por Mario Santucho
Foto: Sub.Coop
Entre los pliegues de una insípida campaña presidencial, la patente de una nueva semilla de segunda generación genera tormentas en el verde horizonte del paraíso sojero. Un conflicto en el que se dirime cómo se distribuye la renta, cuántas veces se paga por una invención y si hay alguna chance de domesticar al agrobussines.
El país debate cuál será su próximo gobierno. Drones, reflectores, micrófonos, cámaras infrarrojas, todos apuntan a un mismo objetivo: los tres candidatos. La escena mediática se auto-excita, aunque haya poca chicha y poca limoná. Mientras tanto, entre corrillos ministeriales y argucias corporativas, se libran pugnas que pueden definir el porvenir nacional. Entre otras: la “batalla de las semillas mágicas”.
Uno de los primeros en replicar la voz de alerta fue el gran periodista rosarino Luis Ortolani: “Monsanto está estafando a los productores agropecuarios, en alianza con los monopolios exportadores.” En abril las facturas de Monsanto Corporate de Estados Unidos comenzaron a tocar las puertas de los primeros sojeros que se apresuraban a exportar el oro vegetal. La multinacional norteamericana pretendía cobrarle regalías, a valor de 15 dólares por tonelada, a unos 700 empresarios que usaron su nueva semilla transgénica.
La República Unida de la Soja, entonces, crujió. Y algunos trapitos salieron al sol. Siempre atento a un sector que controla el cincuenta por ciento de las exportaciones del país, o sea la mitad de los escasos dólares que ingresan al Banco Central, el Gobierno Nacional metió la cuchara. Las cartas están echadas. Pero esto recién empieza.
La M
La disputa siempre es por la renta. El escándalo estalla cuando algún actor importante de la cadena realiza un movimiento que no figuraba en los cálculos, con el objetivo de darle un mordiscón más grande a la tarasca. En el 2008 fue el Estado a través de las retenciones móviles. Ahora es el turno de Monsanto, el principal player del mercado mundial de semillas (27% del total). Pero existe un trasfondo político en cada uno de estos conflictos: ¿quién tiene derecho a la renta en esta democracia trasnacionalizada?
“Toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz”, escribió José Martí en 1893. En nuestros tiempos la cápsula mágica se llama Intacta RR2 Pro, cuya promesa es un aumento del 11% en el rinde, con mejor control de plagas y de malezas. Fue presentada el 21 de agosto de 2012, en una ceremonia conjunta entre la plana mayor de la compañía estadounidense y el por entonces ministro de Agricultura Norberto Yauhar, quien festejó: “Es un día muy especial para Argentina, porque vamos por una segunda generación de soja. La biotecnología es una herramienta para el crecimiento sustentable”.
Luego de este ingreso triunfal, la semilla genéticamente modificada de Monsanto pasó a etapa de reproducción en los cuarteles de germoplasma de la industria semillera. En la jerga del sector se los llama “obtentores”. Unas 120 empresas en su mayoría nacionales, liderados por Don Mario, pero subordinados a los cuatro fantásticos, los creadores de biotecnología, todos yanquis: Dow AgroScience, Syngenta, Pioneer, y la M. Terribles orgas.
Cumplido el ciclo vegetal, la Intacta RR2 Pro saltó a la cancha con la intención de copar parte del mercado durante la campaña 2014-2015. La estrategia supuso comenzar por el norte del país, evitando la zona núcleo donde se concentra la intelligentzia agroexportadora. Pero antes de depositar sus privilegiados genes en el barro, los productores debieron firmar una licencia comercial que venía con sorpresa: “una licencia limitada, onerosa e intransferible de uso de la tecnología…”, según reza el contrato. “Como contraprestación por la licencia de uso de la tecnología INTACTA RR2 PRO el productor deberá pagar el Canon INTACTA al momento de entregar el Grano, y en función de la cantidad entregada. El Canon INTACTA es totalmente independiente del precio de compra de la bolsa de Semilla INTACTA y de la regalía extendida que cobran los semilleros por sus variedades.”
