por Pablo E. Chacón
En Temor y control. La gestión de la inseguridad como forma de gobierno, el abogado y cientista político Esteban Rodríguez Alzueta despliega una serie de argumentos para deslindar el delito del miedo al delito, cuestión medular a la hora de vender un proyecto electoral por sus efectos antes que por sus causas y consecuencias políticas. El libro, el primero de la editorial Futuro Anterior, estudia una serie de lugares comunes para desarmarlos y pensar una política de seguridad inclusiva, democrática y novedosa, tanto como las nuevas formas de delincuencia. Rodríguez Alzueta estudió en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde es profesor. Está al frente Sociología del delito en la especialización de Criminología en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), y en esa maestría en la Universidad del Litoral (UNL).
Existiría una invención de la inseguridad. ¿Desde cuándo podría fechársela y quiénes serían sus agentes, si evitamos considerar a la policía?
A mediados de los 90, cuando la vida de todos se volvía incierta y precaria, y los delitos aleatorios se multiplicaban también, se produjo el desdoblamiento entre el delito y el miedo al delito. El miedo al delito fue el artefacto social a través del cual los miedos difusos podían volverse miedos concretos, adquirían un rostro preciso y un lugar particular. Cuando la vida tambalea, el trabajo se corroe y se fragilizan las redes sociales y estatales de contención, había que encontrar una suerte de chivo expiatorio para canalizar el resentimiento. La figura del delincuente juvenil es el producto de ese temor social difuso. Esa figura abreva en otras. Detrás del pibe chorro pueden oírse otros prejuicios que se fueron tallando durante generaciones hacia el cabecita negra o el villero. El miedo al delito es un problema separado y separable del delito. No quiero decir con esto que se trata de una ficción. El miedo al delito modifica las maneras de transitar la ciudad, de estar en el barrio; altera nuestros horarios, las relaciones cotidianas. Ahora bien, ese temor social activó políticas de control que permanentemente están alimentando el temor social, generando una suerte de círculo vicioso que tiene, por momentos, la capacidad de enloquecernos a todos. Cuando hablo de políticas de control no estoy pensando solamente en las políticas públicas se seguridad sino también en el tratamiento que el periodismo ensaya sobre determinados conflictos sociales.
¿Existe una inseguridad del sentido común? ¿Podría hablarse de una inseguridad sin sujeto?
La inseguridad asociada al delito aleatorio o de visibilidad es uno de los lugares comunes donde se juegan los consensos difusos. El miedo al delito que es –simplificando– el miedo a la violencia del pibe chorro, tiene la capacidad de no producir divisiones, de producir consensos automáticos, más o menos espontáneos. Es un miedo despolitizado, que tiene el efecto de crear un vacío político; algo que está fuera de discusión, que provoca indignación popular, formas de movilización puramente sentimentales cuando abrazan a la víctima, o apasionadamente agresivas y cercanas al linchamiento simbólico cuando se refieren al victimario. Por eso la inseguridad se ha convertido en la vidriera de la política y los candidatos prometen más policías a cambio de votos. Porque la inseguridad modela sentidos comunes y todos quieren meter las patas en esa fuente.
¿Por qué hablas de dispositivo para pensar la gestión de inseguridad?
El dispositivo de temor y control que tiene su formulación paradigmática en la década de los 90, es la articulación entre distintos actores de distintas agencias, una articulación también entre determinadas creencias, sentidos comunes y concepciones penales y policiales, para responder a determinados conflictos sociales identificados como problemas urgentes. Esos problemas tenían que ver con el devenir disfuncional de la marginalidad social. La respuesta a aquellos problemas es lo que conocimos con el nombre de judicialización de la protesta, criminalización de la pobreza y policiamiento de la seguridad. Estas tres estrategias son las que no se han podido poner en crisis en la última década. Por eso digo en el libro: los gobiernos pasan, la policía permanece y los jueces continúan en sus cargos. El dispositivo de temor y control es una reserva autoritaria contra la democracia. Todos los refutadores de la participación popular, vuelven sobre el discurso de la inseguridad porque encuentran allí formas efectivas para desautorizar la vida colectiva y las experiencias democráticas. Lo policial sigue siendo la oportunidad para seguir desplazando lo social a un segundo plano.
