Durante las recientes movilizaciones, la abogada —que se ha desempeñado en el ámbito de los derechos humanos, trabajando en materias de género, discriminación y en casos de responsabilidad civil producto de vulneraciones de derechos y crímenes de lesa humanidad en el contexto de la dictadura, además de llevar casos de relevancia nacional, como el de Nabila Riffo contra Canal 13—, ha colaborado con la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, el Cordón Jurídico de la UC y ha sido parte fundamental de la sistematización de los casos de traumatismo ocular en la Unidad Traumatológica Ocular en el Hospital del Salvador.
Por Macarena Pérez
—Respecto de la grave situación relacionada a los traumatismos oculares generados por los piquetes antidisturbios de Carabineros, que el Colegio Médico ha catalogado como una “catástrofe epidémica” y Sociedad de Oftalmología como una “emergencia sanitaria”, ¿Cuál es tu reflexión respecto del actuar de la fuerza policial y del gobierno?
Tanto las acciones como las omisiones de los órganos del Estado (ministerios del Interior, de Salud, de Justicia y Defensa), son omisiones que podrían llegar a generar responsabilidad no sólo política, sino también penal. Al día 22 de octubre, cuando tomo contacto directo con la UTO, ya existían 23 lesionados y el número ya había sido informado al MINSAL, pero hasta esa fecha no se había tomado ninguna medida concreta. Sólo recientemente hemos tenido un pronunciamiento del MINSAL que carece de profundidad y de medidas concretas. Las omisiones de estos órganos públicos son sumamente graves, ya estamos con índices que la Sociedad Oftalmológica ha indicado como desproporcionados. A tal punto, que se dice que en los últimos 20 años de conflicto armado del Medio Oriente los heridos con traumatismo ocular son 300. En cambio, en Chile llevamos más de 200 en tres semanas, por lo que nadie puede ignorar la extrema gravedad de este tipo de ataques indiscriminados e injustificados.
El Ministerio del Interior de manera explícita, tanto en sus alegatos en la corte como los informes que han acompañado en la corte, se desentiende del accionar policial. Sólo dicen que enviaron un oficio para preguntarle a Carabineros qué es lo que está pasando, una vez que presentamos los recursos en la corte. A su vez, han señalado que no tienen las facultades para hacer un control directo de ese accionar y lo limitan a una responsabilidad funcionaria, dando a entender que los sumarios fueran las instancias que corresponden para este tipo de hechos, cuando claramente no se trata de una responsabilidad individual del funcionario. Aquí estamos hablando de la respuesta del Estado hacia los manifestantes. Es algo mucho más complejo que sí genera responsabilidad del Estado, porque éste está consintiendo y avalando transversalmente el accionar de Carabineros.
—¿Cómo el Estado puede decir que no son prácticas sistemáticas, si hay más de 200 heridos con traumatismo ocular?
Según los relatos de las víctimas, todo indica que no son errores, sino que son decisiones: se decide atacar y dañar. Que eso sea una orden directa de los altos mandos, no lo puedo afirmar, sería irresponsable. Pero lo que sí puedo afirmar es que ese actuar está avalado a través de las declaraciones públicas de las autoridades. Lo que el Estado ha señalado es que las víctimas tienen derecho a realizar las investigaciones que correspondan. Lo que señalamos muchos abogados independientes es: perfecto, se realizarán las investigaciones, pero estas demoran meses, años. Por lo tanto, es una mirada restrictiva decir que sólo podemos parar esta situación con investigaciones penales o con sumarios internos. Detrás de esa supuesta evasión de tomar una decisión política para parar estos ataques hay una decisión política de permitirlos.
—¿Qué ayuda pueden entregar las y los abogados en estos momentos? ¿Cuál fue tu primer paso y cómo comenzaste a ayudar?
Existe una serie de grupos a lo largo de Chile que se componen de abogados, académicos y estudiantes que prestan asesoría jurídica, tanto en comisarías, hospitales, manifestaciones y en diversos lugares. Desde mi experiencia, sabía de la existencia de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile con quien me contacté. Ellos están organizados, trabajando en terreno en comisarías, hospitales, redactan querellas, un trabajo muy potente y transversal. También conozco el trabajo del Cordón Jurídico de la Universidad Católica que está enfocado en comisarías.
