por Diego Genoud
Los gremios más poderosos van al paro mientras la mitad de los trabajadores ocupados ganan 5500 pesos. El gobierno dice que lucha contra el empleo en negro pero es el primero en violar la ley. ¿Quién negociará con el próximo presidente?
Carlos Salleo tiene 48 años y trabaja hace 27 en Transportadora de Gas del Norte, que cuenta entre sus accionistas principales al Grupo Techint. Es mecánico de compresión en la Planta Deán Funes, en el kilómetro 830 de la ruta nacional 60 Córdoba. Durante 2014, percibió en promedio un sueldo de bolsillo de $18.245 mensuales y pagó $2.850 por mes en concepto de Impuesto a las Ganancias, el equivalente al 15,62% de su salario. Entre 2006 y 2014, el gravamen que los gremios más poderosos quieren borrar del diccionario aumentó para él tres veces más que la remuneración nominal.
La razón de semejante desproporción está en la falta de actualización del Impuesto que la Presidenta mantuvo pese a las quejas de sus sindicalistas más cercanos, Antonio Caló, Gerardo Martínez, Ricardo Pignanelli e incluso Hugo Yasky. Los abogados de Salleo hicieron las cuentas: Ganancias lo obliga a resignar hoy dos sueldos por año.
A partir del caso del mecánico cordobés que trabaja en Deán Funes, la Asociación del Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural acaba de presentar una demanda ante la Justicia Nacional del Trabajo contra la AFIP de Ricardo Echegaray y contra la compañía TGS para que el Estado le devuelva lo retenido por Ganancias durante 2014 y 2015 respecto de su salario y cese con el descuento.
El planteo central de la demanda sindical es que el Estado argentino viola la propia ley del Impuesto a las Ganancias desde 1999 porque no actualiza las escalas cada año, como lo establece el artículo 25. “¿Qué hubiera sucedido si las escalas se hubiesen reajustado por el índice de precios mayoristas, tal como lo prevé la propia ley de impuesto a las ganancias en su artículo 25?”, se preguntan los abogados del sindicato. “En ese caso, nuestro trabajador pagaría $711 mensuales, en lugar de los $2.850 actuales”.
El amparo considera que los trabajadores en relación de dependencia no deben estar comprendidos en la misma la ley que grava las rentas del capital e impugna el actual encuadramiento por inconstitucional, en sintonía con el criterio de Juan Pablo Ruiz, el abogado que escribió un libro de cabecera para muchos sindicalistas, “El salario no es ganancia”.
El objetivo del planteo judicial del gremio que se enrola dentro de la CTA opositora es sacar la pelea judicial por Ganancias del fuero tributario y llevarlo al fuero laboral porque “se está esquilmando el salario”. Si el fuero del Trabajo se declara competente, tal vez contribuya a frenar lo que las súplicas oficialistas y los paros nacionales del gremialismo opositor no lograron en los últimos tres años.
Cuchillo de palo
Casos como el del cordobés Salleo son los que llevarán a los 22 gremios del transporte a encabezar un paro nacional de 24 horas con un doble propósito: presionar al gobierno de Cristina Fernández y avisarle al próximo presidente que se trata de un punto innegociable a revisar a partir del 10 de diciembre, si lo que pretende es arrancar su mandato con más aire que asfixia.
Sin embargo, el kirchnerismo tiene razón en algo: el reclamo por Ganancias contrasta con el de la mitad de los trabajadores ocupados que según reconoce el INDEC cobraban, en diciembre de 2014, un sueldo promedio de 5.500 pesos por mes e incluso con el 75% de los ocupados, unas 12 millones de personas que ganaban menos de 8.000 mensuales.
El mosaico es tan irregular y las realidades son tan distintas que Carlos Tomada afronta denuncias por fomentar el empleo en negro dentro de su propio ministerio. La Junta Interna de ATE dice que la cartera que Tomada conduce hace 12 años “rebalsa de trabajo precario, tercerizaciones y persecuciones gremiales”. En una entrevista con el portal La Izquierda Diario el ingeniero en sistemas Sebastián Scarano relató el conflicto gremial que se desarrolla por estos días y denunció que existe un intento oficial de tercerizar todo el área de desarrollo: la información de las negociaciones colectivas, la gestión de los planes sociales de trabajo y la información que relevan los inspectores que buscan trabajo en negro en el país. Scarano es delegado general adjunto de ATE en el ministerio y trabaja en la Dirección de Sistemas Informático del ministerio desde 1999.
La hora del recambio
Hugo Moyano se corrió del centro de la escena, preside Independiente y le prende velas a Federico Mancuello. Antonio Caló es un dirigente sin predicamento que hace malabares para conducir a su propio sindicato, Hugo Yasky y Pablo Micheli representan a trabajadores de cuello blanco y tienen un poder de fuego acotado. El kirchnerismo quiso convertir a los gremios industriales en su interlocutor principal y –aliado con sindicalistas sin demasiadas luces- obligó a juntar orín a los afiliados que más se ven afectados por el Impuesto a las Ganancias. La izquierda crece con delegados de base en las comisiones internas y disputa la conducción de algunos gremios pero todavía no pudo ganar ninguno. El movimiento obrero argentino se fortaleció a partir de 2003 en cantidad de afiliados y generación de recursos pero no logró parir dirigentes capaces de rebasar a los viejos burócratas sindicales que en su mayoría siguen cómodos en sus sillones. El liderazgo que ejerció Moyano durante gran parte de las últimas dos décadas está vacante.
Si se lleva adelante con la contundencia que promete, el paro del 31 de marzo tendrá un significado importante porque alumbrará la unidad de gremios oficialistas y opositores con eje en el transporte. Como en la década del ’90 pero en otro contexto y frente a un gobierno que dice hablar en nombre de los trabajadores, el plan de lucha surge de los gremios del transporte. El viejo MTA ya no existe como tal. Ya no está Juan Manuel El “Bocha” Palacios sino el ronco Roberto Fernández, ya no está Omar Viviani, que ahora dice militar por el ideario de Sergio Uribarri, ya no está Alicia Castro, que ahora es embajadora kirchnerista en Londres. Con trayectorias y posturas muy distintas, los nombres del moyanista Juan Carlos Schmid y del maquinista Omar Maturano circulan como parte de una nueva conducción sindical, que congregue al menos a las dos CGTs. La nueva generación de trabajadores y el próximo gobierno exigen un recambio que tendrá que gestarse desde ahora, si el gremialismo no quiere quedarse otra vez, afuera de la mesa de las decisiones.