Por Salvador Schavelzon
Hace no mucho tiempo, Bolivia sorprendió por la fuerza con que indígenas y campesinos llegaron al Estado y redactaron una nueva Constitución.
Descolonización, Vivir Bien, Autonomía Indígena, Plurinacionalidad fueron conceptos que venían construyéndose desde las luchas indígenas, se constitucionalizaron y hoy los escuchamos en el discurso estatal. Pero también contra el Estado.
Los conceptos fueron llevados a la Asamblea Constituyente por el Pacto de Unidad, encuentro inédito de organizaciones sociales de tierras altas y bajas, campesinas e indígenas, que hizo el borrador de Constitución asumido por el MAS (Movimiento al Socialismo). Era un encuentro excepcional de mayorías y minorías, nunca antes ni después del proceso constituyente esas organizaciones habían trabajado y marchado juntas de esa manera. Uniendo a unos y otros estaba el “todos somos indios” de los 62% declarados indígenas en el censo de 2001, y también presente en el voto masivo por Evo Morales (54% en 2005, 67% en el revocatorio de 2008).
Después de 2009, con la nueva Constitución aprobada el gobierno buscaría la reelección con el discurso del “salto industrial” y “revolución productiva”. La consigue con 64% de los votos. Es un nuevo tiempo, que el Pacto no resistiría. Pronto los sindicatos cocaleros y campesinos estarían de un lado, junto al gobierno; las organizaciones indígenas de otro. Voces gubernamentales acusarían a las últimas de ser funcionales a la derecha y manipuladas por ONGs, los indígenas no se enmarcan en la “Bolivia Productiva”. Ya acercándonos a las elecciones de 2014, donde Morales buscará otra reelección, se deberá hacer un balance de este proyecto que autorizó transgénicos, nacionalizó empresas y que sigue buscando industrializar los recursos naturales. También de las políticas de inclusión, contra el racismo y otras. Pero acá nos interesa el punto de quiebre del Pacto de Unidad, donde los conceptos constituyentes de la plurinacionalidad reterritorializan fuera del Estado.
El conflicto del TIPNIS (Territorio Indígenas Parque Nacional Isiboro Sécure) surge en rechazo a una carretera que pasaría por el núcleo virgen de una selva que por ciertas condiciones ecológicas es única. El enfrentamiento entre plan del gobierno y comunidades se vuelve un evento político divisor de aguas que reordena las fuerzas y abre una nueva situación. En 1997 y después definitivamente en 2009 se había titulado ahí un millón de hectáreas para tres etnias (Chiman, Yuracaré y Mojeño-Trinitario) y decenas de comunidades (con alrededor de 5 mil personas según el censo) a las que se llega por los ríos Isiboro y Sécure, con sus afluentes. Las demandas de demarcación territorial datan de la marcha de 1990, señalada siempre como primer hito en la convocatoria de la Asamblea Constituyente.
Importantes protagonistas de los primeros años del gobierno de Evo se convertirían en disidentes muy críticos en la cuestión del TIPNIS. Evo Morales declara en 2011 que en realidad lo de ser el “primer presidente indígena” es más cosa de la prensa, y que él siempre se había sentido más bien “primer presidente sindicalista” de Bolivia. El más alto dirigente campesino declara ante las cámaras que los indígenas son salvajes que deben dar lugar al progreso. A los indígenas amazónicos se los llama latifundistas con tierra improductiva que debe ser repartida.
En 2011 una marcha llegaba a La Paz oponiéndose a la carretera que Evo Morales había prometido a sus bases cocaleras y declarado que se haría “sí o sí”. Geograficamente, la carretera daría salida al Chapare, centro cocalero y cuna política de Evo Morales. El proyecto se integraría a IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana), es leído por varios como salida del Brasil al pacífico, nuevos mercados y expansión del capital. Un banco estatal brasilero financiaba la obra. Algunos defensores del TIPNIS graficaban trágicamente cómo, junto a la ruta, vendrían camioneros y burdeles que prostituirían las mujeres indígenas. Evo Morales más bien dijo en un discurso a sus bases cocaleras que los hombres deben entrar y buscar las mujeres indígenas para “enamorar” y convencerlas de la importancia de la carretera, lo que él haría si tuviera tiempo.
