El presente trabajo tiene como objetivo realizar un aporte significativo para reconstruir la historia de la Universidad del Salvador durante la última dictadura militar como aporte a la memoria institucional de la misma. En este caso, se ha realizado una investigación junto con organismos de derechos humanos para reconstruir la historia de vida de aquellos estudiantes, docentes y egresados de nuestra Universidad que fueron víctimas de terrorismo de Estado y continúan desaparecidos. Sostenemos que la memoria y el olvido constituyen dos cuestiones políticas y fundamentales para forjar identidad y, en este caso, la identidad de la institución. Por estos motivos esque realizamos esta investigación, a los efectos de poder a aportar al trabajo cotidiano en la esfera de los derechos humanos en la Argentina.
El contexto histórico
El 29 de Mayo de 1970, un grupo de jóvenes nacionalistas católicos secuestró al general Aramburu, presidente de facto entre los años 1955 y 1958, para someterlo a juicio popular y luego fusilarlo en una quinta en las afueras de Luján.
Muchos eran los rumores acerca del secuestro del general Aramburu, ya que parte de la sociedad creía aquella versión que culpaba de este nuevo episodio de la política argentina a los mismos compañeros de armas de Aramburu. Circulaba la versión que el secuestro fue perpetrado por facciones internas de las mismas Fuerzas Armadas, debido a las maniobras que el ex presidente protagonizó contra el gobierno autoritario de Onganía.
Pero no fue así. En mayo de 1970, la radio «El Mundo» difundió un comunicado de prensa donde una agrupación declaraba haber secuestrado al General Aramburu de su domicilio privado a las 9.30, cumpliendo con una orden de su propia conducción con el fin de someterlo a «juicio revolucionario», ya que sobre dicho general pesaban los cargos de “traidor a la patria y al pueblo” y así como también el asesinato de 27 argentinos. El comunicado de prensa estaba firmado por una nueva organización armada que se presentaba en la Argentina convulsionada y constantemente gobernada por juntas militares desde el derrocamiento de Perón. En efecto, el comunicado estaba firmado por el comando «Juan José Valle- Montoneros». Luego del asesinato de Aramburu, la organización difundió otro comunicado, en el cual se atribuían una identidad peronista, pero también católica- nacionalista.
Desde ese momento, los Montoneros se convirtieron en la organización guerrillera más activa del país. Los responsables del asesinato del General Aramburu fueron finalmente asesinados por las Fuerzas Armadas, pero la agrupación Montoneros continuo en funciones así como en crecimiento, nutriéndose de aquellos jóvenes peronistas que se sentían interpelados por su propuesta y creían en la necesidad de la toma de armas para lograr el regreso de Perón, acabando así con la proscripción del peronismo y lograr la toma del poder. Esta fue, en verdad, el ala izquierda del peronismo, que conjugaba una lectura revolucionaria, a diferencia de los sectores de centro y derecha del movimiento, nucleados en organizaciones políticas tales como la Guardia de Hierro, o bien sectores nacionalistas de los Tacuara o los sindicalistas tanto vandoristas o participantes activos del sindicalismo peronista.
Cabe destacar que mucho antes del asesinato al General Aramburu, ya había tenido a lugar en el norte de nuestro país, en Tucumán, la primera experiencia guerrillera de tipo rural. Jóvenes peronistas realizaron un levantamiento y asalto en Taco Ralo (1968); pero su intento de toma de poder fracasó, ya que fueron capturados. El líder de aquel experimento fue el histórico militante Peronista Envar «Cacho» El Kadri, que fue liberado años después, con la amnistía del Presidente Héctor J. Cámpora. De hecho, El Kadri estaba preso cuando escuchó por la radio el comunicado de Prensa de los Montoneros.
Pero Montoneros no fue la única organización guerrillera activa en la Argentina. La organización conocida como PRT-ERP, fundada por militantes de la izquierda revolucionaria, se abocó a la lucha política, sindical y también militar, a partir del su quinto congreso. Montoneros y el PRT-ERP fueron las dos principales organizaciones político-militares que practicaron la lucha armada en la Argentina a finales de los años sesenta, si bien existieron otros destacamentos menores.
El presente trabajo se detiene en los casos investigados hasta el momento. La emergencia de la lucha armada, junto con el incremento de la actividad sindical y política a partir del Cordobazo (1969) y de otros estallidos, hizo que la Argentina atravesara la etapa más convulsionada de su historia política moderna, en un contexto latinoamericano caracterizado por rebeliones y desafíos al poder represivo del estado, que jaquearon el orden conservador y colonial establecido. Mientras Perón dirigía el movimiento desde su exilio en España, y los militares de la Revolución Argentina proscribieron cualquier actividad política e inclusive los partidos políticos, una serie de gobiernos de facto se sucedieron, alternándose con periodos de democracia limitada, en un marco de sucesivas crisis económicas e institucionales. Cabe mencionar que durante el periodo entre 1955-1973, las Fuerzas Armadas garantizaron e impidieron el regreso del peronismo a las urnas y al poder.
En este contexto emerge la lucha armada, y cabe destacar que ambas organizaciones guerrilleras recurrían a prácticas político-militares diversas como la captura de armas mediante asaltos a armerías, así como también el desarme de policías, asaltos a bancos para la financiación de las operaciones y actos de propaganda armada en las fábricas que se encontraban en situación de conflicto gremial. Sin embargo, resultaba evidente que las dos principales organizaciones político-militares no tenían un proyecto político necesariamente en común. Provenían de doctrinas políticas completamente diferentes; el peronismo y el marxismo.