Mi primera participación fue acercarme al Cordón Jurídico de la Universidad Católica, visitando comisarías con ellos. Ahí me di cuenta que se necesitaba presencia y apoyo concreto en la Unidad Traumatológica Ocular (UTO) del Hospital del Salvador. Como tramito causas de violación de derechos humanos en dictadura, tengo una idea de lo que el informe Valech ha entregado como consecuencias de los mecanismos de tortura. Me llamó de inmediato la atención que en los primeros días de movilización tuviésemos un número tan alto, y si la represión seguía igual, este tipo de consecuencia sería, sí o sí, una forma particular de aleccionar a los manifestantes, una violación a los derechos humanos que, claramente, se volvería algo sistemático. Por eso, comencé de manera independiente un trabajo en terreno en la UTO el día 24 de octubre. Tomé contacto con el Colegio Médico, ingresé a la UTO, me vinculé con los profesionales de enfermería y medicina. Inicié un apoyo directo de orientación con las víctimas de estos ataques, a medida que realizaba esta ayuda fui tomando sus testimonios y registré fotográficamente las lesiones con la autorización de ellos. También dejé registro de su documentación médica. En ese momento, los profesionales de la salud nos manifestaron la importancia de que los abogados se mantuvieran presencialmente en el establecimiento médico, ya que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), independiente del valioso trabajo que realizan, no dan abasto para estar presentes en todas partes.
—¿En qué consiste tu trabajo diario?
Voy cada dos o tres días a la UTO, hay días en que no llegan pacientes, pero siempre después de una gran manifestación reciben nuevos heridos. Al ver esta realidad, es muy importante mantener el trabajo en terreno. Por un lado, la orientación a las víctimas y familiares, generando vínculos con equipos de psicólogos y conectándoles con el Colegio Médico para que realicen informes médicos con estándar de Estambul. Por otro lado, la orientación jurídica para que realicen las respectivas denuncias. En paralelo a las querellas que puedan tramitar las víctimas con la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile o con el INDH, algunos abogados, de manera independiente, nos estamos haciendo cargo de presentar acciones de amparo o de protección, que son acciones cautelares urgentes, para que la corte dicte orden de protección para las víctimas y ordene directamente a Carabineros para que dejen de disparar de manera horizontal a partes sensibles del cuerpo, de manera injustificada, utilizando proyectiles que, independiente del material, al ser disparados de cerca y directo al rostro, de todas maneras, van a causar mutilaciones o daño significativo.
¿Por qué hemos tratado de conseguir estos recursos de amparos a través de la Corte? Porque, efectivamente, son vulneraciones de derechos. Por tanto, deberían ser admisibles y son compatibles con una querella, ya que van por vías distintas. Y, por último, porque requerimos del pronunciamiento del poder judicial para ponerle límites al accionar de Carabineros, ya que el poder ejecutivo, el Ministerio del Interior y el General de Carabineros avalan el actuar de la policía y no han asumido ninguna responsabilidad. Frente a esto, lo que nos queda es el poder judicial, que hasta ahora ha dado buenos resultados en Antofagasta y Concepción. Llevamos varias acciones presentadas en Santiago, a la espera de que sean acogidas.
—¿Qué balance haces frente a la violencia que ha ejercido Carabineros durante las manifestaciones?
Es imposible disociar el nivel de represión que se ha ejercido en contra del movimiento actual del que se ejerció en dictadura, las consecuencias de ésta y de la forma en que la transición procesó esas consecuencias. En ese sentido, creo que es imprescindible exigir al poder judicial que actúe, de acuerdo a la declaración que el mismo poder realizó el año 2009, cuando hizo un mea culpa y asumió que fue omiso frente a las violaciones de derechos humanos en dictadura. Entonces, esta es la oportunidad para que el poder judicial haga carne, concretice esa declaración, esté a la altura de las circunstancias e impida que Carabineros siga actuando sin ningún control, de manera injustificada y absolutamente fuera de los protocolos que el propio Estado ha establecido para sí. Hay que considerar además la larga data de casos donde el accionar policial no sólo ha sido puesto en cuestión, sino que, derechamente, ha sido un accionar ilegal, como ocurrió en el caso de Camilo Catrillanca y Alex Lemún. Este último es sumamente relevante, porque a raíz de este caso, en un acuerdo de solución amistosa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado de Chile dicta un protocolo para el uso de la fuerza pública, lineamientos que hoy no se están cumpliendo.