De acuerdo al título de tu libro, ¿sería posible gestionar la inseguridad? ¿Con qué objetivos? ¿Cómo?
Tu pregunta tiene dos niveles de respuesta. En primer lugar, la gestión de la inseguridad es una forma de gobierno porque permite la vigilancia social. Una sociedad insegura es una sociedad vigilada, que participa incluso en las tareas de su propio control cuando le mapea a las policías la deriva de los actores que identifica como fuente de su miedo. En segundo lugar, cuando se desdobla el delito y el miedo al delito se duplican los problemas para los gobernantes, porque no sólo tienen que dar una respuesta frente al delito sino también frente al miedo al delito. Ahora bien, esto, lejos de ser un problema mayor es un punto de partida para matar dos pájaros de un tiro. Si los funcionarios no saben, no pueden o no quieren resolver el delito, pueden sin embargo mostrarse eficientes en la lucha contra el miedo al delito. Una respuesta exitosa frente al miedo al delito permitirá esconder el problema del delito debajo de la alfombra. Todas las políticas de saturación policial, de video-vigilancia, de prevención ambiental son políticas tendientes a resolver el problema del miedo al delito. La policía no está para perseguir el delito sino para atender el miedo al delito. Y eso implica más policías, más patrulleros, más cuadrículas, más cámaras, más retenes, más conferencias de prensa. Con un dato extra: prevenir el delito significa demorarse en aquellas conductas colectivas que si bien no constituyen un delito estarían creando las condiciones para que el delito tenga lugar. Entonces, gestionar la inseguridad implica, para algunos funcionarios, dos cosas: perseguir a los grupos de pares juveniles que son referenciados como productores de temor; o realizar conferencias de prensa después de los mega-operativos espectaculares contra las poderosas bandas que tienen como telón de fondo un chaperío de cualquier villa o asentamiento. Porque también hay que decir que los funcionarios continúan siguiendo la ruta de la droga en los mercados minoristas, pero no invierten tiempo ni presupuesto para perseguir la ruta del dinero y el tráfico internacional, una ruta que te llevaría a las cuevas financieras y los fideicomisos de los desarrollos inmobiliarios que le lavan la plata a las aceiteras, pooles sojeros y chacareros, entre otros, y a los puertos rápidos con controles flexibles.
¿Y qué papel juegan los medios? Lo vimos estos días con el motochorro de la Boca; se escuchan las diatribas de taxistas y otra gente; también es cierto que los asesinatos no sé si son más pero parecen gratuitos. ¿Cómo pensar eso?
De la mano de la inseguridad. En la última década se han producido una serie de transformaciones en el periodismo. El periodismo no cuenta ahora un acontecimiento extraordinario sino un hecho ordinario inscripto en una serie, en una ola. El problema no es el delito sino otro delito, otro robo, nuevamente violaron…, etc. Cuando eso sucede, la noticia dejará de orbitar en torno al victimario para concentrarse en la víctima. Y la víctima, de acuerdo a esa construcción mediática, podemos ser todos. No digo que los miedos son un invento de los medios, pero el tratamiento que esos medios ensayan sobre estos conflictos agita los fantasmas, interpela aquellos sentidos comunes que se modelaron en torno a esos miedos que certifican y prolongan con las coberturas sensacionalistas.
¿Cómo pensar la inseguridad en un contexto de violencia creciente como el actual?
