Una cronología del período abierto a partir de las movilizaciones antineoliberales. Una introducción a una serie de entrevistas con militantes, académicos y políticos para evaluar desde distintos ángulos la magnitud del proceso chileno y su impacto en la región.
Hasta que valga la pena vivir
Domingo 6 de octubre de 2019. Entra en vigencia un nuevo aumento de las tarifas del metro y del sistema de buses Transantiago, el cuarto en menos de dos años. El Panel de Expertos que regula el precio del transporte público en la ciudad decidió que a partir de ese día deberán pagarse 30 pesos más para viajar en el subte más caro de Latinoamérica. La medida genera fastidio en una población cansada de los abusos y abrumada por el alto costo devida.[1] El fastidio se vuelve odio cuando el ministro de economía, Juan Andrés Fontaine, sugiere“madrugar” para aprovechar la rebaja por hora no pico en el precio del boleto. Un esfuerzo más para la precaria y endeudada clase trabajadora chilena. Pero ya no hay margen.
La semana comienza con la convocatoria a concentrarse en algunas estaciones de metro y viajar sin pagar. La impulsandesde las redes sociales grupos de estudiantes de las llamadas escuelas emblemáticas de la ciudad, que en ese momento mantienen abierto un conflicto con el gobierno en torno de la ley Aula Segura.[2] La primera de estas “evasiones” tiene lugar el lunes 7 en la estación Universidad de Chile, a pocos metros del Instituto Nacional. Le seguirán otras, cada una debidamente registrada y compartida. En ese contexto, diputados del partido del presidente Sebastián Piñera, Renovación Nacional (RN), presentan un proyecto para que se sancione penalmente a quienes evadan el transporte público. El mismo mandatario sale a cuestionar las protestas “fuera de la ley” que atentan contra la libertad de todos. El 16 de octubre, el abogado Clemente Pérez, ex presidente del Directorio del Metro durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, es invitado a un canal de noticias y al finalizar la entrevista dice: “Cabros, esto no prendió. No se han ganado el apoyo de la población. Ni siquiera en Twitter, donde se supone que este tipo de movimientos tienen más apoyo, no lo hay. La gente está en otra, el chileno es bastante más civilizado. Lo único que he visto es un gran rechazo a este tipo de actitudes”.
Pero el descontento y las evasiones se viralizan y cada vez más personas se suman a la protesta. Pasan los días de la semana y aumenta la violencia. Se cierran varias estaciones de metro: Pedro de Valdivia, Quinta Normal, Cumming, Plaza de Armas, Santa Isabel e Irarrázaval. Los enfrentamientos con carabineros se multiplican.Lo que parecía un juego de provocación vinculado a un grupo reducido de jóvenes “revoltosos y violentistas” se rebela como un malestar generalizado que va saliendo a la superficie.
En la mañana del viernes 18, al grito de “evadir no pagar/otra forma de luchar”, cientos de estudiantes secundarios se autoconvocan,nuevamente vía redes sociales, en las bocas del metro.Entran corriendo en banda y saltan los molinetes. Cantan, bailan, intervienen las paredes de las estaciones y queman algunos vagones. La tensión va en aumento. El Gobierno invoca la ley del Seguridad del Estado, anuncia querellas contra quienes resulten responsables de los ataques y decide suspender el servicio a las dos de la tarde. Las personas que salen de sus trabajos deberán volver a sus casas caminando. La ciudad está paralizada y, a la vez, se respira un aire de alivio. “No me importa tener que caminar para volver”, dice una mujer cuando descubre que el metro está cerrado. Muchxs deciden quedarse en las calles, que van subiendo en temperatura.A las pocas horas la protesta emerge del subsuelo y se irradia por toda la ciudad: esa misma noche estalla la revuelta.
Suenan cacerolas, se toman las calles y plazas, se montan barricadas, se atacan supermercados, centros comerciales, bancos y farmacias, todos lugares identificados con abusos y estafas recientemente difundidos por la prensa. Se incendian, también, veinte estaciones delmetro, una docena de colectivos y el edificio de ENEL, la empresa prestadora del servicio eléctrico. Pasada la medianoche, el gobierno reacciona: declara el Estado de Emergencia y,a fin de “asegurar el orden público y preservar instalaciones de infraestructura crítica”, saca los militares a las calles. En Santiago, el epicentro de la protesta es la ex Plaza Italia, rebautizada ahora como plaza de la Dignidad, lugar simbólico en la historia de las luchas sociales. Pero el estallido se expande a todo el territorio nacional. El sólido y ejemplar neoliberalismo chileno se sacude:¿Chile despertó de la pesadilla neoliberal?
Una invasión alienígena
Fin de semanade máxima intensidad. El sistema de metro permanece cerrado y la población toma las calles. Continúan los cacerolazos, los saqueos y las concentraciones en parques y esquinas de todo el país.En distintos puntos de Santiago se suceden enfrentamientos entre carabineros y manifestantes. Edificios emblemáticos, como los Tribunales de Justicia, son apedreados. Arrancados de las grandes tiendas, los televisoresalimentan el fuego de las barricadas. El rumor de que los saqueadores se dirigen a los barrios altos de la capital corre de wasap en wasap produciendo pánico. Algunxs vecinxs de esas zonas se arman con palos y bates de béisbol y salen a patrullar las calles. Visten chalecos amarillos fluorescentes, al estilo francés, que los distinguen ante la mirada policial de la turba saqueadora.
Con la intención de frenar la revuelta, el sábado 19 de octubre el presidente Sebastián Piñera anuncia la suspensión del aumento del pasaje. Pero ya es demasiado tarde: tras ese disparador se anudan cientos de demandas y malestares. No son treinta pesos, son treinta años, dicen las paredes.
Bajo las órdenes del general Javier Iturriaga del Campo, el Ejército de Chile se hace cargo de la situación y se decreta un toque de queda para las provincias de Santiago y Chacabuco y las comunas de San Bernardo y Puente Alto –en los días siguientes se iránsumando otras zonas del país.[3] Esta medida de excepción implica la prohibición absoluta de circular o permanecer en espacios públicos; una disposición que no había sido utilizada por motivos políticos desde la dictadura de Augusto Pinochet.
