De regreso a Octubre // Mía Dragnic

          No hemos venido aquí a pedirle a los diputados y senadores que legislen para nosotros, hemos venido a exigirles que no legislen más por nosotros, que no hablen por nosotros, nosotros vamos a hablar por nosotros mismos.

Lonko Juana Calfunao, Intervención en el Encuentro Nacional Parlamentario entre Pueblos Indígenas y el Congreso Nacional, 2011

 Quisiera empezar advirtiendo que esta reflexión está afectada por lo que sucede en Chile, porque el terrorismo de Estado durante este último mes ha mutilado, torturado sexualmente, perseguido, asesinado y desaparecido a diversas personas que han participado de la revuelta iniciada en octubre. Prácticas comunes contra el pueblo mapuche que hoy se ven generalizadas entre quienes protestan. Esto quiere decir que este comentario nada tiene que ver con la racionalidad técnica de una experta, especialista en convertir la crisis en una cifra que tiene por objeto neutralizar el conflicto. Y, por supuesto, el interés en advertirlo no guarda relación con alertar la pérdida de objetividad sobre lo dicho sino justamente con todo lo contrario: la necesidad de situar lo escrito en un terreno sensible y comprometido con la lucha de los pueblos. En este sentido es que creo en la necesidad de mirar lo que está sucediendo desde una perspectiva crítica e histórica que pueda revisar la genealogía de la protesta actual, y al mismo tiempo, la historia de represión que portan los organismos de seguridad del Estado desde que se impuso -a través del golpe y de la dictadura militar de Pinochet-, el neoliberalismo en el país. Tenemos que recordar que la pionera experiencia neoliberal chilena tiene ya casi medio siglo: 14 años de dictadura y 30 de una débil democracia.

Historizar el malestar social que ha desencadenado la crisis actual instala en el centro de la discusión el rol que el Estado ha asumido durante el periodo capitalista de postdictadura, el modelo de trabajo que este ha promovido y las relaciones de clase que se articularon a partir de estas condiciones. El Estado monocultural chileno, uno de los más autoritarios de América Latina y el Caribe, abandonó de manera sostenida y sistemática sus responsabilidades políticas y democráticas, consagrando el mandato político y económico impuesto en dictadura del invento de laboratorio que un grupo privilegiado de estudiantes de economía de la Universidad Católica de Chile elaboró desde la Universidad de Chicago. Las estrategias del bienestar estatal chileno, y del modelo de democracia representativo que hoy es hegemónico, se han planteado históricamente como un límite para la participación política, esto quiere decir que la constitución actual (al igual que las anteriores) ha restringido la toma de decisiones sobre asuntos públicos que determinan la vida de la población a una pequeña élite dominante. El problema es que la clase política y empresarial de la democracia representativa ha representado únicamente los intereses de sí misma.

El Estado renunció progresivamente durante el inconcluso periodo de transición a la prestación de servicios sociales para convertirse en un Estado que subvenciona a la clase empresarial nacional y que protege los intereses de las corporaciones dueñas del capital transnacional. Subvencionando al sector privado del país mediante el otorgamiento de una parte fundamental del gasto público -destinado a garantizar el acceso a derechos sociales básicos-, y al mismo tiempo, estableciendo que la función de los organismos de seguridad del Estado es proteger los capitales privados. Es decir, la acumulación de la riqueza, los espectaculares índices de desarrollo económico y la producción de plusvalía, siguen soportándose sobre la explotación sin fin de la clase trabajadora y sobre sus prácticas cotidianas de sobrevivencia económica. Es un Estado que no regula la relación capital/trabajo e incentiva que las empresas privadas transen en el mercado el acceso a la salud, la educación, la vivienda y a la jubilación. Concesionando los derechos básicos para producir ganancias permanentes al capital privado y considerando a la clase trabajadora únicamente como una fuerza de consumo que debe endeudarse para acceder a educación universitaria, a pensiones miserables que no sostienen la vida (a través de un mecanismo previsional de ahorro forzado administrado por instituciones privadas AFP) y a un modelo de salud que desmanteló el Sistema de Salud público. El Estado de Chile no es garante de los derechos humanos fundamentales y es el primer precarizador del empleo bajo una lógica de acumulación flexible que ha desarticulado la organización fabril fordista y que se sostiene sobre una fuerza de trabajo desregulado y despojado de todo derecho.

