Este domingo 4 de septiembre, se realizará en Chile el plebiscito que aprobará o rechazará la propuesta de Nueva Constitución, elaborada durante el periodo de un año por una Convención Constituyente, conformada por 154 personas elegida mediante el voto popular. Más de 15 millones de personas serán habilitadas para votar este domingo. A diferencia de lo que ocurre en otros comicios en Chile, esta vez el voto será obligatorio y deberá obtener mayoría simple para que sea aprobado el nuevo texto constitucional.
La propuesta contiene 388 artículos, siendo una de las más extensas del mundo. El pasado 4 de julio, fue entregada al presidente Gabriel Boric. Si bien el debate sobre la reforma constitucional ha logrado una importante presencia hace varios meses, formalmente el periodo de propaganda electoral se estableció entre el 6 de julio y el 1 de septiembre.
El proceso constituyente chileno fue una de las respuesta al estallido social de octubre de 2019. Luego de un mes de protestas, el entonces oficialismo, encabezado por Sebastián Piñeira, y una mayoría de la oposición partidaria firmaron lo que se conoció como “Acuerdo por la paz social y la nueva constitución”.
Para ayudarnos a entender este convulsionado periodo histórico, conversamos de manera extendida con Pablo Abufom Silva, editor de la muy recomendable Revista Posiciones y militante del movimiento Solidaridad. Pablo Abufom, dueño de una aguda sensibilidad para captar las dinámicas de los contra-tiempos políticos/sociales, nos convida una serie de reflexiones sobre los laberinticos escenarios estratégicos del campo popular y la clase trabajadora. Es decir, sobre la crisis.
Gabriel Vera Lopes: El estallido de octubre del 2019 supuso un punto de inflexión en la historia reciente de Chile ¿Qué elementos motivaron la rebelión?
Lo primero que hay que plantear es que en Chile hubo algo que se fue incubando fuertemente durante décadas: una doble crisis. Por un lado, una crisis producto de la precarización de la vida, vinculada al empeoramiento de las condiciones de vida de sectores cada vez más grandes de la clase trabajadora y el pueblo. Esa crisis tuvo expresiones, desde comienzos de los 2000, en movilizaciones y estallidos esporádicos; los cuales, indicaban que el proyecto neoliberal en Chile estaba haciendo agua. Es decir, esa forma de concebir la gobernanza, el rol del estado en la economía, el rol de la política en la sociedad, iba acumulando contradicciones que se expresaron en la crisis. Lo que vivimos, desde los 90 con la administración civil del neoliberalismo, fue un constante empeoramiento de las condiciones de vida y eso se fue evidenciando en distintos ámbitos. El caso educativo lo ejemplifica: si bien hubo un aumento importante de la matrícula de la educación superior en las universidades, los institutos técnicos y profesionales, esto no necesariamente se correspondía con la promesa de que tener un título universitario o de educación superior iba a significar una mejora de las condiciones de vida.
En segundo lugar, la otra crisis que fue confluyendo en el estallido fue una crisis política. Una crisis de la representación política, de las formas tradicionales de representación. Particularmente de los partidos aunque, en cierta medida, también de los sindicatos. Es decir, se dio una situación donde las estructuras que operan como agentes mediadores entre el Estado y la clase trabajadora fueron perdiendo su capacidad de representación.
Esto se debe a que los partidos que habían logrado un triunfo contra la dictadura, los partidos de la Concertación por la Democracia, muchos de los cuales habían sido partidos de izquierda (como el PS, el Partido Obrero, etc) se convirtieron en administradores del neoliberalismo. Generando una brecha enorme entre sus representantes y sus bases sociales. Y a pesar de que habían logrado mantener la administración hasta mediados de la década pasada, se fue percibiendo cada vez más un desinterés por la política. La política dejó de hacer sentido: a nivel municipal, donde solo se administraban recursos mientras que a nivel parlamentario o ejecutivo, los partidos estaban sólo preocupados por administrar sus propios empleos o incluso las ganancias que podían tener con ciertos procesos políticos las grandes empresas.