Quizá una de las novedades del delito aleatorio o al boleo es el grado de violencia con el que se llevan a cabo. Salvo en Rosario, los homicidios dolosos no han aumentado, pero sí las lesiones y la agresividad. ¿Por qué se le ha agregado violencia al robo contra las personas? La respuesta no es sencilla. Para mí tiene que ver con la estigmatización social. La estigmatización cosifica a esos actores destinatarios de nuestros prejuicios y las miradas esquivas. Una de las oportunidades que tienen esos actores objetivados de convertirse en sujetos será bardeando o usando la violencia cuando cometen alguna fechoría. En ese momento se produce una suerte de enroque: el objeto se convierte en sujeto, y el sujeto objetivador se transforma en objeto. En ese momento se invierten los papeles, y el estigmatizador se hace pis encima. El robo, entonces, es la posibilidad de adecuarse a los valores y las pautas de consumo que reclama el mercado, pero también la oportunidad de tomarse revanchas. En ese momento se modela una cultura de la dureza que después se necesitara para hacer frente a las humillaciones cotidianas de las que son objeto esos mismos jóvenes por parte de las policías y los vecinos alerta. De modo que detrás de la violencia social está la violencia policial y la violencia vecinal. La creciente demonización social sobre determinados actores crea las condiciones no solo para perpetuar los delitos sino para agregarle mayor violencia a estos.
¿Existe alguna solución, cuanto más no sea provisoria (o la mejor posible) a la cuestión inseguridad que se haya explorado, que pueda explorarse? Lo pregunto haciendo oídos sordos a la acusación de garantismo. O a la política policial del gobernador Daniel Scioli, a cuyo secretario de seguridad creo que ese sayo le queda grande.
Difícilmente haya una solución si primero no se ensaya un acuerdo democrático entre las distintas fuerzas sociales y políticas. Un acuerdo que nos permita poner en discusión esos sentidos comunes y poner fuera de las coyunturas electorales estos temas. Porque las nuevas conflictividades sociales (el universo transa, la trata de personas, el robo de vehículos, el tráfico ilegal de granos y drogas, la fuga de divisas y la evasión impositiva, pero también el devenir violento de los delitos aleatorios) tienen múltiples causas muy distintas entre sí que para poder atenderlas se necesitan tiempos largos. No hay respuestas en el corto plazo. El que promete soluciones rápidas está recreando las condiciones para prologar la conflictividad.
En Temor y control. La gestión de la inseguridad como forma de gobierno, el abogado y cientista político Esteban Rodríguez Alzueta despliega una serie de argumentos para deslindar el delito del miedo al delito, cuestión medular a la hora de vender un proyecto electoral por sus efectos antes que por sus causas y consecuencias políticas. El libro, el primero de la editorial Futuro Anterior, estudia una serie de lugares comunes para desarmarlos y pensar una política de seguridad inclusiva, democrática y novedosa, tanto como las nuevas formas de delincuencia. Rodríguez Alzueta estudió en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde es profesor. Está al frente Sociología del delito en la especialización de Criminología en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), y en esa maestría en la Universidad del Litoral (UNL).
Existiría una invención de la inseguridad. ¿Desde cuándo podría fechársela y quiénes serían sus agentes, si evitamos considerar a la policía?
A mediados de los 90, cuando la vida de todos se volvía incierta y precaria, y los delitos aleatorios se multiplicaban también, se produjo el desdoblamiento entre el delito y el miedo al delito. El miedo al delito fue el artefacto social a través del cual los miedos difusos podían volverse miedos concretos, adquirían un rostro preciso y un lugar particular. Cuando la vida tambalea, el trabajo se corroe y se fragilizan las redes sociales y estatales de contención, había que encontrar una suerte de chivo expiatorio para canalizar el resentimiento. La figura del delincuente juvenil es el producto de ese temor social difuso. Esa figura abreva en otras. Detrás del pibe chorro pueden oírse otros prejuicios que se fueron tallando durante generaciones hacia el cabecita negra o el villero. El miedo al delito es un problema separado y separable del delito. No quiero decir con esto que se trata de una ficción. El miedo al delito modifica las maneras de transitar la ciudad, de estar en el barrio; altera nuestros horarios, las relaciones cotidianas. Ahora bien, ese temor social activó políticas de control que permanentemente están alimentando el temor social, generando una suerte de círculo vicioso que tiene, por momentos, la capacidad de enloquecernos a todos. Cuando hablo de políticas de control no estoy pensando solamente en las políticas públicas se seguridad sino también en el tratamiento que el periodismo ensaya sobre determinados conflictos sociales.
