La guerra neocolonial de los Estados chileno y argentino contra el Pueblo Mapuche // por Vitrina Dystópica / órgano de difusión del Grupo de Estudios Experimentales “Paul K. Feyerabend”

De la frontera colonial a la frontera estatal y extractiva

El pueblo mapuche habita históricamente las tierras del Wallmapu, al sur del sur de este continente que el colonizador llamó América, territorios que hoy se encuentran dentro de los Estados de Chile y Argentina: Ngulumapu al poniente de la cordillera de los Andes, y Puelmapu del lado oriental. Ambas expresiones territoriales se extendían hasta los océanos Pacífico y Atlántico respectivamente.

Años antes de la invasión española, lxs mapuches enfrentaron la expansión del Imperio Inca e incluso convivieron en la actual zona metropolitana de Santiago con funcionarios del Collasuyo, la región sur del Incanato. La conquista española implicó una invasión política, cultural y militar —llamada históricamente Guerra de Arauco— que, gracias a la gran resistencia mapuche, estableció las fronteras de Wallmapu al sur del río Bío Bío y al norte del río Toltén. Estos límites fueron reconocidos por el Imperio Español en Quilín (1641) y Negrete (1726). Durante la guerra de independencia de Chile, el Pueblo Mapuche fue principalmente aliado del Ejército Realista y, en 1825, una vez constituida la República, acordaron la paz en el tratado de Tapihue. En él se regulaba la convivencia comercial y diplomática y Chile reconocía la soberanía y autodeterminación mapuche; sus autoridades y legislación.

Sin embargo, las Repúblicas americanas del XIX fueron gobernadas por una casta político-militar formada en la masonería y la Ilustración europeas, no pocos de ellos con ideas despóticas. El proyecto civilizatorio moderno, necesariamente expansivo, moviliza la necesidad de incorporar a los salvajes a la vida civil de la República, ora por la educación ora por la guerra. Así, en 1861 avanza el Ejército chileno al sur del Bío Bío y comienza una campaña de asimilación, aculturación, ocupación y exterminio del pueblo mapuche y sus territorios a la que llamaron Pacificación de la Araucanía. En Argentina, la Campaña del Desierto, operación militar de homólogas características, se inició en 1878.

Desde hace más de siglo y medio, los Estados chileno y argentino han sostenido su proceso de modernización estatal desplegando una guerra contra formas de vida no reconocidas como legítimas por el marco hegemónico y normalizado de vida occidental. El proceso de modernización y la guerra racial sostenida por dichos Estados se han sostenido históricamente en el empuje y expansión de un mercado esencialmente extractivo, cuyo objetivo es demarcar una frontera soberana estatal sobre la tierra y los modos de producción y explotación, expropiados por medio de la violencia al pueblo mapuche y otros pueblos preexistentes.

Hasta la actualidad, este proceso de expansión de la violencia estatal ejercida como estrategia de expoliación de los bienes comunes de los territorios, se ha complejizado en la medida que se sofistican los nuevos mercados transnacionales de inversión extractiva. Es así como, a medida que los intereses corporativos se expanden territorialmente y chocan con los territorios mapuche, la guerra y sus formas de muerte se actualizan.

Existe una guerra desplegada intensamente por parte del Estado de Chile contra el Pueblo Mapuche, reactivada a partir del resurgimiento del movimiento autonomista mapuche desde los años noventa. Hoy en día, el Estado argentino agudiza sus políticas de hostigamiento y persecución racial contra el mismo pueblo. Lo que avistamos es una guerra neocolonial trans-estatal, siniestramente coherente con un proceso de consolidación de los mercados extractivos.

Breve genealogía de la minorización mapuche

Las campañas de ocupación del territorio mapuche estuvieron legitimadas desde las ciudades. Para esto fue clave la función táctica de la prensa, mediante la cual hablaba todo el espectro de la República de Chile del XIX y buena parte del XX. El poder político y económico —a la sazón la misma casta— tomaban control del territorio a través del Ejército, validando esta anexión en términos subjetivos, en la construcción de un relato de pertenencia de lo nacional racializado. A través de este medio propagandístico, se produjo la figura del mapuche borracho, flojo y bárbaro. Este imaginario constituye el sentido común dominante hasta hoy, con el recientemente agregado adjetivo de terrorista. Aun hoy se deposita sobre los pueblos indígenas la figura de lo anómalo, lo inferior, lo peligroso. Aquellos de los cuales se debe prescindir para dar paso al progreso.

