muy alto, si la gente desata su ira contra la carestía del transporte, simplemente se “inyectan recursos”, desde luego estatales, para bajar los pasajes sin tocar nada del esquema anterior, para obtener el mismo resultado de fondo: desviar recursos públicos a bolsillos privados. Y, más aun, revistiendo esta confirmación de la política que nos ha llevado hasta aquí como “agenda social”, proclamando a todos los vientos “hemos escuchado el clamor de la gente”, pactando en torno a un gran “acuerdo nacional” (bajar la tarifa estudiantil, bajar los pasajes a la tercera edad) habiendo, de paso, reforzado el mecanismo neoliberal tanto en el plano económico como en su proyección política.
Las escuelas y los liceos municipales no han sido privatizados, ni lo serán. Lo que se ha hecho es no fiscalizar a los alcaldes que gastan impunemente los fondos educacionales en otros servicios que les parecen más urgentes y postergan a los colegios. Con esto, y con la falta de fiscalización sobre el lucro que los sostenedores educacionales obtienen a pesar de una ley que los limita, los colegios privados subvencionados por el Estado crecen, invierten en infraestructura, atraen a los estudiantes con regalías baratas, y los padres sacan a sus hijos de las escuelas públicas para ponerlos en estas empresas que parecen más seguras, más competitivas, más “tranquilas”. Las escuelas municipales se van vaciando.
Los alcaldes se ven obligados a juntar alumnos de varias escuelas, y aprovechan de hacer negocios inmobiliarios con los locales vacíos. Pero la gente reclama. Muchos insisten en que los colegios del Estado no deben cerrar. La reelección del alcalde oportunista corre peligro. Pero entonces surge la “solución”: recoger la antigua demanda, irracional pero efectista, de “devolver los colegios municipales a la administración directa del Estado”. Una política que se levantó hace cuarenta años en contra de la municipalización de la educación impulsada por el gobierno de Pinochet. Desde un gobierno supuestamente de “centro izquierda” se lleva el asunto al parlamento. De pronto hasta la misma derecha, que había creado la municipalización, están de acuerdo en des municipalizar. La mala izquierda cree que ha ganado una batalla. Se presenta el asunto como una conquista. Nuevamente, como una “política social que desmantela el plan educacional de la dictadura”. Pero lo que se ha hecho no es sino liberar a los alcaldes, sometidos a presiones electorales, de la responsabilidad política de cerrar las escuelas, trasladando ese peso a entes regionales, donde burócratas anónimos podrán cerrarlos de todas maneras sin costo político alguno. La solución profundiza la absoluta preferencia del Estado en favor de la educación privada, los políticos se salvan de asumir el peso. Y el Estado, una vez más, “inyectará recursos” para que esa “racionalización” del número de escuelas a cargo del Estado se pueda llevar adelante.
Nadie va a privatizar las universidades estatales. Lo que se ha hecho es convertirlas en centros de pequeños negocios académicos y de consultorías, administrados de manera privada, bajo el amparo institucional, por una elite de profesores de jornada completa, que obtienen salarios extra y ganancias a costa de las instalaciones y de la marca institucional. Una elite académica que no mueve ni un dedo para evitar la progresiva externalización de los servicios (aseo, casinos, salas cuna, centros culturales), que resultan una nueva fuente de buenos negocios relacionados para las autoridades universitarias de turno.
Una elite que no se ha interesado en absoluto en revertir la externalización de la propia función docente, que va quedando en manos de académicos contratados a honorarios, por jornadas parciales, sin estabilidad laboral, sin beneficios sociales, sin más opción de hacer una carrera académica que la de integrarse a los equipos al servicio de los académicos con más poder.
Por supuesto se asegurará el acceso a la educación superior de todos. Se hará, independientemente de si hay un mercado laboral suficiente o rentable para los futuros profesionales. Se hará porque la educación superior es una inversión privada, de sujetos económicos individuales, a los que el Estado está interesado en promover a través de créditos blandos que benefician sobre todo a las universidades privadas. Se hará porque el estudiantado universitario es una clientela política delicada, y porque de esa manera se confirma y profundiza la transferencia de fondos estatales a la educación privada. Se hará porque a pesar de todas las normas que prohíben el lucro nadie duda de que las universidades privadas son un excelente negocio, financiado sobre todo a costa del Estado, que tendrá que asumir los costos de esta transferencia más adelante solicitando “apoyo” a la banca trasnacional para equilibrar una deuda monstruosa, impagable, que ya se eleva por sobre los ocho mil millones de dólares. Y, nuevamente, la mala izquierda cree que con la “gratuidad de la educación” ha ganado una batalla, ha logrado implementar una “política social”. Una vez más los arbustos del populismo electoralista logran tapar el frondoso bosque de la profundización neoliberal.
Se aumentará el salario mínimo, se establecerá una proporción entre el salario mínimo y las pensiones mínimas, se reducirá la jornada laboral y nuevamente el reverso será un gasto enorme a costa del Estado. Las AFP no disminuirán ni un peso sus ganancias. Los fondos de los trabajadores aumentarán, y las AFP seguirán lanzándolos a la lotería de la especulación financiera internacional. La jornada de cuarenta horas se diluirá en jornadas parciales no fiscalizadas, al borde de la legalidad, porque los trabajadores se verán obligados a completar su salario con trabajos extra, más precarios que los que ya tienen.
