Elizabeth vivía en uno de los barrios más pobres de San Martín, el partido del conurbano donde más interrupciones legales de embarazo se practican. Un municipio que cuenta con un sistema de salud que prioriza la atención y el acompañamiento de mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad. Para Elizabeth, una mujer paraguaya de 34 años y madre de un adolescente, todo eso no fue suficiente: el lunes murió por un cuadro de infección generalizada por un aborto realizado con perejil, un método tan antiguo como riesgoso. “El sistema de salud no alcanza para ellas. La clandestinidad, el desamparo y la soledad matan”, explicó a Cosecha Roja la médica Patricia Rosemberg, responsable del área de Maternidad e Infancia de San Antonio de Areco.
En el primer semestre del año en los 20 centros de salud municipales del partido de San Martín se practicaron 256 interrupciones legales de embarazos: alrededor de 80 se hicieron en José León Suárez, a unas pocas cuadras de donde vivía Elizabeth. El mapa sanitario del municipio se completa con un hospital municipal y dos provinciales: el Evita y el Belgrano, donde acudió Elizabeth cuando el aborto incompleto se transformó en un cuadro grave de septicemia. El aborto con perejil tiene grandes probabilidades de infección que pueden derivar en un shock séptico: “La posibilidad de muerte es altísima”, explicó Rosemberg.
El mismo día que Elizabeth murió en una camilla de terapia intensiva del hospital provincial de Pacheco, una mujer de Presidente Derqui falleció en el hospital Sanguinetti de Pilar por otro aborto incompleto. R. tenía treinta años. Había quedado internada el miércoles 8 de agosto, el mismo día que el Senado comenzó a debatir el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que finalmente rechazó.
Las muertes de Elizabeth y R. se dieron en un contexto de marginalidad, soledad y clandestinidad. “Para muchas mujeres el mensaje del Senado fue: ‘eso que están haciendo es ilegal’, explicó Rosenberg. Al miedo a ir presa se le sumó el peso de la condena social. “El rechazo de la ley instaló un retroceso no solo en la legalización del aborto, sino incluso en los abortos no punibles que se realizaban”, explicó a Cosecha Roja Ornella Tinnirello, integrante de La Hoguera, un espacio de consejerías feministas en salud sexual integral y violencias del Frente de Mujeres del Movimiento Evita.
“Esto tiene que ver con el giro conservador de nuestra sociedad”, explicó Tinnirello. Al miedo a la cárcel y a una posible condena social se suma la persecución de los grupos antiaborto y un retroceso en el cumplimiento de derechos adquiridos: muchos médicos que garantizaban el acceso a una interrupción voluntaria del embarazo ahora sienten que tienen el aval estatal para negarse. “En ese contexto el sistema de salud se vuelve expulsivo”, explicó Tinnirello.
La Hoguera no solo brinda acompañamiento en casos de embarazos no deseados. La consejería feminista también incluye asesoramiento en métodos de cuidado, en el trabajo en torno al goce y al placer y en el armado de grupos feministas que se transforman en espacios de contención para las mujeres.
“Estas muertes son una demostración clara de que no alcanza con el trabajo de las organizaciones en los barrios, la voluntad política de un municipio y de los médicos y médicas garantes de derechos si no existe una normativa que complemente la normativa actual”, explicó.
Tras las muertes de Elizabeth y R. sus familias prefirieron tramitar el dolor en la intimidad. Pidieron que no se difundan sus nombres ni otros datos que permitan ser identificadas. El miedo a la condena social. La soledad y clandestinidad trascienden incluso a la muerte.