Pero el toque de queda no logra atemorizar a la población que vuelve a ocupar las calles y plazas en señal de protesta. Se multiplican las barricadas y saqueos durante toda la noche. Se atacan también algunas iglesias, monumentos y oficinas públicas. Siguen los incendios de supermercados y farmacias.Pasada la medianoche del sábado comienza el desfile de tanquetas, que salen del Cuartel de San Bernardo y se dirigen al centro de Santiago. 10 mil militares patrullarán las calles. La violencia recrudece y se conoce el primer fallecido: Mateusz Maj, un profesor polaco asesinado por un disparo accidental de su propio suegro, un jubilado del Ejército que intentó detener un saqueo en un supermercado delbarrio Las Rosas, en la localidad de Maipú.
Al día siguiente, se conocerán las muertes de Alicia Cofré Peñailillo (42), Paula Lorca Zamora (45) y Renzo Barbosa (38). Los partes oficiales dicen que quedaron atrapados en el hipermercado Líder de la comuna de San Bernardo –20 kilómetros al sur de Santiago–, saqueado e incendiado por los manifestantes. En éste y en muchos otros casos–comoen el de las estaciones del metro y fábricas– no es evidente quién inicia los incendios y con qué motivaciones.Lo innegable es el odio social, el rechazo visceral a la antipopular democracia chilena y a la forma de vida que ofrece a su población.¿Será ésta fuerza suficiente como para romper el consenso neoliberal centrado en las finanzas y en la capitalización individual?¿Tendrá la potencia de constituir un nuevo tejido social y afectivo? “Que nos vayamos todos”, se repite entre lxs muchxs autoconvocadxs, en una versión radicalizada del canto argentino de 2001.
El domingo 20 de octubre el gobierno extiende el Estado de sitio y el toque de queda a nuevas regiones y ciudades del país. Piñera refuerza el enfrentamiento: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso”, dice luego de comparar a los manifestantes con una “organización criminal”. Busca infundir temor en la sociedad, pero el estallido se intensifica. Aparecen las primeras denuncias por violación a los derechos humanos: se constatan tratos violentos, torturas, desnudamientos y abusos.
También aumentan los muertos. Entre ellos Kevin Gómez Morgado, músico de 23 años, fusilado por la espalda por un militar a las 23.30 del domingo, frente a la tienda La polar, de Coquimbo, cinco horas al norte de Santiago. El uniformado de 32 años que lo asesinó alegó en su defensa que llevaba 72 horas sin dormir, desde el llamado del Estado de Emergencia a acuartelarse, y que se asustó y disparó con su escopeta Rayot de 12 milímetros creyendo ver una bomba molotov en la ropa que Kevin llevaba en sus manos alzadas. Kevin era padre de una niña de dos años. A Alex Núñez Sandoval, de 39 años, en cambio, los carabineros le pegaron hasta matarlo. Fue en la estación de metro Sol, en la comuna de Maipú, sector surponiente de la ciudad de Santiago. Era técnico mecánico y tenía tres hijos. En simultáneo, pero en el sector oriente de Santiago, cuatro personas, entre ellas un niño de 14 años, eran torturados y crucificados en la estructura metálica de la antena de la comisaría 43, en Peñalolén. Los cuerpos de Manuel Muga Cardemil (59 años), Andrés Ponce Ponce (38 años), Yoshua Osorio Arias (17 años), Julián Pérez Sánchez (51 años) y Luis Antonio Salas Martínez (47 años) aparecieron calcinados adentro de la fábrica textil Kayser, en Renca, a 15 minutos del centro de Santiago. Si bien los partes oficiales hablan de muertes por asfixia a causa del incendio en situación de saqueo, los peritajes son inconsistentes y el servicio médico legal hizo todo lo posible por obstruir las investigaciones. Y aunque el mismo Piñera salió en televisión confirmando el relato oficial, las autopsias ponen en duda las circunstancias de los fallecimientos. Entre otras evidencias, dos de los cadáveres tenían orificios de bala o lesiones balísticas recientes, otros tenían fracturas y la posición en que fueron encontrados los cuerpos no se corresponde con una muerte en incendios. También hay dudas sobre cómo se inició el incendio y quién lo hizo. Extraoficialmente, se cuenta que uno de los gerentes de la empresa se ocupó de hacer desaparecer los videos de las cámaras del lugar. Las sospechas recaen sobre uno de los dueños de Kayser, Edward Abugattas Saba, amante de las armas. Para esa fecha el empresario tenía una escopeta Mossberg calibre 36 para uso de caza; una escopeta JJ Sarasqueta calibre 16, para uso de caza también; una escopeta Mistral calibre 22, para uso deportivo; dos pistolas, una Astra y una Taurus, ambas de 9 mm, para defensa personal y un rifle Savage calibre 22, para uso deportivo.
El fin de semana se cierra con la viralización de un mensaje de voz de wasap de la primera dama, Cecilia Morel, donde confiesa desesperada que el gobierno está absolutamente sobrepasado. “Es como una invasión extranjera, alienígena, y no tenemos las herramientas para combatirlas”, agrega. Yremata: “Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente de buena voluntad, aprovechen de racionar las comidas.Vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás”.
Se rompió la normalidad
Arranca la semana y las escuelas públicas deciden cerrar sus puertas. El sistema de transporte funciona de manera deficiente. Hay largas colas en negocios, estaciones de servicios y mercados. Siguen los “atochamientos” en avenidas y aeropuertos. Ese lunes 21 de octubre todo está alterado. Tercer día de toque de queda. Suenan cacerolas, se escuchan ruidos de helicópteros y disparos. Los manifestantes se convocan en la puerta de los canales de televisión para rechazar la cobertura sensacionalista y criminalizadora que realiza la corporación mediática de una protesta social que se extiende y alcanza los barrios de clase alta. Un tono festivo y fraternal, de causa común, predomina en las manifestaciones.
La Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT) reacciona y llama a un paro nacional para el miércoles y jueves, aunque algunos gremios se adelantan a la medida.El general Iturriaga declara: “Yo soy un hombre feliz. No estoy en guerra con nadie”. Pero solo horas más tarde, una camioneta militar a alta velocidad atropella y mata al Polera, como le decían a Manuel Rebolledo Navarrete –de 23 años– sus amigos del club Juventud Porteña, del barrio Libertad, en Talcahuano, Concepción. El vehículo castrense utilizado como arma intentaba dispersar a un grupo de manifestantes que se concentraban frente a la empresa pesquera Pacificblu. El día anterior otra bala militar había asesinado a Romario Veloz Cortez, ecuatoriano de 26 años y con una hija de cinco, cerca de la terminal de ómnibus de La Serena, 470 kilómetros al norte de Santiago. En el último mensaje a su madre le decía: “Mamita, esta es la fuerza del pueblo, esto está piola”.