El gobierno respondió con una ley (Nro. 180) que declaró la “intangibilidad” del TIPNIS, prohibiendo la carretera. Era sólo una tregua, pero no revertiría la muerte del Pacto de Unidad y del “todos somos indígenas”. Ahora nadie era indígena, ni siquiera los indígenas del TIPNIS acusados por el gobierno de traficantes de madera y menos aún sus dirigentes -que comenzarían a ser perseguidos judicialmente- y eran acusados de “falsos indígenas”. Pero esta no sería una posición definitiva desde el gobierno y poco tiempo después en respuesta a la VIII marcha se inicia otra a La Paz de productores de coca sindicalizados a favor de la carretera, auspiciada por el gobierno que insistía ahora en que los cocaleros son también indígenas, como era en la época del Pacto de Unidad, pero con un sentido totalmente diferente. Esta marcha da lugar a la contraofensiva del gobierno con una nueva ley (Nro. 222), contradictoria con la de “intangibilidad”, que llama a la consulta para insistir con el proyecto, en ese entonces ya en ejecución.
Por ese nuevo camino, el gobierno rompe el contrato con la empresa constructora brasilera (OAS) e inicia una campaña a favor de la consulta, que después de postergaciones empezaría en el 29 de julio de 2012. Poco antes, la IX marcha indígena de tierras bajas había llegado a La Paz , con menos apoyo que la anterior, y con una estrategia del gobierno más eficiente en neutralizarla. Era la primera vez que una marcha indígena se oponía a una consulta en lugar de exigirla. Es que la usual reivindicación indígena ahora aparecía como una trampa. El gobierno en campaña mediática, con regalos comunidad por comunidad, cooptando dirigentes y partiendo en dos la central indígena del Oriente, avanzaba.
Una de las líderes indígenas de la marcha sería públicamente denunciada de haber sido condenada como “mula” en Brasil, llevando cocaína. No se mencionarían las 84 fábricas de cocaína y 154 pozas de maceración encontradas en 2011 en el Polígono 7, donde viven los sindicatos cocaleros que marcharían a favor de la carretera. La hoja de coca, interviene de distintas maneras, incluso como forma de tomar decisiones del único magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional que se opuso a la ratificación de la consulta en un recurso de inconstitucionalidad (sentencia 300/2012).
Nuevamente el gobierno estaba en la línea de la definición genérica de la identidad indígena que había acompañado la llegada de Evo Morales al gobierno y el surgimiento del Pacto de Unidad. La misma había permitido antes un productivo diálogo de singularidades que se encontraban y abrían la posibilidad de que reivindicaciones de minorías llegaran al Estado y se impusieran contra una oposición racista que el MAS confinaría a sus regiones. La autonomía de los departamentos (provincias) ahora debían descentralizarse en autonomías indígenas, el Vivir Bien de las comunidades altiplánicas llegaba a las tierras bajas y al Estado como alternativa al desarrollo.
Pero si nuevamente se insistía en que todos eran indígenas, por más “campesinalizados”, o sindicalizados que estuvieran, aahora el Estado buscaría demostrar que “todos somos indígenas” pero “a favor del desarrollo” (y de la carretera por el TIPNIS). En lo concreto, la definición genérica servía ahora para diluir el poder de decisión de las comunidades del TIPNIS y la preservación de su territorio como unidad colectiva. Desconociendo las organizaciones históricas y representativas de los pueblos, el gobierno inicia así una consulta que no era previa, ni libre, ni informada, ni de buena fe, como exige la Constitución , el convenio 169 de la OIT –firmado por Bolivia en 1991– y la Declaración de la ONU sobre pueblos indígenas constitucionalizada y ratificada por el congreso en 2007.
En la consulta “posterior” impulsada por el gobierno, se incluía a las comunidades del llamado Polígono 7, que expresamente habían renunciado a que sus comunidades integrasen el territorio indígena en el proceso de titulación. Se trata de pueblos donde ingresó el negocio de la coca y que no querían renunciar a la propiedad individual. Entre estas y las comunidades del TIPNIS con propiedad colectiva de la tierra se había trazado una “línea roja”, acordada con los cocaleros (con Evo Morales como dirigente, en 1992-4) pero que la coca continuamente sobrepasa.
No es justo tratar ahora a los cocaleros de narcotraficantes y capitalistas empedernidos cuando hace poco eran la vanguardia de la descolonización, pero hay que reconocer que no es pertinente que estas comunidades también sean parte de la consulta sobre la construcción de la carretera. Después de intentar que la carretera se resuelva en un referéndum en los departamentos de Beni y Cochabamba, el gobierno se propuso realizar la consulta, pero incluyendo a indígenas cocaleros de fuera del TIPNIS. Algunos cuestionan que los cocaleros sean verdaderos indígenas pero tiene más sentido criticar que sean consultados por ser externos al territorio indígena y porque daña la plurinacionalidad, la autonomía indígena, y el Vivir Bien.
