Esposada, descalza y en piyama // Horacio Verbitsky

El gobierno del contador Gerardo Morales trasladó en forma violenta a la dirigente social Milagro Sala al penal de Alto Comedero. Su esposo, Raúl Noro, denunció que se la llevaron esposada, descalza y en piyama, una más de la larga serie de humillaciones y menoscabos con las que el gobierno de la Alianza Cambiemos procura la destrucción física y moral de la líder que construyó la organización social más importante y original del país. Consultado para esta nota el coordinador de la Túpac Amaru y del Frente Milagro Sala por el Trabajo y la Dignidad, Coco Garfagnini, consideró que se trata de una provocación a una semana de las elecciones y exhortó a no entrar en ese juego con respuestas espontáneas a la indignación que esto suscita. A las 12.30 en la sede del CELS, Piedras 547, se realizará una conferencia de prensa en la que la defensora de Milagro, Elizabeth Gómez Alcorta, informará sobre lo ocurrido y los pasos a seguir.

Con las primeras luces de la mañana un operativo policial con despliegue de grupos especiales se presentó en el domicilio del barrio La Ciénaga donde Milagro Sala cumplía su prisión preventiva, sin notificación previa ni conocimiento de sus abogados defensores. La orden de Morales fue ejecutada por el juez provincial Pablo Pullen Llermanos. En su punto IV dispuso no comunicar lo resuelto a los defensores de Milagro Sala para asegurar el cumplimiento de la orden, lo que equivale a confesar por escrito una violación al derecho de defensa

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había concedido la medida cautelar solicitada por Amnistía, el CELS y ANDHES y ordenado que Milagro quedara en libertad o bajo prisión domiciliaria. Luego de una minuciosa investigación que incluyó entrevistas con Morales y una visita a Milagro en su lugar de detención, la CIDH concluyó que había grave riesgo para su vida e integridad, de permanecer en el penal. A regañadientes Morales aceptó el traslado a esa vivienda, pero con condiciones restrictivas como el estacionamiento de un destacamento de Gendarmería en la puerta, cámaras de seguridad activas las 24 horas, un régimen de visitas estricto en horarios y limitado en número. Esto contraría la ley de ejecución penal, que prohíbe en forma taxativa que las personas en prisión domiciliaria sean controladas por fuerzas de seguridad. Ni uno del centenar y medio de detenidos en prisión domiciliaria por crímenes de lesa humanidad son controlados por fuerzas de seguridad. Pullen Llermanos también incluyó la obligación de asomarse tres veces por día al balcón y saludar a los gendarmes. Sala resignificó esa condición humillante, con el saludo: «Buen día, gendarmes. ¿Dónde está Santiago Maldonado?» Esto enfureció a Morales, quien ordenó devolverla al penal. La orden fue protocolizada por la Cámara de Apelaciones y Control de Jujuy, en una resolución que confunde a la Comisión con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no distingue entre una petición y una medida cautelar, cita en forma errónea jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y desconoce la primacía del bloque de constitucionalidad que integran las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos sobre las decisiones de los tribunales provinciales. La decisión fue apelada por la defensa de Milagro Sala ante la Cámara Nacional de Casación Penal, lo cual tiene efecto suspensivo. La Cámara de Apelaciones y Control aceptó el recurso y lo elevó a la Cámara de Casación, por lo que la nueva orden de traslado firmada por Pullen Llermanos no tiene fundamento jurídico, ya que perdió jurisdicción en la causa, que ahora está radicada en la Cámara Nacional de Casación Penal. A las 8 de hoy Pullen Llermanos llegó al penal para notificar a Milagro de la resolución que firmó revocando la prisión domiciliaria, mientras la dirigente social aguardaba la llegada de los médicos para la revisación previa al trámite formal de ingreso. Los fundamentos que la policía dejó en la casa de la cual fue extraída en forma violenta Milagro, dicen que Pullen Llermanos revocó su propia decisión de trasladarla a esa casa porque Milagro se negó a realizarse estudios en el Hospital Soria de Jujuy. Sin asomo de ironía el juez dice que así vela por su vida, que según la CIDH está en riesgo en la cárcel a la que fue devuelta. El CELS notificó la novedad a la Comisión Interamericana y al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria, que también ordenó su libertad. La solución de fondo la tiene la Corte Suprema de Justicia, que desde abril demora un pronunciamiento sobre la prisión preventiva en dos causas: una por sus fueros como parlamentaria del Parlasur, otra porque no existe riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación. La Corte es el único tribunal del país que no tiene plazos para resolver en una causa con personas detenidas. Cuando la CIDH dictó la medida cautelar, un juez de la Corte Suprema me dijo que tenían una resolución preparada disponiendo la libertad de Milagro, pero que ante el pronunciamiento interamericano no la firmarían. Esta cobardía del tribunal supremo permite los atropellos a la legalidad del señorío jujeño de Morales y sus jueces.

Fuente: Página 12.