No fue militar sino civil la bala que asesinó a José Miguel Uribe Antipani, el Chino, de 25 años: la disparó el empresario Francisco José Fuenzalida Calvo enojado porque las barricadas bloqueaban el paso de su camioneta en la ruta 5 de Curicó. José Miguel trabajaba como soldador en la construcción, era padre de un niño de algo más de 1 año y practicaba freestyle. Esa misma noche, borracho, Mario Navarrete acelera y arremete con su auto, a gran velocidad, a un grupo de 400 manifestantes en la ruta 160, en San Pedro de la Paz, cinco horas al sur de Santiago. Pierden la vida Joel Triviño, de 4 años, y Cardenio Prado, de 37, y quedan 19 heridos de gravedad. Esa noche, desde su balcón del barrio Portugal, una mujer canta “Te recuerdo Amanda” y enmudece a todos. Vecinos músicos la acompañan. Alguien registra el momento con su celular y el video se replica infinitamente por las redes. Al final, todos aplauden.
“Que nos devuelvan la vida que nos robaron”; “Nos deben 30 años”; “No volveremos a la normalidad, porque la normalidad es el problema”; “No era depresión, era capitalismo”; “Hasta que la dignidad sea costumbre”; “No es sequía, es saqueo”.[4] Tras cinco días de continua movilización, las paredes de las ciudades chilenas desbordan de consignas que evidencian la transversalidad de las demandas y la creatividad de la revuelta. La Wenüfoye, la bandera de los pueblos mapuche, se multiplica en las manifestaciones; también se levanta sobre los escombros de las estatuas derribadas por las multitudes enardecidas; estatuas que celebran la conquista, la colonia y a la elite que conformó el pétreo y centralizado Estado nación trasandino.[5] Sebastián Piñera pide “perdón” a la sociedad chilena, anuncia un “Gran Acuerdo Nacional” para restablecer el orden público y ofrece un paquete de “medidas sociales” que el movimiento desdeña inmediatamente como “puras migajas”. Tanto la oposición política como la gente en las calles piden su renuncia.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH) oficializa las cifras de la represión.Son muchos los muertos, los heridos y los mutilados;son muchos los ojos reventados por balines;los cuerpos atropellados por tanquetas o quemados con ácido de los hidrantes; son muchos –masivos y violentos– los encarcelamientos.[6] La crueldad y desproporcionalidad de la acción represiva es evidente y parece tener como objeto central controlar la protesta social e impedir la organizacióncomunitaria. El Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick Piñera, es obligado a renunciar por las reiteradas violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas militares y policiales.
A pesar de que las ciudades se encuentran militarizadas, las manifestaciones se extienden a otras regiones del país y se suman nuevas demandas. Las performances y otras actividades culturales toman las calles. La normalidad está rota, las vidas cotidianas se alteran. El tiempo de la productividad neoliberal parece interrumpido. En Santiago, frente a la iglesia Los Sacramentinos, una orquesta sinfónica rinde homenaje a las víctimas de la represión interpretando el Réquiem, de Mozart. En los barrios y poblaciones, vecinxs autoconvocadxs y organizaciones sociales se reúnen en plazas y otros espacios públicos: comparteninformación, analizan la crisis, piensan iniciativas y propuestas;imaginarios y malestares se vuelven comunes. La ciudad se transforma en espacio de deliberación, de intervención, de subjetivación. Entre las demandas específicas y sectoriales comienza a imponerse con fuerza el pedido de Asamblea Constituyente. La Constitución neoliberal impuesta durante la dictadura y blindada hasta el presente se visibiliza como la principal herramienta de bloqueo de cualquier reforma social de carácter popular.
La movilización más grande de la historia de Chile
25 de octubre:a una semana del estallidolas calles siguen tomadas. Al grito de “Chile Despertó” y “No estamos en guerra”, 4 millones de personas se movilizan en todo el país.[7] Sin líderes visibles ni discursos, cerca de un millón y medio de manifestantes desbordan las calles en torno a plaza de la Dignidad. Una marea humana tan multitudinaria que “sensibiliza” al presidentePiñera (“Todos hemos escuchado el mensaje, todos hemos cambiado”)y decide levantar el Estado de Emergencia. Triunfa la movilización social y se quiebra el toque de queda:los militares deben volver a los cuarteles.
Las movilizaciones se multiplican, y aunque son mayormente pacíficas, la política de disuasión de carabineros se vuelve cada vez más agresiva. Se intensifica el uso de rifles anti-disturbio, bombas lacrimógenas, tanquetas y carros hidrantes, sobre todo en una plaza de la Dignidad vuelta campo de batalla. En ese contexto, llega a Chile Michelle Bachelet en su funciónde Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH con la misión de verificar las denuncias de abusos y maltratos. Pero todo se enturbia aún más: tras una convocatoria a “acabar con la paz y destruir Chile”, se producen saqueos e incendios, incluyendo las estaciones de metro Baquedano y Santa Lucía. La recién asumida vocera oficial, Karla Rubilar, atribuye los desmanes a una “marcha de guerrilleros”, pero rápidamente queda en evidencia que la convocatoria tiene su origen en grupos de ultraderecha de reminiscencias pinochetistas.[8] El dólar alcanza su mayor valor en los últimos 16 años.
El martes 29 es detenido y encarcelado el profesor de matemáticas Roberto Campos Weiss, de 35 años, por haber roto antes del estallido, junto a otraspersonas, cinco torniquetes/molinetes de la estación San Joaquín del metro de Santiago. Su caso se volverá emblemático por lo abusivo y desproporcionado de la pena. Pero también señalará la agudización de la tendencia punitivista del Estado chileno y sus mecanismos de control del orden público y castigo de la protesta social. El uso extendido de la prisión preventiva y la sobrelegislación represivafuncionan como mensaje, como amenaza, al conjunto del cuerpo social que protesta, y en particular a los y las jóvenes.[9]
El último día de este octubre en llamas el Parlamento retoma un proyecto de Asamblea Constituyente, producto de las movilizaciones de 2011, que estaba “cajoneado” desde la asunción de Piñera; que enseguida sale a aclarar que la reapertura del proceso constituyente no es una prioridad de su gobierno. Esa misma noche de viernes los manifestante marchan disfrazados: es Halloween. Al día siguiente, día de todos los santos difuntos, cientos de mujeres vestidas de negro se movilizan al palacio de La Moneda, homenajean a las víctimas de la represión y piden justicia.