El modelo de explotación extractivista e intensivo de los bienes comunes ha devastado y saqueado los territorios, el agua, el cobre, el litio, la producción agrícola y la pesca, estableciendo cordones industriales que han convertido ciudades completas en zonas de sacrificio. Territorios que han sido usurpados por grandes empresas transnacionales que casi no pagan impuestos. En estas zonas de sacrificio se han gestado diversas experiencias de resistencia territorial en defensa de los derechos humanos de las comunidades que las habitan. La lucha del pueblo mapuche es un ejemplo de largo aliento en la defensa del territorio y de la autonomía de los pueblos que obtuvo particular visibilidad desde mediados de la década de los noventa cuando diversas comunidades pewenche resistieron a la instalación del mega proyecto hidroeléctrico en el río Biobío. El problema del agua, uno de los servicios más caros de agua potable en toda América Latina y el Caribe, es también central para comprender varios de los conflictos que hoy están vivos en el país puesto que el Código de Aguas de 1981 -único en el mundo-, otorgó derechos perpétuos y gratuitos sobre el agua al sector privado en Chile. Algunos otros momentos que nos sirven para comprender la rebelión actual fueron las protestas contra la industria de la carne en la comuna atacameña de Freirina, lugar en el que Agrosuper (2012) quiso instalar la planta productora de cerdos más grande de Sudamérica, la lucha contra la extracción del oro en Pascua Lama (2009), en la cual la empresa canadiense Barrick Gold destruyó varios glaciares, el «Segundo Puntarenazo» que fue el bravo repudio (2011) al alza del gas natural en Magallanes, la resistencia del movimiento estudiantil pingüino y universitario en la lucha por la educación pública (2001, 2006 y el 2011), las manifestaciones contra el cordón industrial Quintero-Puchuncaví-Ventanas, y por último, el movimiento feminista que se está convirtiendo en una significativa articulación nacional en su lucha anticapitalista por el acceso al aborto, al derecho a la vida y a la vida digna para las mujeres.

La primera piedra de tope para estas luchas es que el modelo económico y político está contenido en la constitución de la república vigente, impuesta por el plebiscito fraudulento que organizó un régimen fascista en 1980, pero lo más inquietante es que a treinta años del inicio de la democracia esta constitución ha sido aprobada tras el ejercicio de siete gobiernos democráticos. La constitución de Pinochet ni siquiera determina con claridad la existencia de un Estado laico, niega la presencia de los pueblos indígenas y cancela toda la responsabilidad estatal ante los derechos sexuales y reproductivos. Es por esto que su existencia impide una solución política ante las demandas de justicia social que la revuelta ha planteado. En términos muy generales esto explica la necesidad de realizar una asamblea constituyente -participativa y vinculante- como un requisito imprescindible para iniciar un proceso de transformación estructural que termine con las condiciones actuales que han precarizado la vida. Y si queremos impedir una nueva constitución al estilo de la primavera que celebró Ricardo Lagos[1], debemos exigir que la asamblea constituyente se organice por fuera de las dinámicas de la democracia representativa. Es difícil lograrlo porque esto implica el ejercicio de una cultura política diferente a la dominante, que debe enfrentarse y sobrevivir al mal gobierno de los viejos y viciados partidos políticos, pero lamentablemente también a las prácticas de los muy nuevos. La mayor dificultad sin embargo se encuentra en la derecha que hoy gobierna al Estado de Chile, aquella que es dueña del país y que hoy reprime de manera brutal la justa rebelión popular. El peligro es que esta derecha tiene algo en común con el fundamentalismo económico y religioso evangélico/estadounidense que hoy se toma el poder político en Bolivia, en Brasil y en tantas zonas de América Latina y el Caribe. Esto es la defensa de un modelo económico que desearía conducir la crisis como una vía de contención que sea capaz de reinventar las formas en que se acumula el capital en los márgenes del neoliberalismo para evitar de esta manera que la crisis llegue a las grandes potencias. Hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad como este interés nos conduce hacia el horror, pero también sabemos como se le combate al conocer la lucha anticolonial y anticapitalista del sur global.