Considero que atendido el grave daño que causó la omisión del poder judicial en dictadura, hoy es absolutamente exigible que éste controle que esos protocolos se apliquen, porque el accionar policial no los está respetando. Además, estamos frente a un Ministerio del Interior que también está incumpliendo sus obligaciones, porque la misma CIDH ha señalado que los órganos que dictan los protocolos de actuación y uso de la fuerza pública no se pueden desentender de la forma y la fiscalización de cómo se aplican. Es decir, el Ministerio del Interior no puede lavarse las manos, diciendo que Carabineros está siguiendo solo las órdenes de la máxima autoridad de dicha institución. El Ministerio del Interior tiene que hacerse cargo, ya que tiene por ley la obligación del resguardo del orden público. Ante toda esa omisión institucional, el poder judicial tiene la obligación de actuar. Lo veo como una oportunidad y como una obligación, ya que se comprometieron a no repetir lo que sucedió en dictadura.
«Las consecuencias de las violaciones a los derechos humanos exceden lo jurídico y requieren de un procesamiento político y social con una comisión de verdad, sin secreto establecido como ocurrió con el informe Valech».
—¿Qué te parecen el audio filtrado de la máxima autoridad de Carabineros, quien daba respaldo absoluto a los miembros de la institución?
Las declaraciones de Rozas —quien afirmó que los carabineros se pueden quedar tranquilos porque no los van a castigar de manera grave— se vinculan con la impunidad, generando el discurso de que no hay responsabilidades políticas ni penales. Por lo tanto, pueden seguir actuando de esa manera porque quedarán impunes, no habrá castigo social, público, penal o institucional que les genere una consecuencia y que, por lo tanto, los inste desincentivar su accionar. Muy por el contrario, los incentiva.
Esta impunidad no es nueva. Este tipo de declaraciones son una expresión más de la impunidad instalada que hemos conocido a propósito de la mayoría de los casos de sobrevivientes de prisión política y tortura en Chile frente a los que no han existido las investigaciones que corresponden, ni el Estado se ha hecho cargo de sancionar esos hechos. En general, todas las instituciones de las FF.AA. saben que pueden actuar en impunidad. Y la impunidad también está instalada en otras esferas de la vida política y social, como por ejemplo en los delitos de cuello y corbata. Hay una dinámica en la cual, lamentablemente, desde el gobierno se insta a seguir actuando de la manera que se está haciendo.
Creo que aquí la psicología o la sociología pueden hacerse cargo de un aspecto que es más profundo, como lo es la particularidad que implica la mutilación, sobre todo en el rostro, como mecanismo para irradiar terror. Así como en dictadura se torturaba a los detenidos y eran devueltos vivos a sus círculos sociales, estos irradiaban el terror en la forma en que regresaban, maltrechos, traumados. No podría afirmar que hoy hay una decisión concreta a realizar estos ataques, sería irresponsable de mi parte, pero esta práctica sistemática da cuenta que incluso el “dejar hacer” y no exigir la aplicación de protocolos es, también, una omisión culpable.
—¿Cuáles son los pasos a seguir en caso de ser herido por la fuerza policial durante una manifestación en el espacio público?
Primero tratar de tomar contacto con los equipos de salud que están prestando asistencia in situ. Lo principal es velar por la integridad de las personas, o dirigirte a un centro de salud. Es muy importante que en el parte médico o epicrisis indiquen la mayor cantidad de detalles. Segundo, realizar la denuncia en Fiscalía. Luego te contactará la brigada de DD.HH. de la Policía de Investigaciones. Y en paralelo recurrir al Colegio Médico para realizar el informe médico con el estándar de Estambul cuando se es víctima del actuar policial. Tercero, realizar la denuncia en la web del INDH. Esta institución tiene mandato legal para actuar y hacerse parte en las diferentes causas por acción policial. También hay diferentes agrupaciones de DD.HH. que prestan apoyo jurídico, como también universidades, en el caso de la Defensoría Jurídica de la U. de Chile y el Cordón Jurídico UC.
—¿Qué debería ocurrir en términos legales desde ahora en adelante?