El dirigente Héctor Cámpora dio lugar a “La Hora de los Pueblos”, una mesa de diálogo junto con otros partidos políticos, y logró saltear todos los contratiempos y obstáculos que el Gobierno Militar colocaba en su camino, corriendo contra reloj para hacer efectivo el regreso de Perón a la Argentina. “El tío” reorganizó el movimiento peronista y dio espacio a una nueva rama juvenil dentro del mismo. El FREJULI resultó así victorioso en las elecciones nacionales que daban inicio a un nuevo período democrático, luego de que Balbín renunciara al Ballotage.
Esto se vio reflejado en la primera elección después de 17 años de proscripción del Movimiento Peronista, dictaduras militares y gobiernos civiles condicionados por las fuerzas represivas. El gobierno de Lanusse aceptó la salida de la situación mediante un acto eleccionario democrático y sin proscripciones para partidos políticos–aunque se prohibió la postulación de Juan Domingo Perón-, realizado el 11 de marzo de 1973 y que condujo a la victoria del delegado personal de Perón, Héctor Cámpora. La salida electoral sin la proscripción del peronismo obligó a los sectores de la izquierda revolucionaria no peronista a redefinir sus estrategias de participación política ante el cambio de la situación. Por ejemplo, el PRT-ERP no logró generar una estrategia clara o coherente previa a las elecciones del 11 de marzo de 1973, ya que dicho partido no logró gestar una respuesta organizada frente al comicio mencionado.
Una de las promesas de Cámpora, era la amnistía para los presos políticos en la cárcel de Villa Devoto, hecho que cumplió: la libertad a militantes históricos, entre ellos los presos de la experiencia “Taco Ralo”.
Ante la inminente voluntad de Perón de volver a ejercer las funciones de Presidente de la Nación, Cámpora y su vice-presidente, Solano Lima, renunciaron a sus respectivos cargos en julio de 1973. El nuevo presidente Raúl Lastiri, vinculado al Ministro López Rega, convocó a elecciones nuevamente en septiembre de 1973. Perón arrasó en la elección y asumió en octubre de ese mismo año. Su tercera presidencia estuvo marcada a fuego por las disputas entre el peronismo de izquierda y de derecha. El sector más reaccionario de la derecha peronista respondió con la creación, a finales de 1973, de la Triple A, organización digitada por el Ministro de Bienestar Social, López Rega, que se dedicó al asesinato de militantes y dirigentes vinculados a la izquierda peronista y no peronista.
La ruptura interna dentro del Movimiento Peronista se consumó públicamente el 1 de mayo de 1974, cuándo Perón enfrentó a la columna de la Juventud Peronista (en ella Montoneros y las FAP) de Plaza de Mayo, en respuesta a los cánticos que cuestionaban la presencia de la derecha peronista en el gobierno nacional. Dos meses después de este acontecimiento, el 1 de julio de 1974, Perón falleció.
La situación no podía ser más grave, el pacto social se deterioraba cada vez más, la inflación seguía su curso ascendente y Argentina recibía los coletazos de la crisis internacional del petróleo. Además de las convulsiones de la economía, la crisis institucional se agravó producto de la desaparición física de Perón. Además del alto grado de violencia imperante, la conflictividad laboral iba en aumento, mientras las principales organizaciones político-militares ya habían pasado a la clandestinidad, o bien reiniciado las operaciones que se habían suspendido durante el breve interregno de los 49 días de Cámpora.
En 1975 el poder ejecutivo dio comienzo al operativo Independencia en Tucumán, a los efectos de aniquilar la actividad del PRT-ERP y en junio-julio se produjeron las históricas movilizaciones obreras en Córdoba y Buenos Aires, conocidas como el Rodrigazo, que provocaron el desplazamiento del Ministro Celestino Rodrigo y de López Rega.
El 24 de Marzo de 1976, la presidente Isabel Martínez de Perón, sus ministros y otras figuras del gobierno fueron apresadas por las Fuerzas Armadas, que la noche anterior habían rodeado con sus tropas la Casa de Gobierno y el Congreso de la Nación.
Isabel Martínez de Perón fue trasladada a prisión en la Isla Martín García, mientras las fuerzas armadas anunciaban el comienzo de un nuevo gobierno de facto en la Argentina, una junta compuesta por las tres armas: Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti. Comenzaba así el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”.
La Triple A se desvaneció velozmente como un rayo luego del golpe de 1976, ya que el mismo Estado comenzó a actuar de la misma manera que lo hacía la mencionada organización, se pasó de las Tres A a las Tres Armas y lo que antes era un accionar en la marginalidad de la ley y el estado de derecho, ahora se transformaba en algo legal (recordemos que el Congreso había sido suspendido), por lo que ahora el Estado se encargaría de armar el nuevo aparato represivo: la Triple A abrió paso y preparó el terreno de la represión que ejercería el nuevo gobierno de facto.
A través de los medios masivos de comunicación, se informó a la sociedad argentina que una junta de comandantes de las tres armas asumía el poder en nombre del “Proceso de Reorganización Nacional”, que trabajaría por restablecer el orden, reorganizar las instituciones y preparar el terreno para una verdadera democracia.
La consigna para los argentinos era «Dios, patria, hogar», que pretendía revalorizar la vigencia de la moral cristiana y ubicar así a la República Argentina en el mundo «occidental y cristiano». La nueva dictadura cívico-militar prohibió las huelgas, intervino los sindicatos, suspendió la vigencia del Estatuto Docente, destituyó la Corte Suprema de Justicia, suspendió los derechos de los trabajadores, clausuró al Congreso Nacional, mantuvo la vigencia del estado de sitio, censuró a los medios de comunicación, quemó libros y revistas consideradas «peligrosas» y ordenó el corte de pelo en los varones.