La bolsa y la vida
Monsanto no pudo hasta el momento exprimir a la soja argentina, tercer productor del orbe, como sí hace en EEUU y en Brasil, los líderes mundiales. Su rentabilidad en estas pampas la extrae del maíz y el girasol, y no es que le vaya mal: 1300 millones de dólares por año. Con la soja, al decir de un baqueano del rubro, hace escombros.
El obstáculo viene siendo la imposibilidad de cobrarle a los gauchos sojeros en concepto de patentes biotecnológicas por las semillas de laboratorio. El productor compra una bolsa de semillas mágicas, luego la reproduce él mismo, y si te he visto no me acuerdo. Lo hace amparado en el “uso propio”, un concepto tan antiguo como la agricultura, que supone reservar una parte de lo producido para utilizarlo como simiente en la próxima consecha. Y existe también la “bolsa blanca”, un mercado paralelo e ilegal de semillas genéticamente modificadas, para eludir el pago de patentes. La Salada de los terratenientes.
Desde la Asociación de Protección de las Obtenciones Vegetales (ArPOV), que no es un grupo ecologista sino una punta de lanza corporativa, presidida por el bueno de Don Mario, y en cuya Comisión Directiva figuran todos los muchachones (Nidera, vice; Monsanto, Secretario; Pioneer, tesorero; Syngenta, vocal), dicen que sólo el 15% de las 20 millones de hectáreas dedicadas al cultivo de soja han sido sembradas con semillas certificadas. El peor porcentaje de la región, muy lejos del 70% que ostenta Brasil, y del record uruguayo de 97%. ArPOV calcula en 400 millones de dólares las pérdidas de sus socios.
Scanners cazabobos
Los contratos privados extendidos por Monsanto a la hora de entregar la Intacta RR2 Pro ofrecían descuento para quien aceptara abonar voluntariamente el canon tecnológico. Pero quienes pretendieran eludir el pago de regalías, iban a tener que garpar 15U$ por tonelada con tecnología Intacta. Como era de esperar, muchos productores eligieron hacer las cosas por izquierda. Entonces sucedió lo inesperado.
En vísperas de la cosecha 2014-2015, la M montó un operativo de fiscalización propio en acuerdo con las grandes empresas exportadoras, quienes a su vez pusieron la tenaza sobre los acopiadores. Estos últimos fueron equipados con scanners que detectan si los granos que arriban en camiones a los puertos tienen en su origen la semilla mágica, en una proporción superior al diez por ciento. Allí se libra aviso a Monsanto, quien dispara las facturas correspondientes.
Los sojeros, acorralados, pusieron el grito en el cielo, y fueron a tocar la puerta del aborrecido ente estatal. Todo liberalismo tiene un límite. Más allá de la libre concurrencia, empieza el lobby.
El Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Gabriel Delgado, sentó a las partes en una mesa de negociación con sede en el Ministerio. Corría junio cuando se llegó a un lábil acuerdo, que el funcionario plasmó en un Decreto de Necesidad y Urgencia y luego, por recomendación de la Casa Rosada, transformó en un anteproyecto de ley para ser presentado al Congreso de la Nación.
Monsanto bombardea este armisticio, amparado en la precariedad del territorio legal en el que se dirime la contienda. La normativa que regula la producción y comercialización de semillas vigente en la actualidad data de 1973. Por ese entonces no existían las semillas genéticamente modificadas, y los primeros brotes de soja recién habían ingresado al país (rescate emotivo).
Gustavo Grobocopatel, uno de los principales ideólogos de la mística sojera, siempre metafórico, opina que “la ley de semilla nos atrasa: es como si tuviéramos un SADAIC que no le puede pagar a los autores y compositores; entonces no hay incentivo para hacer música nueva”.
