por Diego M. Higuera
(Integrante del colectivo Colombianxs en el Sur)
La centralidad del histórico paro agrario que se adelantó durante los últimos meses se ha visto opacada por otros temas nodales del país, entre ellos se encuentra el proceso de paz con las FARC, las elecciones parlamentarias de octubre y el relanzamiento de la ultraderecha a través de un nuevo partido -liderado por el expresidente Álvaro Uribe- que ya cuenta con varios integrantes cuestionados judicialmente por sus vínculos con el paramilitarismo y la corrupción. El desarrollo de estos temas no es, desde luego, ajeno a la problemática agraria. Si bien el paro no se ha extendido en su forma de protesta masiva, no quiere decir que las condiciones que lo gestaron se hayan modificado, de hecho, el ministro de defensa presentó a comienzos de octubre un proyecto de ley que criminaliza la protesta social e incluye la tipificación de la “obstrucción de vías” como un delito punible. Esto es un instrumento que anticipa lo que viene: protestas en el marco del paro agrario y los reclamos de otros sectores en crisis, entre los que se destacan la universidad pública, la salud, la pequeña y mediana minería.
En el artículo anterior describimos la situación general del paro, su contexto de emergencia marcado por las consecuencias negativas de las políticas neoliberales y el hito que significó la movilización de diversos sectores sociales, como hace mucho tiempo no ocurría (http://anarquiacoronada.blogspot.com.ar/2013/09/paro-agrario-en-colombia-modelo.html). Señalamos que la articulación de distintos grupos, sectores y gremios, así como la efectiva denuncia de la violenta respuesta estatal, había potenciado los reclamos con enorme repercusión en el ámbito urbano.
Mencionamos que la ruana de los campesinos de tierras frías se alzó como una de las principales banderas, tocando “sentimientos nacionalistas” que impulsaron a miles de personas no movilizadas y ampliaron la difusión de discusiones y argumentos ocultados por la supuesta neutralidad técnica de la ortodoxia neoliberal, que ha formulado las políticas públicas de las últimas décadas en el país. Sin embargo, la visibilización urbana y mediática de la ruana no debe hacernos olvidar el papel de organizaciones populares, indígenas y afro, cuya presencia alerta sobre un fenómeno que en alguna medida ha sido ajeno a “la ruana”: la antigüedad de la agenda construida por los sectores movilizados durante los últimos años (recordemos la Minga indígena de 2008) y cómo, durante las últimas tres décadas, millones de campesinos de tierras bajas y de colonización han sido despojados de sus tierras, sin haber alcanzado un tipo de solidaridad como la vista en los últimos meses. Por eso, no es extraño que el gobierno haga enormes esfuerzos para regionalizar y fraccionar la protesta, bajo la conocida fórmula: dividir para luego atacar al eslabón más “débil” y “poco visible” de la cadena, es decir, los campesinos colonos, los que están buscando titular sus tierras y quienes defienden la propiedad colectiva. Como dijimos, el escenario es más complejo y las oportunidades abiertas por las movilizaciones de septiembre deben examinarse con más cuidado.
Ahora repasaremos la estrategia del Estado luego de las movilizaciones, hablaremos del escenario actual y señalaremos que los factores impulsores del paro tienden a profundizarse debido a la aplicación de más clausulas de los Tratados de Libre Comercio y la profundización de la política agraria favorable a la acumulación de tierras y la especulación inmobiliaria. Subrayaremos que los movimientos sociales y los diversos sectores que exigen una política social amplia, la soberanía alimentaria y el respeto de los derechos políticos de las organizaciones de base, tienen que converger en propuestas que combinen demandas al Estado con estrategias para difundir y decretar mandatos populares que detengan el poder de los grupos económicos locales y trasnacionales, frente a los que los Estados no disponen de mecanismos para detenerlos, como muestra, por ejemplo, la hasta ahora inamovible y expansiva presencia de la agroindustria transgénica en algunos países del Cono Sur.