El discurso de la modernización y el progreso económico de la nación unitaria soporta primero el avance militar en conjunto con una política eugenésica que promovió la colonización de los territorios ancestrales mapuche. Tras el Ejército, avanza sobre Wallmapu el telégrafo y el ferrocarril y, junto con ellos, los nuevos colonos: europeos occidentales que asegurarán la racionalización productiva de las tierras despojadas al pueblo mapuche. Es un proceso de reorganización económica y racial sobre un territorio cuya soberanía el Estado reclama por la vía militar. Tras la retirada del Ejército chileno para combatir contra peruanos y bolivianos los territorios salitreros de Antofagasta y Tarapacá a favor del imperialismo inglés, son los propios colonos los que continúan el hostigamiento, reduciendo cada vez más los territorios de los Lof —las comunidades— mediante corridas de cerco, quemas de pu ruka —hogares— con familias dentro, robo de animales, engaños y un largo etcétera de horrores, compilados por el periodista chileno Aurelio Díaz Meza, quien reporteó los testimonios de los mismos mapuche en el Parlamento de Coz Coz de 1907.

Sin embargo, la reducción territorial no es únicamente espacial sino existencial. El Lof histórico comporta una relación ancestral con las fuerzas de la naturaleza, incluyendo la existencia del rewe —lugar sagrado ceremonial. La racionalidad productiva de la tierra es incompatible con la matriz de comprensión territorial mapuche. La dinámica de explotación capitalista de la tierra es por definición opuesta a las filosofías de los pueblos preexistentes de respetar los ciclos naturales de las siembras y cosechas, al concebirse como parte de la mapu (tierra) y no como el sujeto que la puede controlar y dominar. En palabras de la machi y poeta Adriana Pinda, mapuche es “aquel que es amamantado, criado, sostenido y mecido por la tierra”. Por lo tanto, el colono que roba tierras al mapuche lo hace con la legitimidad del discurso civilizatorio moderno, al que se agrega el componente capitalista de la producción agrícola y ganadera.

Este proceso, que comienza la primera mitad del siglo XX en Ngulumapu con reducción territorial, empobrecimiento y migraciones forzadas —sumado al intento de industrialización urbana hasta antes del Golpe de Estado de 1973— dará pie a la formación de un grupo social mapuche que se asienta en las grandes ciudades, a quienes el poeta David Añiñir ha llamado mapurbe. Producto de su marginalización en las metrópolis como habitantes de las periferias, han desconectado su vida con el mapuche kimún y mapuche rakizuam —saberes y conocimientos ancestrales—. Asimismo, el proceso de pérdida del mapuzungún —la lengua de la tierra— se acrecienta con esta migración forzada, pero también con su prohibición y castigo en las escuelas rurales.

Durante el período de mayor crecimiento de las fuerzas de izquierda chilena, que cristaliza en la elección de Salvador Allende en 1970, se agudiza un desarraigo entre la comprensión del marxismo con las comunidades mapuche, tensionando la significación espiritual de la tierra con su reducción a una valorización netamente productiva: “La tierra para quien la trabaja” señalaba el lema de la Reforma Agraria y los procesos de recuperación territorial durante la Unidad Popular.

Neoextractivismo: la ley adecuada para el saqueo

El golpe militar de 1973 llegó a poner fin a la redistribución de tierras, que había reorganizado más de un siglo de expoliación latifundista y colonial, y dio inicio a una contrarreforma agraria que afectaría especialmente al pueblo mapuche. La dictadura devolvió a los grandes propietarios una buena parte de la tierras antes socializadas. Sin embargo, tal vez más brutal que la restitución del latifundio, fue el allanamiento para el extractivismo forestal de corte transnacional basado en los monocultivos de pinos y eucaliptos. Para esto, se implementó un recurso jurídico especial: el Decreto Ley 701 —vigente hasta hoy— mediante el cual el Estado chileno ha subsidiado sistemáticamente a los propietarios que den uso forestal a sus territorios, expandiendo los monocultivos de estas especies exógenas al hábitat natural de los territorios del centro-sur del país, lo que ha implicado un dramático deterioro de los suelos, la sequía de napas subterráneas y cursos de agua superficiales, la recurrencia de incendios forestales, y el consiguiente empobrecimiento de la población mapuche y rural chilena.