¿Existe una inseguridad del sentido común? ¿Podría hablarse de una inseguridad sin sujeto?
La inseguridad asociada al delito aleatorio o de visibilidad es uno de los lugares comunes donde se juegan los consensos difusos. El miedo al delito que es –simplificando– el miedo a la violencia del pibe chorro, tiene la capacidad de no producir divisiones, de producir consensos automáticos, más o menos espontáneos. Es un miedo despolitizado, que tiene el efecto de crear un vacío político; algo que está fuera de discusión, que provoca indignación popular, formas de movilización puramente sentimentales cuando abrazan a la víctima, o apasionadamente agresivas y cercanas al linchamiento simbólico cuando se refieren al victimario. Por eso la inseguridad se ha convertido en la vidriera de la política y los candidatos prometen más policías a cambio de votos. Porque la inseguridad modela sentidos comunes y todos quieren meter las patas en esa fuente.
¿Por qué hablas de dispositivo para pensar la gestión de inseguridad?
El dispositivo de temor y control que tiene su formulación paradigmática en la década de los 90, es la articulación entre distintos actores de distintas agencias, una articulación también entre determinadas creencias, sentidos comunes y concepciones penales y policiales, para responder a determinados conflictos sociales identificados como problemas urgentes. Esos problemas tenían que ver con el devenir disfuncional de la marginalidad social. La respuesta a aquellos problemas es lo que conocimos con el nombre de judicialización de la protesta, criminalización de la pobreza y policiamiento de la seguridad. Estas tres estrategias son las que no se han podido poner en crisis en la última década. Por eso digo en el libro: los gobiernos pasan, la policía permanece y los jueces continúan en sus cargos. El dispositivo de temor y control es una reserva autoritaria contra la democracia. Todos los refutadores de la participación popular, vuelven sobre el discurso de la inseguridad porque encuentran allí formas efectivas para desautorizar la vida colectiva y las experiencias democráticas. Lo policial sigue siendo la oportunidad para seguir desplazando lo social a un segundo plano.
De acuerdo al título de tu libro, ¿sería posible gestionar la inseguridad? ¿Con qué objetivos? ¿Cómo?
Tu pregunta tiene dos niveles de respuesta. En primer lugar, la gestión de la inseguridad es una forma de gobierno porque permite la vigilancia social. Una sociedad insegura es una sociedad vigilada, que participa incluso en las tareas de su propio control cuando le mapea a las policías la deriva de los actores que identifica como fuente de su miedo. En segundo lugar, cuando se desdobla el delito y el miedo al delito se duplican los problemas para los gobernantes, porque no sólo tienen que dar una respuesta frente al delito sino también frente al miedo al delito. Ahora bien, esto, lejos de ser un problema mayor es un punto de partida para matar dos pájaros de un tiro. Si los funcionarios no saben, no pueden o no quieren resolver el delito, pueden sin embargo mostrarse eficientes en la lucha contra el miedo al delito. Una respuesta exitosa frente al miedo al delito permitirá esconder el problema del delito debajo de la alfombra. Todas las políticas de saturación policial, de video-vigilancia, de prevención ambiental son políticas tendientes a resolver el problema del miedo al delito. La policía no está para perseguir el delito sino para atender el miedo al delito. Y eso implica más policías, más patrulleros, más cuadrículas, más cámaras, más retenes, más conferencias de prensa. Con un dato extra: prevenir el delito significa demorarse en aquellas conductas colectivas que si bien no constituyen un delito estarían creando las condiciones para que el delito tenga lugar. Entonces, gestionar la inseguridad implica, para algunos funcionarios, dos cosas: perseguir a los grupos de pares juveniles que son referenciados como productores de temor; o realizar conferencias de prensa después de los mega-operativos espectaculares contra las poderosas bandas que tienen como telón de fondo un chaperío de cualquier villa o asentamiento. Porque también hay que decir que los funcionarios continúan siguiendo la ruta de la droga en los mercados minoristas, pero no invierten tiempo ni presupuesto para perseguir la ruta del dinero y el tráfico internacional, una ruta que te llevaría a las cuevas financieras y los fideicomisos de los desarrollos inmobiliarios que le lavan la plata a las aceiteras, pooles sojeros y chacareros, entre otros, y a los puertos rápidos con controles flexibles.
