Gendarmería y narcotráfico. El peronismo como garantía del consumo // Pablo Fernández Rojas

En el nuevo armado del gabinete ejecutivo, el objetivo y el spot que se reproduce por todos lados es “más peronismo, más consumo”. Me pregunto si es una frase más o si realmente el consumo “popular” o el mercado informal es necesariamente peronista. ¿Qué nos garantiza el peronismo a diferencia de otra fuerza política sobre el acceso al consumo? Y ¿cuáles serían los instrumentos prácticos que lo harían posible?

El peronismo tiene la facilidad y la plasticidad suficientes para adaptarse a los momentos, a las coyunturas: se permite bajar los cuadros de los dictadores y enviar la gendarmería a los barrios. ¿Cómo es posible? La sensibilidad de entender a la gente que trata de representar existe desde siempre en sus políticas, y los momentos en los que menos lo hizo fueron los de mayor pérdida política. Pero en los últimos años –los del kirchnerismo– le agregó la lectura económica. Si a la sensibilidad social le aplicás las reglas del mercado, y al discurso de la redistribución de derechos le integrás el acceso al consumo como un derecho más, generás una dinámica de valorización de las políticas públicas económicas: Nosotros, el pueblo, defenderemos los derechos conquistados y aceptaremos los costos de esto; canjeamos derechos humanos por derechos económicos. Ustedes, peronismo, tienen que garantizar que ese acceso al consumo y conquista de derechos sea perdurable. En cuanto esto esté en duda, o alguien lo ponga en duda, el pueblo le dará la espalda. Ninguna otra fuerza política pudo utilizar o utilizó el discurso de la sensibilidad social y la economía para aplicar las agencias de seguridad en los barrios. Siempre la excusa fue la inseguridad. Hoy, le permitimos a un gendarme que cuide nuestra integridad económica, pero no nuestros derechos humanos.

Bajo Flores

El mapa del Bajo Flores, que no se reduce exclusivamente a la villa 1-11-14, se enmarca entre las avenidas Varela, Castañares y Perito Moreno (cancha de San Lorenzo de Almagro), la calle Agustín de Vedia, avenida Riestra, la calle Presidente Camilo Torres y la calle Corea. La distinción entre la Villa y el Barrio no es caprichosa. La villa está integrada por 31 manzanas numeradas y con una densidad de población por metro cuadrado altísima para la ciudad. No es el único barrio que integra el Bajo Flores. Dentro de esa delimitación, comparte territorio con Barrio Rivadavia I, Barrio Rivadavia II y Barrio Illia. Casualidad o no, estos barrios de población argentina tienen nombres de ex presidentes de esa nacionalidad. Mientras que en la 1-11-14 –o como se llama ahora: “Barrio Padre Ricciardelli”– la población es migrante por abrumadora mayoría, en general proveniente de Bolivia, Perú y Paraguay.

El Bajo Flores generó su propio ecosistema: un conjunto de relaciones e interacciones entre estos cuatro barrios. Después de 2001 y a partir de 2003, el crecimiento de la villa fue exponencial, se tornó imparable. La migración dejó su sello en uno de los mercados de consumo más grandes y dinámicos de la ciudad de Buenos Aires. Esa nueva era para la villa fue la de una micro revolución industrial: pasó de ser una villa residencial a convertirse en una capital para el consumo y la producción. Llegaron los talleres textiles, restaurantes provistos de cocinas industriales y mini pymes de construcción, entre otros emprendimientos. La fricción con los otros barrios del Bajo no se hizo esperar. La vertiginosa prosperidad de la villa fue atacada por sus vecinos –los de los barrios presidenciales– con denuncias por la evasión fiscal. La villa, en el pasado, no pagaba impuestos.

Son paradojas poco estudiadas: una economía pujante, que se beneficia de un territorio con una población carenciada, que explota el diferencial de un territorio de emergencia en medio de la ciudad; y un territorio de los más seguros –el interior de la villa 1-11-14– que sin embargo, irradia inseguridad en su periferia.

La migración pobre proveniente de países vecinos es inseparable de cierto ideal comunitario, que se manifiesta en las formas de solidaridad económica y en sus prácticas de la justicia. Las relaciones entre vecinos en la villa forman la base de una construcción territorial con una enorme capacidad de proveer seguridad y conjurar/condenar la actividad violenta y delictiva.