De esta manera, una serie de contradicciones que se fueron incubando terminaron de explotar a lo largo del 2019. Así, la combinación de esas dos grandes crisis, complejas y llenas de contradicciones, desembocaron en el estallido.
Entonces la revuelta parece ser una explosión de rabia. Un poco de “ya basta”, un poco de que se vayan todos. Y ahí se puso en juego la acumulación de décadas en la organización popular: de movilizaciones, de repertorios tácticos y violencia política callejera. Con un salto importante de masividad pero también de continuidad con respecto a las trayectorias.
Gabriel Vera Lopes: Podríamos inscribir la Revuelta de Chile en un conjunto de estallidos que se dieron a nivel internacional. Justo antes de la pandemia, Latinoamérica se vio sacudida por levantamientos en Colombia, Ecuador, Puerto Rico, Haití, Honduras, etc. Cada una de ellas tuvo desembocaduras distintas. En el caso concreto de Chile, en cuestión de semanas se pasó de una revuelta a un gran acuerdo nacional ¿Cuál fue la capacidad que tuvo el régimen de encauzar esa energía popular?
Creo que la de Chile sin duda se inscribe en el contexto o ciclo de revueltas, que responde a la dificultad de asegurar la propia reproducción individual y como clase. Dificultad que hace que los sectores populares se vean en la obligación de salir a manifestarse en contra de quién sea que esté ahí.
Para nosotros fue muy importante lo que estaba pasando en Ecuador, que ocurrió unos pocos días o semanas antes de lo que pasó acá. Es importante señalar el carácter global de la revuelta. También en el Líbano se daba un estallido mientras nosotros ocupamos las calles. Daba la sensación de que la crisis estaba en todos lados. Y lo que pasó es que de pronto no nos sentíamos tan solos.
Uno de los efectos que tuvo la manera de desarrollarse la crisis en Chile fue la fragmentación de la clase trabajadora. Lo que, en algunos casos, significó una gran potencia movilizadora, pero solo con capacidad de concentrarse en una lucha en particular. De conjunto, siempre estaba dispersa la energía de la clase trabajadora. Es decir: una fragmentación en una serie de movimientos sociales o de luchas sectoriales limitadas a sus propias reivindicaciones. Por ejemplo, los movimientos por el cambio del sistema de pensiones tuvieron grandes movilizaciones en el 2016, pero estuvo particularizado ahí.
Esa dispersión o fragmentación implicó que cuando llegó la revuelta, las capacidades populares estaban disminuidas. Efectivamente, los sectores populares no fueron… no fuimos capaces de construir una estructura, o una estructuración, política unitaria de esa lucha que permitiera enfrentar la revuelta con capacidades y un objetivo más claros.
Yo creo que ahí es muy interesante que el proceso constituyente, o la demanda de una Nueva Constitución, apareció con mucha fuerza desde el comienzo en la revuelta. Como la posibilidad de conectar todas esas demandas distintas. Por lo tanto, la exigencia de un proceso constituyente, de una asamblea constituyente empieza a tendenciar de algún modo la salida política hacia allá.
“Daba la sensación de que la crisis estaba en todos lados. Y lo que pasó es que de pronto no nos sentíamos tan solos“
Pero esta debilidad, de la que hablaba antes, terminó redundando en un acuerdo político parlamentario que fue la salida de la crisis. Un proceso constituyente restringido por las trabas que le puso el poder constituido, en particular el Parlamento. El 15 de noviembre se firmó el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución que su nombre ya daba cuenta de lo que se trataba. Podría ser solo un acuerdo por la nueva Constitución pero fue también un acuerdo por la paz social. Se entiende que hay algo así como una situación de conflicto abierto, por lo que debe haber una salida política. Y esa salida tiene que ver con una nueva Constitución.
