por Mario Antonio Santucho
(http://iiep.com.ar/)
El juicio oral y público por el asesinato de Cristian Ferreyra, joven de 23 años que pertenecía al Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MoCaSe), se ha convertido en una clase magistral sobre la conflictividad política en la Argentina contemporánea. Lejos de los set televisivos, a 1247 km de la sede de los poderes públicos nacionales, en una ciudad pequeña que aún espera el arribo de Internet por banda ancha, hay un salón de fiestas alquilado por la Justicia donde se debaten los motivos profundos de la lucha por la tierra.
Durante la tercera semana del proceso declararon los testigos de la defensa. Pudimos comprender, finalmente, el repertorio argumental preparado por los representantes legales de los imputados por el crimen. De un lado: el empresario santafesino Jorge Antonio Ciccioli, el autor material del asesinato Javier Juárez… y su banda, se mostraron sorprendidos e incrédulos por los cargos que se les imputan, desligando responsabilidades. Por otra parte, los testigos citados por los abogados defensores respondieron a un claro hilo conductor: criminalizar el accionar y desprestigiar las razones del MoCaSe. A nivel individual funciona la estrategia del encubrimiento. Piel de cordero. Pero cuando se trata de defender los derechos de propiedad y la conveniencia del desarrollo económico, los sujetos civilizados atacan como lobos. Te saltan a la yugular.
Demonios de monte. Las denuncias contra el Movimiento Campesino de Santiago del Estero arreciaron en los últimos tres años, en paralelo al aumento de la conflictividad rural provocada por la expansión de la frontera de los agronegocios. Apenas una semana después del asesinato de Cristian, en noviembre del 2011, un blog que se autodefine como la “primera publicación independiente de Santiago” publicó una nota titulada “La relación del Mocase con las Farc”. El artículo es patético, pero sintetiza el argumento desarrollado por los detractores de la organización social: financiados por una fuerza extranjera, el objetivo sería quedarse con las tierras arropados en una supuesta condición campesina, a través del empleo de métodos violentos. El autor es Víctor Daniel Nazar, un abogado de pésima reputación en los pasillos jurídicos de la provincia, con antecedentes en estafas escriturales orientadas a la apropiación de tierras rurales.
El 4 de noviembre último, mientras daba comienzo el juicio de Monte Quemado, el empresario Américo Argentino Argibay fue citado a declarar en la capital provincial, para que explicara el alcance de ciertas exclamaciones proferidas el 12 de septiembre. Mientras era registrado por una cámara de video, Argibay desenfundó una pistola y al grito de “nosotros los vamos a hacer cagar matando” disparó dos veces al aire. Luego concluyó: “¿Quieren vivir de arriba? Eso vamos a terminar, nosotros estamos armados. ¡Eso no va más!”. Ante el fiscal Pedro Eugenio Simón, el empresario vertió el mismo tipo de argumentaciones: “Lo que quiso decir es que si no lo paran al Mocase, quien roba campos y usurpa haciendas, van a terminar peleándonos entre nosotros”. Y “por último destaca que pactó con su familia irse del país, así que no va a molestar más a nadie”.
El mismo sentido tuvieron las declaraciones de los testigos convocados esta semana por los abogados de la banda de los Juárez y los Abregú. El Dr, Hugo Frola, de pasado troskista y verba populachera, se destacó por sus preguntas incisivas. El objetivo de Frola, ex defensor de Nestor Ick, principal exponente del poder económico de Santiago del Estero, consistió en demonizar el accionar del Mocase. Al respecto, se escuchó de todo como en botica. La mayoría de las historias pertenencían al campo de la fábula. Según Deolinda Carrizo, una de las miles de campesinas y campesinos que han acudido en vigilia ante cada jornada del proceso, “personalmente ha sido fuerte, quebranta escuchar nueve tipos, uno detrás del otro, que se presentaron sólo para hablar mentiras, de las más terribles cosas contra el movimiento”.
Hacerse menos, para ser más. Sin embargo, los ataques contra el Movimiento Campesino han permitido visibilizar, aun si de forma tergiversada, que el asesinato de Cristian Ferreyra se enmarca en un conflicto social de gran intensidad. Como dijo uno de los testigos que declaró el martes pasado: “Antes se respetaba la propiedad, se respetaba al fisco; ahora ellos (los campesinos organizados) quieren quedarse la tierra y no respetan al fisco”.
Juan Domingo Acosta, técnico mecánico, prestó testimonio el miércoles 19 de noviembre. Hace quince años vive en Monte Quemado, donde es dueño de una empresa especializada en desmontes. Según su exposición, cuando intentaba hacer su trabajo en el campo de San Bernardo, cuya propiedad reclama Jorge Antonio Ciccioli, 300 personas que actuaban en nombre del MoCaSe le quemaron una topadora, le rompieron un tractor y arrancaron las cercas.
–¿Por qué cree que la gente del MoCaSe actuó de esta manera? –preguntó Natalia Gramajo, abogada de la querella.
–Porque defienden los bosques nativos. Pero nosotros trabajamos siempre en campos con propiedad certificada y con la autorización de la autoridad de bosques –se defendió Acosta.
–¿Pero usted sabe que los campesinos, al ser reconocidos como comunidad indígena, son legítimos poseedores de sus tierras?
–Yo entiendo que son lugareños, pero hacerse llamar indios es hacerse menos.
El testimonio de Juan Domingo expresa con máxima sinceridad el núcleo duro de la hegemonía cultural e ideológica que el Movimiento Campesino resiste. En estas tierras, históricamente despreciadas por las oligarquías del agro y las elites políticas, por improductivas y portadoras del atraso, hoy se enfrentan dos proyectos antagónicos y, sobre todo, asimétricos.
De un lado los sujetos campesinos, pobladores tradicionales devenidos en comunidades organizadas y conectadas, que están siendo capaces de traducir al lenguaje contemporáneo su propia forma de vida. Para ellos la tierra es el sistema nervioso de una existencia colectiva, rica en valores y poseedora de una temporalidad múltiple, que no es posible medir con los parámetros del mercado y la productividad capitalista. Por el otro lado, la dinámica voraz de la maquinaria agroexportadora, que se expande y coloniza nuevos territorios hasta hace poco periféricos. Entusiastas perseguidores de una rentabilidad extraordinaria provista por el dispositivo financiero global, con su parafernalia de valorización y tecnologías futuristas.
De un lado, entonces, vida y afectividad, posesión y comunidad. Del otro la riqueza, la ciencia, la propiedad. Y el poder de dar muerte. A decir verdad, los campesinos tienen todas las de perder. Tal vez, por eso mismo, ya estén comenzando a ganar. El histórico proceso de Monte Quemado nos está permitiendo conocer el tono y los pormenores de una disputa civilizatoria cuyo resultado será determinante del porvenir. Hacer justicia, en este caso, supone quebrar consensos y creencias fuertemente arraigadas. Fundar una nueva generación de derechos. Y repensar el sistema de jerarquías sociales y morales que heredamos.
Por el momento se espera una condena ejemplificadora a los asesinos de Cristian Ferreyra por parte de la Cámara en lo Criminal y Correccional de Primera Nominación, a cargo de la Dra Elida Suárez de Bravo. Desde todo el país se alistan los veedores e interesados en asistir a las jornadas de alegatos y sentencias, que tendrán lugar los primeros días de diciembre.