El choque cultural entre la villa inmigrante y los barrios de población local fue muy fuerte, y la hostilidad que creció al ritmo del diferencial del progreso económico, encarnó en la proliferación de bandas de pibes o berretines –nacidas a partir de los años noventa– que, desde los barrios argentinos, encontraban la posibilidad del delito fácil dentro del Bajo, menos riesgoso que el delito fuera de sus fronteras. Así se anudaba, en los hijos de los años noventa, el sueño de apropiación delincuencial del progreso vecino, sueño que se llevó a la práctica creando zonas a-legales de impunidad para el saqueo, y nacían las primeras “aduanas” sobre la avenida Bonorino que surca el Bajo Flores.

Desde entonces, salir al exterior de la villa, viajar hacia los otros barrios de la ciudad, suponía pagar peaje. Las fronteras entre el barrio y la ciudad se convirtieron en un ente fiscal informal. Una institución tributaria al servicio de los nativos.

Paralelamente, un nuevo y próspero negocio da inicio a lo que no dudaría en calificar como una nueva fuerza moral, un poder legislativo, judicial y a la vez ejecutivo del barrio. El narcotráfico, que en un principio solo funcionaba como franquicia, comienza a incrementar sus flujos de importación y exportación con el resto de la ciudad y del país. Las villas pasaron de ser territorios de tránsito a territorios apropiados.

Así como en la macro política la seguridad tanto como la inseguridad son la excusa de la permeabilidad en términos de derechos humanos, en la micro política de la villa también lo fue. Se les concedió a las bandas narcos un papel y un rol de garantes de la seguridad ante el “extranjero” en la villa: se cedieron derechos a cambio de seguridad. Las bandas narco empezaron a ejercer al modo de un ente regulador dentro del barrio y a la vez como protector de este. La sistematización legal de la violencia consagró el establecimiento de la rivalidad, en ahora igualdad de condiciones, entre los barrios y la villa. Los territorios de frontera se convirtieron en zonas en disputa, con población rehén y enfrentamientos, bajo el paraguas de la impunidad ofrecida por el Estado. Pero en la vida cotidiana ¿qué era lo que más afectaba a los vecinos, tanto del barrio como de la villa?

Fronteras

La no presencia estatal ni narcoestatal. Al no regir nadie estas fronteras, estábamos a la deriva. El organigrama y la emulación de entes estatales en la 1-11-14, entre los delegados, partidos políticos y narcos, fortalecía mayores garantías fiscales y de seguridad dentro de la villa. En cambio, en los otros barrios, se percibe una no organización, una anarquía que, por el contrario, garantiza la reproducción de esta delincuencia y una suerte de ente regulador de los ritmos por fuera de la villa.

Una muestra de esto fue cuando en 2005, el escenario del enfrentamiento entre los por entonces capos narcos de la villa no se desarrolló dentro de la misma, sino en la frontera entre la villa y el barrio Rivadavia I, sobre la avenida Bonorino. Un enfrentamiento planeado y orquestado durante la procesión del Señor de los Milagros. También sobre la misma avenida y escenario, todos los domingos se organiza la Feria de Bonorino, uno de los mercados informales –alegales e ilegales– más grandes de la ciudad de Buenos Aires. En exactamente el mismo escenario de alegalidad, se reproducen mercado y violencia.

Esta avenida, junto a Riestra, fueron posteriormente los lugares más peligrosos del Bajo Flores. El mayor porcentaje de robos, violencia, tiroteos y delincuencia general se daban ahí. Los años de mayor inseguridad en el barrio fueron, probablemente, entre 2006 y 2011. Durante 2007, en dos ocasiones se produjo la toma de unos departamentos construidos por Presidencia de la Nación en la frontera entre la villa y el barrio. En ambas tomas, se vieron involucradas personas de la villa y del barrio, y en ambas situaciones, la fuerza de seguridad que actuó fue la Policía Federal. La policía, una vez que desalojó violentamente a las personas, se retiró. Fue la primera vez que recuerdo ver a la población manifestar el derecho al racismo. El problema no era la toma de departamentos ni la ocupación, sino que los actores de esto fueran extranjeros. Un aviso.

