La tragedia y la farsa: del Pacto Chicoral a Pacto Compensar

17 Mantilla

 
por Alejandro Mantilla
“Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal se producen, como si dijeramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y otra vez como farsa”
Karl Marx, el 18 Brumario de Luis Bonaparte
Paralelos
El jueves 12 de septiembre se celebraron dos encuentros para tratar la misma cuestión: las políticas que necesita el campo colombiano.
El primer encuentro se celebró en Compensar, un reconocido centro de eventos en Bogotá. El segundo se realizó en la concha acústica de la Universidad Nacional, espacio facilitado por los trabajadores en huelga que hoy controlan elcampus. El encuentro de Compensar fue convocado por el Gobierno nacional para firmar un Pacto nacional por el agro y el desarrollo rural. El encuentro de la Universidad Nacional fue protagonizado por varios sectores populares, en especial por dos organizaciones del movimiento campesino, indígena y afro: el Coordinador Nacional Agrario (CNA) y la Mesa de Interlocución y Acuerdos (MIA), quienes lanzaron la Cumbre nacional agraria, campesina y popular.
El gobierno ha dicho que el Pacto es “el mecanismo a través del cual un conjunto de actores públicos y privados se unen para acordar los lineamientos fundamentales de la política de estado que requiere el país para lograr el desarrollo rural y agropecuario”1. La opinión del campesinado reunido en la Cumbre muestra un evidente divergencia; en la Declaración política de su evento dicen: “rechazamos el Pacto Agrario impulsado por el gobierno de Santos. Consideramos que es la reedición del nefasto Pacto del Chicoral que agrupó a los terratenientes para detener una posible reforma agraria. La gran diferencia radica en que hoy los grandes propietarios e inversionistas del campo quieren aliarse con los pequeños productores para apropiarse de su trabajo y de su sudor”2.
El Pacto Agrario es una de varias medidas impulsadas por el gobierno como respuesta a la movilización social campesina más importante en las últimas décadas. Otras medias tomadas incluyen congelar la impopular Resolución 970 del ICA que permite decomisar las semillas guardadas por los agricultores; también se prometió un mayor presupuesto para agricultura, se tomaron medidas para reducir los precios de los insumos agrícolas y se nombró un nuevo ministro del ramo, el empresario Ruben Lizarralde reconocido ejecutivo de la empresa Indupalma.
Aunque el Pacto convocado por el gobierno tuvo mayores recursos y mayor cobertura mediática, parece que fue más exitosa la cumbre campesina. Mientras en la Universidad Nacional hubo unidad de criterios políticos, consignas animadas, música y bullerengue, en el escenario convocado por el gobierno aparecieron voces disonantes, en especial la voz del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien lanzó un fuerte discurso donde cuestionó buena parte de la política agraria del gobierno nacional3. Como si fuera poco, la prensa registró la baja participación del campesinado, la inasistencia de varias organizaciones agrarias invitadas y el escepticismo de los pocos cultivadores que aceptaron el convite4.
Pero ahí no terminan los problemas del gobierno. Tras el nombramiento del nuevo ministro de agricultura, se dio a conocer la renuncia de Jhenifer Mojica, hasta hace poco subgerente de tierras del INCODER (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural). Tras abandonar su cargo, Mojica afirmó que el gobierno nacional le restó importancia a dicho instituto en la discusión de varios temas cruciales de la política de tierras, según ella por su “posición a favor de los campesinos y de la aplicación de la Ley 160”5. La ex funcionaria relata varias situaciones donde optó por defender comunidades frente a los intereses de grandes emporios empresariales que pretendían adueñarse de los baldíos de la nación, o de tierras antes ocupadas por víctimas de desplazamiento forzado. Al parecer, al gobierno no le gustó esa actitud, aunque los funcionarios cumplieran con las leyes que rigen al Estado colombiano.
La tragedia
Decir lo obvio puede conllevar a trivializar, pero frente a algunos problemas conviene insistir hasta el cansancio. Sabemos que Colombia es un país con una extrema desigualdad en la distribución de la propiedad de la tierra.
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Grande: Extensión mayor a 200 Ha. Mediana: Entre 20 y 200 Ha. Pequeña: Entre 10 y 20 Ha. Minifundio: entre 3 y 10 Ha. Microfundio: menos de 3 Ha.
Fuente: Iván Darío Gómez, IGAC. Con base en el “Atlas de la propiedad rural en Colombia 2000-2009”.