Entonces, la revuelta tiene la capacidad de evidenciar la necesidad de unificar las luchas, de indicar hacia dónde tiene que ir esa articulación: hacia una transformación estructural del régimen, al menos en clave constitucional. Pero a la vez, la revuelta no es capaz de conducirla. No es capaz de dirigirla y tomar en sus propias manos el proceso. Quedando, por lo tanto, en manos del legislativo. Lo que significó que esa misma potencia popular se vea limitada por la fragmentación. Se podría decir, en términos muy clásicos, que se vio limitada por la ausencia de un partido o una estructura unitaria de la lucha, así como de una estrategia que no sea una salida impuesta por arriba.
Gabriel Vera Lopes: Siguiendo esta línea de razonamiento. ¿Cómo ves la capacidad que tuvieron los sectores subalternos, a partir del estallido, de reconstruir ese universo organizativo, sus hipótesis estratégicas y sus debates teóricos? Actualmente, ¿Cuánto queda del fuego que supieron construir? ¿Cuánto sufrió un reflujo?
No es posible hablar de un reflujo total. De todos modos, hay que señalar que la pandemia tuvo un impacto muy importante, porque cuando veníamos con todo el empuje de que en marzo se retomaban las movilizaciones (por ejemplo, el #8M fue muy importante) a los pocos días ya estábamos siendo confinados. Lo cual no solo nos sacó de la calle, sino que nos sacó de la interacción presencial que permitía una construcción de confianza, de creatividad y novedad. Esto nos puso en una instancia de debate solamente por internet a través de plataformas. Lo que nos quitó mucha potencia y generó mucha ansiedad.
Obviamente el temor al virus, la muerte, la enfermedad y la pobreza fueron muy fuertes. De algún modo, esos miedos desviaron la energía popular hacia la supervivencia, y hacia la resistencia al ajuste que se iba a venir. El razonamiento era que cada uno pagaría la crisis y no la patronal, los empresarios o el Estado. Eso hizo que la potencia de la revuelta bajará considerablemente, sobre todo en su expresión callejera.
Además, el acuerdo de la Nueva Constitución significó una tensión muy fuerte dentro de los sectores movilizados. Divididos entre los sectores que veían ahí una oportunidad -incluso reconociendo la restricción y las contradicciones que tenía- y quienes por el contrario no veían ahí una potencia.
Esa división fue muy fuerte. Porque una parte de la fuerza popular que estaba sobre todo en las asambleas territoriales y populares se fue quebrando o desarmando. Yo vi en primera persona como la discusión con respecto al proceso constituyente destruyó experiencias de articulación, como la Coordinadora de Asambleas Territoriales, que en algún momento llegó a reunir más de 60 asambleas, es decir miles de personas.
Los meses de movilización sin parar se chocaron de repente contra un tremendo frenazo. Entonces se combino, por un lado, el traslado del terreno de disputa al ámbito constituyente y, por el otro, la desmovilización que en cierto modo implicó la pandemia. Todo esto, nos significó un golpe muy fuerte. Se empezaron a reordenar las alianzas, sobre todo en términos electorales para el momento constituyente. Y eso ya fue el comienzo de un nuevo momento.
Sin embargo, cuando vino la discusión constituyente había claridades. Habían avances en la idea de una democracia paritaria plurinacional y de un estado de derechos que garantice derechos sociales. Eso estaba muy instalado. La revuelta significó un tremendo salto en ese sentido. Lo que permitió que al proceso constituyente se pudiera enfrentar de una manera mucho más contundente. Eso hizo que la Convención Constitucional, que se le presentó al régimen como una oportunidad para salir de la crisis, se transformará en una oportunidad para los sectores populares de profundizar y abrir el espacio para su intervención y su irrupción política.
Gabriel Vera Lopes: Una de las cuestiones que más se destacó de la Asamblea Constituyente tiene que ver con su composición. ¿Qué elementos crees que se destacan en este sentido? ¿Cómo caracterizarías la Asamblea?
Fue muy interesante ver cómo a partir de una revuelta, que tuvo entre otras cosas, un nivel de radicalidad y violencia política de masas muy fuerte, se pasó a un escenario donde muchos de esos sectores se dispusieran a disputar un ámbito que les estaba vedado: la institucionalidad política. Una institucionalidad política rara y excepcional, como es una Asamblea Constituyente. Esta disputa institucional se dio primero a través de un plebiscito y luego mediante una Convención Constitucional.
