por Verónica Gago
La idea de la inclusión ha llegado a las finanzas. El Banco Provincia y el Banco Nación la incorporaron como parte de sus eslóganes: mayor bancarización es mayor inclusión social. Esta es una de las maneras en que las finanzas se traman con los sectores populares que quedaban tradicionalmente relegados del mundo financiero. Pero aún antes, los préstamos, las tarjetas de crédito y la masificación del consumo fueron las vías a través de las cuales el sistema financiero penetró las economías populares. La reactivación alteró el paisaje. Caminando por varios barrios del conurbano la ebullición de ferias y locales comerciales es indisimulable. En varios municipios, se constata lo mismo: que las colas en las sedes de Tarjeta Naranjao Efectivo sí son el triple de largas que en los bancos. Pero no son excluyentes. Muchos beneficiarios de planes sociales son también los que toman préstamos en estas instituciones financieras no bancarias.
Desde mucho antes que los bancos públicos desembarcaran en el sector de las microfinanzas, toda una red de iniciativas comerciales de diverso tipo (bancarias y no bancarias privadas) viabiliza múltiples operaciones financieras en territorios donde la economía es dinámica pero no siempre tiene CUIT –aunque tributariamente no deja de ser una aportante desventajosa–, se maneja mayoritariamente en negro, paga tasas de interés altísimas y tiene un nivel enorme de cumplimiento de sus obligaciones. ¿Cuál es el vínculo entre las finanzas, la inclusión social y las economías populares? ¿Qué rol juega el Estado? ¿Se financia sólo el consumo?
El mapeo de las ofertas
Un primer ejercicio. Si alguien en el conurbano bonaerense sale a la búsqueda de crédito, ¿con qué se encuentra? ¿Cuál es el mapa de oferentes de dinero? Hay al menos cuatro niveles. El primero que aparece, el más fácil y cercano, es el prestamista privado o un conglomerado de privados que en una escribanía o en una casa ofrece efectivo a sola firma. Se llega por conocidos, un dato que circula de boca en boca. Una segunda instancia es el llamado “proveedor”. Por ejemplo, el que financia entre el mayorista Diarco y el kiosco de barrio. Financia en dinero (aunque puede hacerlo también en mercadería) a los pequeños comerciantes y/o ambulantes que no pueden comprar la cantidad que se exige en el proveedor mayorista directo. Estos proveedores resuelven para el sector minorista informal, además, el hecho de no tener CUIT –o no tenerlo en regla– ni tener capacidad de inversión ni stock. Este papel también lo cumplen los llamados “teleros” que son los que venden telas para los talleres textiles pequeños, uno de los rubros más dinámicos entre los tomadores de crédito.
Estas dos instancias –prestamistas privados y proveedores- son las más usuales y más veloces. Funcionan en negro. Son préstamos que se consiguen con fotocopia de DNI o de tarjeta. Sus tasas de cumplimiento son altísimas. Pero aun más sus intereses (lo cual deja a los prestamistas más que cubiertos frente a la porción mínima de incumplimientos). No dejan de crecer y alimentan un flujo enorme de microemprendimientos (desde las ferias a los llamados bolishoppings), pero también nutren préstamos rápidos para consumo o situaciones excepcionales –que varían de una urgencia quirúrgica a una fiesta de quince. Los intereses se cobran por mes. Eso hace que el prestatario o usuario no los sienta como exorbitantes sino que al fragmentarlos como cuota, se refuerza la idea de que se los puede afrontar y se diluye –al menos en la percepción cotidiana- la inmensa especulación financiera que los impulsa. La lógica de la cuota disimula así la tasa de interés calculada anualmente.
Después, en un tercer escalón, están los préstamos tipo “Efectivo, Sí”, “Financiera Cordial” –que en estos casos puntuales comparten los directorios con los bancos a los que pertenecen: Galicia y Supervielle). Hay otras que pertenecen a grandes compañías financieras (Credilogros, por ejemplo). Y otras que son tarjetas específicas, también de bancos o supermercados (Tarjeta Naranja, Tarjeta Shopping, Tarjeta Carrefour), etc. Estos instrumentos financieros tienen un costo mayor al 120% según información oficial.