El gobierno busca acuerdos parciales
A finales de agosto, el presidente Juan Manuel Santos recorrió en helicóptero las zonas aledañas a Bogotá declaradas en paro. En tierra repudió la muerte de un policía con arma de fuego a manos de “infiltrados” dentro del paro el cual, según el presidente, sólo era un reclamo aislado de algunos productores: “el tal paro nacional agrario, no existe”, sentenció. Ese día se frustró una negociación con esos campesinos y sus vecinos del andino departamento de Boyacá. El paro siguió y en pocos días los 16 ministros y altos consejeros de Estado presentaron su renuncia. Los titulares de las carteras competentes al paro fueron relevados (Agricultura, Minas y Energía, y Ambiente), así como los dos ministerios de mayor relevancia política (Interior y Justicia). Al finalizar la ceremonia de posesión de los ministros, Santos anunció orgulloso: “Creo que hemos posesionado a un equipo de lujo”.
La mayor parte de los bloqueos a vías se levantaron después del 8 de septiembre, luego que el vicepresidente Angelino Garzón (ex sindicalista y ex militante de izquierda) negociara con los camioneros en la capital del departamento del Cauca. Garzón también invitó a paperos y cebolleros –los campesinos andinos de zonas aledañas a Bogotá- a firmar un pacto. No lo consiguió, pero estableció la fecha de otro encuentro. El 12 en Bogotá, se convocó a diversos sectores, gobernadores y alcaldes para la creación del “Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural”. Algunos productores y grupos movilizados acudieron a la convocatoria, una parte manifestó su rechazo porque no había una agenda de trabajo clara y por el lugar privilegiado que ocuparían los grandes productores y el nuevo ministro de agricultura, el caucano Rubén Darío Lizarralde. El abogado y economista del partido conservador aceptó el nombramiento y renunció a la gerencia general de INDUPALMA, que ocupaba desde 1994. Esa compañía palmicultora –registrada en Panamá y cuyos dueños se desconocen- ha despojado de tierras a campesinos de la región Caribe y eliminó cualquier forma de sindicalización de sus empleados, según denuncias del senador Jorge Robledo (http://www.moir.org.co/Las-hazanas-del-ministro.html). Además, INDUPALMA impulsó, con toda la diligencia de Lizarralde, una forma de negocio espuria que ha llevado a la quiebra a cientos de pequeños productores (http://www.semana.com/opinion/articulo/marco-real-marco-teorico/357501-3).
En el encuentro de Bogotá, los representantes campesinos y el alcalde de la ciudad (un ex integrante de la guerrilla del M-19 que encabeza el movimiento “Progresistas”), le dijeron al gobierno nacional que una mesa amplia de negociación tenía el propósito de formular políticas y leyes alrededor del campesino y no en su contra, como ocurrió en 1972 durante el llamado “pacto de Chicoral”, que enterró el último y tímido intento de reforma agraria en el país. Algunos dirigentes campesinos y el acalde señalaron que no participarían de un “pacto de Chicoral II”, que consolidará la política regresiva favorable a los grandes capitales y terratenientes, muchos de ellos aliados con el narcotráfico y el paramilitarismo (https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lPOc5H2xNmw#t=32).
De manera simultánea, en el campus de la Universidad Nacional, se realizó la “Cumbre Nacional Agraria, Campesina y Popular”. Allí convergieron diversos sectores sociales con el protagonismo de: “El Coordinador Nacional Agrario (CNA)” y “la Mesa de Interlocución y Acuerdos (MIA)”. Al final del encuentro se presentó la “Declaración Política de la Cumbre Nacional Agraria, Campesina y Popular”, que reitera las críticas al gobierno y denuncia que la represión estatal ha provocado la pérdida de 12 vidas humanas y 4 personas desaparecidas, así como cientos de violaciones a los derechos humanos. La declaración aborda con detalle las exigencias del paro: una política de reforma agraria integral; la defensa de los territorios colectivos de las comunidades indígenas, campesinas y afro; un Estado activo que garantice la sustentabilidad de la producción agraria; una política de hidrocarburos y minera a favor de los intereses nacionales. Lo anterior supone el reconocimiento de los derechos políticos de la población rural y su efectiva participación en la formulación de las políticas (http://colombiainforma.info/index.php/movilizacion/1008-declaracion-final-de-la-cumbre-agraria-y-popular-nueva-convocatoria-para-octubre).