En el Puelmapu, previo a la invasión militar liderada por el general Julio Argentino Roca entre 1878 y 1885, grandes estancieros agrupados en la Sociedad Rural Argentina promovieron el exterminio del pueblo mapuche al oriente de los Andes, y posteriormente legalizaron la usurpación de los territorios mapuche, dando principalmente uso ganadero a las tierras. Hacia 1889, la Argentine Southern Land Company, de capitales ingleses, se hizo de grandes extensiones territoriales ancestralmente mapuche. Es esta corporación el antecedente de la Compañía de Tierras Sud Argentina S.A., adquirida por el grupo Benetton en 1991, tras los decretos de neoliberalización de la Argentina promovidos por Carlos Menem, que permitieron la venta no sólo de las industrias nacionales sino también de los recursos naturales. A la fecha, la firma Benetton es propietaria de casi un millón de hectáreas en las provincias argentinas de Neuquén, Chubut y Río Negro.

El impulso jurídico impuesto por la dictadura significó un acontecimiento que puso a Chile como un siniestro modelo de desarrollo productivo en cuanto ha implementado una ensayística de la violencia, que opera un ejercicio de soberanía completamente novedoso, al ejecutar desde el mismo Estado su propia desinstitucionalización. Como afirma la investigadora Mirta Antonelli, las dictaduras pusieron en práctica una facultad del poder soberano excepcional, que es consustancial al marco económico neoliberal, y que los gobiernos democráticos post-dictaduras han seguido ejerciendo para preservar los privilegios económicos de inversión corporativos. Estas prebendas jurídicas permiten que industrias de devastación acumulativa —como mineras, forestales, hidroeléctricas, petroleras y pesqueras— se amparen en el derecho para convertir el territorio y los bienes comunes en verdaderos laboratorios a cielo abierto, que se acompañan de técnicas a la vez de destrucción y rentabilización de los territorios, desplegando además estrategias de silenciamiento y represión a las comunidades que osan defenderse. En términos estructurales, los Estados se inhiben a sí mismos respecto de las obligaciones de protección y cuidado que históricamente le habían dotado de sentido dentro de un paradigma jurídico del derecho, abriendo paso a un nuevo modelo de gestión y gobernanza que ampara la violencia como única condición para la inversión.

La crueldad: cacería de mapuches y alianza neocolonial entre Estados corporativos desaparecedores

La cacería de indígenas ha sido parte de todo proceso colonial en Latinoamérica. Se trata de una práctica desarrollada tanto por españoles como por los colonos contratados por los Estados modernos para organizar la consolidación de las soberanías estatales. Hoy estas cacerías toman nuevas formas contra el pueblo mapuche, siempre refiriendo a la arremetida del aparato policial, judicial, mediático y hasta del sicariato, como nos recuerda la muerte de Macarena Valdés.

En enero de 2017, el Lof en resistencia Cushamen ubicado en la provincia argentina de Chubut fue invadido por un pelotón conjunto de la Infantería de la Policía provincial y de la Gendarmería Nacional. Sin presentar orden judicial para el allanamiento, ingresaron de noche y disparando contra lxs mapuche. Emilio Jones y Fausto Jones Huala fueron alcanzados por los tiros de las fuerzas estatales, quedando gravemente heridos. Aunque el supuesto objetivo de la policía era despejar una vía férrea en la que los weichafe —combatientes mapuche— habían instalado una barricada, el periódico Página/12 recogió los testimonios de lxs mapuche de Cushamen: “Entraron a matar”. No sólo fueron disparos, también golpes, amenazas y destrucción de los precarios hogares mapuche.