Este proceso constituyó una «cruzada restauradora» ante la amenaza «subversiva» que acontecía en nuestro país. Ciertamente, este golpe de estado tenía aspiraciones fundacionales como la Revolución Argentina, pero se diferenciaba de ella y de los otros golpes en dos puntos de suma importancia: un diagnóstico de la situación social del país completamente radical, seguido por la intención de desarticular toda fuerza opositora al nuevo gobierno y articular nuevas fuerzas alrededor del poder militar y fuerzas políticas a favor del golpe.
La dictadura cívico-militar implementó el método de las desapariciones forzadas como escalafón principal de su accionar represivo. Este método tuvo un efecto similar al de «Noche y Niebla» de la Alemania Nazi, puesto que la consecuencia no era la desaparición de la persona en sí, sino que también se buscaba suscitar el miedo en el entorno del desaparecido. En la mayoría de los casos, cuando una persona desaparecía, su entorno se aterrorizaba. Se instalaba así un clima de incertidumbre por temor a que le pudiera suceder lo mismo a los demás integrantes de la familia y se establecía como una objeción correcta el «por algo habrá sido». Esto tuvo como resultado el exilio interno de muchos argentinos, quienes se inclinaban al autocontrol porque el miedo lograba su efecto paralizador. El método de la desaparición forzada implicaba también una tortura psicológica en la sociedad Argentina. El dictador Rafael Videla lo explicó en las siguientes palabras: “¿Qué es un desaparecido? En cuanto éste como tal, es una incógnita el desaparecido. Si reapareciera tendría un tratamiento X, y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento tendría un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido»[1].
La guerrilla fue debilitada por la represión de la dictadura, pero también por su aislamiento creciente en medio de una fuerte ola de violencia. El terrorismo de Estado impuso el miedo, el control, la violencia, las desapariciones forzadas, la extrema seguridad en las calles, así como también impuso autoritariamente un nuevo rumbo económico y productivo en la economía. El conjunto de estos factores los que cambiaron drásticamente la vida cotidiana en nuestro país.
Marcos Novaro y Vicente Palermo (2003) sostienen que en los días siguientes al golpe de Estado, los medios de comunicación dieron testimonio de una «normalización» en el panorama del país; como si la vida cotidiana volviese a la rutina luego de cada golpe de estado y, en especial, porque un sector de la sociedad demandaba orden, seguridad y el cese de los atentados por parte de las organizaciones guerrilleras. Los argentinos volvían a esa normalidad, ya que los gobiernos de facto eran, lamentablemente, la norma y no la excepción en nuestro país (Novaro y Palermo, 2003).
La dictadura militar logró sacar provecho del miedo instalado en los hogares argentinos, sugiriendo a los padres que cuidaran el hogar y preservaran la seguridad. Esto se debe a que las tendencias ideológicas y políticas que irrumpieron en Argentina a partir de los años ’60 (el marxismo, la teología de la liberación junto con los curas del tercer mundo, el peronismo revolucionario) lograron interpelar y luego reclutar para sus respectivas filas a numerosos jóvenes que provenían también de hogares pudientes; formaron cuadros y nacieron así militantes que fueron muy activos dentro de sus organizaciones. El aparato represivo no hizo ningún tipo de distinción entre sus víctimas.
Se constituyeron 340 centros de detención clandestinos. En dichos centros, aquellos que eran secuestrados o «chupados» eran torturados salvajemente con el objetivo de obtener información acerca de lo que sucedía en el seno de las organizaciones guerrilleras para averiguar el paradero y los movimientos de las personas consideradas «peligrosas». También permanecían en cautiverio, tabicados, sin agua, comida ni elementos de higiene personal. Algunos fueron «blanqueados» y liberados transformándose en presos legales bajo la responsabilidad del PEN (Poder Ejecutivo Nacional), pero la gran mayoría fue asesinada en los vuelos de la muerte, fusilamientos o inclusive en la mesa de torturas.
Todos ellos continúan desaparecidos, ya que los cadáveres no eran entregados a sus deudos. Los medios de comunicación solían notificar, en algunos casos, sobre sus muertes, en comunicados donde se declaraban que habían «caído en combate». Incluso se preparaban “escenas del crimen” confeccionadas cuidadosamente como accidentes automovilísticos o supuestos combates para reportar a los familiares que los buscaban
El caso de la Universidad del Salvador
La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador, ubicada inicialmente en Viamonte y Callao, fue trasladada a Hipólito Yrigoyen al 2400 alrededor de 1970. Se dictaban las carreras de Sociología, Ciencia Política y Economía y cada carrera contaba con su propio Centro de Estudiantes. Luego, se fusionaron en un único Centro Estudiantil. [2]
La Facultad contaba con un alto grado de politización entre su alumnado. Se realizaron importantes movilizaciones durante el Régimen de Onganía, en repudio a la represión ejercida contra los protagonistas del “Cordobazo”, por ejemplo. Dentro de la Facultad, existían diversas agrupaciones políticas que contaban con nexos con los partidos políticos. La Juventud Peronista era la más convocante en aquellos años.
Partiendo de una intensa actividad política y también académica, en 1973 asumió el decanato de la Facultad, el jesuita y sociólogo Cesar Sánchez Aizcorbe, luego de la salida de Carlos Floria y un presunto conflicto ante los inminentes cambios en los planes de estudio. En dicho momento, la Universidad todavía pertenecía a la Compañía de Jesús; dejó de hacerlo en 1974, bajo las gestiones del aquel entonces provincial Jorge Bergoglio y Jorge Camargo. A partir del traspaso de su conducción a la Asociación Civil que la conduce hoy en día, la Universidad abandonó su orientación jesuita.
