Hace unos cuantos años leí un título que hoy busco y encuentro: “Está embarazada, tiene 15 años y se dedica a secuestrar”. Triste resumen de Clarín sobre la vida de Silvina, protagonista de Pollita en Fuga crónicas de la periodista Josefina Licitra. En el 2003, plena fiebre de los “secuestros exprés”, Silvina fue para quien quería leer, el vivo relato de la vida marginal y de las condiciones de detención de las pibas adolescentes.
La vida de las mujeres jóvenes se trama en hilos particulares. Las condiciones actuales configuran una realidad que tiene un peso específico sobre sus cuerpos. “Para una piba no es gratuito estar a todo ritmo” dicen desde el Colectivo Juguetes Perdidos, “para una piba -por ser piba- es más difícil rajar de un modo de vida y moverse de rol”. Modo de vida ligado a la reproducción, el sostenimiento, a un cotidiano familiar que deja pocos y difíciles lugares de fuga de los mandatos morales, de los roles impuestos.
En contextos de precariedad de las existencias, son los cuerpos de las mujeres los que se hacen cargo de parchar y gestionar la vida, de resistir la muerte programada del sistema. De ellas y de todos los suyos y las suyas. Además de resistir todas las violencias.
En la ciudad de Córdoba la SENAF (Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia) utiliza el eufemismo “centros socioeducativos” para referirse a los espacios de encierro de lxs menores, afectadxs por causas penales. En su página web éste organismo explica que su función, a contrapelo de todo lo conocido, es brindar “a los adolescentes alojados protección y asistencia integral y una serie de actividades educativas, deportivas, recreativas, y de formación laboral, con el objetivo de estimular actitudes de autocuidado y aquellas habilidades sociales que faciliten su integración social”. El de mujeres se llama Centro Socio Educativo para Mujeres Adolescentes (CESAM), situado en Nueva Córdoba.
El sociólogo Matías Bruno explica que el propósito de estos lugares es “corregir los desvíos de criaturas violentas que, expulsadas del sistema y una vez apresadas, deben pagar por sus culpas”. El castigo como supuesta reinserción, idea caduca desde hace décadas, pero que sigue funcionando en las sociedades adictas a la mano dura. A las pibas no se las priva de la libertad, se las encierra y aprisiona en instituciones de castigo y control, pensadas desde una concepción androcéntrica que no mira las particularidades de género, y por eso profundiza la desigualdad y las violencias. Además, estos centros se diferencian de las cárceles “comunes” en el agravante de encerrar personas en un período de desarrollo diferente al de los adultos, porque además las instituciones estatales son adultocéntricas.
Existen percepciones, prácticas y estereotipos discriminatorios sobre lxs pibxs, y una tendencia social a considerarlxs población “peligrosa” que debe ser “sujeta a control”. Es una población que se encuentra, por tanto, en mayor situación de vulnerabilidad. Los sentidos sociales construidos sobre lxs pibxs pobres son especialmente negativas y estigmatizadoras, y se les concibe como propensxs a la violencia y al delito, culpandoles de ser los responsables de la “inseguridad”. ¿Qué duda cabe cuando se está tratando la baja de edad de imputabilidad? De ahí los acosos y abusos policiales, las persecuciones y la cantidad creciente de casos de gatillo fácil.
Una piba percibida como autora de un delito es un incómodo eslabón salido de la cadena, es una provocación doble y un manotazo desarmando mandatos. Se rompe la normatividad penal y la de género. La corrección disciplinaria entonces es más pesada, los cuerpos de las mujeres se colocan como un elemento central, lugar de conflicto y sometimiento. La moralidad que sostiene las opresiones de género, clase y etárea, muestra sus garras: mujer, pobre y joven. Todo para perder.
Los “desvíos sexuales”, la “promiscuidad”, los embarazos y las maternidades tempranas son ejes que se combinan con los delitos penales cometidos. Mujeres que se atrevieron a transgredir el rol tradicional donde las tareas de reproducción y cuidado debiera ser central. Las condenas sobre las pibas caen con más fuerza, por ser pibas.
El género es una dimensión constituyente del sistema penal y un componente siempre presente en el tránsito de las mujeres por sus instituciones, que conlleva situaciones de desigualdad y violencia sobre sus cuerpos. Que las mujeres en situación de encierro sean menos no responde a la benevolencia de los funcionarios de turno.
Según un informe elaborado por el Observatorio Regional de Justicia Penal Juvenil en octubre de 2015, para los países del cono sur, “las adolescentes mujeres sufren altos niveles de violencia de parte de los funcionarios de las instituciones del Estado que intervienen en el sistema penal juvenil, así como específicamente por parte de la Policía”. En muchos casos las pibas sospechosas de alguna infracción no llegan a la Fiscalía o al Poder Judicial, sino que se resuelve en las comisarías y controles policiales a través de la exigencia de retribuciones sexuales a cambio de libertad. Sobran relatos, aunque no tantas denuncias, por miedos y amenazas, y porque denunciar es evidentemente un riesgo. Así el cuerpo y la sexualidad de las pibas es un lugar privilegiado para el ejercicio de control y abuso de poder, cubierta por las estructuras de impunidad del Estado y sus instituciones.
La baja de edad de imputabilidad significa someter legalmente aún más a las pibas a un sistema penal perverso. Ellas, siempre preparadas para la resistencia, tejen sus estrategias de cuidado y auto cuidado. Nosotras, ponemos también el cuidado en el centro y decimos #CórdobaNoBaja, #NoALaBaja.
Imagen: Eloisa Molina para La tinta