Es fin de semana largo, se multiplican las ollas comunes y los gestos de solidaridad y fraternidad. En distintas ciudades del mundo se canta “Chile Despertó”. El domingo una masiva (bi)cicletada cacerolea los barrios ricos, incluyendo la propia casa de Sebastián Piñera –quien en una entrevista ante la BBC admite la existencia de abusos reiterados contra el pueblo, pero defiende el accionar de las fuerzas represivas–. Las organizaciones sociales y sindicales planifican un “super lunes” demanifestaciones pacíficas, pero se avecinaba una de las jornadas más violentas desde el comienzo de las protestas.[10]
Ya pasaron dos semanas del estallido y los colegios no logran retomar las clases. Los estudiantes secundarios organizan fugas masivas de los establecimientos. El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, decide dar por terminado el año lectivo en dos colegios emblemáticos, que son ocupados por estudiantes en desacuerdo con la medida. Carabineros toma por asalto, a puro disparo, el Liceo de Niñas Nº7, ubicado en la tradicional y pudiente comuna de Providencia, e hiere con perdigonesa dos estudiantes. Situaciones análogas se viven en los campus universitarios.
Nuevos sectores y demandas se suman a una movilización social que no cesa y avanza sobre territorios de la clase alta, sobre sus casas y sus torres espejadas. El punto de concentración es el mall Costanera Center, el shopping más grande de Latinoamérica, orgullo e insignia del neoliberalismo chileno. La lucha y la represión recrudecen, y se aproximan cada vez más al epicentro financiero de la ciudad. Se arman barricadas en los barrios ricos; se atacan bancos, supermercados, farmacias y sedes de empresas –como las de AFP– identificadas con negociados. También son atacadas las sedes de los principales partidos de la derecha chilena, la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN).Piñera tambalea. El oficialismo impulsa en el Parlamento una serie de leyes de carácter represivo (antisaqueos, antiencapuchados y antibarricadas) que buscan criminalizar la protesta social. Desde este momento, y hasta el 15 de noviembre –cuando seproduce un corte en el proceso– la violencia política y la represión irán en aumento.[11]
La guerra y sus rituales en plaza de la Dignidad
¿Quién es el “sujeto” tan heterogéneo como iracundo de la revuelta? ¿Lxs jóvenes estudiantes, que desde hace más de una década tienen en vilo a los distintos gobiernos chilenos? ¿El movimiento feminista que durante 2018 y 2019 movilizó a miles y miles de mujeres y disidencias contra los abusos de una clase dirigente, especialmente conservadora, patriarcal y misógina? ¿El estoico ejército de encapuchadxs, verdadera línea de defensa del movimiento en lucha? ¿Lxs futurxs jubiladxs, que saben que jamás podrán vivir con las míseras pensiones que pagan las AFP, mientras estas multiplican sus ganancias?¿Lxs niñxs y adolescentes abusadxs del Sename (Servicio Nacional de Menores), los barrabravas, los sin techo que duermen en los parques? ¿El nutrido movimiento ambientalista, el que lucha contra las AFP o contra el precio del transporte y el peaje? ¿Lxs que se reúnen en asambleas y cabildos? ¿Lxsmadres/padres sostén de familia, incluso universitarios, que se sientan estafados, extenuados y enfurecidos por el modo en que sus salarios son depredados por la deuda y el alto costo de vida?[12] Son todos ellos y ninguno a la vez. La protesta se muestra diversa y acéfala, nadie sabe ni puede capturarla. Una inteligencia colectiva y desobediente que solo se entiende en acto. No hay pureza ni prestidigitación, hay un pueblo que se manifiesta, una rabia que estalla, una guerra en curso. La historia está abierta.
Con el correr de los días la protesta se concentra cada vez más en la plaza de la Dignidad. Las manifestaciones que en un principio se esparcen por toda la capital se van aglutinando en la llamada Zona Cero, que comprende la ex plaza Italia, donde confluyen la estación de metro Baquedano, la Avenida Vicuña Mackenna, la Avenida Providencia, la emblemática Alameda, el parque Forestal, el parque Balmaceda y el río Mapocho.La zona será, desde ese momento, el epicentro de la batalla. Como en una coreografía en la que se avanza y se retrocede infinitamente cada día, miles de jóvenes y no tan jóvenes encapuchadxs conforman la primera línea (y la segunda, y la tercera)que se enfrentan con carabineros. Hay una disputa territorial, muy desigual en sus artillerías,por mantener el espacio ganado. Pacos culiaos es el grito de guerra. Para muchxs, dejando de lado la magnitud de la contienda, no es la primera vez que se enfrentan con los pacos, incluso podría decirse que llevan años entrenándose, que se subjetivaron en esa lucha; una subjetividad ACAB muy extendida socialmente.[13]
Con el objetivo de impedir el avance de carabineros hacia el centro de la manifestación, la primera línea se organiza según roles, o funciones, muy específicos y en muchos casos rotativos. La disposición espacial, las prácticas de cooperación y cuidado “entre desconocidxs” ocurren de un modo más o menos espontáneo, sin conducción ni líderes. Están lxs que tiran piedras, con gomeras o con la mano; lxs mineros que provistos de martillospican los cordones y baldosas; están lxs que acarrean estos proyectiles y los dejan a mano delxs tiradorxs; están lxs escuderxs que defienden a lxs tiradorxs, avanzan posiciones y rescatan a lxs heridxs; están lxs que, provistxs de guantes, apagan las bombas lacrimógenas en tachos de agua con bicarbonato o las arrojan de vuelta al enemigo; también lxs proveedores de antiparras y otros elementos de cuidado y lxs que hidratan y alimentan a quienes están en el frente de batalla. Funciones claves, también, son la de lxs punterxs –que con sus luces láser color verde entorpecen la visión de carabineros– y la de los equipos de rescatistas, voluntarios paramédicos que atienden a las personas heridas por la brutalidad policial. No faltan quienes graban, registran y envían lo que sucede a redes y medios alternativos que van difundiendo en vivo los enfrentamientos. Y, fundamental, detrás de esta línea de defensa se armala fiesta; el clima es decomunión, de determiación, de liberación. Músicos, artistas, malabaristas, performers, militantes, curiosos, tiradores de cohetes, vendedoras ambulantes: una multitud dispuesta a poner el cuerpo, a jugarse incluso los ojos, por vidas más dignas de ser vividas.