Como decía, fue muy interesante ver que muchos de estos sectores se dispusieron a dar esa pelea y que lo hicieran exigiendo ciertas cosas en particular. Específicamente podríamos mencionar tres. La primera es la paridad. Es decir, que al momento de conformar las listas de candidatos a convencionales tenía que haber paridad de género. Lo segundo, fue que haya un mínimo de escaños reservados para pueblos originarios. Lo que fue muy importante ya que abrió un espacio de participación política a los pueblos como el mapuche, que es el de mayor población en Chile, pero también a otros que habían estado muy desplazados de la vida política. Uno podría pensar que el espíritu de la revuelta también fue un espíritu plurinacional. En tercer lugar, la posibilidad de que hubiera candidaturas independientes. Lo que significa que no fuese necesario pasar por el control de los partidos políticos establecidos y legalizados para poder postularse. Lo que permitió que movimientos sociales, vocerías del movimiento ecológico, feminista, sindical, etc. pudieran presentarse con pleno derecho a levantar sus propias candidaturas.
El efecto que tuvo es que la composición de la Convención Constitucional fuese inédita en la historia de Chile. La derecha tuvo una minoría que no le permitía incidir en lo absoluto sobre la convención. El centro político, representado por la centroizquierda, también quedó muy debilitado. Por lo tanto, la mayoría de quienes fueron elegidos para ser representantes de la Convención fueron: o militantes de partidos que habían tenido una participación política reciente en el Frente Amplio o el Partido Comunista, o voceras y voceros de movimientos sociales, asambleas territoriales u organizaciones de base.
De esta manera, a pesar de que los partidos del régimen consideraban que las restricciones que habían puesto iban a ser suficientes para amaniatar la convención, de igual manera perdieron. Finalmente, la Constitución que fue aprobada es sin duda una de las más avanzadas a nivel mundial. Más avanzada que las de la socialdemocracia europea, que son consideradas como modelos en todo el mundo para el progresismo.
“Uno podría pensar que el espíritu de la revuelta también fue un espíritu plurinacional”
Resulta que en el texto constitucional se encuentra garantizado el aborto libre. Se establece el agua y otros bienes comunes como inapreciables para la propiedad privada. Se aseguran los derechos sociales con sistemas nacionales financiados públicamente. Se establece el derecho a la huelga y a la negociación colectiva. Se reconoce a los pueblos originarios y se establece a Chile como un país plurinacional. En fin, hay una infinidad de cosas que al menos están estipuladas en la Nueva Constitución, las cuales ponen el debate a la izquierda, incluso, de lo que había sido el programa más progresista que habíamos conocido recientemente, el programa de gobierno de Gabriel Boric. Y eso es muy interesante porque abre un camino. Sin duda, la Constitución no va a resolver todos los problemas, pero abre un camino de disputa en torno a su implementación lo cual va a remecer todo el terreno político.
Si se aprueba la Constitución el 4 de septiembre, que lo más probable es que se apruebe, significará un nuevo ciclo político en Chile. Generando cambios en el escenario político, el mapa de fuerzas, las alianzas, y el programa que asumirán los sectores populares de ahora en adelante.
Gabriel Vera Lopes: Hace tan solo algunos meses la victoria del apruebo parecía inexorable. Hoy en día ese escenario esta muy disputado, ¿A que crees que se debe el crecimiento del rechazo? ¿Cómo ves a las derechas organizadas, no solamente nivel político sino también en la sociedad civil?
Hemos visto en Chile, como en todo el mundo, una emergencia de la derecha. Un tipo de derecha que no habíamos visto tan fuertemente nacionalista, autoritaria, conservadora, antifeminista, xenófoba, etcétera. Derecha que aparece como una respuesta a la crisis económica y política. Como una alternativa a la crisis, una propuesta de salida. Ofreciendo mano dura en contra de la migración y la delincuencia, brindando el retorno de valores tradicionales asociados al cristianismo y a la noción de patria tradicional. Son sectores que plantean un programa abiertamente contrario a los movimientos sociales, particularmente al movimiento feminista y la comunidad LGBTIQ+. Una derecha que reivindica un capitalismo autoritario que vuelva a poner orden. A la vez que son sectores abiertamente neoliberales. Esa es una diferencia con la derecha de mediados del siglo 20, que se basaba en un nacionalismo corporativista.