Cinturón Sur

La toma de tierras del Parque Indoamericano en diciembre de 2010 (nuevamente una frontera entre Villa Soldati y Lugano), exacerbó masivamente este pedido de derecho al racismo. Por primera vez fue público. Acabó con muertes y diferentes reacciones de las colectividades extranjeras, protagonistas de las tomas. Fue uno de los momentos de mayor obscenidad política, por un corto período de tiempo, que permitió que esas pasiones oscuras de racismo, clasismo, xenofobia, se permitieran ser expuestas públicamente. Esto produjo un desencadenamiento con la reorganización del gabinete nacional (Aníbal Fernández incluido). El crecimiento de la figura pública de Nilda Garré y la aplicación del Cinturón Sur, el plan para permitir a la gendarmería operar dentro de los barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires.

Simbólica y literalmente trasladaron a los encargados de recibirnos a nosotros, migrantes en la frontera, a custodiar nuestras nuevas fronteras en el barrio. Nosotros como migrantes no podemos separar la imagen de la gendarmería con el recuerdo de la no pertenencia, son quienes nos anuncian que las políticas y dinámicas de este nuevo territorio son otras. El primer recuerdo del desarraigo nuevamente en nuestras vidas y en la cotidianidad.

Esta nueva guetificación significa muchas cosas en el barrio, ya llevamos 10 años conviviendo con la gendarmería. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se explica que una fuerza que llegó para reforzar la seguridad en los barrios y la pelea contra el narcotráfico, no haya podido darle batalla en 10 años? Entonces, ¿qué vinieron a proteger? Esta pregunta tiene muchas respuestas. La medida percibida desde un punto de vista burgués. Esa sensación de seguridad con la gendarmería impidiendo la salida de los villeros. Y sería sencillo ampararme y hablar de los derechos ultrajados y de lo violento que es tener uniformes verdes con una escopeta en la mano en las calles de mi barrio. Pero prefiero repensarlo: un gendarme es un agente del orden, y si no está acá para “combatir el narcotráfico” (en lo efectivo), ¿qué nos garantiza?

El consumo y el mercado es lo que constituye la mayoría de los territorios, no siempre, pero también otorga libertades y limitaciones dando forma a asentamientos populares. Garantizar estas dinámicas dentro de estos barrios es parte de una política económica: la economía informal, alegal e ilegal, genera las nuevas estructuras de las villas. Es muy probable que los mercados de consumo más grandes y con mayor apertura de la ciudad se den dentro de las villas. Dinero no fiscalizable pero, como política social, necesario (un costo a pagar para el Estado). Los momentos de mayor rispidez entre la gendarmería y los vecinos de los barrios –gobierno del PRO y pandemia– siempre fueron los de menor crecimiento económico. En cambio, con un mercado grande la paz es sustentable.

En lo que respecta a la vida cotidiana de los que quedamos en el medio, los que vivimos y transitamos el barrio y, sobre todo, los que vivimos en esas pequeñas fronteras, antes escenarios de enfrentamientos, violencia y delincuencia, entregamos algunas pequeñas libertades (libertades que nunca fueron garantizadas por el Estado) para permitir la presencia de los agentes de frontera. Nos otorgaron seguridad y paz, en parte, y en la relación villa-barrios, la violencia delictiva xenófoba bajó en gran medida y permitió cierto desarrollo de normalidad en el tránsito de las personas. Un claro ejemplo es la superpoblación de autos estacionados en todas las calles y avenidas del barrio y alrededores (Avenida Varela por dos cuadras no es transitable por esta razón), que antes no se veían y hoy en día sí. No tiene tanto que ver con el crecimiento del poder económico, sino que hay dos agentes (uno estatal y otro comunitario ilegal) que nos garantiza la seguridad para poder invertir. También aseguró el crecimiento económico y la independencia de la villa hacia dentro de sus propias fronteras (narcotráfico incluido).

Entonces, lo que termino encontrando como respuesta a mis preguntas previas, es que siempre que se crearon entidades de seguridad en el barrio –más allá de que fuesen justicias comunitarias, agentes de aduana o frontera, bandas improvisadas armadas, carteles de droga–, su influencia, de fondo, está pensada en el mercado y la producción. Solo me queda reflexionar sobre la injerencia de estos en nuestras mundanas vidas comunes.

¿Quiero que se vayan los gendarmes de la villa? No.
¿Quiero que estén los gendarmes en el barrio? No.
¿El peronismo puede permitirse perder el territorio, en términos de economía y consumo? No.
Las fronteras y el mercado son parte de mi construcción e identidad, y algunas de esas respuestas me lo recuerdan.