Finalmente, encontramos organizaciones como Fie-Gran Poder, incorporadas a la Red Argentina de Instituciones de Microcrédito (RADIM), que se especializan en créditos productivos, no cobran gastos de administración e involucran un tipo de “educación financiera” que privilegia a un microempresariado popular con ansias de formalización. Víctor Ruilova, su director, explica que en la red hay dieciséis organizaciones que tienen una cartera de 60 mil personas en todo el país. “Es aun poco y muy sectorizado geográficamente, por eso también siguen multiplicándose otras formas de endeudamiento”, explica. Florencia Montes de Oca, directora ejecutiva de la RADIM, dice que el monto promedio de los créditos es de ocho mil pesos “que es un monto que en dólares, para ponerlo en comparación con la región, nos hace estar muy por debajo del promedio y a un costo todavía mucho mayor”.
¿Para qué se usa el dinero?
Los sectores productivos más dinámicos en términos de demanda de crédito –según informantes de los distintos niveles aludidos– son dos: el sector textil y el sector fruti-hortícola. No es casual que son los dos sectores con un fuerte protagonismo productivo de migrantes bolivianos y con inscripción territorial privilegiada en el conurbano bonaerense. El sector textil, además, produce cada vez más para exportar a países limítrofes, por medio de redes comerciales informales (y en articulaciones cada vez más intensas con China). Luego, se destaca el sector fruti-hortícola, que se está desplazando de la zona originaria de su desarrollo en Escobar –donde ha crecido la especulación inmobiliaria por la presión a favor de los countries del gobierno local–, hacia la zona sur, cercana a La Plata. Allí la inversión de quinteros que producen fruta y verdura para toda la ciudad de Buenos Aires está a la vista. El tercer sector demandante de créditos es el sector comercial, que se dedica a la venta de todo tipo: en verdulerías y en locales de ropa en gran medida, pero también otros rubros de alimentos y servicios.
El ingreso del Banco Provincia y Banco Ciudad en el sector de las microfinanzas hace más difícil el crecimiento de organizaciones sociales de microcrédito en términos de normativas, según analizan distintos involucrados en el campo. Este ingreso de los bancos formaliza un cambio de paradigma que se define como “préstamos sin garantías” para captar un sector social que antes quedaba excluido del radar bancario. Para Montes de Oca, sin embargo, “los bancos no reemplazan a las organizaciones sociales de microcrédito porque no llegan a los territorios de la misma forma, aún si amplían sus carteras, sabemos que mucha población no va a acercarse a un banco, por su naturaleza, por su metodología, etc.”. Para Ruilova, hay además una competencia que favorece a los bancos: “Con plata del Estado, que le cuesta cero al banco, compiten con nosotros, con dinero que fondeamos con costos bajos que van entre el 16% y 27% para llegar a los microemprendedores”. La diferencia de tasas entre los bancos y las organizaciones de RADIM es de veinte puntos aproximadamente.
Sin embargo, la llamada “inclusión financiera” que ahora publicitan los bancos públicos tampoco elimina a los participantes más desregulados. Más bien las opciones se suman. Como dice alguien en una cola de Efectivo ya: “vamos a todas las ventanillas a la vez, no hay que descartar ninguna, el problema es que una sirve para pagar a la otra y así parece que no tiene fin”.
En el mapeo de las instituciones financieras no bancarias sobresalen también los negocios comerciales que financian a sus propios clientes. Los rubros que ganan la pulseada por lejos son los locales de ropa deportiva, los celulares y los electrodomésticos, dentro de los cuales la venta de motos tiene una gran porción de la cartera. Aún si hay un interés objetivo de estos comercios con que no se los identifique como sector financiero, juegan un papel fundamental.
Hay que tener en cuenta que en Argentina la población bancarizada en los pronósticos más optimistas llega sólo al 30%, cifra que incluye los planes sociales (el Banco Nación da la cifra de un 17% del PBI).
La inclusión diferencial
Los sectores populares se incluyen en las finanzas pero pagando tasas de interés que los inscriben en una relación de endeudamiento esencialmente como desventajosa, especialmente en los créditos dedicados al consumo. La PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), en un informe de fines de 2013, ya había detectado la relación estrecha entre la generalización de instrumentos financieros por los cuales el sistema financiero penetró la economía de los sectores populares y la manera en que sus elevados costos reproducían y ampliaban las desigualdades sociales. El mapeo realizado localiza los mayores niveles de endeudamiento en los barrios más pobres y sobre todo en las villas. Esto llevó a que la PROCELAC junto al programa ATAJO (Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia)elaborara recientemente unos folletos para trabajar con sectores populares con el fin de explicar cómo salir de la base de datos privada VERAZ e incluso para denunciarla porque si han pasado cinco años se tiene derecho a la que la deuda, aún si existente, no siga apareciendo registrada.
