por Pueblos en Camino
Feliciano Valencia fue capturado en el día de hoy. Entre otros cargos, se reactiva un montaje por el que ya había respondido demostrando su inocencia: Feliciano fue vocero de un proceso indígena según la jurisdicción reconocida por la Constitución de Colombia, en la que una comunidad capturó en flagrancia a un militar en servicio activo infiltrado en una movilización pacífica con material militar. Si hubiera alguna culpa en este caso, sería de toda la comunidad indígena, de todos y todas los indígenas de Colombia y de la Constitución que reconoce su derecho a juzgar, sentenciar y corregir según la justicia ancestral, los usos y costumbres. Es decir que a la cárcel deberían ir todos los pueblos indígenas de Colombia y desbordarlas para que se haga visible este atropello mayúsculo. Pero son inocentes, mientras que los asesinos, torturadores, despojadores, secuestradores, autores de montajes terroristas y criminales bajo órdenes del propio Presidente de la República, son culpables y deben asumir las consecuencias de sus actos y sufrir en carne propia lo que hacen sufrir a quienes ahora, de nuevo son sus víctimas y las del sistema, hasta aprender. Eso sí, despojados del poder que han usurpado. Están libres y acusando los criminales y en prisión el vocero de un acto colectivo y comunitario de las víctimas.
Este seguramente es, un primer acto del simulacro preparado a partir de la farsa presentada en tres programas de Séptimo Día, una de cuyas intenciones claras era la de denigrar a Feliciano Valencia para facilitar estas acciones en su contra. Seguramente no será la última de las acciones que comenzaron con esa triada de propaganda en horario especial. Mientras tanto, los asesinos materiales y el asesino que ordenó desde el más alto cargo del régimen el homicidio de Edwin Legarda por parte del ejército colombiano para eliminar a la vocera de la Minga y Consejera del CRIC Aida Quilcue, no sólo es un honorable expresidente sino que funge como Senador, dirige un partido político y está detrás de este montaje, cuyos efectos e intenciones apenas empiezan a hacerse visibles con la captura de Feliciano. El terror y la persecución que se ambientaron con la propaganda de tres programas de Séptimo Día en horario de máxima audiencia durante tres domingos, ha empezado a ejecutarse. ¿quienes pagaron y diseñaron esa propaganda al servicio del terror?. Así No. Pueblos en Camino
El propósito de la propaganda racista:
Feliciano, la primera víctima
Más allá de los errores que haya cometido Feliciano y por los cuales la justicia indígena es la indicada para realizar los juicios y remedios correspondientes, según la jurisprudencia respaldada por la Constitución Política de 1991 que reconoce a esta instancia, es insólito, criminal e injusto que hoy lo detengan por un delito que nunca cometió.
Cabo Jairo Danilo Chaparral desocupando su maletín que estaba lleno de material militar
El mal llamado secuestro de Jairo Danilo Chaparral Santiago en el 2008 y la inexistente violación de derechos humanos, corresponde al juicio y a la condena públicos y transparentes a un militar activo infiltrado de manera ilegal con fines terroristas en una movilización pacífica, ya que se le encontró material militar que seguramente iba a ser sembrado dentro de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria para respaldar con hechos fabricados (falso positivo), las aseveraciones mentirosas del criminal presidente Álvaro Urbe Vélez. Actuando contra la ley y el derecho, Uribe y sus ministros y militares más cercanos y de más alto rango, desinformaron a la opinión pública, atacaron con armas de fuego y encapuchados a esta movilización y fabricaron con violencia estatal y paraestatal la versión falsa de la violencia indígena. El cabo tercero del Ejército Jairo Danilo Chaparral Santiago obedecía órdenes que hacían parte de estos operativos y montajes criminales provenientes de la propia Presidencia de la República.
Parte del material militar que escondía el cabo en su maletín
Feliciano Valencia ejerciendo el mandato de la Minga frente al inflitrado
En una más de las inversiones perversas de la (in)justicia colombiana, los criminales, incluidos el cabo capturado en flagrancia resulta ser la víctima y el vocero de la comunidad Feliciano Valencia, el victimario. Quien en ejercicio de funciones comunitarias de justicia colectiva aparecía de manera visible entre miles de comuneros y comuneras que participaron en el ejercicio de justicia comunitaria constitucional. Si Feliciano Valencia hubiera cometido un delito, su delito sería haber obedecido y cumplido con la ley y la Constitución de Colombia y con el mandato comunitario. En consecuencia, todos los comuneros y comuneras son culpables con Feliciano y todos y todas deben cumplir la sentencia que este Estado criminal y el travestismo de su (in)justicia representan. Todas y todos los indígenas del Cauca y de Colombia deben marchar a la cárcel con Feliciano para cumplir con la (in)justicia. O, mejor aún, Álvaro Uribe Vélez, su gobierno, los militares a su servicios y la maquinaria corrupta que hoy captura y sentencia a Feliciano con intereses claramente electorales; toda esa mafia asesina, secuestradora, terrorista, violadora de derechos humanos que convierte a los victimarios en víctimas debe, en derecho cumplir una condena justa. Uribe, por ejemplo, debería sufrir la miseria y el despojo al que ha contribuido a someter a los pueblos indígenas hasta cuando por su propia experiencia y despojado de un poder que no merece, aprenda en carne propia lo que abusivamente hace sufrir a millones de colombianos y colombianas. Feliciano Valencia no es un mártir, es solamente un indígena entre muchas y muchos que el régimen utiliza ahora para suplantar su ilegitimidad con el poder de la injusticia en sus manos.
Anuncio de la propaganda racista de Séptimo Día
Este seguramente es, un primer acto del simulacro preparado a partir de la farsa presentada en tres programas de Séptimo Día, una de cuyas intenciones claras era la de denigrar a Feliciano Valencia para facilitar estas acciones en su contra. Seguramente no será la última de las acciones que comenzaron con esa triada de propaganda en horario especial. Mientras tanto, los asesinos materiales y el asesino que ordenó desde el más alto cargo del régimen el homicidio de Edwin Legarda por parte del ejército colombiano para eliminar a la vocera de la Minga y Consejera del CRIC Aida Quilcue, no sólo es un honorable expresidente sino que funge como Senador, dirige un partido político y está detrás de este montaje, cuyos efectos e intenciones apenas empiezan a hacerse visibles con la captura de Feliciano. El terror y la persecución que se ambientaron con la propaganda de tres programas de Séptimo Día en horario de máxima audiencia durante tres domingos, ha empezado a ejecutarse. ¿quienes pagaron y diseñaron esa propaganda al servicio del terror?