Debido a la estrepitosa derrota del Ejército en la guerra de las Islas Malvinas y al fracaso en conciliar los problemas socioeconómicos del país, las elecciones eran la salida inminente al fuerte debilitamiento que sufría el gobierno de Facto. La derrota militar aceleró la salida del poder de las Fuerzas Armadas. Mientras que en el Cono Sur algunas dictaduras debilitadas dieron paso a una transición democrática más “ordenada” (como el caso chileno), otras se vieron obligadas a proceder con urgencia (como en el caso argentino). Pero antes de la retirada, la Junta Militar dictó una ley de auto-amnistía con el objetivo de declarar prescriptos los actos aberrantes de la represión ilegal, amnistía que fue sólo apoyada por la Iglesia Católica.
La transición a la democracia no fue ciertamente fácil para una sociedad acostumbrada a los gobiernos de facto y los suscitados fracasos que sufrían los gobiernos democráticos. Se construye así, lo que Alfredo R. Pucciarelli (2007) llama «el mito de la doble inocencia». Este concepto intenta explicar la naturaleza de dos situaciones diferentes vividas durante la dictadura, pero íntimamente relacionadas entre sí. Es decir, el intento yace en explicar y justificar una mayoría de la sociedad desinformada de los atroces crímenes que dejaba atrás la dictadura militar y el consenso silencioso que ello significaba, y el apoyo eufórico a la invasión de las Islas Malvinas. La reconstrucción de la democracia, entonces, debía significar la reconstrucción de todo aquello que la dictadura había eliminado: organizaciones y partidos políticos, así como las instituciones.
En efecto, Raúl Alfonsín ganó las elecciones y asumió la presidencia en Diciembre de 1983, con la intención firme de cumplir su promesa de enjuiciar a las Fuerzas Armadas por los crímenes cometidos. El Poder Ejecutivo dictó el decreto Nº 158 el 13 de Diciembre de 1983, el cual ordenó al Consejo Supremo el procesamiento de los miembros de las dos primeras Juntas de Gobierno de la dictadura militar. A su vez, apeló a la teoría de “los dos demonios” para no herir la susceptibilidad de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, es necesario recordar que se dejó pasar el tiempo y dilatar los juzgamientos, pero la Cámara Federal renovó el plazo de tiempo. Como hecho fundamental, el 20 de Septiembre de 1985 se hace entrega al Presidente Alfonsín el trabajo de la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (CONADEP).
Pero las promesas de campaña de Raúl Alfonsín fueron detenidas abruptamente. Luego de los hechos ocurridos en semana santa, y por el temor instalado acerca de la posibilidad de un nuevo golpe de estado, el Poder Ejecutivo presentó dos leyes controversiales: la ley de Punto Final, y la ley de Obediencia Debida. A tal punto resultaba controversial que el primer intento de sancionar la Ley de Punto Final en el Congreso fue rechazado en el Congreso Nacional.
Es necesario recordar que los juicios pasaron a manos de la Cámara Federal porque la autodepuración de los tribunales militares había fracasado. Si bien el Poder Judicial trabajó sin descanso para lograr la condena antes de los tiempos estipulados por las nuevas leyes, muchos represores y agentes de los grupos de tareas quedaron en libertad y gozando de una total impunidad. Represores como el “Turco” Julián, por ejemplo, brindaban reportajes televisivos reivindicando sus acciones (Ansaldi, 2001).
Y esto no fue todo. Finalmente, en el gobierno democrático de Carlos Saúl Menem, se sancionaron los indultos y perdones presidenciales, apelando al olvido como práctica institucional: sistematizar prácticas institucionales que contribuyan al manejo de la memoria apelando al olvido o la amnesia colectica sobre hechos históricos trascendentes para nuestro pueblo, en pos de intereses de las élites de nuestro país.
La investigación contra la desmemoria
Adolfo Nelson Fontanella, era estudiante de la carrera de Ciencia Política, secretario en 1973 del decano jesuita César Sánchez Aizcorbe y delegado de la Juventud Universitaria Peronista en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador. 4
Adolfo era un joven católico que participaba activamente de las actividades y las misas en la Parroquia Santa Rita. Él y quien luego fue su pareja, formaban parte del Encuentro de Jóvenes Cristianos para la Liberación. En una entrevista con su ex-esposa, Mercedes expuso el hecho que causó que Adolfo se comprometiera políticamente.
Antes del regreso de Juan Domingo Perón, Adolfo y su grupo de amigos se encontraban celebrando una misa en la parroquia de Santa Rita. A la salida de la misma, jóvenes engominados y de traje los golpearon con paraguas acusándolos de “corromper la misa y sus valores cristianos, infiltrando ideas comunistas”. Mercedes Troncoso relata que este hecho marcó profundamente a Adolfo.
Él estuvo presente cuando los Montoneros fueron echados de Plaza de Mayo, pero su verdadero estupor se despertó con la muerte de Perón. Como tantos jóvenes, compartía ese sentimiento de orfandad que causaba la pérdida del líder del movimiento Peronista.
El joven militaba en Montoneros, en su brazo intelectual. No llegó a recibirse, se vio obligado a dejar la Facultad a causa de las persecuciones, ya que era muy conocido por su actividad militante. Por otro lado también existían sospechas acerca de la presencia de agentes de inteligencia infiltrados en la Universidad del Salvador que luego, en democracia, se pudo comprobar: agentes del Batallón 601 de Inteligencia actuaron en las Facultades [3]estuvieron vinculados a las desapariciones de tres estudiantes de la Facultad de Derecho. Adolfo sufrió la pérdida y el secuestro de personas cercanas e íntimas, como el secuestro de Gustavo Gaona, quién también era estudiante de la Carrera de Ciencia Política. Ambos eran amigos y compañeros de Facultad. Gustavo también militaba en la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y había comenzado a estudiar en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Adolfo fue secuestrado en una casa quinta en Moreno, y permaneció detenido en el Centro de Detención Clandestina » El Olimpo»; mientras que Gustavo Gaona fue secuestrado un año antes, en Marzo de 1977, en la vía pública. [4]Tanto Gustavo como Adolfo eran de la JUP.