Sin embargo, a pesar de las múltiples manifestaciones de rechazo al poder constituido, de los continuos y audacesenfrentamientos con las fuerzas del orden, en el aire se presiente un cierre.Solo un escaso 9 por ciento de la población apoya Piñera y más del 80 por ciento lo rechaza, pero el gobierno se apura y el 15 de noviembre propone al Congreso la firma del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, una iniciativa que tiende a canalizar el conflicto social en un proceso constituyente controlado por la elite política y de clase. El acuerdo, firmado furtivamente, de madrugada, implica el llamado a un plebiscito nacional para abril de 2020 en el que se defina si se redactará una nueva Constitución política y mediante qué mecanismos.[14] La iniciativa cohesiona a la derecha y desconcierta a la izquierda, en particular al Frente Amplio, que acompaña la medida. La desorientación se vuelve peligrosa, dos semanas después, cuando acompañan el paquete de medidas represivas destinadas a quebrar el conflicto en curso.
Un violador en tu camino
Promedia noviembre y la arremetida oficial estalla al interior del movimiento: la posibilidad de una Asamblea Constituyente soberana, con real capacidad de dar forma jurídica a aquellas transformaciones que, de hecho, ya eran evidentes en las calles y asambleas, estaba siendo bloqueada por la derecha. ¿En qué lenguaje se traduce a “la política” el puñado de verdades conquistado en torno a los cuidados de los recursos naturales y de las propias vidas, sobre todo, de aquellas más golpeadas por tres décadas de saqueo neoliberal? Es en ese contexto de incertidumbre sobre las propias fuerzas que el movimiento feminista produce un corte radical que oxigena la imaginación política y da un nuevo impulso al movimiento.
20 de noviembre: un colectivo interdisciplinario compuesto por cuatro mujeres presenta por primera vez la performance Un violador en tu camino frente a una comisaría en Valparaíso. Unas 30 mujeres, algunas vestidas de negro y con un pañuelo verde en el cuello, todas con los ojos vendados, cantan y bailan una canción que denuncia la violencia machista mientras un grupo de carabineros las observa. “El violador eres tú”, les dicen en la cara: “Son los pacos, los jueces, el Estado, el presidente”. Una segunda interpretación, más masiva, se realiza el 25 de noviembre frente a la Plaza de Armas en Santiago, en el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, einmediatamente se viraliza. Miles y miles de mujeres la repetirán, en Chile y en todo el mundo, tanto en apoyo a la revuelta, como para denunciar abusos y femicidios.[15] La masividad que adquiere esta expresión del feminismo en Chile en medio del estallido que cuestiona la normalidad neoliberal, la naturalización del patriarcado y las continuidades coloniales, no puede entenderse sin analizar la historia del movimiento feminista chileno y la fuerza de su reemergencia y estallido en 2018.
“Nos deben una vida”: el feminismo es, también, una clave de lectura del estallido, sobre todo cuando atiende a los asuntos de la precarización de la vida y de los cuidados, que transversalizan las luchas. De este modo, el feminismo logra repolitizar las violencias y la reproducción, y le ofrece a la revuelta su sensibilidad y sus formas de organización. O más en concreto, pone sobre la mesa líneas para una Constitución no patriarcal, que tensione tanto los vínculos sociales cristalizados como los abusos cotidianos sobre la población que habilita el modelo neoliberal.
Diciembre es también un mes de intensa organización de las redes de abogados y de familiares de presxs políticxs de la revuelta. Cuando se cumpla un año del estallido,en Chile aún habrán más de 200 personas presas por causasvinculadas a estas protestas, la mayoría con prisión preventiva y sin condena firme. De octubre a octubre, 12 mil personas fueron detenidas y 2500, encarceladas. De Arica a Punta Arenas, la distribución geográfica de lxs presxs evidencia el carácter federal de la revuelta.
Con todo, el proceso constituyente está abierto y el movimiento social se debate en cabildos y asambleas qué hacer, si entrar y de qué modo, en el hilo institucional propuesto por el gobierno o mantenerse al margen e impulsar una verdadera Asamblea Constituyente. Los “corsets” al proceso son evidentes, pero no se logra constituir una fuerza por afuera de los marcos institucionales que lo deslegitime. Al mismo tiempo, 226 comunas –sobre un total de 346– realizan a mediados de diciembre una consulta ciudadana que confirma la férrea voluntad de la población de cambiar la Constitución del ‘80, con tan alta participación que, evaluaron los organizadores,“el resultado es descollante”.
La pregunta estratégica es mediante qué mecanismos políticos se puede conquistar una Constitución que pueda hacer de contrapeso a las políticas de deposición y precarización de la vida del neoliberalismo; una Constitución donde los “bienes comunes” y el cuidado de los recursos naturales alcancen rango constitucional. En suma, una Constitución anti-neoliberal. Porque sería incompleto ver solo el gesto destituyente de la revuelta. La destitución tiene como base la constitución material de la fuerza que emerge del estallido, una fuerza que dice basta de abusos; una fuerza destituyente que corre el cerco de lo posible que en clave constitucional quiere decir algo muy concreto: destitución de la Constitución pinochetista de los ’80.
En las últimas semanas del año las movilizaciones tienden a bajar la intensidad y el Intendente de Santiago, Felipe Guevara, ensaya una nueva estrategia represiva: el “copamiento preventivo” de plaza de la Dignidad. Luego de amenazar con “tolerancia cero” a manifestaciones no autorizadas, el 20 de diciembre sitia la zona con mil carabineros y le pone vallas a la plaza para impedir nuevas concentraciones. Durante esa noche hay una dura represión. El joven Oscar Pérez es aplastado entre dos zorritas y termina con múltiples fracturas de cadera. Mientras tanto, Sebastián Piñera cierra el año declarando en los medios que “lo peor de la crisis ya pasó”. Pero aún habrá tiempo para que el gobierno atribuya al género musical coreano K-Pop la violencia de los jóvenes contra carabineros; para que estos repriman en plaza de laDignidad la noche de navidad y para que la multitud la recupere y desborde en fiesta, en ritual colectivo, el último día del año.[16] ¿Un presagio del pueblo por venir?