Como si se tratase de un guión que se representa con cierta periodicidad, en el mismo Lof de Cushamen, la escena se repitió el 1 de agosto de este año, dejando grabada en la memoria popular mundial el nombre de Santiago Maldonado. Sin embargo, en esta ocasión, la operación policial militar fue liderada por Pablo Noceti, el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad argentino, encabezado a su vez por la ex militante de Montoneros y actual mano de hierro de Macri, Patricia Bullrich. La comunidad de Cushamen había sufrido la encarcelación de su lonko y weichafe Facundo Jones Huala en varias ocasiones, pero desde el invierno estaba prisionero en el Penal de Esquel, por un pedido de extradición de Chile.

Este mes de junio, días antes de su detención, se reunieron en Santiago de Chile los presidentes Bachelet y Macri, para tratar “acuerdos estratégicos”. Ambos gobiernos acusan al lonko Facundo de liderar la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) en Puelmapu y de haber participado en la quema del fundo Pisú Pisué en la región chilena de Los Ríos, donde también fueron perseguidas otras dos autoridades ancestrales mapuche del Ngulumapu: la machi —autoridad espiritual— Millaray Huichalaf y el machi Tito Cañulef. Es fundamental destacar que lxs mapuche criminalizados por dicha causa, eran activos resistentes a un megaproyecto hidroeléctrico en la zona cordillerana de Valdivia, donde se encuentra el ngen Kintuante: el espíritu que cruza a los muertos en el río hacia la Wenu Mapu —la tierra de arriba. De concretarse la construcción de las represas, los ríos sagrados serán mutilados por el capital, dejando a los muertos en un interregno sin poder llegar a encontrarse con sus ancestros.

Igual que en enero, ese primero de agosto la Gendarmería ingresó al Lof disparando. Tres pelotones de la Gendarmería participaron del operativo, que se inició también con los tiros de la policía. Escopetas y armas cortas con munición letal fueron descargadas contra pu peñi y pu lamien —hermanos y hermanas— que resistían con wetruwe —boleadoras. El relato de los sobrevivientes fue similar al de enero, sólo que ahora las mismas fuerzas policiales sinceraban sus objetivos: “maten a uno, indios de mierda los vamos a cazar”. Los mapuche se replegaron hacia el río Chubut, también lo hizo Santiago Maldonado pero no pudo cruzarlo porque no sabía nadar. Los testimonios de los mapuche aseguran que la Gendarmería cazó a Santiago: lo golpearon y subieron a un vehículo Unimog, desde donde se le pierde el rastro. Tenía 28 años. De sensibilidad anarquista, viajero, tatuador y artesano, había llegado hasta Cushamen a solidarizarse con la exigencia de libertad del lonko Facundo y la causa mapuche.

Desde el Penal de Esquel, el lonko Jones Huala escribe sus comunicados:

Santiago, ¡gracias! Aunque no lo conocí, conozco a la gente como usted, solidarios, humanistas, desinteresados y sinceros, libertarios anti-sistémicos, consecuentes con las ideas de revolución política y social, aun con objetivos y concepciones diferentes a nosotros sobre el mundo y la vida, no dudaste en darnos una mano aunque te costó esta cruel injusticia. Con el cuerpo en la barricada, esquivando balas, espalda con espalda, supiste lo que sufrimos, no pudiste cruzar el leufu —río— y esos trewua —perros— te cazaron confundiéndote con nosotros. Tu detención y desaparición forzada no deben ser negociadas. Los mapuches no somos anarquistas, no podemos ni queremos, pero Santiago sí, por eso merecen respeto su ideología y sus compañeros, como todos los caídos por un ideal en la lucha por la transformación de la sociedad. El Vikingo fue detenido-desaparecido por el estado, no en un baile, por lo que debe respetarse nuestra tierra, nuestro pueblo, nuestro movimiento. El contexto en el que sucedió: represión política contra el mapuche, en escalada desde hace tiempo. No debe partidizarse la lucha, pero, política siempre lo fue y lo será.

Santiago Maldonado no es el primer detenido desaparecido de la democracia neoliberal argentina. Otros tantos secuestros policiales anonimizados por la minorización de sus víctimas son recordados en esta contingencia de recrudecimiento de la violencia policial, como actualiza el reporte de Cosecha Roja. Son casos que el sentido común olvida o desconoce, porque los desaparecidos eran pobres, travestis, trabajadoras sexuales, indígenas. Genaro y Cristian Calfullanca, padre e hijo mapuche, desaparecidos en Leleque, provincia de Chubut, en abril de 2013. A lo largo de Chile, sigue resonando el nombre de José Huenante, niño mapuche de 16 años detenido y desaparecido por Carabineros de Puerto Montt, en septiembre de 2005.