Es necesario distinguir las características de las tres organizaciones que nuclean a los grupos movilizados, lo haremos con base en un interesante análisis publicado por el Centro de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali (disponible en: (http://www.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-documents/field_document_file/el_paro_nacional_agrario-_un_analisis_de_los_actores_agrarios_y_los_procesos_organizativos_del_campesinado_colombiano._centro_de_estudios_interculturales._.pdf).
1. “El Coordinador Nacional Agrario (CNA)”, integrado por organizaciones locales y regionales de campesinos pequeños propietarios productores de alimentos, agromineros, pequeños ganaderos y cafeteros. El CNA surgió de los Foros Nacionales Agrarios realizados entre 1997 y 1998, y venían del proceso de lucha de los pequeños cafeteros. Muchos de ellos han hecho parte de procesos de formalización de la tierra, pero están muy lejos de poder vincularse económicamente a mercados regionales y nacionales de gran escala, y aún están basados en el trabajo y la colaboración familiar para producir. El CNA hace parte del “Congreso de los Pueblos” en el que se articulan organizaciones indígenas, afro y campesinas.
2. La “Mesa de Interlocución y Acuerdos (MIA)” surge por iniciativa de la Federación Sindical Unitaria Agraria -que históricamente ha reivindicado a los colonos de tierras bajas- y sectores campesinos del movimiento Marcha Patriótica. En general son personas de agricultura familiar de subsistencia pues viven en condiciones precarias, con poco acceso a tierras (muchas veces de manera informal), y su vinculación con el mercado es precaria o casi nula. Ese sector reivindica fuertemente la constitución de las Zonas de Reserva Campesina.
3. “Dignidad Agraria” y las “Dignidades” gremiales. Agrupan buena parte de los productores de tierras frías (los de ruana mencionados antes) y otros de tierras cálidas (arroceros, paneleros, cacaoteros, cafeteros) que se han venido organizando para reclamar prerrogativas dentro de los TLCs para que no se afecte su producción. Manejan un tipo de “agricultura familiar consolidada”, porque tienen un nivel mucho más desarrollado de las condiciones económicas, acceso a la tierra e infraestructura para producir mercancías de mejor manera y poder relacionarse con el mercado a nivel local, regional y nacional. Una parte de este sector ha estado históricamente vinculada al Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario, que hoy hace parte de la coalición de izquierda “Polo Democrático”.
Dadas las características de las tres organizaciones, no extraña el liderazgo de la MIA y la CNA en la cumbre alternativa de Bogotá, mientras que los miembros de las Dignidades asistieron simultáneamente al encuentro con el gobierno nacional y con las otras organizaciones. Tenemos, entonces, que la complejidad del paro obedece a diferencias regionales, históricas, políticas, organizacionales y de condiciones productivas y de vida de aquéllos que llevan adelante este proceso. La formulación de tres pliegos distintos al iniciar el paro, es una muestra clara de dicha situación (al respecto ver la síntesis de Dorado: http://alainet.org/active/66493). El gobierno reconoce esas diferencias, ha propuesto múltiples diálogos regionales y sectoriales con el fin de aplacar algunas demandas, mientras silencia y reprime otras. Santos y sus asesores pensaron que la articulación entre los sectores no se concretaría o no tendría las repercusiones que tuvo, de ahí la subestimación del paro. La experiencia de los últimos meses es muy relevante porque ha consolidado estrategias organizativas y ha generado “vasos comunicantes” entre diversos sectores de un país extremadamente fragmentado y desigual.
Las instancias de diálogo regional y sectorial abiertas por el gobierno han logrado débiles acuerdos sobre importación de productos, tipos de subsidios, baja en el costo de insumos y medidas de protección. Son débiles porque tienen un acotado alcance y lo respaldan las firmas de funcionarios gubernamentales de bajo nivel jerárquico. El 30 Septiembre Dignidad Agropecuaria le dirigió una carta al presidente con el título: “Santos: nada de lo que pactaron sus delegados se ha cumplido”. El encabezado resume el balance de las negociaciones, luego la misiva concluye: “su gobierno tomó el camino de adoptar medidas inocuas que se presentan ante la galería como trascendentales pero que son una burla a un justo reclamo de los más de 2,5 millones de productores del campo”.