Refundar Chile sobre nuevas bases constitucionales
En 2020, marzo es la palabra clave. Luego de una tregua estival con más tensión que calma, las organizaciones sociales y políticas se preparan para retomar con fuerza el proceso abierto en octubre del año anterior, con la mirada puesta en el plebiscito constituyente del 26 de abril –que pospuesto por la pandemia, finalmente se celebrará el 25 de octubre de 2020. El conflicto en curso con los estudiantes secundarios –que tuvo un capítulo especialmente álgido a principios de enero con el boicot de las agrupaciones estudiantiles a las Pruebas de selección universitaria (PSU)–; la movilización feminista del 8M y la huelga de mujeres del día siguiente; las protestas al cumplirse dos años de la asunción de Sebastián Piñera el 11; la marcha contra el Sename, contra las AFP, en defensa del medio ambiente, por el acceso a la vivienda; la movilización de los pueblos mapuche, los combates habituales del día del “joven combatiente”.[17]Los medios anuncian un “marzo rojo”, otros temen un “Segundo Estallido Social”. Las organizaciones sociales preanuncian un “supermarzo” en las calles.[18]
Pero el supermarzo arranca en tragedia, cuando carabineros asesina –con una bomba lacrimógena disparada a la cara desde corta distancia– a Cristián Valdebenito (de 48 años), en plaza de la Dignidad, el 7 de marzo. Las movilizaciones habían menguado en enero y febrero, pero la represión se mantuvo y diversificó. Carabineros no dejó de asesinar (ahora a dos hinchas del club Colo-Colo, Jorge Mora, atropellado con un camión a la salida del estadio Monumental, y Ariel Moreno, en una manifestación en Padre Hurtado); ni de asediar a las poblaciones y territorios periféricos, como en Pudahuel Sur, Puente Alto y Peñalolén. También hubo denuncias de empleadxs públicxs de la comuna de Providencia obligadxs por sus jefes a infiltrarse en la primera línea. Respecto a los vehículos de choque, la innovación vino por el lado de los camiones hidrantes: cientos de personas denunciaron quemaduras de distintos grado en su piel por las sustancias ácidas y tóxicas de color amarillento que carabineros lanza desde sus “guanacos”. Se comienza a reprimir más duramente, también, a los grupos de rescatistas y paramédicos que asisten en las inmediaciones a lxs manifestantes heridxs –tal como lo denunció la segunda semana de enero la organización Cascos Rojos. El 12 de marzo, un nutrido grupo de policías motorizados destroza, por enésima vez, el memorial a Mauricio Fredes.
La derecha denuncia que por la violencia en las calles no hay garantías para llevar adelante el proceso constitucional y rechaza el plebiscito para crear una nueva Constitución. “Nuestra Constitución ha sido la base fundamental para cimentar una democracia sólida y un desarrollo económico sin precedente en la historia de Chile”, fundamentan desde la UDI. La movilización y el conflicto son constantes, pero no alcanzan los niveles de intensidad de octubre y noviembre. Hasta que sucede un imprevisto, algo no contemplado en el largamente planificadosupermarzo*:* la vuelta al Estado de excepción constitucional, ahora, por la catástrofe del coronavirus. El gobierno restringe el derecho a reunirse y limita el tránsito. Tres días después se declara un toque de queda, que aún permanecerá vigente un año después.[19]
Bajo esas condiciones, el Ejército chileno vuelve a patrullar las calles y carabineros toma el control de la Zona Cero y de la plaza de la Dignidad, que inmediatamente se limpia y se enreja en torno al monumento a Baquedanos; y se derriba el Rewe, el altar mapuche construido en la misma plaza por los manifestantes.La foto de Piñera posando, sentado solo y triunfante en ese monumento, el 4 de abril, con la plaza recuperada por las fuerzas del orden, corona este proceso y evidencia el impacto de la pandemia en un movimiento social que, como el resto del mundo, se recluirá en sus casas, pero también en los territorios; se volverá olla común en las poblaciones, redes de sostén y cuidado, gesto fraternal con los más vulnerables al virus.[20]
Con todo, el proceso constituyente permanece abierto, los conflictos estallan en uno y otro punto del país y la movilización social nunca acaba siendo contenida, sobre todo cuando sus demandas permanecen insatisfechas.
Días antes del plebiscito, el 3 de octubre, como cada viernes los manifestantes se congregan en la plaza de la Dignidad. En un momento de confusión y corridas un joven de 16 años es arrojado desde el puente Pío Nono hacia el río Mapocho, que en ese sector está casi seco. Los videos de la escena comienzan a circular y se ve a un carabinero en el momento exacto en el que empuja a Anthony Araya al vacío que queda tirado, inconsciente y es rescatado por otros jóvenes que protestaban con él.
La indignación se multiplica y esa rabia contenida más el encierro de meses de cuarentena explotan el 18 de octubre, al cumplirse un año del estallido. Las calles vuelven a ser una fiesta y presagianla victoria del 25.
El laboratorio implosionado
El 25 de octubre de 2020, a un año del estallido y a seis meses de la fecha fijada originalmente por el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, se realiza el referéndum constituyente, con un contundente triunfo del “Apruebo”, que habilita la redacción de una nueva Constitución que reemplace a la pergeñada en dictadura por Jaime Guzmán y que sirve de estructura jurídica al neoliberalismo chileno.
Mientras la lucha en las calles de varias ciudades del país y en el Wallmapu continúa y se intensifica, el próximo capítulo del proceso constituyente señala al 11 de abril, momento en el que se elegirán los 155 convencionales constituyentes que tendrán entre nueve y doce meses para discutir y redactar una nueva Constitución; que deberá ratificarse en un nuevo plebiscito “de salida”.
