El 2 de abril de 2017 Leandro Javier Rodríguez Lastra recibió en la guardia del hospital público de Cipoletti a una chica de 19 años, víctima de una violación, que había tomado pastillas para abortar. El tocoginécologo le dio un medicamento para frenar el aborto y la obligó a continuar con el embarazo. Está acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El tocoginecólogo Leandro Javier Rodríguez Lastra, reconocido militante antiaborto, declaró en la primera audiencia del juicio en su contra. Está acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público: el 2 de abril de 2017 recibió en la guardia del hospital público de Cipoletti a una chica de 19 años que había tomado pastillas para abortar. Le dijo que había sido víctima de una violación y exigía una interrupción voluntaria del embarazo. Rodríguez Lastra le dio un medicamento para frenar el aborto y la obligó a continuar con el embarazo.
En la primera audiencia del juicio el médico contó que la chica “había tomado cuatro pastillas de misoprostol”. “Es una dosis tremenda”, dijo. Aunque la chica le repitió que no quería seguir con el embarazo, él la medicó contra su voluntad. “Ella no estaba bien, con 39 grados de fiebre no tenemos lucidez para entender lo que nos están diciendo. Le inhibí las contracciones para no agravar el estado de salud de la paciente”, declaró Rodríguez Lastra, según publicó el portal Mis Noticias.
“La joven fue sometida a torturas. Estuvo internada durante meses hasta que se le practicó la cesárea. El sufrimiento provocado ha sido muy alto”, explicó a Cosecha Roja Ruth Zurbriggen, integrante de la colectiva feminista La Revuelta. Desde el día del parto la chica estuvo bajo tratamiento psiquiátrico y tuvo varios intentos de suicidio. Hoy también declaró en el juicio. Lo hizo a puertas cerradas y sin público en la sala.
Rodríguez Lastra no está imputado por negarse a interrumpir el aborto legal sino “porque una vez iniciado el proceso y consciente de que el embarazo era producto de una violación, que la joven víctima había ingerido medicación para interrumpir el proceso de gestación y que cumplía con todos los requisitos para acceder al protocolo de interrupción legal del embarazo, administró la medicación necesaria para detener el proceso”, informó el equipo de fiscales a través de la página del Ministerio Público de Río Negro.
“Este juicio es muy importante. Hay prácticas muy instaladas en temas de salud sexual reproductiva y no reproductiva de las mujeres y otras personas con capacidades de gestar. No sólo en casos de interrupciones legales de embarazos. Son prácticas naturalizadas de ejercicio del poder sobre la decisión de otres”, dijo Zurbriggen. “Los preceptos morales no pueden ser utilizados como herramienta para incumplir derechos garantizados”.
“Todo proceso judicial es pedagogía”, explicó Zurbriggen. “Acá existe la posibilidad de una pedagogía de la justicia, que muestre que no todo va a tolerarse sin intervención: no todo vale en el sistema de salud”.
El juicio será breve. Después de tres audiencias, el tribunal unipersonal integrado por juez Álvaro Meynet dará el veredicto. El médico enfrenta una posible condena de un mes a dos años de prisión e inhabilitación especial.
