por Ariel Wilkis y Alexandre Roig
La creación de un Ministerio de Economía Popular comenzó a circular como una propuesta impulsada entre organizaciones y movimientos sociales afines al kirchnerismo. Hoy es parte central de la agenda de muchas organizaciones con vistas a una interlocución con un futuro gobierno que le de continuidad al actual ciclo político y que a su vez intente llevar adelante cambios más profundos.
En ocasiones anteriores señalamos que el kirchnerismo pasó de una política de “contención” a una política de “rehabilitación” de las clases populares (ver Cash/Página12 del 22 abril de 2012). Les reconoció un lugar central como impulsores de crecimiento principalmente a través de consumo. A la luz de esta herencia de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, el Ministerio de Economía Popular puede ser la oportunidad de darle espesor político y conceptual a una nueva manera de concebir las conexiones entre economía, vida popular e integración social. La discusión planteada es una oportunidad.
Definición
Esta discusión nos pone al abrigo de caer en definiciones taxativas. Es más pertinente dejar en claro que la categoría economía popular no puede ser fijada a partir de propiedades claramente limitadas. Quienes entran dentro de esta categoría es algo que no puede ser administrado jurídica ni estadísticamente. El uso de esta categoría es parte de una batalla de larga duración para darle nombre y representación a hombres y mujeres cuyas vidas laborales son desvalorizadas moral, económica y socialmente. La economía popular es una categoría política movilizada por organizaciones cuya energía política está puesta en alterar los términos de esta desvalorización. Quienes están dentro de su definición es parte de esta lucha.
El proyecto de un Ministerio de Economía Popular debe superar las resistencias de aquellos que argumentan que el Estado ya dispone de instancias de regulación de la actividad de los trabajadores. Esta argumentación se apoya en un diagnostico que esta perimido. El Ministerio de Trabajo, que ha sido y seguirá siendo el espacio de reconocimiento de los trabajadores formales y de sus representantes, ha tendido puentes con ese universo de trabajadores de la economía popular pero a condición de reconocerles una condición transitoria.
El trabajador “normal” es el que está inserto en una relación salarial formal. Por este motivo, siempre esos puentes son estrechos y no ayudan a superar la distancia en el seno de los trabajadores. Sin embargo, la economía popular está compuesta por un universo de trabajadores que no viven su actividad laboral como transitoria, que muy probablemente no sea la primera generación que se dedique a ella ni será la última, que está instalada en forma permanente y que sus aspiraciones y motivaciones están movidas por mejorar la situación en la que se encuentran.
El proyecto del Ministerio de Economía Popular altera muchas de las instituciones laborales (conceptos y normas) que han ayudado a legitimar ciertas desigualdades en el universo de los trabajadores. Puede proponer una institucionalidad que desestabilice la propia idea de normalidad laboral asociada a un sólo tipo de trabajo para así contribuir a legitimar la diferencia desde la igualdad.
El Ministerio de Desarrollo Social podría ocupar este rol. Sin embargo, la lógica de intervención de este ministerio tiene también sus propias inercias conceptuales. Las que representan mayor obstáculo son aquellas que tienden a definir a sus interlocutores o bien desde la escasez o bien por ubicarse fuera y muchas veces en oposición del mercado. La dinámica de la economía popular no puede ser leída a partir de la categoría de pobreza. Tampoco como una antimercantil. Quienes se ubican desde esta posición no quieren ser reconocidos como pobres a asistir ni se sienten cómodos pensándose exclusivamente desde el mundo paralelo de la economía social. Están inmersos en circuitos económicos cuyas ramificaciones se expanden por toda la sociedad, conectando territorios y clases sociales. Otras razones conceptuales hacen que el Ministerio de Economía no pueda contemplar la especificidad de la economía popular. La industrialización y la consecuente “reproletarización” impulsada por parte del neodesarrollismo opaca la voluntad de los trabajadores de la economía popular de seguir viviendo sin patrón, pudiendo gozar de cierta autonomía y de ser sin embargo partícipes de los procesos productivos nacionales y gozar plenamente de sus derechos de trabajadores. Esto implica ampliar la imaginación institucional, ajustando los regímenes fiscales y normativos a estas unidades productivas cuyas lógicas se declinan en los barrios, en el seno de las familias, en las quintas, en la calle, en la fábricas recuperadas, en la basura o en los talleres. Esto lleva a pensar que la economía popular está para quedarse y tiene que ser incorporado en la reflexión sobre la nueva institucionalidad del capitalismo.
Política de distribución
Un Ministerio de la Economía Popular puede potenciar los conceptos que permitan salir de categorías de acción limitantes para desplegar esta economía en vez de querer verla desaparece. Asumir esta posición hace de este nuevo órgano estatal, no el ministerio de los que están afuera del capitalismo, sino de los que están adentro pero no son reconocidos como tales. Y su manera de estarlo no se resuelve con categorías habituales. En este sentido su agenda se vuelve extensa.
Estos trabajadores que conforman entre 25 y 30 por ciento de la población económicamente activa viven a través y a pesar del capitalismo. Tienen que ser incorporados a políticas activas de distribución que impliquen un revalorización social y monetaria de sus actividades mejorando los ingresos y remunerando trabajos todavía invisiblizados. Promover instancias de acceso al consumo en iguales condiciones que no impliquen el pago de tasas usurarias como las que se aplican actualmente alcanzando los 95 por ciento promedio. Establecer circuitos comerciales y de financiamiento que impliquen al Estado y que favorezcan nuevas formas de consumo para el conjunto de la población (abastecimiento del Estado, mercados populares locales vinculados a la agricultura familiar). Reformar algunas instituciones del capitalismo, como la Ley de Quiebras, para que las empresas recuperadas se inscriban en un mecanismo institucional que se active cuando los capitalistas usan la quiebra como forma de enriquecimiento en detrimento de los trabajadores. Desarrollar un sistema de protección social que pueda estar vinculado a las actividades de la economía popular, que no solamente le han dado de comer durante décadas a millones de argentinos, sino que ha contribuido y puede seguir contribuyendo a las mejoras del medio ambiente (agricultura familiar, reciclado de los Residuos Sólidos Urbanos), a modificar positivamente nuestra relación a la ciudad y a sus usos (vendedores ambulantes, feriantes, artesanos), y transformar las instituciones del capitalismo (lógicas fiscales acordes con formas contemporáneas de producción y de ciudadanía, nuevas regulaciones de la quiebra, del sistema bancario).
En este sentido, la sociedad deberías entender que este ministerio no es solamente el de un sector, es tal vez uno de los espacios del Estado desde dónde puedan venir las grandes transformaciones sociales, y rescatando que una sociedad más justa se logra organizando los conflictos que permitan mayor distribución de la riqueza.