El proceso está abierto. Son meses de definición y el movimiento social tiene muchas dificultades a las que enfrentarse, sea por la resistencia de la derecha, sea por la ausencia de una estrategia común de las fuerzas transformadoras. El proceso constituyente implica un desafío complejo, tanto para la llamada izquierda “institucional”, aquella con representación parlamentaria, como para las organizaciones sociales, grupos y activistas varios. ¿De qué modo la fuerza de octubre, sus deseos y verdades pueden quedar contemplados por la nueva Constitución?
En principio, y por efecto del estallido más que por aptitud democrática de la clase política, será una Convención Constitucional compuesta de manera “paritaria” por hombres y mujeres y contempla la representación de los pueblos originarios mediante 17 escaños reservados: 7 para el pueblo mapuche, 2 para el pueblo aimara y uno para cada uno de los otros pueblos (kawésqar, rapanui, yagán, quechua, atacameño, diaguita, colla y chango). Y está en curso la disputa porque esta convención sea transparente y pública, donde primen los “independientes” y la agenda de octubre, en lugar del elenco fijo de la derecha y la concertación, con su agenda en crisis.
Lo que es seguro es que ninguna Constitución tendrá en sí la fuerza de reducir las desigualdades sociales y atentar contra los intereses de la sólida elite empresarial chilena, completamente imbricada en el sistema político y mediático si no logra cristalizar la discusión sobre la propiedad altísimamente concentrada en Chile;la precarización laboral y salarial; la inconveniencia pública de las prácticas extractivas de gran parte de las industrias transnacionales y locales. Una agenda que solo un movimiento social y articulado puede imponer en el proceso. Pero nada de esto será posible si las multitudes no lo exigenen las calles.
La crisis del Chile neoliberal como modelo a seguir por el resto del Cono Sur muestra la relevancia que tiene para la región el proceso abierto desde el estallido. Al mismo tiempo, es inevitable preguntarse por la singularidad del caso chileno en una coyuntura como la actual, cuando luego de la embestida reaccionaria de mediados de la década pasada, los gobiernos de derecha no logran afianzarse y vuelve a abrirse, pareciera, un nuevo ciclo de gobiernos progresistas.
Es en este contexto que consideramos que estos materiales pueden tener utilidad. Los textos aquí compilados intentan dar un panorama exhaustivo de las líneas de conflicto que alimentaron el estallido de octubre de 2019 y proyectan el futuro de un proceso abierto. Corresponden a una serie de conversaciones que tuvimos con militantes e intelectuales durante aquel diciembre, varixs de ellxs hoy candidatxs a convencional constituyente. Además, ya en el orden del archivo, estas páginas quedarán como registro oral de la intensidad con la que a fines de 2019 se pensó e impulsó la caída del primero y más sólido de los neoliberalismos latinoamericanos. Allí donde todo empezó, como dice un amigo, todo puede terminar.
Buenos Aires, TL, marzo de 2021
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Agradecemos a lxs entrevistadxs que nos compartieron su tiempo. También debemos agradecer la hospitalidad y lucidez de María José Yacsik; de Silvia Aguilera, Paulo Slachevsky (a él un especial agradecimiento por habernos cedido todas las fotografías que acompañan esta publicación) y a Elizardo Aguilera, de la editorial LOM; a Pato, Katya y demás compañerxs de Vitrina Dystópica; a Andrea Sato Javre de la Fundación Sol y a Hugo Montero, Christian Cruz y su equipo de abogados de DDHH. Y a Bifo, con quienconversamos sobre Chile a propósito de la presentación deEl Umbral, su último libro que publicamos. A él le debemos la frase –y el deseo– con la que cerramos la presentación de este material.
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[1] A lo largo de 2019 los aumentos se repitieron, uno tras otro. Subieron las tarifas de gas, agua y luz, entre otras. En ese contexto, las empresas no se privaron de abusos. En marzo, por ejemplo, la compañía de electricidad que abastece a Santiago (ENEL) anunció que instalaría medidores nuevos y que el costo debería ser asumido por los usuarios. Esto generó gran descontento, sobre todo porque la empresa pertenece a Herman Chadwick Piñera, hermano del ex ministro del Interior Andrés Chadwick –colaborador de Augusto Pinochet–, y primos ambos del presidente Sebastián Piñera.
[2] Presentada a fines del 2018 por el poder ejecutivo chileno, la ley Aula Segura faculta a los directores de las escuelas a expulsar de manera inmediata a aquellos estudiantes involucrados en actos violentos contra la escuela o terceros. Mediante este protocolo de expulsión se buscó controlar a los estudiantes secundarios de los colegios emblemáticos de Santiago, pero acabó multiplicando la violencia, con carabineros vigilando a los estudiantes desde el techo de las escuelas o tomando aulas por asalto.
[3] Valga apuntar que este Ejército llamado por Piñera a poner orden en la situación es, como casi todas las instituciones neoliberales en Chile, una institución sumamente desprestigiada, no solo por la impunidad por los crímenes cometidos durante la extensa dictadura del General Augusto Pinochet, sino por los casos de corrupción actuales. Milicogate llama la prensa vernácula a lamegacausa surgida de la investigación sobre una red de uniformados y civiles que se apropiaban indebidamente de millonarios fondos derivados de una ley reservada. De hecho, unos pocos días antes del estallido, había caído el número dos al mando del Ejército de Chile, el general John Griffiths, quien fue renunciado, procesado y detenido por la justicia militar acusado de comandar el millonario fraude.
[4]El caso de la privatización del agua y de la megasequía que afecta al territorio chileno es un ejemplo claro de la forma en que funciona, vía despojo, el extractivismo trasandino. El problema del agua aparece como un eje central de la revuelta porque tres cuartas parte de su territorio está completamente seco: el 67 por ciento de la población –unas 12 millones de personas– viven en zonas declaradas en emergencia hídrica a causa una ley de 1981, en plena dictadura, que permite a privados usufructuar gratuitamente el agua. Y así lo hicieron las industrias mineras del cobre, en el norte, las industrias hidroeléctricas, en el sur, y la pujante industria de la palta de exportación, en el centro del país. En este último caso, el aumento de la demanda internacional hizo que los cultivos se extendieran de los valles a zonas menos fértiles, mediante procedimientos que exigen el uso intensivo de agua. A principios de enero de 2020, 12 senadores de la derecha bloquearon un proyecto que buscaba consagrar el agua como bien de uso público.