Nadie va a privatizar los hospitales públicos, simplemente se llevarán a licitación absolutamente todos sus servicios, incluyendo los mismos servicios médicos. Las empresas privadas de salud podrán atender en la infraestructura pública, con insumos públicos, abaratando sus costos, cobrando por las prestaciones médicas más de su costo real porque los encargados de negociar las licitaciones curiosamente siempre “calculan mal”. El Estado puede financiar los fármacos más solicitados por una población enferma debido al mismo sistema neoliberal. Pagará a las farmacéuticas privadas lo que no invierte en salud preventiva y primaria. Pagará por parchar los males que produce una política de salud pública irracional porque eso permitirá a la vez realizar el lucro privado y, una vez más, presentar la complicidad con el capital privado como “política social”.
Hay que ir a lo esencial. Poco a poco los chilenos vamos aprendiendo en qué consiste la profundización del disciplinamiento neoliberal de la vida. Poco a poco y, sin embargo, más rápido que las malas izquierdas. Con más agudeza y perspicacia que los analistas que hacen política desde la universidad.
Con más ira que conciencia, con más realismo que ilusiones: hemos ido perdiendo todo. Nos deben treinta años. Nos deben nuestras vidas completas, cooptadas, administradas, sobre explotadas, por la avidez del capitalismo salvaje revestido convenientemente de “políticas sociales”.
Lo esencial. No se trata de rebajar el pasaje del Metro, se trata de terminar con la subvención que el Metro da, de hecho, al sistema de transporte privado. No se trata de “más fiscalización” al transporte privado. Se trata de terminar con el sistema de concesiones a privados e instalar, con esas mismas subvenciones, un sistema de transporte público. No se trata de des municipalizar las escuelas y liceos. Lo que hay que hacer es terminar con el sistema de subvenciones educacionales a privados. Progresivamente, con todo el plazo que quieran. Pero terminar con la raíz del sistema. Se trata de que el Estado asuma la responsabilidad de construir un sistema que cubra el 100% de la demanda educacional. Un sistema fuertemente descentralizado, financiado por proyectos, no por matrícula, administrado desde los municipios y las comunidades escolares.
Se trata de iniciar una profunda reforma universitaria, que se extienda a todos los organismos del Estado, que prohíba el lucro privado disfrazado de autonomía. Se trata de financiar a las universidades del Estado basalmente. De eliminar los sistemas de sueldo fijados de manera “autónoma” por decanos, directores de empresas estatales, funcionarios de alto rango, parlamentarios, y establecer una escala única de salarios en toda la administración estatal. De salarios dignos, de relaciones contractuales estables, de jerarquización adecuada a la función social. Una administración descentralizada en su gestión, pero férreamente única en su financiamiento y en sus escalas salariales. Se trata de terminar con todas las formas de administración neoliberal en los organismos estatales: los fondos concursables, los trabajos a honorarios, la externalización a privados, los “bonos de productividad”. Se trata del neoliberalismo profundo, no del cuento populista que apela a los fantasmas del pinochetismo para justificar las canalladas actuales.
Hay que ir a lo esencial. Hay que crear un sistema de pensiones solidario, con respaldo estatal, y dar libertad a los trabajadores para cambiar sus fondos desde las AFP a un fondo común, que les garantice pensiones dignas, y que sirva a su vez, como palanca de desarrollo para el país. Para que no se diga nunca más que carecemos de recursos para invertir en el cobre o en el litio. Para que no se diga que no hay recursos para proteger el medio ambiente. Para que esa parte de la riqueza creada por todos se ocupe en crear bienestar para todos.
Lo esencial. No basta con subirle los impuestos a los ricos. Lo que hay que hacer es terminar con los mecanismos de elusión tributaria, con los perdonazos del Servicio de Impuestos Internos, con la evasión de capitales a paraísos fiscales, con el apoyo estatal a la banca cada vez que tienen problemas. Hay que crear una legislación que prohíba al Estado apoyar, respaldar, fomentar el lucro de la banca privada. La fuerza social que se expresa hoy en ira desatada no puede conducirnos una vez más a la política de “grandes consensos” en que los únicos que ganan son los grandes. Es la hora de los pequeños, de los más, de los que construyen toda la riqueza con su trabajo y sus vidas. Es la hora de pensar en grande y mirar más allá del modelo. Es hora de revertir la vergüenza de haber sido por décadas el país modelo que contribuyó con su apariencia de crecimiento y tranquilidad a implementar estas políticas salvajes en todo el planeta. Es hora de revertir la vergüenza de haber tolerado como “agenda social” los innumerables modos en que la administración política durante estos últimos treinta años ha profundizado el neoliberalismo arrogándose de manera escandalosa el haberle dado un “rostro humano”.
Lo esencial es la fuerza social, nuestro derecho a expresar nuestra indignación en las calles, nuestro derecho a tener una izquierda a la altura de los desafíos, a la altura de la ira, a la altura de la historia. Nuestro derecho a recuperar las vidas que nos han arrebatado en lo que ellos llaman paz. Es así: llaman paz a su violencia, llaman violencia a nuestra esperanza. Tenemos derecho a esta violencia. Un derecho que hemos ganado a costa de nuestras propias vidas.
Carlos Pérez Soto
Santiago de Chile
24 de octubre de 2019