Pablo Lepiscopo era estudiante de la carrera de Sociología, aunque solo permaneció un año en la institución. Era militante de la Juventud Peronista en la columna norte, pero se distanció después del golpe de estado, ya que no compartía la lucha armada como un mecanismo para la toma de poder. De todas maneras, esto no significó el fin de su actividad política, ya que junto a sus amigos cercanos y su mujer continuaron reuniéndose en pos de pensar alguna manera de debilitar el régimen 5. Pablo tenía un taxi que trabaja él mismo y fue secuestrado en la zona de Béccar junto a su pareja, que fue liberada a los dos días. Permaneció en la ESMA, en la sección «Capucha». Luego fue incorporado a la «Pecera», donde fue forzado a realizar tareas y llamados al exterior, como otros estudiantes de la Universidad del Salvador que aún no hemos logrado identificar. Entre el 20 y 30 de Marzo fue «trasladado», y no se tuvieron más noticias de su paradero. [5]
María del Carmen Sabino Vidal había sido estudiante de la carrera de Sociología en la época quizá más politizada de la Facultad, los años ’60, si recordamos que en 1969 los estudiantes manifestaron un repudio en las calles a la represión del “Onganiato”. Carmen se recibió en 1968 y trabajaba en el Centro de Investigaciones Jesuitas. Fue secuestrada en el partido de Tres de Febrero, un domingo 29 de agosto de 1976 por la mañana, en la estación «El Tropezón». No se volvieron a tener noticias de su paradero; pero su familia, especialmente su hermana, Ana Sabino (egresada de la Pontificia Universidad Católica Argentina), luchó incansablemente y participó de las primeras reuniones en la casa de los Mignone, cuna o antesala de la fundación de las Madres de Plaza de Mayo.
Otro caso perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales es el de Susana Mujica. Susana era licenciada en Ciencia Política[6], y trabajaba como docente en la Universidad Nacional del Comahue. Dicha Universidad estaba al mando de Remus Tetu, que a comienzo de 1975 ya se encargaba de perseguir y cesantear a sus profesores. Susana fue secuestrada en su domicilio el 9 de junio de 1976, dejando atrás a sus dos hijos pequeños: una niña de dos años y un niño de sólo 14 días.
Otro caso investigado es el de Juan Carlos Anzorena, militante de la Juventud Peronista y estudiante de la carrera de Sociología. Lo apodaban “Pepe Galimba”. Fue secuestrado el 12 de agosto de 1978 en la localidad de Avellaneda y continúa desaparecido.
Pero contamos también con dos casos paradigmáticos que no podemos dejar de mencionar. Los mismos, a diferencia de los anteriormente numerados, pertenecen a la Facultad de Psicología de la Universidad del Salvador.
Marta Vázquez era hija de Marta Vásquez y José María V. Ocampo, este último de carrera diplomática. Marta había transcurrido su adolescencia en Perú y había regresado a Buenos Aires para cursar sus estudios secundarios en el Colegio de la Misericordia de Belgrano, donde conoció a Mónica Mignone y la religiosa Mónica Quinteiros.
Marta se recibió en tiempo récord, era muy estudiosa y poseía una profunda vocación de servicio. Se dedicaba exclusivamente a los niños y pasaba sus vacaciones misionando en el Sur junto con Mónica Mignone y otros jóvenes que se sumaron eventualmente a esta actividad.
Pero Marta, y también Mónica, trabajan en la Villa del Bajo Flores, en concordancia con la comunidad de religiosos que allí se habían establecido, como fue el caso de Mónica Quinteiros, después de que renunció a sus hábitos. Marta y Mónica pasaban la mayor parte de su tiempo libre en la villa del Bajo Flores, trabajando con los niños y contribuyendo en mejoras para esa comunidad. Marta era la única mujer entre cinco hermanos varones. Comprometida con los pobres, religiosa, alegre, estudiosa de la metodología de Paulo Freire. Tenía sólo 23 años cuando desapareció.
Mónica Mignone era íntima amiga de Marta. Se conocieron, como se señaló previamente, en el Colegio de la Misericordia de Belgrano. Mónica también llegó a la Argentina luego de una estadía de cinco años en Estados Unidos, y el impacto del cambio no se hizo esperar. De realizar sus estudios en una escuela mixta, con un variado menú de actividades sociales, deportivas y mucho más «libre», Mónica llegaba a un colegio de Monjas, sólo para mujeres y con el uso de uniforme obligado 6. Su padre, Emilio Mignone, un hombre con una profunda vocación por la política y la educación, histórico dirigente de Acción Católica en su juventud, trató de inscribir a sus hijos en escuelas públicas, pero no logró hacerlo debido al poco tiempo entre su regreso a la Argentina y el comienzo de las clases. En esa escuela Mónica conoció a Marta y se hicieron amigas. Juntas estudiaron Psicopedagogía en la Universidad del Salvador y obtuvieron sus diplomas en tiempo récord.
Mónica compartía con Marta el trabajo en la Villa del Bajo Flores, específicamente en la Escuelita de Belén, así como también compartía sus vacaciones en el sur misionando en escuelas rurales. Católica, y posteriormente identificada con el Peronismo, trabajaba como ayudante y psicopedagoga en el Hospital Piñeiro y en la Universidad Nacional de Luján (UNLU), de la cual su padre fue rector.
Las misiones en las cuales las jóvenes participaban en sus vacaciones en el sur eran organizadas por el Colegio de la Misericordia de Belgrano. En esas vacaciones, el grupo se fue ampliando con la integración de César Lugones, quien se casaría con Marta Vázquez, y Horacio Pérez Weiss.