Quienes están a cargo de las investigaciones son las fiscalías, el Ministerio Público. Es importante hacer un llamado a que estén a la altura de lo que está pasando, atendido a los hechos que ya conocemos en cuanto al comportamiento y las decisiones que ha tomado el Ministerio Público en investigaciones como las de financiamiento ilícito de la política, donde su labor ha sido sumamente cuestionada. Hay que estar alerta a lo que vaya sucediendo en el escenario de estas investigaciones. Quienes hemos trabajado con las consecuencias de la dictadura, creemos que es necesario que se establezca una comisión de verdad, calificadora permanente de víctimas de la represión. Atendiendo a los efectos psicológicos que generan este tipo de ataques, es absolutamente entendible que existan personas que no se sentirán llamadas o convocadas de inmediato. Por eso es importante tener una comisión permanente y que se establezca un reconocimiento estatal, para que no tengamos que procesar nuevamente la tortura y las consecuencias de la represión, solamente desde el ámbito de lo jurídico.
Las consecuencias de las violaciones a los derechos humanos exceden lo jurídico y requieren de un procesamiento político y social con una comisión de verdad, sin secreto establecido como ocurrió con el informe Valech. Las comisiones de verdad recogen los testimonios, sistematiza la realidad de lo ocurrido, las dinámicas de represión, los centros de tortura. Es muy importante que esos archivos no sean secretos. Si se van a establecer reparaciones, que sean proporcionales a los daños causados, porque si se deja al arbitrio jurídico se depende del criterio jurídico del tribunal donde caiga la causa y de la composición de los ministros de determinadas salas que van a conocer cada caso. Si como sociedad asumimos que tenemos consecuencias nefastas en materia de DD.HH, no debemos dejar a la suerte de la tómbola de tribunales el reconocimiento de calidad de víctima de quienes hoy son víctimas del actuar policial.
Asimismo,es importante poder otorgar un apoyo permanente en el tiempo a las víctimas para que decidan seguir participando de los largos procesos penales y no desistan en el camino.
«El país venía despertando desde hace mucho rato y, justamente, lo jurídico ha sido un ámbito que, salvo excepciones, ha sido una tranca para que los movimientos sociales puedan avanzar en sus demandas. Con esto me refiero, por ejemplo, a la institucionalidad del Tribunal Constitucional».
—¿Qué papel crees que ha tenido en este estallido social el desempeño del poder judicial en las últimas décadas?
Creo que este estallido responde a diversos movimientos sociales, como, por ejemplo Aysén, Freirina, los movimiento por el agua, por la educación, por los derechos reproductivos; movimientos de trabajadores y la falta de cabida institucional que existe para los sindicatos. El país venía despertando desde hace mucho rato y, justamente, lo jurídico ha sido un ámbito que, salvo excepciones, ha sido una tranca para que los movimientos sociales puedan avanzar en sus demandas. Con esto me refiero, por ejemplo, a la institucionalidad del Tribunal Constitucional, donde vemos que muchas veces han existido proyectos que han logrado avances significativos en el Congreso, como por ejemplo el aborto, que luego, cuando son procesados por la institucionalidad, llegan al Tribunal Constitucional y se ven cercenados y se les agregan refuerzos que no pasaron por una deliberación democrática. Es el caso de la profundización y la fuerza que se le otorgó a la figura de la objeción de conciencia en el caso de la Ley de aborto en tres causales. Entonces, este caso nos permite ver cómo el ordenamiento jurídico y su institucionalidad, en su conjunto, no ha funcionado como un canalizador de demandas sociales, si no que termina siendo una obstrucción.
Esto también lo podemos ver en el tema de las Isapres, el poder judicial se ha comprometido a hacerse cargo, incluso se generó un edificio por completo dedicado a canalizar las acciones judiciales en que las personas se oponen año a año al alza de los planes de Isapres, y donde el poder judicial ha tenido que invertir en mayor infraestructura solamente para efectos de rechazar las alzas en su gran mayoría. Aun así, no tenemos una ley que impida ese comportamiento y, finalmente, el poder judicial tiene que terminar absorbiendo un problema que se podría solucionar de una manera mucho más rápida. Entonces, nuevamente, vemos que el poder judicial canaliza una demanda que en general no permite el alza unilateral de los planes, pero el entramado jurídico de intereses políticos económicos no permite que se establezcan trabas para el negocio que existe con la salud. Estos son ejemplos nos demuestran que la cuestión jurídica colaboró en el estallido social actual.
Lo que sabemos es que la problemática de los derechos sociales se tiene que canalizar por una vía política, y la jurídica no da el ancho, lamentablemente no resulta operativa.
