Decretos de emergencia y estados de excepción, Ley Antiterrorismo, Ley Argentina Digital, Nuevo Ministerio de Moderninazación, Ente Nacional de Comunicaciones, Ministerio de Comunicaciones, pequeños grandes pasos hacia la Sociedad Global de la Información y la Gobernanza en Internet. Seguimos con las clases de Laura Siri (Fundacion Via Libre, Crative Common) sobre cómo se reorganiza el poder en plena revolución digital.
La seguridad involucra, en primer lugar, la protección de las personas contra daños o muerte por parte de otras personas y, en segundo lugar, la protección de los objetos y propiedades contra hurto, daño o destrucción ilegales. Como se supone que estas protecciones actúan a favor de la sociedad como un todo, suele argumentarse que valen más que el respeto por la privacidad del individuo.
Sin embargo, proteger la privacidad de los individuos, como hemos ya argumentado, genera externalidades positivas para toda la sociedad, no solamente para los sujetos directamente afectados. Así lo explica Daniel Solove en el artículo que ya hemos citado en publicaciones anteriores (Enlaces a un sitio externo.):
“El valor de proteger al individuo es social. La sociedad involucra una gran dosis de fricción y estamos constantemente chocando unos con otros. Parte de lo que hace a una sociedad un buen lugar para vivir es cuánto permite a la gente tener libertad contra la intrusión de otros. Una sociedad sin protección de la privacidad sería sofocante y podría no ser el lugar donde la mayoría querríamos vivir”.
Otra cuestión que debemos resaltar es que, muchas veces, privacidad y seguridad no solo no son antagónicos, sino que son casi sinónimos. Ya en 1994 el investigador Roger Clarke subrayó que (Enlaces a un sitio externo.) “la visibilidad creciente de los hábitos y movimientos de la gente crea oportunidades para realizar delitos” No hay, por lo tanto, seguridad personal sin privacidad.
Del mismo modo, cuando la seguridad personal de jefes de estado, embajadores y otros funcionarios gubernamentales se ve comprometida por una incursión contra su privacidad (por ejemplo, por un acceso ilegítimo en sus comunicaciones), también puede verse afectada la seguridad nacional. Es otro ejemplo de que menos privacidad puede conducir a menos seguridad, en este caso no solo para el individuo afectado. De hecho, defender la privacidad puede ayudar mucho en el mantenimiento de la seguridad.
Por lo tanto, es falaz oponer genéricamente los valores de la privacidad y de la seguridad. Más aún, siempre es crucial identificar con precisión el tipo y la gravedad de la supuesta amenaza a la seguridad en juego e identificar apropiadamente los riesgos para el ejercicio democrático y los derechos humanos que la solución propuesta pudiera implicar. También es preciso no confundir entre tipos de seguridad muy diferentes, como la seguridad nacional, la seguridad personal y la prevención del crimen. Por ejemplo, una intromisión en la privacidad que pudiera ser inevitable y necesaria en caso de una emergencia epidemiológica grave sería mucho más difícil de justificar solo para prevenir el crimen común. Y también sería muy cuestionable si, una vez solucionada esa eventual epidemia infecciosa, los datos personales recolectados con el fin de eliminarla se reutilizaran para usos comerciales o de prevención criminal, entre otros posibles.
La metáfora del “balance”
Es fundamental desarticular la idea, comúnmente enunciada al debatir estos temas, de que “hay que encontrar un balance entre seguridad y privacidad”. O, como expresó el presidente de Estados Unidos, Barack Obama (Enlaces a un sitio externo.) en un intento de defender el programa de espionaje masivo PRISM de la NSA: “es importante reconocer que uno no puede tener un 100 por 100 de seguridad y también un 100 por 100 de privacidad, con cero inconveniencias. Vamos a tener que hacer algunas elecciones como sociedad”.
Una aguda refutación de esta manera de pensar se encuentra en el artículo “After Snowden: Rethinking the Impact of Surveillance (Enlaces a un sitio externo.)”, de Zygmunt Bauman, Didier Bigo, David Lyon y otros coautores. Allí establecen que:
“No se trata de una elección entre mercaderías en un mercado. Las invocaciones retóricas a un balance simplemente oscurecen y amenazan lo que ocurre con lo que puede ser el lugar más importante e intenso, pero desatendido, de la práctica democrática moderna. Se abre luego el camino para reinvindicaciones de facto de que las responsabilidades de la soberanía están en quienes están a cargo de nuestra seguridad y que el espacio de negociación abierto para aquellos presuntamente asegurados debe reducirse”.
Por supuesto, quienes están a cargo de la seguridad pública también tienen muchas maneras de resaltar algunas supuestas amenazas por sobre otras, y así seguir naturalizando la también supuesta necesidad de un “balance” o negociación entre derechos. Todo esto en un creciente marco de secreto para quienes ejercen el poder, mientras se incrementa la transparencia para los ciudadanos comunes, cuando debería ser exactamente al revés. El lenguaje metafórico del “balance”, por lo tanto, como es común en el lenguaje metafórico en general, tiende a naturalizar una asimetría de poder impropia de lo que se supone que es la democracia, bajo la forma de una asimetría de información. Es una forma de hablar cuya conclusión evidente es que la privacidad es intrínsecamente insegura, que es un obstáculo para la plena seguridad. Y a la hora de definir políticas concretas seguramente la carga de la prueba estará a cargo de quienes abogan por el respeto a la privacidad. Deberán demostrar que, en una situación dada, el respeto por la privacidad no afecta la seguridad.
Finalmente, señalan Bauman, Bigo et al. en el artículo antes citado, están los problemas prácticos que debe enfrentar cualquiera que intente empíricamente “balancear” la seguridad y la privacidad de una manera que no sea ni arbitraria ni subjetiva. Por ejemplo:
- ¿Qué unidad de medida comparable debería asignarse a cada concepto?
- ¿Dichos valores se incrementarían o decrecerían a tasas constantes?
- La utilidad que asignemos a los cambios en cada concepto, ¿permanece constante independientemente del nivel de seguridad y privacidad que haya en el estado inicial y el final?
- ¿Permanece constante la naturaleza y el valor de dichos bienes durante y después del acto de “balanceo”?
- ¿Cuántas unidades de seguridad equivalen a cuántas unidades de privacidad?
Como queda claro, el concepto de “balance” entre privacidad y seguridad carece de ninguna regla o fórmula clara, consistente y no controversial para resolver situaciones prácticas, ni queda claro quién ni cómo debe llevar a cabo legítimamente dicha negociación.