Un hecho en particular merece ser narrado para comprender el espíritu y la politización de aquellos años. Durante la Asunción de Cámpora, al canto de «Se van, se van y nunca volverán» dirigido a las Fuerzas Armadas, seis ex presos políticos la cárcel de Devoto se hicieron presentes en Belén, donde Mónica misionaba, a relatar su historia de vida. Para la ocasión se usó un aula en la Escuela de Belén y se colocaron bancos alrededor de los oradores. Así fue el comienzo de la democracia para las hijas de Mignone: escuchando las narraciones de estos jóvenes liberados de la cárcel de Devoto.
De hecho, Marta Vásquez Ocampo relata el sobresalto que ambas familias (los Mignone y la propia) se llevaron cuando sus hijas fueron a recibir a Perón a Ezeiza y no fueron ubicadas hasta tarde en la madrugada.
Este grupo de jóvenes, peronistas, católicos y militantes, tuvieron una fuerte pelea cuando Perón echó a los Montoneros de la Plaza. El hecho fue que la comunidad de la Villa del Bajo Flores declaró que «jamás se había visto a ningún montonero poner un ladrillo aquí». Entonces se separaron de la Juventud Peronista y se sumaron al Movimiento Villero Peronista (MVP), donde Mónica brindó su respaldo, teniendo una fuerte pelea con Marta Vázquez.
El 14 de Mayo de 1976, los jóvenes fueron secuestrados de sus domicilios. Mónica Mignone fue secuestrada de su hogar de la avenida Santa Fe, delante de su propia familia e incluso con la sugerencia de los militares a Emilio Mignone de que le diera dinero a su hija para que se regresara en un taxi luego de un interrogatorio. Luego del secuestro de Mónica, la familia concurrió al departamento de Marta y César (quienes ya se habían casado) sólo para descubrir que también habían sido secuestrados. Horacio Pérez Weiss y su mujer Beatriz, Esther Lorusso y Mónica Quinteiros fueron secuestrados también, en dicho operativo que desapareció a todo el grupo de religiosos en la madrugada del 14 de Marzo de 1976. Las muchachas nunca llegaron a integrar la organización guerrillera Montoneros así como tampoco pasaron a la clandestinidad; por lo que el motivo por el cual pudo acontecer su caída es incierto. La única conexión posible es la de Mónica Quinteiros, ya que tenía familiares en la armada.
Durante el año 2013 se han agregado nuevos casos de alumnos desaparecidos de la Universidad del Salvador: Ricardo Emilio Riobó, Daniel Antokolatz y José Luis Casariego de la Facultad de Derecho, Beatriz Perossio de la Facultad de Psicología, Esperanza Cacabelos de la Facultad de Historia y Graciela González de la Escuela del Lenguaje del Sordomudo cuyos casos continúan investigándose comenzando una nueva tanda de entrevistas a sus familiares en lo que transcurrirá de este año.
Para combatir el olvido
En base al trabajo del sociólogo argentino Waldo Ansaldi (2001), el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales se dispuso a elaborar un marco teórico como sustento de nuestras acciones, impulsadas por la necesidad de repensar nuestra identidad como Universidad.
En el comienzo, el autor analiza el significado de la memoria en sí, afirmando que la misma debe ir más allá de la «capacidad de observar determinada información», porque si es solamente eso, la palabra memoria no alcanza la carga subjetiva que tiene bajo este contexto y se limita a ser solamente una caja vacía que llenamos con el pasar de los años. Además, nos encontramos frente al siguiente dilema: ¿qué información conservar?
Y entonces debemos considerar el hecho de que efectivamente existe una memoria selectiva, pactada por conveniencia de ciertos sectores dentro de la Universidad que, ciertamente, no son los estudiantes. Es por eso que también encontramos diferentes versiones de lo ocurrido en nuestra historia: la historia argentina es la historia de las contradicciones en el pensamiento nacional.
Para Waldo Ansaldi la memoria es una construcción colectiva, porque por un lado le brinda una identidad a la sociedad como tal e influye en nuestro presente. La memoria debe ocupar un lugar en el presente y debe ser ejercida constantemente por la sociedad de hoy para no volver a cometer los horrores del pasado.
Las amnistías, los intentos de «olvidar y perdonar»; brutales causantes del «de eso no se habla», como intentos desesperados de llegar a una paz pactada, no sirven; no sólo porque ya han fracasado, sino porque el pedido de justicia de los familiares de las víctimas de la represión militar no debe ser olvidado creyendo falsamente que así se distiende la tensión existente entre los sectores protagonistas del golpe de estado y los afectados por la represión de la última dictadura militar. Ocurre, de hecho, todo lo contrario. No es nada pacífico negar esa justicia a quienes la reclaman, eso es efectivamente una agresión moral y simbólica que no puede ser ignorada.
La memoria tiene también una representación simbólica muy fuerte, ligada indiscutiblemente a qué espacio ocupa físicamente hoy. ¿Dónde se levantan los monumentos, se guardan los archivos y se realizan las protestas? Para dar un ejemplo específico, podemos y debemos hablar del caso de la ESMA. ¿Qué se debía hacer con esa institución? Si se la tirase abajo, se barrerían sus escombros y no quedaría nada a la vista, se estaría simbolizando el olvido como respuesta a todos los cuestionamientos anteriores.
Pero en cambio, si se la conserva y se la transforma en un museo y un espacio multicultural como en la actualidad, se refuerza la simbolización del “no olvido” y además se promueve una práctica de la memoria desde un plano sumamente político, como lo que la memoria es: una cuestión política. Ya no sería fácil olvidar parte de nuestra historia teniendo en la ciudad espacios físicos que hablaran por sí solos.
Otra cuestión analizada en el trabajo de Ansaldi es la relación entre la memoria y las cuestiones políticas. Como ya se explicó antes, la memoria es una construcción colectiva de y para la sociedad. Lo mismo sucede con nuestra comunidad académica.