En esos días, Julio Fuentes de la MIA afirmó que no se había llegado a ningún acuerdo y las negociaciones habían dejado en evidencia las enormes discrepancias con el gobierno, relacionadas con la falta de una política agraria integral, la propiedad de la tierra, la titulación colectiva, los derechos de las comunidades y la estigmatización de la protesta social (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Tl2D013ZPlw).
Sigue el paro agrario. Hacia un mandato de soberanía alimentaria
El nuevo ministro de agricultura dijo que “no es amigo de los subsidios” y precisó con respecto al sector cafetero que “el país ni el gobierno pueden financiar por sécula seculórum las ineficiencias”. También anunció un proyecto de ley sobre baldíos que, supuestamente, atraerá inversiones nacionales y extranjeras, modernizará el campo y permitirá la adjudicación de terrenos a las familias campesinas. Como han mostrado los trabajos de Héctor Mondragón, en Colombia los precios de la tierra son muy elevados, a tal punto que ciertas agroindustrias, como el etanol subsidiado, no son rentables. Las grandes propiedades hacen parte de un modelo de acumulación y especulación inmobiliaria muy antiguo, sobre el que se asientan los poderes tradicionales y sus recientes aliados ilegales. Mondragón señala que el proyecto del ministro Lizarralde busca adjudicar nuevas tierras a bajo costo para los grandes propietarios y así continuar el modelo especulativo, mientras las 16,6 millones de hectáreas aptas para agricultura desperdiciadas en manos de los terratenientes no son objeto de transformación por alguna ley o política. El Estado renunció a la soberanía alimentaria para traer alimento vía TLCs, mientras apuesta por el retroceso industrial y el estancamiento agrario con el fin de volver a una economía colonial extractiva de minerales y petróleo con base en inversiones. Estas formas de especulación subordinan toda la economía al sector financiero (http://viva.org.co/cajavirtual/svc0371/articulo05.html), que ha sido el de mayor rentabilidad en los últimos años y en 2012 llegó a ser el segundo más rentable del mundo (http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/bolsa-colombiana-es-la-segunda-con-mayor-rentabilidad-en-el-mundo-en-2012)
En este mes, distintas ciudades del país tuvieron “cacerolazos” en respaldo al paro agrario y reclamos salariales de los docentes. Durante la semana del 14 de octubre se realizará una gran movilización indígena en 29 puntos del país y la Mesa Amplia Nacional Estudiantil iniciará jornadas para exigir soluciones al grave déficit presupuestal de las 32 universidades públicas. Las diversas luchas continuarán por las esquivas respuestas del gobierno, que se sintetizan en tres premisas: no se renegociarán los TLCs, no se formulará una política agraria integral y no se generará un modelo alternativo para garantizar los derechos a salud y educación de los colombianos. Dichas premisas quedaron al descubierto en el “Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural”, mencionado anteriormente, cuyos compromisos no superan los dos años de vigencia, y no son más que paliativos a un problema estructural que no ha contado con la voluntad política para su solución.
El nombramiento del ministro Lizarralde es otra muestra de la postura cínica y dogmática del gobierno. Se hace necesario buscar que los pueblos decreten mandatos que obliguen al Estado a garantizar la soberanía alimentaria y una política a favor de los medianos y pequeños mineros. En este sentido, la MIA ha impulsando una Constituyente Agrominera con el apoyo de diversos sectores sociales. Estamos atravesando una coyuntura que marca un quiebre, por la masividad y articulación de los reclamos que han puesto en evidencia cómo las políticas de los últimos años han favorecido a las transnacionales, los acumuladores de tierras y unas pocas empresas locales, sus aliados políticos y los tecnócratas neoliberales. La satisfacción de las demandas básicas del paro puede convertirse en el inicio, y único camino, para modificar el núcleo de la problemática social colombiana.