Toda vez que Argentina firmó acuerdos de “condicionalidad fuerte” (prestamos Stand By) con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno de turno desplegó la bandera de la Seguridad Interior como excusa solapada para reprimir cualquier protesta o manifestación contra esos acuerdos. Las respuestas estatales desde el primer préstamo del FMI, de 1958 a la fecha, han incluido detenciones arbitrarias, asesinatos y desapariciones forzadas. Pero sobre todo, la construcción de un “enemigo interno” siempre a la mano: subversivos, apátridas, marxistas infiltrados, activistas….son algunas de las figuras inventadas por el Estado para justificar ajuste y represión. La alianza entre PRO-UCR no es la excepción a esta saga de discursos, y quedará para la historia el grupo de mapuches armados contra la nación que inventó en el sur (lo bautizaron RAM) y que según la irresponsable ministra Bullrich, estaban por tomar la mitad de la Argentina para fundar quien sabe qué. No cumplida la profecía, ahora se ensaña con La Garganta Poderosa, secuestrando a sus integrantes e inventando un plan paranoico que incluye la idea de villeros narcos y unas cuantas sandeces mas. La saga de insensateces cuesta muchas vidas.
Operativos.
El miércoles 6 de junio de este año tuvo lugar una reunión entre la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el Ministro de Defensa Julio Martínez para asegurar la intervención de las FFAA en tareas de seguridad interior. El hecho da cuenta del modo operativo del actual gobierno desde que tomó el Estado. La alianza Cambiemos asumió en diciembre de 2015. Al mes declaró la “Emergencia en seguridad pública” para todo el territorio argentino (Dec. 228/16) y casi 30 días después presentó el «Protocolo de actuación en las manifestaciones públicas» (más conocido como protocolo “antipiquetes”). El resto de la historia es conocida y cercana: las manifestaciones en contra del actual gobierno son record desde la recuperación de la democracia. Y la violencia estatal ejercida también. Incluye represiones desatadas en grandes movilizaciones (con “cacería” de ciudadanos incluida luego de algunas de ellas) represiones de baja intensidad en villas y barrios populares, asesinato por la espalda como doctrina de felicitación presidencial, la aplicación de este “dogma” en Río Negro (Rafael Nahuel), y la desaparición forzada seguida de muerte en otro conflicto de tierras en Chubut (Santiago Maldonado).
Dialogo de leyes: 60 años de Deuda y Represión.
El dictador Pedro Aramburu, en plan de deshacer 12 años de políticas económicas basadas en el mercado interno, firmó el decreto 7.103 de ingreso al FMI (abril de 1956). En breve, el gobierno de Frondizi seguiría los pasos de esa dictadura, abriendo la economía argentina a las importaciones y a los capitales extranjeros. Las decisiones económicas son un clásico para nosotros, y cualquier parecido es pura coincidencia: dólar libre, suba de transportes y tarifas públicas, despidos masivos en sector público (6% anual), capitales especulativos que entraban y salían del país sin restricciones, etc. Ajuste y FMI, en esos meses de 1958, impusieron un discurso de Seguridad que también vería sus frutos: en noviembre de ese año, Frondizi firma el decreto secreto 9880, llamado CONINTES. El país queda literalmente en manos de las FFAA y la persecución contra la “subversión” no es otra cosa que miles de trabajadores huelguistas secuestrados o detenidos en cuarteles militares y cárceles de todo el país. Para completar la saga, Frondizi hecha a su ministro de economía (del Carril) y pone en su lugar a quien completaría la faena de apertura económica: Alvaro Alsogaray, que usa la Cadena Nacional para decir que el Estado gasta más de lo que tiene y eso genera déficit fiscal (otra vez, cualquier parecido…). Frondizi es derrocado y en su lugar, José María Guido (a la sazón presidente del senado) ocupa su lugar y convoca, en un año y medio, a tres personajes que terminan de desmontar lo que quedaba de peronismo: Federico Pinedo, Alvaro Alsogaray y José A. Martinez de Hoz serán, en ese orden, ministros de economía. Este desastre solo podía cerrar con mas represión.