La ofensiva judicial corporativa en Ngulumapu se sustenta sobre la ley antiterrorista, creada por la dictadura de Pinochet para perseguir a los movimientos que buscaban derrocar a la dictadura. En la post-dictadura chilena, ha sido aplicada mayoritariamente contra mapuches y, en menor grado, contra miembros de organizaciones anarquistas, igualmente sindicados como enemigos del Estado. Rechazada su aplicación por la ONU, Amnistía Internacional y múltiples agrupaciones de derechos humanos, las principales características de la ley antiterrorista son: la utilización de testigos sin rostro, la prórroga del juicio, severas limitaciones de la defensa, y largas prisiones preventivas contra los imputados, que en la práctica terminan siendo una cruenta e impune aplicación de castigo contra quienes el Estado neoliberal tacha de terroristas. En la práctica, la invocación de la ley antiterrorista constituye una forma de terrorismo de Estado, al perseguir sistemáticamente a un sector movilizado al que se le niega el derecho universal a un juicio justo.

Ése es el contexto en que el lonko Alfredo Tralcal y los hermanos Ariel, Pablo y Benito Trangol se encuentren en prisión preventiva desde hace un año y medio en la cárcel de Temuco, acusados sin juicio y por la declaración de testigos sin rostro, de la quema de dos iglesias evangélicas en Padre Las Casas. Lxs mapuche realizaron la huelga de hambre más larga de la historia de Chile, permaneciendo en un ayuno durante 115 días, hasta que finalmente el Ministerio del Interior chileno accedió a retirar la querella por ley antiterrorista el viernes 29 de septiembre. Ariel Trangol, sin embargo, aún permanece en huelga de hambre, como forma de cautelar que el gobierno cumpla la palabra empeñada con sus hermanos.

Este es también es el contexto para entender la más reciente cacería contra la dirigencia mapuche en Ngulumapu, denominada Operación Huracán. El sábado 23 de septiembre, Carabineros realizó diversos operativos de allanamiento y detención selectiva contra ocho relevantes dirigentes mapuche de diversas territorialidades: Martín Curiche —vocero del acampe al exterior de la cárcel de Temuco—, el machi Fidel Tranamil —del Lof Rofúe—, Héctor Llaitul —vocero de la Coordinadora Arauco Malleco—, Ernesto Llaitul —hijo de Héctor y estudiante de sociología en la Universidad de Concepción—, el werkén Jaime Huenchullán —vocero de la Comunidad Autónoma de Temucuicui—, su hermano Rodrigo Huenchullán, el lonko Víctor Queipul —de la misma Comunidad Autónoma de Temucuicui, anteriormente secuestrado y torturado—, y Rodrigo Cid, acusado de haber sido miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, es decir, el nexo perfecto para justificar las detenciones con la reacción antisubversiva. El jefe de la inteligencia policial, Gonzalo Blu, afirmó tener pruebas de que los mapuche encarcelados participaron de tres quemas masivas de camiones forestales. Las pruebas fueron filtradas a la prensa corporativa y consisten en dudosos pantallazos de WhatsApp, con mensajes escritos en castellano y en un registro sospechosamente similar a la jerga policial. Además, el general Blu advirtió que preparan más detenciones.

Proyección de la ofensiva trans-estatal neoliberal

Observamos, pues, la intensificación de la guerra bi-nacional racista de dos Estados que nunca dejaron de ser desaparecedores. Desaparecen el cuerpo físico por medio del secuestro: Santiago Maldonado y José Huenante. Desaparecen la presencia y la memoria con la banalización de nuestros asesinados: Rodrigo Melinao. Desaparecen la pregunta por la justicia a través de la impunidad: en el asesinato de Luis Marileo y Patricio González a manos de un policía devenido terrateniente. Intentan desaparecer el coraje de la lucha por la autodeterminación mediante el miedo y una pedagogía de la crueldad. Sin embargo, la ofensiva consigue lo contrario a declinar la ancestral fuerza del Pueblo Mapuche.