La estrecha relación entre la gran hacienda y el poder político tradicional puede explicar tanto la ausencia de una programa serio de reforma agraria, como la persistencia de una democracia restringida donde la política de muchas regiones es definida por grandes hacendatarios. Redistribuir la propiedad de la tierra no solo habría variado el reparto de la riqueza social, también habría incidido en la consolidación de una sociedad más democrática.
No obstante, ni se distribuyó la tierra y la riqueza, ni se democratizó la vida política en las regiones. Un episodio aleccionador fue el Pacto de Chicoral (bautizado así por el municipio del Tolima donde se hizo el acuerdo) firmado en enero de 1972. El Pacto fue resultado de una iniciativa impulsada por el gobierno de Misael Pastrana persiguiendo varios objetivos: 1. Responder a la creciente movilización campesina protagonizada por una radicalizada ANUC (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos). 2. Buscar mayor productividad para aumentar la exportación de productos agrícolas, proyecto integrante de “las cuatro estrategias”, el plan económico del gobierno diseñado por el economista canadiense Lauchlin Currie; y 3. Calmar a los empresarios y grandes propietarios de tierra inquietos por la posibilidad de una expropiación motivada por las leyes de reforma agraria aprobadas en el gobierno de Lleras Restrepo.
El ‘Chicoralazo’, como lo denominó la ANUC, se hizo ley de la república en 1973. La ley 4ª de ese año benefició a los terratenientes al obstaculizar la expropiación de los latifundios y reducir los impuestos sobre los predios. En ese mismo año, el gobierno debilitó el INCORA (Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, antecedente del actual INCODER) paralizando la asistencia técnica a los agricultores, desviando los créditos hacia los medianos propietarios y retirando del Instituto a los funcionarios liberales nombrados en el gobierno Lleras6.
El significado histórico del primer Chicoralazo fue obstaculizar la redistribución de la tierra ante el ascenso de la movilización campesina, aunque la política agraria de Lleras no logró mayores modificaciones de la propiedad rural. La victoria de los terratenientes no consistió en revertir la reforma agraria, como ocurrió en Nicaragua tras la derrota electoral de los sandinistas, sino en apaciguar a los grandes propietarios que se sentían amenazados por una eventual expropiación.
La farsa
Como bien afirmó mi querido amigo Sergio Coronado, el Pacto de Compensar es la reedición del Pacto de Chicoral. La tragedia se repite como farsa.
Si Pastrana buscaba calmar a los terratenientes tradicionales, Santos procura darle garantías a los grandes inversionistas nacionales y extranjeros que están haciendo compras masivas de tierras en regiones como la Orinoquia y los Montes de María. Buena parte de esas compras masivas se hicieron violando la ley 160 de 1994. El Plan de Desarrollo pretendía crear unas zonas de desarrollo empresarial que permitieran concentrar la propiedad sin violar la ley, pero la Corte Constitucional tumbó esa figura. Por esa razón, el principal objetivo del Pacto Agrario es impulsar un proyecto de ley que permita legalizar esos grandes proyectos agroindustriales.
Así como Pastrana padre debilitó el Incora, Santos también quiere debilitar el Incoder. La renuncia de la subgerente de tierras está motivada por un nuevo perfil de la política que busca profundizar el apoyo a la gran inversión en el campo, la legalización del robo de baldíos y las alianzas productivas entre grandes inversionistas y pequeños productores. Este último punto es bastante preocupante, pues se ha demostrado que tales acuerdos son lesivos para los campesinos, ya que deben endeudarse, aportar su tierra y su trabajo, pero solo reciben ingresos en tres o cuatro años, pues usualmente las alianzas se efectúan sobre cultivos permanentes con ciclos de cosecha largos. El ministro Lizarralde es pionero en este tipo de prácticas con su empresa Indupalma, acusada de apropiación indebida de baldíos, como lo ha mostrado recientemente Daniel Coronell7.
Marx, recordando a Hegel, afirmó que la historia tiende a repetirse. Lo curioso de Santos era parecerse a la vez a un Lleras Restrepo modernizador y a un Pastrana protector de los terratenientes. Con el nuevo Pacto Agrario esa dualidad desaparece en provecho de la segunda opción.
El campesinado colombiano ya ha vivido suficientes tragedias. Ahora con lucidez, se opone a que la historia se repita como farsa. En sus palabras:
“Es necesario avanzar en la construcción de la cumbre agraria y popular teniendo en cuenta que la movilización no ha terminado, es un proceso que esta en curso, como determinante del ejercicio de soberanía popular, que siente las bases para el camino de construcción colectiva, que contribuya a la UNIDAD en la acción de las diversas organizaciones que confluimos en este espacio”. Dijeron los participantes en la Cumbre Agraria, Campesina y Popular.
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