Nuestra identidad es también nuestra historia y esto es una disputa permanente. Desde la fundación de la USAL y el crecimiento con la Compañía de Jesús, su posterior traspaso a la Asociación Civil y su presente al día de hoy. La pregunta es ¿cuál es nuestra base para comenzar esta construcción?
En el campo de lo político, se puede observar el manejo del lenguaje a conveniencia. Desde los discursos, la palabra dictadura puede ser reemplazada por «proceso» en referencia al autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, que no es para nada lo mismo ni representa lo que fue la dictadura militar; incluso la carga afectiva es completamente diferente. Es indispensable, para luchar contra la desmemoria, llamar a las cosas por su nombre. Recordemos que el lenguaje expresa una ideología, una determinada forma de ver el mundo, por consiguiente es natural de todas maneras que existan diferencias en el seno de la sociedad.
¿Qué lugar ocupa todo esto? El estado debe ejercer la memoria, y ciertamente, así lo ha hecho desde el 2003; en especial por derogar las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Nuestra Facultad, también debe ejercer la memoria. Las luchas, la resistencia, la solidaridad y la militancia política de los jóvenes que se formaron en nuestra Universidad no pueden ser pasadas por alto, no podemos permitir que la pérdida de sus cortas vidas sea en vano.
Fue necesario determinar la búsqueda de una identidad para nuestra Universidad, un nuevo sentido. Para saberlo, precisamos recurrir a la memoria, para así desglosar nuestra identidad. La Universidad del Salvador también tiene su historia, y de hecho, una muy rica llena de actos valiosos y solidarios en la peor época de nuestra historia, una de las más violentas. Es el deseo del Centro de Estudiantes, por lo mencionado anteriormente, cooperar con este proceso de reparación de la memoria de nuestra institución. La propuesta era colocar una placa homenajeando a aquellos estudiantes que al día de hoy permanecen desaparecidos. Esto se realizó en Abril de 2011. Luego de confirmar los legajos de la mayoría de los estudiantes, de hablar una y otra vez con los familiares de los compañeros, llegó el día que esperábamos con tantas ansias.
El Viernes 15 de Abril del 2013, se descubrió en el patio de nuestra Facultad una placa homenajeando a las víctimas de la última dictadura- cívico militar, ante la presencia de autoridades, familiares, amigos, estudiantes, profesores, el señor Pablo Pimentel de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, las Madres de Plaza de Mayo y las adhesiones de Adolfo Pérez Esquivel y Osvaldo Bayer.
Pero no se limitó solamente a un acto homenaje: logramos contagiar en nuestra facultad el deber de repensar a estos jóvenes militantes. Entender que atrás de la foto en blanco y negro y su militancia, existían chicos que eran parte de una generación llena de valentía y nuevos ideales políticos que plasmaron las disputas de su época, no sólo con el peronismo y la lucha por el regreso de Perón.
El primer paso fue comenzar con la reconstrucción de los hechos. La Universidad no posee una base de datos o registro de ningún tipo acerca de estudiantes o docentes que fueron víctimas de las desapariciones forzadas durante la última dictadura militar; ya que de todas maneras no todos los casos registrados en la CONADEP tienen indicado su lugar de estudio.
Se recurrió al testimonio oral de personal no docente y docente de la Facultad de Ciencias Sociales, que recordaban o habían sido allegados a casos de compañeros, amigos y docentes desaparecidos mientras cursaban sus estudios o luego de haber obtenido su diploma. Entonces, se procedió a entrevistar y registrar cada testimonio de los mismos. Con la iniciativa de ampliar el registro que el Centro de Estudiantes había logrado conformar, la organización Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), nos aconsejó recurrir al Fondo Documental de la CONADEP.
En Agosto de 2010, nos presentamos en la Secretaría de Derechos Humanos con la intención de dar a conocer nuestro proyecto y recibir la ayuda necesaria para conocer y estudiar nuevos casos. Una semana después, obtuvimos una copia del listado que contiene los casos bajo la etiqueta Universidad del Salvador y el contacto con los familiares de los mismos, que se prestaron amablemente a ser entrevistados para reconstruir parte de la vida de estos jóvenes.
Con una copia del archivo de la CONADEP, se presentó la propuesta a las autoridades de la Facultad, que dieron el sí y comenzaron a buscar el legajo de todos los chicos que figuran en dicho fondo documental.
Pero existió un inconveniente: la Universidad no halló los legajos de Pablo Lepiscopo, Susana Mujica y Ricardo Néstor Tajes García. Sin embargo, el Centro de Estudiantes les brindó su homenaje sin dudarlo. Existió una cuestión discutida con la Facultad: las autoridades permitieron la colocación de la placa con los nombres de aquellos estudiantes que, en efecto, tuvieran un legajo en la Facultad. La postura del Centro de Estudiantes no avaló este argumento. Consideramos que los legajos que dan cuenta de la desaparición de una persona son los que integran el archivo de la CONADEP. Los legajos de la Universidad no cuentan como aporte legal ante este hecho. Por eso se reconoce a todos los casos y se continúa trabajando por ampliar la base de datos.
Una vez que encontramos los legajos, se procedió a colocar una placa homenaje en el patio de la Facultad, como hemos mencionado supra, con sus nombres, no sólo como un homenaje, sino como un reconocimiento al valor de sus vidas, desde nuestro lugar de estudiantes.
A lo largo de estos años, el proceso de búsqueda ha ampliado sus bases. Con los constantes actos y actividades desde el Centro de Estudiantes, nuevos familiares se acercaron a reportar casos que desconocíamos y, a su vez, el Subsecretario de Derechos Humanos, Dr. Luis Alén, tomó conocimiento de la búsqueda y se involucró activamente para ayudarnos en la misma; él también es egresado de la Universidad del Salvador y militó allí en su juventud en el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho. Es importante observar el impacto que la dictadura militar tuvo también en nuestra Universidad. Hasta el golpe, tuvo activa presencia en nuestra casa de estudios la Juventud Peronista Universitaria (JUP) del Salvador, que disputaba los centros de estudiantes con las facciones más reaccionarias del radicalismo.