En el contexto de la revuelta, la derecha quedó de algún modo sepultada o invisibilizada. Porque las demandas, las reivindicaciones de la revuelta eran tradicionalmente de izquierda o de los sectores populares que se identifican con idearios de izquierdas. Sin embargo, la apertura del proceso constituyente, al establecer la opción de “apruebo” y “rechazo” le dio la posibilidad de agruparse en torno a una plataforma política. Es decir, después de haber quedado invisibilizada por la irrupción masiva en las calles del pueblo, volvieron aparecer con la posibilidad legal de manifestarse públicamente, de expresar sus posiciones, generar alianzas y reclutar gente.
Eso nos ha puesto en un escenario en el que vimos un avance de ese sector neofascista o pos fascista. Ya sea a nivel de base o en organizaciones de combate callejero, agrupadas en defensa del rechazo, organizando ataques a memoriales de las víctimas de violaciones de derechos humanos o a dirigentes de movimientos sociales.
Vimos aparecer algunos rostros de esa ultraderecha en el Parlamento que se eligió a fines del año 2021. De hecho, nunca habíamos visto tantos diputados y diputadas de ultraderecha. Entonces, hay un nuevo escenario para la derecha.
Por otro lado, ¿Cómo explicar el avance del rechazo? Creo que hay una explicación práctica. Que no es la que más elementos abarca, pero que hay que tener en cuenta. Y es que la derecha nunca quiso el proceso constituyente y siempre hizo campaña en contra. Por lo tanto, desde que comenzó la campaña del plebiscito del año 2021 ellos estuvieron haciendo campaña en contra de la Convención Constitucional. Por lo tanto, en contra de la nueva Constitución. Fue así para la elección de convencionales. Lo que les dio una ventaja de un año y medio de campaña. Sumado al hecho de que tienen más recursos. Eso les permitió desprestigiar públicamente a la Nueva Constitución con el control de los medios masivos.
Los grandes medios lograron desprestigiar el proceso de la Convención mediante una campaña sucia de mentiras y tergiversaciones. Durante todo el debate, hicieron uso de una táctica basada en el escándalo. Básicamente, ellos proponían artículos para la nueva constitución que no caben en una constitución. Por ejemplo, “queda prohibido que se le expropie la casa a las personas”. Al ser rechazada, salían a decir: “quieren expropiar las casas de las personas, los convencionales están tomados por la izquierda”. Fue una táctica que apuntó a generar escándalos permanentemente. Una lucha política desde la derrota, pero muy efectiva en términos comunicacionales. Supieron ocupar muy bien eso, facilitados porque no tienen moral y saben mentir. Eso hizo que la carrera partiera con desiguales condiciones.
En segundo lugar, creo que la pandemia y la crisis económica, que se profundiza, también es un factor fundamental para entender el rechazo en los sectores populares.
Si las encuestas tienen razón, creo que hay que ser cuidadoso y preguntarse por qué las personas tienen miedo. No creo que tengan miedo a la nueva Constitución, creo que tienen miedo a cualquier cosa que signifique un retroceso mayor en sus condiciones de vida. Eso es algo que instaló la derecha planteando que la nueva Constitución podría significar eso.
Todo esto es muy complejo porque cualquier cambio en tiempo de crisis es difícil. Sobre todo para los sectores que no se entienden a sí mismos como agentes del cambio sino, más bien, como quienes van a recibir los cambios. Eso yo creo que explica, digamos, la campaña de la derecha: el temor en contexto de crisis. Explica que la opinión esté inclinada en esa dirección.
Gabriel Vera Lopes: Observando el escenario político, uno podría decir que la contienda del 4 de septiembre es también por el futuro del gobierno de Gabriel Boric ¿Cuánto de la suerte del gobierno está atada a los resultados del plebiscito?