Según fuentes diversas, se calcula que el endeudamiento promedio entre clases medias y clases bajas es similar en términos porcentuales (entre 25 y 30% de los ingresos). Sólo que, nuevamente, la diferencia se hace evidente en las tasas de interés que se pagan por estar endeudado en cada clase social. La tasa de interés puede ser entendida como la medida de la “explotación financiera” a la que cada clase queda sometida.
La explotación financiera por el endeudamiento masivo sobre sectores a los que se consideraba tradicionalmente “excluidos” produce varias novedades. Por un lado, que muchas veces se deben conseguir actividades “extra” para pagar esas deudas, lo cual habilita una proliferación de economías ilegales, truchas y/o informales para solventar las obligaciones y una consecuente y progresiva violencia territorial ligada al modo en que las finanzas “aterrizan” en los barrios. Por otro lado, que una buena porción de la transferencia de dinero del Estado por medio de subsidios y planes sociales es absorbida por instituciones financieras bancarias y no bancarias, volviendo al Estado garantía del un paradigma de préstamos “sin garantía”.
Varios líderes territoriales dicen que se trata de educar financieramente a estos sectores, en una moral más ligada a la producción y a la responsabilidad microemprendedora. Pero esa pedagogía posible está más vinculada al uso productivo del endeudamiento que a su desarrollo impulsado directamente por el consumo que es, sin dudas, uno de sus motores insoslayables. Una muestra de ese diferencial de tasa es el plan del gobierno Ahora 12 que permite fragmentar el consumo a tasa cero y que es ampliamente usufructuado por clases medias y medias-altas (su masividad en los shoppings de barrios caros en notable) pero también alcanza a las clases medias bajas.
Las finanzas como campo de batalla
Distintos enfoques teóricos hablan de una “financierización de los derechos sociales”, que significa que el acceso a derechos se realiza a través de la mediación de instrumentos financieros. Este escenario tiene una doble faz: a la vez que permite mostrar su dimensión inclusiva también revela que el modo de operativizarla es al interior de la hegemonía de las finanzas. Las finanzas se vuelven así un lugar donde se trasladan diferentes disputas. Por un lado, en términos de reconocimiento de los sectores socialmente productivos. En este sentido, que las economías populares en América Latina se vuelvan parte de la contabilidad y la institucionalidad nacional (e, incluso, que en algunos países sean incorporadas constitucionalmente, como pasa en Bolivia, Ecuador y Venezuela) es parte de un reconocimiento de hecho a su dinamismo social y a su capacidad de innovación de formas de producción, comercio y consumo y no sólo en tanto meras economías de subsistencia. Por otro, que la explotación financiera recaiga sobre ellas como modo de replicar y agudizar las desigualdades sociales convierte a ese espacio en un nudo de problemas al que la palabra inclusión no resuelve mágicamente.
La irrigación de dinero en los barrios proviene así de múltiples fuentes. Es indisociable de la reactivación económica de los últimos años. Pero también abre nuevas preguntas sobre cómo se regula este mercado financiero y, a la vez, cómo la regulación reordena los oferentes de dinero (que permiten en algunos casos blanquear dinero de muy diverso tipo). A su vez, la cuestión política clave es cómo impacta la adquisición cada vez más amplia de deuda en los sectores populares. La extensión de nuevas economías que tienen escenarios predilectos en la llamada informalidad no pueden analizarse de manera desconectada respecto de las instituciones y la llamada economía formal. Por el contrario: es la mixtura y el ensamblaje de muchos de sus componentes lo que exhibe a las finanzas como un nuevo código común. Un código capaz de traducir la heterogeneidad del mundo del trabajo (de changas a microemprendimientos, de trabajos formales por temporadas a actividades free-lance, de empleos formales que duran poco a informales que pueden estabilizarse) a relaciones más homogéneas entre acreedores y deudores.
Aun así, como se siente en cualquier estación de trenes del conurbano o en la proliferación de negocios que crecen por las calles que lo rodean, las finanzas desembarcaron en nuevos territorios y parece que llegaron para quedarse.