En 1966 un nuevo golpe de Estado da entrada a las FFAA, y el dictador Juan Carlos Onganía retoma las negociaciones con el FMI para nuevos préstamos. Otra vez se cruzan Seguridad y Economía: sanciona el Decreto-Ley N°16.970 de Seguridad Nacional con peores términos que CONINTES, pues endurece penas y operativos, y ya no es secreto. Las FFAA actúan en seguridad interior a plena luz del día. A los 6 meses de esta desatada represión se destraban los préstamos Stand By con clausulas de control por parte del Fondo hacia las cuentas públicas argentinas, más duras que las acordadas por Frondizi. Antes de cerrar su último acuerdo, el dictador aprovecha el “orden” impuesto vía represión y decreta la primera Ley de Mercado de Capitales (N° 17.811) y la primera Ley de Entidades Financieras (N° 18.061): el diálogo entre seguridad y economía sigue avanzando.
El interregno peronista del 73-76 deroga varias leyes de la dictadura anterior, a excepción de la Ley de Seguridad Nacional 16.970, que será de uso cotidiano en un Estado listo para eliminar opositores políticos al gobierno. En septiembre de 1974 se sanciona su reemplazo, la Ley de Seguridad Nacional N° 20.840, que impone penas más duras que las dos anteriores. Esta nueva Ley de “penalidades para las actividades ideológicas en todas sus manifestaciones” (sic) aumenta el número de desaparecidos, secuestrados y asesinados por el Estado (y parte de su articulado seguirá vigente hasta 2001).
La dictadura de la desaparición de personas que derroca al gobierno peronista en marzo de 1976 tiene el camino represivo allanado legalmente, pues conserva la Ley 20.840, endureciendo aun mas sus penalidades. Puesto en marcha el genocidio, la dictadura decreta (entre el 13/08/76 y el 14/02/77) las 3 principales leyes de corte neoliberal: Ley de Inversiones extranjeras -21.382-, Ley de descentralización de depósitos -21.495- y Ley de Entidades Financieras -21.526- que establecen la concentración financiera y la apertura económica sin límites a bienes y capitales (importaciones y divisas). En el mismo período de meses, se destraban de inmediato los acuerdos Stand By. El combo de Desaparición y Deuda está en su cenit.
El gobierno de Alfonsín firmó tres tortuosos acuerdos con el Fondo que resultaron desastrosos para la economía local y una subordinación absoluta al organismo. Pero también, la “Ley de Defensa Nacional” (N°23.554/abril/1988) intentó meter a las FFAA en caso de conmoción interna, sin logros concretos. De todas formas, cuando se sintió cuestionado, Alfonsín no tuvo mejor idea que insultar a las Madres de Plaza de Mayo (las llamo “antidemocráticas y contrarias a los intereses nacionales” –12/1984- y “madres de terroristas” –tv alemana 07/1985-) y por las dudas arremetió contra “los 30 trotskistas” (sic) a los que acusaba por los saqueos, en junio de 1989, y detuvo a la cúpula del P.O.
Los 12 años de convertibilidad y neoliberalismo sin amagues comenzó con un Estado cuya primera disposición es sancionar en 1991 la Ley Seguridad Interior (24.059) y un Protocolo de seguridad para la protesta social. Ante las movilizaciones estudiantiles, Menen (como Alfonsín) recuerda a las Madres y envía un mensaje a los jóvenes “…no vaya a ser cosa que tengamos otro contingente de Madres de Plaza de Mayo reclamando por sus hijos…” (07/1992). La línea se completa en 2001 con la Ley Inteligencia Nacional (25.520). En este marco la convertibilidad obtiene 9 Acuerdos con el FMI. Desde aquí la historia es conocida: en fines de 2000 el gobierno argentino solicita un auxilio al Fondo, en abril la fenomenal fuga de capitales absorbe los dólares y el Senado aprueba una ignominiosa “Ley de Déficit Cero” (recorte a jubilaciones y pensiones) pero no alcanza, y en diciembre el Fondo suspende los giros. La convertibilidad termina su ciclo con 39 personas asesinadas en las calles.
Diálogo con final abierto.
En un país como el nuestro, que contiene en su historia este diálogo entre seguridad y economía, con un Estado que basó su doctrina en inventar enemigos internos de toda laya y asesinó a miles de jóvenes, y que aun contiene (por siempre) la memoria viva de mas de 30.000 ciudadanos desaparecidos, ninguna intervención de las FFAA es tolerable. La liviandad pasmosa con que se sostiene el dogma de matar por la espalda completa la foto que parecía de otros tiempos. Es realmente incierto lo que pueda suceder en lo que queda de este gobierno de funcionarios evasores, que vacían las arcas del Estado en forma personal, y están dispuestos, como ya lo demostraron en estos casi tres años, a cualquier cosa con tal de seguir aplicando ajuste y represión en todas sus formas.