Hoy en día, a finales del 2013, se observa un lento proceso de reconstrucción de la disputa política donde se involucran los estudiantes; pero también debemos observar que la Universidad dejó su antigua impronta. La Universidad del Salvador perteneció a la Orden Jesuita hasta 1973. Bajo su ala, desarrolló una impronta progresista sobre las ciencias sociales. Sus facultades estaban politizadas, los Centros de Estudiantes tenían representación en los claustros de la Universidad y participaban activamente de las agitaciones políticas del país. Grandes militantes como el Padre Mugica pasaron por sus aulas. Sin embargo, en 1973, los Jesuitas pierden el control de la Universidad cuando la curia provincial decide traspasar su mando a una asociación civil que, con los años, apostó a una Universidad de orientación corporativista y empresarial. El golpe de estado y el honoris causa entregado al genocida Emilio Massera el 25 de noviembre de 1977, sirvieron para conciliar en nuevo rumbo de la Universidad; que luego se profundizó con el vaciamiento tanto en lo académico como en lo administrativo, que sufrió bajo el gobierno de Carlos Menem (en tono con el neoliberalismo de la época). Se redujeron las carreras, se vació el Centro de Estudiantes reduciéndolo a una mínima actividad y poco a poco se redujo la participación estudiantil. La Universidad y la Facultad de Ciencias Sociales atravesaron una crisis que terminó de estallar en el 2001, ante la caída del Gobierno de De La Rúa, cuando los alumnos marcharon contra el cobro del derecho de examen. Agrupaciones estudiantiles del momento denunciaron el acto y también la construcción de un campus en Pilar en plena crisis financiera, por el cual la Universidad debió tomar un préstamo hipotecario gigantesco en el Banco Francés. Luego de estos episodios, la participación política activa y militante que existía en la Facultad de Sociales fue disminuyendo, hasta retomar su actividad y resurgir poco antes de 2010. Actualmente, a finales del 2013, la misma ha aumentado de manera considerable y satisfactoria. El Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales volvió a funcionar plenamente luego de los comicios correspondientes en el año 2009 y, justamente un año después, pudimos poner en marcha la iniciativa que compartimos en este artículo.
Elegimos qué recordar
Elegimos recordarlos a ellos e incluirlos en la historia de nuestra Facultad, para que las generaciones venideras de estudiantes sepan que nuestra Universidad tuvo y tiene sus luchas políticas y sus batallas de la memoria, y que fue la casa de estudios de muchos compañeros que dieron la vida por un país mejor. No sólo los estamos homenajeando, los estamos reconociendo, los estamos materializando. Es necesario que, como ha ocurrido a lo largo de la Democracia, la memoria se objetivice en lugares físicos también. Todos los lugares tienen su historia. ¿Qué hubiera pasado si la actual ESMA hubiera sido demolida para construir un Shopping, como sucedió en Uruguay? Se necesitan espacios para la memoria y espacios con memoria para dar batalla a la impunidad.
Tenemos la firme convicción de que estos procesos, estos ejercicios de la memoria, pueden conducir a una reconstrucción de la identidad de nuestra comunidad Universitaria y restablecer ciertas bases que muchos creían perdidas.
Entendiendo la memoria no sólo como una cuestión política, sino como una decisión política, el objetivo final de la investigación es reconstruir la vida de todos estos jóvenes para también así acercar al alumnado algo que no es ni más ni menos que un parte de la historia de la facultad y de nuestro patrimonio. Así, se busca incentivar en los alumnos el ejercicio de la memoria, desde lo más cercano que podemos ofrecerles: historias de chicos y chicas que, como ellos, también decidieron comprometer su formación a la Universidad del Salvador.
Hoy sabemos quienes fueron aquellos compañeros que quisieron un país más justo. Es necesario que no los olvidemos jamás.
* Queremos agradecer a todos aquellos docentes que han colaborado esta iniciativa del Centro de Estudiantes; a los docentes Lucas Arcamena, Alejandro Ernesto Asciutto, Horacio Chitarroni, Cecilia Maestro, Gustavo González y Mirka Steitz.
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Bibliografía
Ansaldi, Waldo; Una cabeza sin memoria es como una fortaleza sin guarnición. La memoria y el olvido como cuestión política. Ágora. Revista de Ciencias Sociales, Nueva época, No 7, Valencia, diciembre 2002.
Del Carril, Mario (2011). La vida de Emilio Mignone: Justicia, catolicismo y derechos humanos. Buenos Aires: EMECÉ
Novaro Marcos & Palermo Vicente. (2003). La Dictadura militar 1976-1983: Del golpe de Estado a la Restauración Democrática. Buenos Aires: Ediciones Paidos.
Pucciarelli Alfredo R. (2007). Declinación política y degradación institucional de la joven democracia. La cuestión militar durante la primera etapa de la presidencia de Raúl Alfonsín, en Ansaldi, Waldo, A mucho viento, poca vela: Las condiciones socio-históricas de la democracia en América Latina. Buenos Aires: FCE.
Quiroga, Hugo (1985). Estado, crisis económica y poder militar (1880-1981), Buenos Aires: CEAL
Entrevistas realizadas
*Entrevista con Marta Vásquez Ocampo, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
*Entrevista con Mercedes Troncoso, ex – esposa de Adolfo Fontanella.
*Entrevista con el Profesor Rodríguez Sánchez de la carrera de Sociología de la Universidad.
*Entrevista con Daniel Riobó, hermano de Ricardo Riobó