por Enrique de la Calle
APU: ¿Cuál es su visión sobre la tragedia ocurrida en Flores?
R: Lo sucedido en el taller textil de la calle Paéz al 2796 es siniestro, no sólo por el hecho de que hayan muerto carbonizados dos niños (Rodrigo Menchuca y Rolando Adair), ambos primos y alumnos de la escuela “Provincia de la Pampa ”, vecinos de la Cazona de Flores, sino porque se trata de un accidente que todos concebimos como posible, e incluso repetible, sin que atinemos a impedirlo.
Este nuevo incendio vuelve a plantear un modo de funcionamiento de la ciudad, que no es nuevo ni invisible, sino muy funcional. De ahí el dolor específico que nos atraviesa. Y la necesidad vital de reaccionar, e incluso intentar construir iniciativas de organización popular.
Acontecimientos como estos pueden convertirse en puntos de inflexión, que nos permitan correr el umbral de tolerancia y modificar lo que consideramos socialmente admitible; o puede ser un golpazo más, de una realidad que se nos impone violenta, veloz, hipermercantilizada, sin espacio ni tiempo para la elaboración de estrategias comunitarias.
Aún sin ánimos de simplificar, no deja de ser sintomático el pasaje radical de pantalla que vivimos, en apenas 24 horas, desde los búnkeres festivos del PRO, ECO y el FPV, al subsuelo de una fábrica posmoderna que pone en evidencia la falta de una nueva generación de derechos y de una experiencia más universal de la ciudadanía.
APU: Distintas organizaciones se expresaron sobre el tema. ¿Quiénes participaron de esa asamblea y cuál es el planteo propuesto por las organizaciones?
R: La asamblea fue abierta y la convocatoria fue excepcional. Asistieron muchas organizaciones de migrantes de barrios como Villa Celina y la villa 1.11.14 de Bajo Flores, pero también compañeros que siguen trabajando en el sector textil, otros dedicados a la organización de los trabajadores migrantes y otros que desarrollan iniciativas culturales en esos barrios. También vinieron organizaciones sindicales, representantes de organizaciones independientes y algunos miembros de partidos de izquierda. Varios medios de comunicación y TV comunitaria. Particularmente interesante fue la presencia de vecinos del barrio. El planteo mayoritario fue la indignación y el dolor como punto de partida, y las ganas de develar la trama de complicidades que se tejen en la ciudad para contribuir y favorecer a que estas cosas sucedan. Sacar del centro de la cuestión el tema de la “ilegalidad” para construir un relato colectivo que se corra de la mediatización, que victimiza y culpabiliza a los trabajadores a la vez que invisibiliza la trama más amplia en la que los talleres se inscriben.
APU: El caso recuerda a otro similar de 2006. ¿Cuál es el rol del Estado y la Justicia en el tema?
R: La complicidad de los diversos poderes del Estado, tanto el Ejecutivo como el Judicial, es más estructural de lo que solemos imaginar. No se trata simplemente de que haya funcionarios corruptos, o burocracias insensibles e ineficaces, que traspapelan denuncias o hacen la vista gorda. Todo eso existe. Pero lo complejo de entender es que estamos ante formas de vida y modos de producción, que han logrado una expansión notable y ocupan un lugar central en los circuitos del consumo y la valorización. Los talleres textiles no pueden pensarse por fuera de la maquinaria feriante, de la creciente población migrante, de sus barrios y formas de habitar la ciudad, de la inscripción en la fuerza de trabajo social, de sus paisanos quinteros que producen las verduras y hortalizas que consumimos en la región metropolitana, etcétera.
Es por eso que no sirve tratar el tema, como suelen hacer los medios, desde la lógica que divide legalidad e ilegalidad, y que conduce inevitablemente a la criminalización y la victimización. Mafiosos que hay que aplastar con todo el peso de la ley; y pobres extranjeros esclavizados, que aguardan nuestra salvación. Esto es apenas lo que se ve en la superficie escandalizada, de una realidad que involucra a cientos de miles de trabajadores costureros, y una dinámica social que liga la migración con las más importantes marcas, que contribuye sensiblemente en el combate a la inflación y a la gobernabilidad de un territorio como la Ciudad de Buenos Aires.
Como hace unos días con el desalojo en La Salada , y no es casual que la discusión haya sido en pleno proceso electoral, las perspectivas que apuntan a combatir la ilegalidad desde un punto de vista legalista conducen a un tipo de represión y control, que coincide con los reclamos de las cámaras empresariales, e incluso con las protestas del gobierno de los Estados Unidos. No se trata de justificar la intensidad de una explotación que se aprovecha de ciertos valores comunitarios y extrae renta del manejo vil de las fronteras legales (como en el 2008 hizo el juez Oyarbide, en un fallo que llega al colmo del cinismo, para sobreseer a los directivos de un taller textil clandestino), sino de admitir que la democracia no suele coincidir con la legalidad, y que la justicia debe volverse plebeya si pretende intervenir en el complejo universo de lo popular.
APU: En el primer comunicado que difundieron hablaron de una situación compleja: «Este trabajo queda invisibilizado o estigmatizado mediáticamente y por las grandes marcas. O impensado cuando sólo se lo etiqueta como ‘trabajo esclavo’. No se trata sólo de víctimas.» ¿Cómo se puede encontrar ese punto medio, que dé cuenta de fenómenos complejos y al mismo tiempo no minimice situaciones dramáticas como la explotación, la trata de persona y el trabajo infantil?
R: Más que un punto medio, lo que necesitamos construir es un punto de vista que exprese al sujeto de la conflictividad en cuestión. Salir del impulso victimizador y moralizante, que impone la figura del pastor que vela por sus ovejitas, denuncia a los demonios y pide redención. Para que los propios trabajadores puedan organizarse, componer sus propias fuerzas, explicitar sus deseos y aspiraciones, y conquistar mejores condiciones. El asunto, a fin de cuentas, es la explotación de los cuerpos. Y, específicamente, de esos cuerpos que no están siendo reconocidos como parte de una ciudadanía efectiva, pues están sujetos a procesos de criminalización. Por sólo mencionar a quienes nos topamos diariamente en el propio barrio de Flores, nos referimos a los migrantes, a las putas, a los jóvenes. Esta hiperexplotación creciente se derrama sobre los territorios y cobra la forma de una violencia difusa. Si pensamos, además, que el horizonte macro-político se orienta hacia una derechización más o menos explícita, pero en cualquier caso inexorable, nos parece que en este período se trata de recrear formas de auto-organización complejas, orientadas a la autodefensa popular, con fuerte impronta territorial, con el recurso permanente a las instituciones, y capaces de poner en juego una nueva inteligencia política.