Una nena de 11 años abusada pudo acceder a un aborto legal, pero para eso tuvo que recorrer casi 200 kilómetros desde Villa Dolores hasta la Maternidad Nacional en la ciudad de Córdoba, porque los centros de salud provinciales no garantizan el derecho.
La nena fue con su mamá a la salita de la zona por fuertes dolores abdominales. Los estudios demostraron que tenía un embarazo de 10 semanas. Entonces fue derivada al Hospital Regional de Villa Dolores para que pueda acceder a un aborto en un ambiente seguro y cuidado. Esa institución cuenta con los medios y los profesionales, quienes estaban dispuestos a realizar la práctica. Pero el Ministerio de Salud de la Provincia y el Portal de Belén la frenaron.
Desde 1921 en Argentina el aborto es legal por dos causales: en casos de violación o cuando está en riesgo la salud o la vida de la persona gestante. El fallo F.A.L, de 2012, estableció que todos los centros de salud públicos deben garantizar el derecho al aborto legal sin necesidad de una denuncia penal ni de la autorización de un juez.
Un año después de ese fallo, la Fundación Portal de Belén interpuso un amparo para que no se cumpla el protocolo nacional de interrupciones legales del embarazo. La Justicia de Córdoba suspendió la aplicación del protocolo y el fallo llegó hasta el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, que todavía no resolvió la cuestión de fondo. Mientras tanto –y desde hace seis años- los hospitales públicos provinciales dejaron de practicar abortos legales.
En Cámara Gesell la nena contó que un amigo de su madre la abusaba mientras la cuidaba. El fiscal Sergio Cuello ordenó la detención del hombre de 54 años. La nena, sus dos hermanos y la mamá quedaron bajo la protección de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia.
La madre de la nena autorizó la práctica del aborto legal y el fiscal pidió que se conserve el embrión para un análisis de ADN. Pero ambas tuvieron que recorrer casi 200 kilómetros para acceder al derecho.
Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto repudiaron “la obstaculización impuesta por el Ministerio de Salud de la Provincia y su negativa a la garantía de derecho para el acceso al aborto no punible, el cual se encuentra amparado por el Protocolo para la interrupción legal del embarazo (ILE) en todo el territorio nacional”, pero que sin embargo sigue frenado en la Justicia.
Consideraron “urgente” la necesidad de que “el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba se expida sobre el amparo y los procedimientos impuestos por el Portal de Belén para dilatar dicha sentencia” porque “no podemos seguir permitiendo una justicia que obligue a transitar embarazos no deseados a niñes y adolescentxs; así como tampoco nos parece justo obligar a personas que sigan poniendo en riesgo sus vidas porque el aborto clandestino continúa siendo posible en nuestro país”.
