por Diego di Risio y Diego Pérez Roig
Desde mediados de 2014 se registra una estrepitosa caída del precio internacional del petróleo así como de otros hidrocarburos y derivados. Luego de superar los 110 dólares entre junio y julio, la cotización del barril de crudo Brent descendió ininterrumpidamente hasta ubicarse entre 50-65 dólares. Aunque el precio parece haberse fijado en esa franja, al día de hoy nadie se animaría a apostar en favor de una estabilización en el corto plazo.
La tendencia al alza de precios de la última década y esta caída abrieron un debate acerca de la viabilidad económica de explotar hidrocarburos no convencionales en la Argentina. Se trata de una discusión que, sin embargo, no debe reducirse a la simple ecuación costo/beneficio. Desde el punto de vista ambiental y sanitario, la utilización a escala masiva de las técnicas de fractura hidráulica y perforación horizontal sobre formaciones de lutitas acumula numerosas denuncias y prohibiciones. En Estados Unidos, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York acaba de publicar un informe en el que señala que “la ciencia que rodea a la fractura hidráulica es limitada o recién está emergiendo (…) los estudios existentes generan dudas sustanciales sobre si los riesgos inherentes a la fractura hidráulica son lo suficientemente comprendidos para su manejo adecuado”.
¿Cuáles son algunos de estos riesgos? Impactos sobre el aire y potenciales afecciones respiratorias, cambio climático, contaminación superficial y del agua potable subterránea (por migración de metano y/o químicos utilizados en la técnica), sismicidad inducida e impactos sobre la forma y calidad de vida de las comunidades urbanas y rurales afectadas. El informe sintetizó cuatro años de estudios realizados con el objetivo de asesorar acerca del desarrollo masivo de estas explotaciones. El resultado fue la recomendación de prohibición, finalmente implementada, como en otros estados (Vermont) y países (Francia y Bulgaria).
En la Argentina, el incipiente desarrollo de los no convencionales lleva casi mil pozos realizados, de las decenas de miles necesarios para lograr el autoabastecimiento energético. Sin embargo, esta ínfima proporción es suficiente para dar cuenta de los riesgos en términos de accidentes (como pérdida de pastillas radiactivas en pozos de Total e YPF), violaciones de derecho indígena, y la ocupación de áreas protegidas y tierras dedicadas al cultivo. Recordemos que en los últimos meses más de 40 municipios del país han prohibido la técnica en su ejido al priorizar el principio precautorio en materia ambiental.
Finalmente, más allá de la incertidumbre que rodea a los precios y las técnicas, no pueden obviarse las consideraciones más políticas del asunto. La producción y el consumo de energía no son algo “externo” a las relaciones sociales predominantes en la sociedad capitalista, sino que guardan con ellas un vínculo indivisible. La explotación económica y de la naturaleza que sostiene la acumulación capitalista supone una periódica reestructuración de los procesos productivos bajo la premisa del crecimiento infinito, que opera como arma del capital frente a la continua insubordinación del trabajo. Este es el secreto más recóndito de las revoluciones tecnológicas que han caracterizado al funcionamiento del capitalismo en sus más de dos siglos de existencia. La reducción de los trabajadores a meros apéndices de las máquinas, así como la inevitable aceleración en el transporte y el consumo de mercancías, implican crecientes costos energéticos y ambientales, como fielmente atestigua el desbocado proceso de mundialización de las relaciones capitalistas de las últimas décadas. Gracias a su inigualable densidad energética, los hidrocarburos son prácticamente insustituibles para esta forma de reproducción social. Proyectos como el de Vaca Muerta se insertan en esta matriz de relaciones, y, por lo tanto, carecen de todo tipo de “neutralidad” en términos de clase. Su cuestionamiento pues, lejos de ser retrógrado, se encuentra grávido de una pregunta sumamente enriquecedora que amerita el mayor debate público posible: ¿energía para quiénes y para qué?