por Diego Genoud
El juez federal de Tucumán Daniel Bejas procesó hace 10 días con prisión preventiva al coronel retirado Roberto Edgardo Gordillo por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar: tormentos agravados, torturas seguidas de muerte, asociación ilícita agravada y homicidio calificado de ocho hombres y dos mujeres.
Gordillo cumplió funciones en Tucumán como capitán del Ejército y fue el jefe del Grupo de Inteligencia que actuaba como “interrogador” en la zona del llamado “Operativo Independencia”, en los meses de mayo y agosto de 1976.
Durante el gobierno de Raúl Alfonsín estuvo a cargo del destacamento de Inteligencia 101 de La Plata y ascendió a jefe de la Agrupación de Inteligencia y Seguridad de la Casa Militar durante los años de Carlos Menem en la presidencia.
Distintos testimonios aseguran además que Gordillo siguió cumpliendo funciones en la ex SIDE hasta 2005.
El coronel Roberto Gordillo fue detenido el 3 de octubre en Buenos Aires.
Ahora, el juez Bejas le prohibió salir del país, le embargó sus bienes por 500.000 pesos y ordenó su traslado a la cárcel de Ezeiza. Además, le recomendó al Ministerio Público Fiscal que investigue el “abuso deshonesto y violación sexual” -descriptos en la causa- cometidos contra personas que permanecieron secuestradas en campos de concentración.
La noticia –a principios de octubre pasado- de la detención del ex represor -que revistió en el Batallón de Inteligencia 601 y que acaba de cumplir 71 años- coincidió con el sobreseimiento con el que el juez federal Ariel Lijo favoreció al secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, en la causa en la que se investigaba su responsabilidad en la desaparición de los 105 obreros de la construcción durante la dictadura.
Sin embargo, en el procesamiento del ex coronel, el juez Bejas menciona como prueba documental un dato hasta ahora desconocido que podría generar novedades: se trata de una nota presentada por una persona que conoció muy de cerca a Gordillo y que relata el vínculo que unía al represor con Martínez, “secretario general de la UOCRA y agente del Batallón de Inteligencia 601”, tal como se lo describe en la causa.
Según ese testimonio, Gordillo se jactaba en privado de haber entrenado al hombre que conduce los destinos de la UOCRA desde hace 24 años.
La información coincide con el legajo microfilmado del Departamento de Personal de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército que se conoció en 2012 e indica que Martínez ingresó con 25 años en la inteligencia militar bajo el seudónimo de “Gabriel Antonio Mansilla” y que se desempeñaba como “agente de reunión en ámbito gremial”.
Según registros de la Anses, el gremialista comenzó a prestar servicios en la UOCRA a partir de diciembre de 1978, cuando tenía 22 años.
El legajo precisa en su Foja 1 que “está vinculado con el mayor Roberto Edgardo Gordillo, que fue quién recomendó a Gerardo Martínez” y en su Foja 7 que el represor es una de las “personas que pueden avalar antecedentes morales o ideológicos” del sindicalista que llegó a ser el jefe de la CGT durante el final del mandato de Menem. Según ese documento, trabajó entre 1981 y 1984 en el Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo.
El testimonio que aparece ahora asegura que Martínez se vinculó con Gordillo bastante antes, cuando tenía 18 años, a través de su tío «Chicho», que era un “buche” que entregaba información sobre el activismo sindical. Según registros de la Anses, el gremialista comenzó a prestar servicios en la UOCRA a partir de diciembre de 1978, cuando tenía 22 años.
El amigo de la Presidenta
La denuncia contra uno de los sindicalistas preferidos de la Presidenta de la Nación había sido presentada en julio de 2011 por organismos de derechos humanos y por el SITRAIC, un gremio paralelo que está enfrenado con la conducción de Martínez. El líder del SITRAIC, Víctor Grossi, afirma que Gordillo trabajó en la UOCRA hasta poco antes de que el juez Bejas ordenara su detención. Según el expediente, revistaba en la sección Capital, ubicada en la calle Combate de los Pozos 442.
Gerardo Martínez tiene una excelente relación con Cristina Fernández de Kirchner, que le permitió desde hace tiempo participar de la comitiva presidencial en los viajes al exterior y conseguir la semana pasada para el canal de la UOCRA, Construir TV, la primera entrevista de la Presidenta en más de un año.
Eso no le impidió ser uno de los gremialistas que reclamó en público y en privado que el Gobierno finalmente se decida a eximir al medio aguinaldo del Impuesto a las Ganancias. El líder de los obreros de la construcción fue el que anticipó que Cristina le había dicho la semana pasada que iba a “pensar” en la posibilidad de cumplir con esa demanda que estaba reuniendo una vez más a gremios de las dos CGT. Es para muchos el interlocutor preferido de la Presidenta en el ámbito sindical y suele ser consultado bastante más que el metalúrgico Antonio Caló.
La causa que Lijo acaba de cerrar se inició cuando el secretario general de la UOCRA apareció en la nómina de civiles del Batallón de Inteligencia 601, donde habría realizado tareas de inteligencia entre 1982 y 1983. El nombre del sindicalista figura con su DNI 11.934.882 en el listado de agentes que el Ejército le entregó en febrero de 2010 a la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré.
El jefe del gremio que ahora tiene 450 mil afiliados se refirió sólo dos veces al tema en estos años: en 2011, a través de una solicitada en Página/12 en la que negó cualquier vinculación con la dictadura, y en 2012 en una entrevista en Radio Mitre en la que aseguró que había sido convocado por las Fuerzas Armadas para la eventual reconstrucción de las Islas Malvinas en una hipotética recuperación del territorio que nunca se concretó.
Consultada por la detención del represor Gordillo, una persona de confianza de Martínez que lo acompaña en la UOCRA, afirmó: “Es difícil que Gordillo esté trabajando en la UOCRA porque está preso. Que hable él sobre esa relación. Nosotros no vamos a hablar porque Gerardo no tiene ninguna relación con él”. El pasado del líder de la UOCRA vuelve a aparecer en los tribunales.