¿Y qué papel juegan los medios? Lo vimos estos días con el motochorro de la Boca; se escuchan las diatribas de taxistas y otra gente; también es cierto que los asesinatos no sé si son más pero parecen gratuitos. ¿Cómo pensar eso?
De la mano de la inseguridad. En la última década se han producido una serie de transformaciones en el periodismo. El periodismo no cuenta ahora un acontecimiento extraordinario sino un hecho ordinario inscripto en una serie, en una ola. El problema no es el delito sino otro delito, otro robo, nuevamente violaron…, etc. Cuando eso sucede, la noticia dejará de orbitar en torno al victimario para concentrarse en la víctima. Y la víctima, de acuerdo a esa construcción mediática, podemos ser todos. No digo que los miedos son un invento de los medios, pero el tratamiento que esos medios ensayan sobre estos conflictos agita los fantasmas, interpela aquellos sentidos comunes que se modelaron en torno a esos miedos que certifican y prolongan con las coberturas sensacionalistas.
¿Cómo pensar la inseguridad en un contexto de violencia creciente como el actual?
Quizá una de las novedades del delito aleatorio o al boleo es el grado de violencia con el que se llevan a cabo. Salvo en Rosario, los homicidios dolosos no han aumentado, pero sí las lesiones y la agresividad. ¿Por qué se le ha agregado violencia al robo contra las personas? La respuesta no es sencilla. Para mí tiene que ver con la estigmatización social. La estigmatización cosifica a esos actores destinatarios de nuestros prejuicios y las miradas esquivas. Una de las oportunidades que tienen esos actores objetivados de convertirse en sujetos será bardeando o usando la violencia cuando cometen alguna fechoría. En ese momento se produce una suerte de enroque: el objeto se convierte en sujeto, y el sujeto objetivador se transforma en objeto. En ese momento se invierten los papeles, y el estigmatizador se hace pis encima. El robo, entonces, es la posibilidad de adecuarse a los valores y las pautas de consumo que reclama el mercado, pero también la oportunidad de tomarse revanchas. En ese momento se modela una cultura de la dureza que después se necesitara para hacer frente a las humillaciones cotidianas de las que son objeto esos mismos jóvenes por parte de las policías y los vecinos alerta. De modo que detrás de la violencia social está la violencia policial y la violencia vecinal. La creciente demonización social sobre determinados actores crea las condiciones no solo para perpetuar los delitos sino para agregarle mayor violencia a estos.
¿Existe alguna solución, cuanto más no sea provisoria (o la mejor posible) a la cuestión inseguridad que se haya explorado, que pueda explorarse? Lo pregunto haciendo oídos sordos a la acusación de garantismo. O a la política policial del gobernador Daniel Scioli, a cuyo secretario de seguridad creo que ese sayo le queda grande.
Difícilmente haya una solución si primero no se ensaya un acuerdo democrático entre las distintas fuerzas sociales y políticas. Un acuerdo que nos permita poner en discusión esos sentidos comunes y poner fuera de las coyunturas electorales estos temas. Porque las nuevas conflictividades sociales (el universo transa, la trata de personas, el robo de vehículos, el tráfico ilegal de granos y drogas, la fuga de divisas y la evasión impositiva, pero también el devenir violento de los delitos aleatorios) tienen múltiples causas muy distintas entre sí que para poder atenderlas se necesitan tiempos largos. No hay respuestas en el corto plazo. El que promete soluciones rápidas está recreando las condiciones para prologar la conflictividad.