El próximo 4 de noviembre comienza en Monte Quemado, a 300 km de la capital de Santiago del Estero, norte de la Argentina, el Juicio Oral y Público por el asesinato del joven campesino indígena Cristian Ferreyra.
El histórico juicio tendrá apertura en Monte Quemado donde se escucharán testimonios de las partes involucradas en el homicidio finalizando con los alegatos, hasta el día 1 de diciembre cuando se espera la sentencia del Tribunal de Primera Nominación a cargo de la Dra. Elida de Suárez.
Cristian Ferreyra vivía en la comunidad indígena de San Antonio del pueblo Lule Vilela, ubicada a 60 km de Monte Quemado centro norte de Argentina, cuando fue baleado el 16 de Noviembre de 2011 por el sicario Javier Juárez, quién cumplía órdenes del empresario Jorge Ciccioli. Ambos serán juzgados, juntos a los demás integrantes de la banda paramilitar que pretendía apropiarse parte del territorio comunitario.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina (MNCI) considera un hecho histórico la posibilidad de enjuiciar y condenar a los asesinos materiales e intelectuales de Cristian y sentar precedente ante una problemática nacional: será una instancia para dialogar con la sociedad en torno a la necesidad que la tenencia de la tierra, su función social, la producción de alimentos y servicios por parte de las familias que garantizan la alimentación local, los mercados locales, y preservan los ecosistemas, generando trabajo, arraigo y desarrollo, y además cuestionar al sistema hegemónico de los agronegocios, porque genera desigualdad e injusticia para nuestros pueblos, concentrando el poder y los recursos en una clase privilegiada en estrecha relación con las empresas trasnacionales.
En el país existen otras muertes de campesinos indígenas que quedan impunes, así como otros conflictos que aún afectan. Según datos oficiales, hay unas 63 mil familias campesinas e indígenas que se encuentran amenazadas y que hay más de 9 millones de hectáreas en disputa.
La conflictividad rural
La muerte de Cristian Ferreyra no es un hecho aislado ni fortuito. Once meses más tarde, el 10 de octubre de 2012, fue degollado el campesino Miguel Galván en el paraje El Simbol, frontera norte de Santiago lindante con Salta- Argentina.
El mes pasado, el 12 de septiembre de 2014, funcionarios del gobierno provincial que constataban los desmontes ilegales en territorio de comunidades campesinas, registraron las amenazas de muerte de un hacendado local hacia miembros del MOCASE- MNCI:
Y apenas hace días, el 15 de octubre de 2014, el empresario de la gaseosa MANAOS, Orlando Canido junto a 15 paramilitares al mando de Lachi y Pablo Letonai, irrumpieron en horas de la madrugada en territorio de la comunidad del Lote 5 y a punta de pistola desalojaron a la familia Sosa de su propia casa.
Los episodios se multiplican empujados por la misma motivación y el mismo método: empresarios sedientos de tierras algunas veces convencen a unos pocos pobladores y arrojan sus sicarios contra comunidades que resisten, ante la pasividad de la justicia.
Y sostenemos firmemente que para frenar e impedir los desalojos contra los sectores populares de monte adentro es estratégica la función social de la tierra y de los territorios.
Por la memoria de los caídos en la lucha por la tierra, el territorio
FUNCIÓN SOCIAL DE LA TIERRA YA!!!
¡Ni un muerto más por el derecho a la tierra, Cristian Ferreyra Presente!