La administración Bachelet juega a dos bandas en este escenario. Por una parte, en pleno Wiñol Tripantu —solsticio de invierno en el sur—, pide disculpas al pueblo mapuche “por los errores y horrores que ha cometido o tolerado el Estado en nuestra relación con ellos y sus comunidades”. Al mismo tiempo que anuncia el Plan de Desarrollo y Reconocimiento de la Araucanía, que en una retórica de inclusión e integración, robustece el modelo extractivista con el fomento de la participación mapuche como productor para la industria forestal, promoviendo también la empresarización y capitalización del pueblo mapuche como folklore chileno. Por otra parte, desata su ofensiva en intensa concordancia con los planes corporativos de Macri en la Argentina. Recientemente, se han reunido en Buenos Aires el subsecretario del Interior y Seguridad Pública de Chile, Mahmud Aleuy, con su homóloga argentina, ministra de Seguridad de la Nación, la perversamente célebre Patricia Bullrich. A través del periodismo empresarial, hemos conocido que el objeto de tan importante encuentro bi-nacional ha sido un supuesto ingreso de armas para las organizaciones mapuche a través de pasos fronterizos clandestinos en el Wallmapu histórico. El Mercurio anuncia los planes para “destruir en conjunto” dichos pasos.

Otro periódico chileno de reconocida trayectoria derechista, La Segunda, publica en su edición del lunes 25 de septiembre las reacciones de distintas personalidades tras las detenciones de la Operación Huracán. Entre ellas, llama la atención el análisis de quien fuera el director civil de la Agencia Nacional de Inteligencia durante la administración Piñera, Gonzalo Yuseff. El analista celebra el operativo en el marco de lo que considera la desarticulación de los grupos violentistas mapuche, a la vez que advierte que en estas circunstancias de ofensiva policial y judicial, lo que debe esperarse del movimiento autonomista mapuche es “una patada de burro”, es decir, una acción desesperada que acelere e intensifique la ofensiva del Estado.

No son palabras gratuitas, viniendo de un ex director de la Inteligencia estatal. Es posible que la cuestionable calidad de los montajes jurídicos no sea únicamente producto de la evidente incompetencia de Carabineros, sino que haya la intención política de provocar una radicalización que permita seguir golpeando al movimiento mapuche con asesinatos y encarcelamientos, lo cual no será jamás un argumento para desestimar la ofensiva de los movimientos que construyen caminos de emancipación. Antes bien, resultan imprescindibles la cautela, el cuidado y el cariño en el seno de toda organización revolucionaria.

Como hemos notado, en todas estas tácticas trans-estatales anti-mapuche uno de los actores fundamentales son los medios de comunicación, por cuanto operan produciendo un sentido que legitima la represión y fomenta las más tristes pasiones ciudadanas, como son el miedo a lo colectivo y comunitario, y un sádico deseo de securitización social. Los grandes medios argentinos, agrupados en el grupo Clarín, con expresión ejemplar en un tipo como Jorge Lanata, han producido un clima de fascismo ciudadano que, al mismo tiempo, niega y aplaude la escalada represiva del macrismo.

La desaparición de Santiago Maldonado ha despertado una amplia sensibilidad a favor de los derechos humanos en la Argentina, cuyo precedente es el trauma de los 30 mil detenidos desaparecidos durante la dictadura. Sin embargo, en la medida que los medios corporativos vehiculan opiniones que deshumanizan a los enemigos del Estado, se multiplican las iniciativas de ciudadanos que persiguen silenciar este crimen o justificarlo “porque algo habrá hecho”. Así, se escucha al periodismo represivo, de vestidura liberal, defender los más desquiciados y desinformados argumentos como que los mapuche son chilenos, o que la RAM es financiada por ingleses y por kurdos.

Por todo lo anterior, ante el temor que buscan crear desde los Estados chileno y argentino entre el mapuche y sus pu wenuy —amigxs—, ante la prisión, los asesinatos y las desapariciones forzadas, como parte de este pueblo múltiple y en resistencia al capitalismo devastador, nos encontramos multiplicando las acciones de resistencia, propaganda, agitación y solidaridad, con inteligencia, creatividad y afectividad, en una ofensiva sensible de los cuerpos que nos conjugamos en las infinitas maneras con que agrietamos los muros que nos dividen.

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