Los pueblos en Chile llevan protestando intensamente desde hace más de una década lo que significa que la concertación política que intentó inaugurar el tiempo de la democracia está viviendo un agotamiento desde hace años y esto es clave para comprender la masividad y el carácter policultural del estallido actual. Lo que hoy tenemos que preguntarnos es ¿Qué ha sucedido con estas protestas? ¿Qué pactos se impusieron sobre ellas? y ¿Cómo se puede ir desde esta gran rebelión popular hacia una orgánica que logre disputar el poder para pensar de manera común en una estructura nueva? Una de las grandes alarmas hoy presentes en la discusión sobre lo que está viviendo Chile tiene que ver con la supuesta inorganicidad del movimiento y con la falta de representatividad político-partidista, puesto que esto significaría un gran riesgo a que se excluyan las demandas reales de las posibles negociaciones que se plantéen como salida a la crisis. Comprendo esta preocupación pero no la comparto, pues ha sido la presencia de representación político-partidista justamente lo que ha desvirtuado las exigencias planteadas por movimientos anteriores y la revuelta actual está interpelando precisamente los modos en que se plantea lo político. En esta perspectiva es que considero esta ausencia de representatitividad hoy debe ser leída como una potencia, como la posibilidad de construir nuevas formas para pensar la participación política. Es que en este momento en que estamos viviendo un punto límite, que se expresa con claridad como lucha de clases, vamos aprendiendo que esta gran revuelta es también una escuela que nos está enseñando a creer en lo público, a terminar con la política del bono, del pacto, de la representación y de las agendas, tan arraigada en la intergeneracional clase política de la democracia representativa del país. Hoy necesitamos producir ideologías y no convenciones. Y del mismo modo en que estos días hemos visto desplomarse el mito del éxito de la economía, de la democracia chilena y de los medios de comunicación oficiales, percibimos como la crisis actual -que tiene dimensiones globales y que por supuesto transgrede los límites de la economía-, ha sido provocada por un modelo de devastación patriarcal que ha deshumanizado al mundo, negando los derechos humanos y los bienes públicos.

La experiencia más significativa de esta maravillosa rebelión de octubre es que nos está haciendo comunes y ese sentido de pertenencia reconstruye nuestras relaciones luego de tantos años de un capitalismo salvaje que precarizó los modos de producción, los afectos y las subjetividades. Y por cierto, si una masiva ola de protestas ha sido capaz de parar al país durante un mes, de elaborar un nuevo imaginario político con símbolos sin precedentes como nuestro querido «perro matapacos», de impulsar la realización de asambleas territoriales, de burlar el toque de queda impuesto por la aplicación de la Ley de Seguridad de Estado y dar continuidad a las movilizaciones, a pesar de la violencia extrema desplegada por carabineros y militares, no parece nada adecuado hablar de falta de voluntad política. Esta vez la relación tiene que ser inversa y las epistemologías y los aparatos ideológicos tienen que estar dispuestos a variar según lo que marquen los acontecimientos.

[1] Ricardo Lagos siendo presidente de la república celebró el 17 de septiembre de 2005 una reforma menor hecha a la constitución de 1981 declarando: «Contamos con una constitución que ya no nos divide, es un día muy grande para Chile. Tenemos hoy por fin una constitución democrática. Hoy despunta la primavera».