[5]De hecho, la foto de la bandera mapuche flameando en lo alto del monumento al General Manuel Baquedano, “pacificador de la Araucanía”, en pleno atardecer en plaza de la Dignidad, con el fuego y el humo de fondo, se volverá viral y simbolizará la radicalidad de la revuelta.
[6] Como ejemplo de crueldad,ineludible las 445 lesiones oculares que produjo la represión al estallido entre el 18 de octubre y el 18 de febrero de 2020, según los números oficiales del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH).El 66 por ciento –269 casos– fueron causadas por armas de fuego.Este novedoso método represivo tiene un antecedente: entre 1987 a 1993 lo puso en práctica el ejército israelí contra el pueblo palestino, pero allí se contaron “solo” 154 casos de lesiones oculares.
[7] Sobre una población total de 18 millones de personas. Hubo marchas muy nutridas entre Valparaíso y Viña del Mar, también en Concepción, Rancagua, La Serena, Coquimbo, Arica y Punta Arenas.
[8] Un mes después se filtran audios donde grupos herederos de la histórica organización fascista Patria y Libertad (las llamadas “Arañas negras”), reconocen su autoría en los incendios del metro. Estos grupos volverán a aparecer en las primeras semanas de 2020 vinculados a secuestros de manifestantes en autos particulares que aparecen horas después legalizados en comisarías. Los políticos de derecha, por su parte, una y otra vez culpan al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de organizar la desestabilización.
[9] El inclemente aparato represivo y carcelario chileno es la contracara ineludible de sumilagroso neoliberalismo. De la dictadura al presente, la cuestión de mantener el orden público frente a conflictos que tensionan el régimen neoliberal es una prioridad, incluso cuando esto implique la violación generalizada y sistemática de los derechos humanos. El objetivo es criminalizar el legítimo derecho a la protesta ciudadana mediante una serie de mecanismos y medidas cautelares. En ese marco, dice Nicolás Toro–abogadode presxs de la revuelta e integrante de la Coordinadora 18 de Octubre– “la prisión preventiva se volvió un instrumento de represión política destinada a contener todo tipo de disidencia o protesta”.
[10] El saldo: dos manifestantes fueron atropellados por patrullas de policías y un tercero fue impactado por un balín en el cráneo; en tanto que dos carabineras resultaron heridas por bombas molotov lanzadas a sus cuerpos. Cientos fueron los heridos de distinta gravedad.
[11] Tal vez la feroz represión a la gran movilización del sábado 12 de noviembre –“el paro más importante desde el fin de la dictadura”, según analistas de izquierda– constituye un pico de máxima tensión política y de violencia social. No deja de ser llamativa cómo quebrada la pax neoliberal el problema de la violencia política emerge con carácter urgente en la agenda de discusión de las militancias sociales, de sus organizaciones e intelectuales.
[12]El sobre-endeudamiento es una característica central del neoliberalismo chileno, tanto el individual como el del estado consigo mismo. Su forma más habitual es la deuda por créditos para estudiar, por problemas de salud o por consumo básico de bienes y servicios. Junto con la depredación del salario, funcionando como mecanismo de sobreexplotación laboral y control político. La falta de expectativas en un “progreso material” que este mecanismo produce tiene severas consecuencias subjetivas y está, sin dudas, en la base del estallido.
[13] ACAB es el acrónimo de “allcops are bastards” (todos los policías son bastardos), una expresión proveniente del punk inglés y que es tomada en Chile para condensar una sensibilidad muy común entre los jóvenes, la sensibilidad antiautoritaria, antipaco. Lxs camaradas de Vitrina Distópica entienden que esta subjetividad se fue forjando en la larga lucha estudiantil que abrió la llamada “revolución pingüina”, en el 2006; una sucesión de enfrentamientos cuerpo a cuerpo con carabineros que, a su modo, desemboca en el estallido de octubre. Lo mismo puede decirse del ciclo de luchas abierto en el Wallmapu, en las tierras mapuche, que tiene más de dos décadas –si tomamos la fecha de fundación de una de las principales organizaciones, la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), a fines de los ‘90.
[14] Estas fechas fueron modificadas el 19 de marzo de 2020 debido al Estado de excepción decretado por el coronavirus. La nueva fecha del plebiscito que inicia el proceso pasó al 25 de octubre de 2020 y la elección de Convencionales Constituyentes pasó para el 11 de abril de 2021.
[15] El proceso de trabajo del colectivo Las Tesisimplica investigar autoras feministas y traducir sus conceptos e ideas al lenguaje teatral. En ocasiones anteriores habían tomado “Calibán y la Bruja”, de Silvia Federici (Tinta Limón, 2011). La performance que se viralizó en noviembre está inspirada en textos de la antropóloga Rita Segato y es parte de una obra en la que el grupo trabajó durante casi un año y no pudo presentar a raíz del estallido. Una de las últimas estrofas de la canción parodia el himno de carabineros de Chile que dice: “Duerme tranquila niña inocente, sin preocuparte del bandolero, que por tus sueños dulce y sonriente vela tu amante carabinero”. Además, el nombre de la performance “Un violador en tu camino” retoma la frase “Un amigo en tu camino”, utilizado como lema de campaña de esta policía durante los años 90’.
[16] Entre las fiestas, el 27 de diciembre, corrido por carabineros muere ahogado en la ex plaza Italia Mauricio Fredes, yesero y pintor. Formaba parte de la primera línea y era el principal sostén de su abuela. Su memorial será una y otra vez atacado por carabineros y grupos de derecha.
[17] Desde los tiempos de la resistencia a la dictadura, el 29 de marzo se conmemora el “día del joven combatiente”. La fecha remite al asesinato de los jóvenes hermanos, militantes del MIR, Rafael y Eduardo Vergara Toledo en la comuna de Estación Central, perpetrado en 1985 por agentes de carabineros.
[18]También carabineros se prepara y arranca marzo armándose con 50 vehículos antidisturbios de máximo estándar tecnológico, de origen israelí (tanquetas y guanacos lanza-aguas) para ser utilizados en Santiago.
[19] Conocido como el toque de queda más largo del mundo, en Chile se extiende desde aquel 22 de marzo de 2020 al 12 de marzo del año siguiente, y ya se plantea la necesidad de extenderlo hasta junio de 2021.
[20] Por ejemplo, ante la crisis sanitaria, la Coordinadora Feminista 8M activa el plan de contingencia “Nuestro cuidado sobre sus ganancias”.