Sin duda el destino de la nueva Constitución y del gobierno están muy entrelazados. Básicamente, porque una buena parte de lo que está en el programa de la coalición de Borich, Apruebo Dignidad, está en el proyecto de Constitución. Hay mucho de lo que plantea el programa de gobierno que requiere de algún modo la habilitación constitucional para poder avanzar con un poco más de facilidad o al menos con impulso en los trámites legislativos.
También hay un vínculo más general, es imposible comprender el proceso de cambio en Chile sin tener en cuenta la relación entre: el proceso constituyente, la revuelta y el gobierno de Borich. Cualquiera que lo vea con un poco de distancia, sin necesariamente tomar de manera partisana una posición, ve que son elementos involucrados. Para la opinión pública, o la percepción de los sectores populares, sin duda que es una misma cosa. Por lo tanto, uno ha visto las fluctuaciones en la opinión pública de como sube y baja la aprobación de Borich de manera concomitante con la opinión en torno a la convención o la nueva Constitución. Por lo mismo, el gobierno ha asumido un rol muy activo en la difusión del texto de la nueva Constitución.
Si pierde significa que también pierde o retrocede su programa. En ese escenario, tendremos que ver qué pasa con sus alianzas: si va a dirigirse al centro o va radicalizarse. Lo más probable es lo primero, que se dirija al centro, en caso de que gane el rechazo.
Por el lado de la derecha, que gane el rechazo pone la pelota en su lado de la cancha. Pero la derecha está dividida entre los sectores ultraderechistas y la derecha tradicional, que busca re-articularse. Lo que significa que tampoco la derecha está con un buen pie.
La derecha tradicional perdió rotundamente la última elección y no le quedó otra que poner un candidato de ultraderecha pinochetista. Entonces en el escenario político, aunque gane el “rechazo” va a seguir abierta la crisis. Creo que esto es un elemento importante, porque la crisis va a tener un carácter distinto. Será un momento de un desorden impresionante con una disputa muy fuerte por tomar la iniciativa política.
Gabriel Vera Lopes: Es evidente que el resultado de las elecciones modificará las coordenadas de la discusión política. En caso de que gane el “apruebo” ¿Cuáles crees que serán los principales desafíos del campo popular?
Pienso que el principal desafío es lograr ponerse a la cabeza del empuje por la implementación de la nueva Constitución. Es decir, lograr que los términos en los cuales se implementa el articulado sean lo más parecido posible al espíritu y la letra inscrita en el texto constitucional.
Vale recordar que los términos más progresistas que posee el texto fueron incorporados no necesariamente por las fuerzas oficialistas afines al gobierno. Las cuales, muchas veces jugaron un rol más bien de centro o conservador. Temerosos de “no avanzar tanto”. Por lo tanto, no necesariamente van a ser estos los sectores que mantengan mayor compromiso con una implementación efectiva o una profundización. Ahora bien, el principal problema de los sectores que sí impulsaron los elementos más progresistas o de avanzada, es que no tienen una articulación o una fuerza unificada y consolidada que les permita dar en buenas condiciones esas batallas.
Sin embargo, en el marco de la campaña se han ido constituyendo algunos sectores, con fuerte énfasis en los movimientos sociales, que han logrado cuajar una posición de visibilidad importante para aspirar a representar esos cambios profundos. Creo que esa potencia está principalmente en los Movimientos Sociales Constituyentes, que lograron articular a las principales organizaciones y movimientos sociales del país para levantar candidaturas, luego para participar en la redacción del texto y finalmente en un potente comando de campaña con despliegue en todas las regiones. Me atrevo a decir que allí se está incubando hoy una unificación de fuerzas para el periodo que viene, porque son las organizaciones y movimientos que representan el espíritu de implementar y profundizar la nueva Constitución.
Ahí probablemente estén los sectores con posibilidad de articular una fuerza política popular Constituyente. Que asuma la nueva Constitución como su programa mínimo y vaya construyendo de ahí una disputa con carácter electoral pero sobre todo con carácter social.
Fuente Alai