Agrobussines nacional y popular
“La pelea conceptual consiste en decidir si aplicamos en este conflicto la Ley de Semillas o si priorizamos la Ley de Patentes. Somos de la idea que precisamos una legislación superadora que evite este gris legal que va a seguir generando conflictos. Personalmente, yo no estoy de acuerdo en patentar genes porque no creo que haya que pagar por dar vida”.
Quién habla es Gabriel Delgado. Dejemos que se explaye:
“Que se entienda bien, nosotros no estamos en contra de que se remunere la biotecnología. Si no generamos incentivos para la innovación, se va a terminar reduciendo el potencial de nuestro sector agrícola. El anteproyecto de ley que redactamos incluye el pago de un canon tecnológico por parte de los grandes productores, en lugar de una regalía por la propiedad intelectual. Proponemos que el productor compre la bolsa de semilla, como sucede hoy, y ya no deba pagar más. Buscar el modo de reducir los márgenes del comercio ilegal de semillas, conocido como ‘bolsa blanca’. El canon tecnológico que se le aplicará a los grandes productores va a parar a un fondo cuyo fin es financiar al sector del germoplasma y a la biotecnología. Nosotros pensamos con buena leche este mecanismo, pero evidentemente es una cuña contra el dominio de Monsanto al interior de la industria semillera. Por eso reaccionaron.”
La pesada
En una carta fechada el 23 de junio de 2015, el Presidente de Monsanto Argentina Luis Beling le hizo saber personalmente al Secretario de Agricultura su “profunda preocupación” respecto del “referido anteproyecto”. La misiva está firmada de puño y letra, fue despachada desde Maipú 1210, Piso 10, con copia al Jefe de Gabinete de Ministros Aníbal Fernández.
Ocho razones argumentan su desacuerdo. Entre ellas dos se destacan. La primera prioriza la propiedad por sobre la producción: “El titular de los derechos del obtentor y de la patente no cobran por el uso propio de la semilla que realice el productor, dado que el pago en concepto de ‘canon tecnológico’ que establece el anteproyecto es recaudado por el Estado…” La segunda refiere a una cuestión de soberanía: “Se sujeta la Ley de Patente a la Ley de Semillas cuando la primacía está definida por los acuerdos multilaterales firmados por la República Argentina”.
El empresario concluye: “En definitiva, entendemos que este anteproyecto carece de las condiciones mínimas para su remisión al Honorable Congreso de la Nación… y podría impactar negativamente en la inversión directa que genera esta cadena de valor y en los 100 mil puesto de trabajo asociados.”
La maquinaria de presión de la multinacional se puso en marcha. Primero se aseguraron que los Semilleros sacaran los pies del plato. Luego dieron señal de fuego al tiroteo mediático. Preventivamente enviaron a sus “consultores”, nombre que adoptan los lobbistas cuando quieren guardar las formas, a tantear el Congreso.
El 8 de julio el Ministro de Agricultura Carlos Casamiquela recibió al embajador estadounidense Noah Mamet, con la intención de publicitar la reciente reapertura del mercado norteamericano para la exportación de carne argentina. Hacia el final de la reunión, el affaire de las semillas entró en el temario. Monsanto, obviamente, había ido a tocar la garita diplomática. Pero el as que la M tiene en la manga es su acceso directo a la Casa Rosada, desde que el 15 de junio de 2012 consiguieron una reunión privada con Cristina en Nueva York.
Así las cosas, es muy posible que la definición quede en el tintero, a criterio del gobierno por venir. Durante la próxima campaña 2015-2016, que comienza a sembrarse en octubre, el conflicto se extenderá a toda la pampa gringa, donde se núclea la crema y nata de la aguerrida fuerza social rentista. La Intacta RR2 Pro ya se está distribuyendo en todo el país, mientras los precios internacionales de la soja continúan su ciclo depresivo.
Una situación muy in-commoditie.
(fuente: www.revistacrisis.com.ar)