La forma en que se realiza la consulta también es cuestionable. Es realizada por el gobierno, interesado en la construcción, que la presenta como carretera ecológica y sinónimo de salud, desarrollo y educación que no habría en caso de no aprobarse. También se dice que sería una carretera ecológica, y no se menciona lo que sabe la mayoría de las comunidades del TIPNIS, que ya marcharon contra su construcción: la carretera significa perder sus territorios frente al avance de las plantaciones de coca. Este avance es muy visible en las fotos satelitales y ocurre a ritmo de una hectárea y media por familia por año, según estudios.
En la consulta, realizada en reuniones con poca asistencia y con consensos interpretados por funcionarios de ministerios estatales, además, se presenta la capciosa interpretación gubernamental de la ley que declara “intangibilidad”: significaría que no habrá “desarrollo” ni actividades económicas que hoy complementan la subsistencia de muchos indígenas. De hecho fueron suspendidas actividades de turismo, manejo ambiental y proyectos económicos de pequeña escala en las comunidades que marcharon contra la carretera. Desde el gobierno se declaró también que se trata de un área petrolera que sería explotada y que ya viene siendo estudiada.
Un poderoso ministro también insinuó antes de iniciarse la consulta que se podrían visitar varias veces las comunidades, en caso de que inicialmente se opongan a la obra. Y habló de la construcción de una base militar ecológica. En lo que podría ser una crítica que avance incluso contra los mecanismos de consulta de la ONU , habría que denunciar también que este tipo de consultas son invasivas y no contemplan la posibilidad de que desde ciertas formas de vida (“civilizaciones” en el espíritu que acuñó el término plurinacional), se prefiera no ser consultados ni entrar en el juego de preguntas estatales o compensaciones de empresas.
En la consulta, sólo parece ser posible un sí a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Mojos. El Estado Plurinacional es hoy violencia estatal por medios políticos, económicos y culturales que sólo puede resultar en etnocidio. En el protocolo de la consulta, sólo se escucha realmente la comunidad para “identificación de las necesidades de la comunidad” con un Estado que sólo sabe ponerse en el lugar de la tutela.
Con el argumento de la lucha contra la desigualdad y el interés de las mayorías se destruye la singularidad de lo minoritario. La guerra del TIPNIS desanda así lo alcanzado en el Pacto de Unidad. Por eso hoy la construcción de la plurinacionalidad no es más una tarea estatal: es contra el Estado. La descolonización en Bolivia hoy viene de la autonomía indígena del TIPNIS, en el respeto a su autodeterminación, que es contra el desarrollismo que busca abarcarlo todo. Eso decidió la comunidad de San Miguelito, rodeada de comunidades cocaleras pero firme en su filiación a la subcentral del TIPNIS y el rechazo a la carretera por el núcleo del parque. También las comunidades que decidieron cortar la navegación en los ríos para impedir la consulta en la que no confían.
Así, Bolivia es escenario de dos posibles plurinacionalidades: una de ellas es la del Estado, con la busca de una inclusión de todos que no pudo mostrar alternativas al desarrollo capitalista, a la homogeneidad del nacionalismo y al rapto republicano de la representación directa de las comunidades. La otra forma de plurinacionalidad es la de los territorios, por la autonomía y el Vivir Bien.
Más allá del anti-neoliberalismo de los “gobiernos progresistas”, que a pesar del Estado fuerte y el gasto social dejan todavía mucho que desear en la superación de ese modelo económico, la resistencia del TIPNIS se enmarca en luchas por lo común que se conectan con luchas mapuches contra empresas forestales, luchas en la amazonia contra grandes obras energéticas, luchas de comunidades contra la mega-minería de México a la Patagonia.
Para el nuevo poder “progresista” (de progreso capitalista, hasta ahora) esas luchas se presentan como divisoras, aliadas al imperialismo (las presencia de ONGs extranjeras sería la prueba de ello), “meramente” locales y contrarias al interés de las mayorías. Contra la defensa del TIPNIS, la ideología del crecimiento económico a toda costa encuentra un nuevo Pacto de Unidad, ahora desarrollista, con gobiernos “populares”, jueces, parlamentarios liberales o nacionalistas, la izquierda moderna, medios de comunicación hegemónicos, empresarios ex separatistas y capital transnacional.
En minoría y atacados de todos lados, pero en resistencia, escuchemos esas voces indígenas del TIPNIS que hablan y se movilizan contra un modelo que las desaparece